Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128758
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado (v. presentación electrónica de fecha 28-X-2021) —efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial— queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.758, "Rodríguez, Karina Marcela contra Asociart ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa e impuso las costas a la demandada (v. pronunciamiento electrónico de fecha 28-IX-2021).
La accionada Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. dedujo revocatoria (v. escrito electrónico de 1-X-2021) y posteriormente interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 14-X-2021), el que fue concedido el día 15 de noviembre de 2021. Luego, el órgano de grado desestimó la revocatoria deducida mediante resolución de fecha 21 de abril de 2023.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El tribunal de trabajo interviniente, en el marco de la acción promovida por Karina Marcela Rodríguez en los términos del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Para así decidir, en sustancia, considerando que la citada norma resultaba de aplicación inmediata a partir del día 5 de diciembre de 2018, sostuvo que la parte actora había dado cumplimiento con lo dispuesto en ella "...viabilizando la posibilidad de entablar una acción laboral ordinaria..."; en ese razonamiento, también destacó que postular su desprotección mediante la fijación de un plazo arbitrario y menor que contraría el plazo bienal de la Ley de Contrato de Trabajo, constituía una opción "disvaliosa" (v. pronunciamiento de fecha 28-IX-2021).
I.2. Contra esa decisión, la aseguradora demandada dedujo una revocatoria.
Destacó allí que el juzgador prescindió de valorar correctamente los hechos y elementos de la causa, y que vigente la ley 15.057, cuando la actora interpuso la demanda el plazo de dos años —referido en el fallo— se encontraba incluso vencido si se tiene en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante. Asimismo, dijo que la ley citada no reduce este plazo, sino que lo amplía, y que —a todo evento— siendo que "la disposición de clausura" data del 18 de febrero de 2020, correspondía acoger la excepción opuesta (v. presentación electrónica de 1-X-2021).
II.1. Además, posteriormente la parte demandada interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-X-2021).
Señaló, que al igual que en aquella revocatoria, que se agraviaba de la aplicación del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Alegó que el a quo valoró erradamente los elementos de la causa y ello lo condujo a considerar que la actora dio cumplimiento con lo establecido en dicha norma. Reiteró que el plazo de prescripción se encontraba vencido al promoverse la demanda e incluso al iniciarse el trámite administrativo; insiste en que ese plazo no fue reducido por la ley indicada, sino ampliado.
Afirmó que, se configura la cosa juzgada administrativa respecto de lo decidido por la comisión médica, dado que la accionante dejó vencer el plazo para que se revisara lo decidido.
Expresó que el rechazo de la excepción dispuesto es equivalente, en cuanto a sus efectos, a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.348 (en especial, de los arts. 1, 2 y 14 inc. "b", ley 14.997, del art. 46 de la ley 24.557 y del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057). A todo evento, adujo que esa normativa no vulnera la Constitución nacional, toda vez que no se presenta una delegación de la potestad jurisdiccional, sino que tan solo acepta una intervención administrativa, acotada mediante plazos perentorios, y con decisiones adoptadas con intervención de profesionales del derecho y de la medicina, susceptibles de revisión judicial adecuada.
Finalmente, expuso el recurrente que se agraviaba "de que el Tribunal hubiera admitido el reclamo por incapacidad psicológica" pues entiende que se trata de un hecho que no fue alegado en la instancia anterior correspondiente.
II.2. Habiendo sido concedido el recurso extraordinario por el tribunal del trabajo (v. pronunciamiento de fecha 15-XI-2021), una vez elevadas las actuaciones a esta Suprema Corte se ordenó que se radicasen ante el tribunal de origen por el plazo allí indicado a los fines de que emitiera pronunciamiento sobre la revocatoria interpuesta por la demandada (v. providencia de fecha 21-III-2023).
II.3. Devuelto el expediente a la instancia, el órgano jurisdiccional de grado rechazó la mentada revocatoria. En sustancia, señaló que no se había acompañado en autos constancia alguna de la efectiva notificación del acta de cierre a las partes a los efectos de determinar la fecha cierta en la que han tomado conocimiento de dicho acto, ni tampoco elementos que permitiesen verificar el cumplimiento del plazo de caducidad previsto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (v. pronunciamiento de fecha 21-IV-2023).
Esta resolución fue notificada a las partes (v. constancia de notificación de la misma fecha) y no recibió impugnación alguna.
II.4. Posteriormente las actuaciones regresaron a la instancia extraordinaria y fue reanudado el llamamiento de los autos para resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (v. providencia de fecha 13-IX-2023).
III. El recurso no prospera.
Surge del relato efectuado en los párrafos que anteceden que la misma cuestión que motivó la deducción del medio extraordinario de impugnación en análisis fue abordada sucesivamente por el a quo a través de dos pronunciamientos disímiles, ello, a raíz del propio proceder de la accionada, quien frente a la decisión originaria dedujo una revocatoria y luego el recurso ahora en estudio.
En lo fundamental, lo que marca la particularidad del caso es que en su última resolución —aquella en la que aborda la revocatoria—, el órgano jurisdiccional no hubo de confirmar sin más su anterior rechazo de la excepción ante la inhabilidad de la crítica que le fue llevada, sino que —dejando a un lado la opinión que pueda merecer— mantuvo su decisión pero con distintos y nuevos argumentos, inexistentes en su primera mirada del asunto. Y este pronunciamiento, como se anticipó, no hubo de ser impugnado por el interesado, permaneciendo firme y entonces zanjando finalmente la cuestión.
Ciertamente, tales circunstancias tornan inaplicables al caso aquellas directrices reflejadas en la jurisprudencia de esta Corte que indican que el pronunciamiento del tribunal del trabajo que declara insuficiente la revocatoria deducida no puede ser objeto de recursos extraordinarios, desde que la decisión contra la cual aquella se intenta constituiría la eventualmente impugnable (conf., entre varias, causa L. 113.708, "Alejandro", resol. int. de 18-IV-2011).
Lo hasta aquí señalado conduce a desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido pues sus agravios se dirigen a objetar la motivación inserta en una resolución que no fue aquella que con disímiles fundamentos decidió finalmente —alcanzada por la preclusión— la suerte de su defensa.
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso traído debe ser rechazado. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria , votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado (v. presentación electrónica de fecha 28-X-2021) —efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial— queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2025 20:50:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/03/2025 12:49:38 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2025 14:39:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2025 13:04:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2025 13:32:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/04/2025 14:03:30 hs. bajo el número RS-25-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia