Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123754
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.754, "Lobo Miguel Pacífico contra Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios SACPEM. Diferencia Indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal del Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza admitió la excepción de incompetencia opuesta por Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM (actual continuadora de la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios SACPEM, continuadora a su vez de la coaccionada Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.) y dispuso el archivo de las actuaciones. Impuso las costas al accionante con el beneficio previsto en el art. 22 de la ley 11.653 (v. pronunciamiento de fecha 29-VIII-2023).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 1-IX-2023); habiéndose concedido el primero y denegado el segundo por el órgano actuante (v. pronunciamiento de fecha 6-XI-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones promovidas por el señor Miguel Pacífico Lobo contra la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios SACPEM, mediante la cual procura el cobro de diferencias indemnizatorias y la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conforme la ley 25.345).
En sustancia, juzgó que la posible intervención de la demandada en las presentes actuaciones, en calidad de empresa estatal creada inicialmente por decreto 1.774/93 (B. O., 8-IX-1993, como Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.), luego denominada Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios SACPEM (por decreto 566/13 y la resolución 533/13 del ex Ministerio del Interior y Transporte), y más tarde llamada Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM (por decreto 28/18 y resol. 155/18 del ex Ministerio de Transporte, hoy incorporado al Ministerio de Economía), cuyos titulares accionarios identificó como el actual Ministerio y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, involucra la afectación de intereses económicos del Estado nacional, determinando -a partir de esa circunstancia- la aptitud jurisdiccional del fuero federal en los términos del art. 116 de la Constitución nacional (v. pronunciamiento de fecha 29-VIII-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-IX-2023), en el que denuncia absurdo, errónea aplicación y violación de las normas que individualiza. Asimismo, invoca infringida la doctrina legal que identifica.
Alega que la referencia del juzgador a la ley 27.132 que declara de interés nacional la reactivación de los ferrocarriles y la mejora de la infraestructura no implica automáticamente que el caso sea de competencia federal, ya que dicho fuero es de excepción.
Relata que la declinación de jurisdicción y su atribución a la indicada sede para dirimir conflictos originados con motivo de un contrato de trabajo transgrede la garantía del juez natural. En este sentido, afirma que la decisión no responde al principio protectorio que rige en materia laboral y viola el de progresividad establecido en normas de jerarquía supralegal.
III. Pues bien, el recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, cabe recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial, denieguen la competencia federal o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación que vincula a las partes, incidiendo sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 101.056, "Díaz", sent. de 3-VI-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011; L. 117.445, "Municipalidad de Bragado", sent. de 8-IV-2015; L. 121.358, "Ojeda", sent. de 7-VIII-2019; L. 124.781, "Prieto", resol. de 2-X-2020; L. 125.823, "Ruiz", resol. de 19-IV-2021 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
Toda vez que en el caso se configura uno de los mencionados supuestos de excepción, en tanto el tribunal de origen declinó su competencia por entender que el conocimiento del caso debía atribuirse a la justicia federal, dicha decisión reviste carácter de definitiva (art. 278, cit.).
III.2.a. Luego, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto pretendido en la demanda- no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen solo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 116.461, "Arriola", sent. de 31-VII-2013; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; e.o.).
III.2.b. Sin embargo, si bien no he participado en la votación de la causa L. 119.739, "Sandoval" (sent. de 9-V-2018), siguiendo lo allí sostenido por este Superior Tribunal que integro, considero que las restricciones procesales derivadas de la acotada revisión que impone dicha norma adjetiva deben ceder en atención a las particularidades del presente caso.
Ello así, pues los argumentos esgrimidos por el legitimado activo se dirigen a objetar la decisión del tribunal de grado en cuanto declaró su incompetencia atribuyéndola a la justicia federal, a través de la directa interpretación de una cláusula de la Constitución nacional (su art. 116).
Cabe entonces señalar que cuando en determinada controversia se encuentra en juego la competencia federal, el tema debe considerarse indisponible para las partes, ya que se ofrece con los caracteres de un impedimento que, más allá de comportar una cuestión de competencia, toca a la demarcación misma con que la Constitución nacional distribuye las posibilidades jurisdiccionales entre la Nación y las provincias, con oportunidad siempre presente y en cualquier estado del juicio para restablecerla en su regularidad de oficio (causas L. 118.847, "Díaz", sent. de 4-VIII-2016; L. 119.550, "García", sent. de 15-III-2017 y L. 126.040, "Chejolan", sent. de 29-XI-2022).
III.2.c. Por las señaladas razones, habré de ingresar en el examen del embate sin las limitaciones impuestas por las normas procesales, pues corresponde que esta Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, aborde los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución y las leyes federales (causas L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; L. 118.758, "Acharez", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
III.3. Ahora bien, a partir de la exposición efectuada sobre los argumentos dados por el tribunal de origen para declararse incompetente, se exhibe manifiesta la insuficiencia de la pieza recursiva sobre el punto.
La simple lectura de la impugnación denota que su contenido resulta inhábil para revertir lo decidido en la instancia de origen, pues el análisis que -en definitiva- formó la convicción del juzgador de grado y dio sustento al fallo atacado permanece sin réplica idónea.
El recurrente se limita a afirmar que la declinación de competencia del fuero del trabajo provincial a favor del federal para resolver conflictos laborales viola principios fundamentales del derecho del trabajo -tales como, el protectorio y el de progresividad-, y pone en riesgo los intereses de los trabajadores dependientes, desentendiéndose de los fundamentos que dotan de sustento al pronunciamiento atacado, basados en el análisis del art. 116 de la Constitución nacional y afincados -en esencia- en el hecho de haber sido traído al proceso como parte al Estado nacional.
En este sentido, esta Suprema Corte ha expresado reiteradamente que es insuficiente el recurso extraordinario que omite formular una crítica concreta y eficaz a la motivación central sobre la que se asienta el pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 117.042, "Maglione", sent. de 7-V-2014; L. 117.426, "Chazarreta", sent. de 23-XII-2014 y L. 121.152, "Cupo", sent. de 21-XII-2020).
Obsérvese que el impugnante menciona fallos emanados de este Tribunal, sin acompañar esa transcripción con un desarrollo argumental idóneo destinado a poner en evidencia el yerro incurrido en la solución dada al caso, ni tampoco exponer -como es menester y según he anticipado- una censura adecuada y eficaz respecto de la conclusión central del fallo (art. 279, CPCC).
III.4. Bajo las señaladas directrices, considero que la decisión a la que arribó el juzgador de mérito debe permanecer inamovible, toda vez que la impugnación no resulta útil para desvirtuarla.
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Aclarando que he participado con mi sufragio de la conformación de la sentencia dictada en el precedente L. 119.739, "Sandoval" (sent. de 9-V-2018), adhiero al voto emitido por mi distinguido colega doctor Torres, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
I. Comparto los fundamentos expuestos por el doctor Torres en el punto III.1. y III.2. de su exposición.
II. En vista de los alcances del reclamo instaurado y toda vez que la aquí demandada "Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima" constituye una empresa de participación estatal mayoritaria que integra el Sector Público nacional (decretos 1.774/93 y 28/18), actualmente alcanzada por las previsiones del decreto de necesidad y urgencia 525/24 y resolución 35/24 del Ministerio de Economía, Secretaría de Transporte, estimo acertada la solución alcanzada por el tribunal interviniente al amparo de las directrices del antecedente de esta Corte L. 85.509, "Vergara" (sent. de 17-V-2006). Con esa salvedad, me sumo a las demás consideraciones expuestas por los magistrados que votaron en forma precedente.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2025 20:49:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/03/2025 12:49:37 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2025 14:39:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2025 13:04:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2025 13:32:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/04/2025 14:03:29 hs. bajo el número RS-24-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia