Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129820
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.820, "Di Gerónimo, Marcos Alberto contra La Segunda Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda deducida con el alcance que estableció e impuso las costas a la demandada vencida (v. veredicto y sentencia de fecha 20-IX-2022).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 5-X-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 6-X-2023), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Marcos Alberto Di Gerónimo y condenó a la Segunda Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, más la suma adicional con fundamento en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de la incapacidad que porta el actor, derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 28 mayo de 2020 (v. veredicto y sentencia de fecha 20-IX-2022).
En lo que resulta relevante, cuantificó el ingreso base mensual de conformidad con las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348, tomando todas las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante y aplicando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en la forma allí prevista (v. sent., pág. 11).
Seguidamente, determinó el monto del resarcimiento en la suma de $1.642.942,70 en concepto de incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva -conforme a las pautas del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo-, con más la suma del 20% adicional establecido en el citado art. 3 de la ley 26.773 ($328.588,54), arribando a un total de $1.971.531,24 (v. sent., pág. 12).
Luego, sobre dicho monto calculó los intereses "...desde la fecha de la primera manifestación invalidante (28/05/2020) y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva (05/03/2021), al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (art. 11, inc. 2, ley 27.348)", accesorio que ascendió a $569.929,43, totalizando la cantidad de $2.541.460,67 (v. sent., pág. 12).
Por último, estableció que, a partir de la mora en el pago de la indemnización sería de aplicación lo establecido por el art. 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, y devengando el guarismo resultante un interés equivalente al promedio de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, efectuando dicho cálculo desde el 17 de marzo de 2021 hasta el 14 de septiembre de 2022, ascendiendo a la suma de $1.709.650,61 (v. sent., págs. 14, 19 y 20).
Asimismo, entendió que no era de aplicación al caso el decreto de necesidad y urgencia 669/19, en tanto -alegó- no resultaba posible -por medio de una norma de esa naturaleza- rebajar el mecanismo de cómputo establecido en la ley. De lo contrario -concluyó- se estarían violando los principios de progresividad y no regresión en perjuicio del trabajador (v. sent., págs. 11 y 12).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 5-X-2022).
En el primero, denuncia que el tribunal de origen incumplió con el imperativo previsto en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y violó las garantías del debido proceso, defensa en juicio y derecho de propiedad que asisten a la aseguradora por expresa consagración constitucional.
Sostiene que el sentenciante omitió tratar una cuestión que reviste carácter esencial para la definición de la contienda planteada, tal como lo es -a su juicio- el análisis relativo a la configuración del estado de mora de la demandada en el cumplimiento de las obligaciones legales su cargo.
Cuestiona, en tal sentido, la decisión con arreglo a la cual se dispuso aplicar intereses a la tasa activa desde la fecha del cierre del trámite administrativo seguido ante la comisión médica jurisdiccional interviniente -esto es, el 17 de marzo de 2021-, soslayando abordar las circunstancias que rodearon el caso en juzgamiento, las cuales -según expone- dan cuenta de que la conclusión de la etapa señalada obedeció a que el trabajador accidentado no consintió el porcentaje de incapacidad dictaminado, ni el monto indemnizatorio establecido en esa instancia previa que, consiguientemente, se clausuró sin acuerdo alguno.
Asegura que, en virtud de ello, en la especie no verifica la situación de mora porque no medió un incumplimiento reprochable a la aseguradora en el pago de las prestaciones dinerarias debidas en el marco de la ley 24.557.
Por último, agrega que, al regular los intereses moratorios según la tasa activa, luego de actualizar el ingreso base mensual mediante el empleo del índice RIPTE, el tribunal de mérito repotenció la deuda a través de un doble esquema de indexación, cuando -a su modo de ver- debió aplicar la tasa pura del 6% anual desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la sentencia definitiva, en un todo de acuerdo con la doctrina legal que se encargó de citar.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021; L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
III.2. En el caso, con apoyo en la denuncia de transgresión del art. 168 de la Constitución provincial, lo argumentado por el recurrente, lejos de evidenciar la preterición de una cuestión esencial, remite a la atribución de eventuales errores de juzgamiento, resultando tal imputación ajena al acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 128.401, "Marino", resol. de 21-X-2022; L. 127.674, "Geri", resol. de 15-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 130.046, "Beron", resol. de 29-V-2023; e.o.).
III.3. A su vez, se advierte que los adicionales argumentos que se fundan en la pretendida vulneración del art. 171 de la Constitución local resultan ajenos al ámbito propio del medio de impugnación deducido, toda vez que no evidencian que el pronunciamiento carezca de toda fundamentación jurídica (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 125.095, "Vega", sent. de 4-X-2022; L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022; L. 126.926, "Vaqueiro", sent. de 10-IV-2023; e.o.). En el fallo atacado, la normativa actuada por el órgano de origen abastece la referida exigencia constitucional, resultando extraña al recurso intentado la eventual incorrección, desacierto o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020; L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020; L. 120.816, "Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.", sent. de 30-III-2021; L. 126.154, "Zurita", sent. de 21-X-2022; L. 127.870, "Costen", resol. de 14-III-2024; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 10 y 15 de la Constitución provincial; 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 7, 10 y concordantes de la ley 23.928 -conforme art. 4 de la ley 25.561-; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 5-X-2022).
I.1. Cuestiona la errónea aplicación del art. 12 de la ley 24.557 -modificado por el art. 11 de la ley 27.348- y plantea la inconstitucionalidad de la hermenéutica que efectuó el tribunal sentenciante.
Por un lado, denuncia por arbitraria la fecha de mora establecida por el tribunal de grado, toda vez que -según entiende- no corresponde imputarle incumplimiento alguno al momento del cierre de la etapa administrativa, como si se hubiera arribado a un acuerdo conciliatorio.
A continuación, sostiene que el juzgador de origen repotenció exponencialmente la deuda. Refiere que al actualizar el ingreso base mensual mediante la aplicación del RIPTE (art. 12 inc. 1, LRT), y luego a dicho monto aplicarle intereses según la tasa activa (art. 12 inc. 2, LRT), se practicó un doble esquema de actualización. Esta circunstancia -alega- importó llevar adelante una interpretación de la normativa de riesgos del trabajo inconstitucional en el caso particular, al disponer una doble actualización y repotenciación de deuda, que afecta garantías y derechos constitucionales (arts. 16, 17 y 18, Const. nac.) por su apartamiento con lo establecido en los arts. 7, 10 y concordantes de la ley 23.928, modificados por el art. 4 de la ley 25.561.
I.2. Asimismo, refiere que la sentencia atacada viola la doctrina legal de esta Suprema Corte.
I.2.a. Por un lado, cita como vulnerada aquella sentada en las causas L. 96.278, "Mussio" (sent. de 11-III-2013); L. 116.480, "López" (sent. de 15-VII-2015); B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016) y L. 118.587, "Trofe" (sent. 15-VI-2016), referida -a su entender- a la prohibición de repotenciación de deudas.
I.2.b. A su vez, sostiene que se produjo un apartamiento del criterio que nace de las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), ya que considera que debió aplicarse una tasa de interés pura del 6% anual desde la primera manifestación invalidante hasta la sentencia. El quejoso enfatiza que, en autos, se aplicó simultáneamente una doble indemnización: una primera sobre el ingreso base, y luego -al mismo tiempo- la tasa activa a partir del cierre de la instancia administrativa.
I.2.c. Finalmente, añade que la solución arribada por el juzgador de grado, además de estar prohibida -conforme los arts. 7, 10 y concordantes de la ley 23.938-, se contrapone a la doctrina legal sobre el empleo desviado del interés. Cita, a tal fin, el antecedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) de esta Suprema Corte.
I.3. Por último, postula la arbitrariedad del fallo al momento de la valoración de la prueba. Señala que el juzgador cuando abordó la cuestión relativa a las pericias médica y psiquiátrica, no hizo mención alguna a los argumentos impugnatorios presentados por la aseguradora.
II. El recurso no prospera.
II.1. Liminarmente, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -tal como refirió el tribunal de origen en el auto de concesión del remedio bajo examen (v. pronunciamiento de fecha 6-X-2022)- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al momento de interposición del recurso), que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023; L. 128.269, "Bertinat", sent. de 4-XII-2023; L. 127.922, "Novajas", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
Sin embargo, no puede soslayarse que la crítica dirigida a obtener la declaración de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (conf. art. 11, ley 27.348), involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente ha declarado este Tribunal- aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que esta Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, tal cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.2. En ese marco, cabe advertir que la impugnación vinculada con el citado art. 12 de la ley 24.557 (conf. art. 11, ley 27.348) no puede resultar de recibo.
II.2.a. Esta Suprema Corte ha declarado que el planteo por el que se impugna la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe ser introducido en la primera oportunidad procesal viable al efecto, con la posibilidad de garantizar audiencia suficiente a la contraparte (causas L. 76.568, "Rodríguez Maldonado", sent. de 7-XII-2001 y L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023). Pues, de ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. nac.).
II.2.b. En la especie, el planteo de inconstitucionalidad del art.12 de la ley de riesgos del trabajo, modificado por la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), recién fue incorporado en el litigio con el recurso bajo examen, deducido el día 5 de octubre de 2022. Así, a poco de considerar que la norma ahora impugnada ya se encontraba vigente al momento de contestar la demanda (fechada en 18-V-2021), el cuestionamiento de índole constitucional que tardíamente propone el quejoso en esta Sede extraordinaria bien pudo ser llevado ante el tribunal de grado en esa ocasión, procurando de ese modo su debida introducción ante la instancia de origen y su oportuna bilateralización.
Así, es dable colegir que la tacha argüida por el recurrente fue introducida en forma novedosa y extemporánea (conf. arts. 14 y 15, ley 48; 47, ley 11.653).
II.2.c. Cierto es que el examen de la tempestividad de la articulación constitucional exige ponderar las circunstancias que concurren en cada caso, lo cual puede determinar una mayor flexibilidad a efectos de evitar un crudo ritualismo, más no lo es menos que, en la especie, el camino elegido por el recurrente en la instancia de grado torna inadmisible el planteo tardíamente pergeñado.
Merced al derrotero procesal ya mencionado, y en ausencia de argumentos que permitan arribar a una solución contraria, el planteo traído se exhibe como el producto de una reflexión tardía que no puede ser atendida en esta instancia extraordinaria (causas L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 126.046, "Agüera" y L. 126.076, "Benítez", sents. de 27-VI-2023; e.o.).
Ello, sin que se observen motivos suficientes que puedan dar sustento bastante a la pretendida existencia de un agravio constitucional que permita exceptuar al órgano de grado de efectuar una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, como lo es la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto, la cual constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (conf. mi voto en causa L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023). De allí que, por las razones expuestas, corresponda su rechazo.
II.3. Sentado lo anterior, ya ingresando -por otro lado- en el acotado marco de revisión por el que transita el examen del recurso, se observa que los precedentes emanados de este Tribunal que se invocan en la réplica fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y normativos disímiles a los que se ventilan en el presente caso, lo que revela lo infructuoso del medio de impugnación traído (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 121.823, "De la Iglesia", sent. de 4-VII-2022; L. 125.944, "Astrada", sent. de 21-X-2022; L. 126.859, "Moreno"; sent. de 23-XI-2023; e.o.).
II.3.a. En efecto, en las causas invocadas por la parte recurrente (v. recurso, págs. 2/3 y 7/8; causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009 y L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (art. 279, CPCC).
II.3.b. De igual modo la propuesta es inviable respecto de la denuncia de los precedentes C. 120.536, "Vera", sentencia de 18-III-2018 y C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-IV-2018, ya que no se configura en la especie el presupuesto que torna aplicable la doctrina allí sentada, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito (art. 279 cit.).
II.3.c. Asimismo, tampoco resulta eficaz el resto de la doctrina legal que se denuncia violada, ya que la recurrente se limita a mencionar varios precedentes a pesar de que esta Corte reiteradamente ha señalado que incumple la carga del precepto del referido art. 279 del mencionado Código Procesal Civil y Comercial la mera cita de doctrina legal sin explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 128.702, "Cabrera", resol. de 15-VII-2022; L. 124.827, "Mosconi", sent. de
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