Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78963
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.963, "C., A. C. contra Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata decidió rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada, confirmando de ese modo el pronunciamiento de grado, con costas de la instancia a la apelante en su calidad de vencida (sent. de 29-IX-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el apoderado de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (con fecha 21-X-2022), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de 22-VIII-2023.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 de La Plata, por sentencia del 12 de noviembre de 2019, resolvió hacer lugar a la demanda entablada por el doctor A. C. C., anuló las resoluciones impugnadas y reconoció al actor el derecho a obtener y gozar de la jubilación extraordinaria por incapacidad contemplada en el art. 41 de la ley 6.716 (arts. 12 incs. 1 y 2, ley 12.008; 31, 41 y concs., ley 6.716).
Para así decidir, la magistrada entendió que resultaba censurable que la entidad demandada haya interpretado la suspensión de la matrícula informada por el Colegio de Abogados en noviembre de 2007, como si se tratara de un supuesto de exclusión del régimen previsional, en virtud de haberse invocado hechos graves que impidieron al actor regularizar su situación en forma posterior y dentro del plazo para hacerlo (cfr. art. 24, ley 6.716).
Sostuvo que, a fin de evaluar la condición de actividad del afiliado al momento de ocurrir su infortunio, debió tenerse en cuenta que se encontraba temporalmente suspendido de la matrícula hacía pocos meses (arg. arts. 59, ley 5.177 y 31, ley 6.716) y que fue protagonista de un hecho gravísimo, como fue el accidente de tránsito que sufriera, el que le provocó permanecer inmóvil por más de cuatro meses, diversas internaciones, la amputación traumática de su miembro superior izquierdo; fracturas múltiples en su pierna izquierda, que finalmente culminaron con su amputación, generándole una discapacidad, cuya comprobación no se encuentra discutida en autos.
Concluyó que la interpretación que la demandada pretendió dar a las normas previsionales en juego desnaturalizó la razón de ser de su finalidad y funcionamiento, además de dejar en desamparo al afiliado en momentos en los que más se justificaba la tutela, llegándose al extremo ilógico de que una persona que sufriera las gravísimas consecuencias de un accidente, corriera el riesgo de quedar fuera de todos los beneficios previsionales.
Con cita de un precedente de esta Suprema Corte (causa B. 51.270, "Sacomani", sent. de 11-VIII-1992), manifestó que resultaba claro en el caso que el ámbito de aplicación del art. 31 de la ley 6.716 estaba reservado para aquellos supuestos en los que la exigencia del pago puntual de las cuotas anuales obligatorias no aparece cumplida, y que su finalidad es paliar los resultados injustos a los que podría conducir una aplicación automática y estricta del requisito en cuestión.
De ese modo, entendió que la decisión de la Caja evidenciaba una falta de consideración suficiente de los motivos subyacentes, con indiferencia y desapego a tales circunstancias. En esa misma línea, consideró que el organismo demandado ignoró, al rechazar el pedido de jubilación por invalidez que, al momento del infortunio, el señor C. se encontraba aún en plazo para abonar la última cuota anual obligatoria (CAO). Amén de soslayar la existencia de un convenio de regularización de deuda por los períodos anteriores que se encuentra incorporado en la causa.
II. A su turno, la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, decidió —por mayoría— rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Caja demandada.
Luego de reseñar los artículos involucrados para la resolución del caso, especificó que no se encuentra discutida la discapacidad que presenta el actor, que el accidente ocurrió con posterioridad a la matriculación del actor en el año 1986 y la consecuente afiliación a la Caja (confr. arts. 31 primera parte y 41 inc. "a", ley 6.716); así como que en el año 2017 la Caja y el señor C. suscribieron un plan de pagos de las cuotas anuales obligatorias adeudadas, surgiendo el ingreso de aportes en los años 2006 y 2007 , pero sin alcanzar a cubrir la CAO.
Puntualizó que los agravios de la demandada giran en torno al incumplimiento de los requisitos de procedencia del beneficio pretendido con sustento en que, por retrasos en el pago, quien acciona, al tiempo de ocurrido el accidente, se encontraba suspendido en la matrícula y por ello excluido del sistema previsional.
En dicho marco, el tribunal de segunda instancia sostuvo que compartía la decisión de la jueza preactuante, en cuanto a que la condición activa de la matrícula —acreditar actividad profesional en la Provincia, conforme el art. 31 segunda parte de la ley 6.716— correspondía ser analizada "con arreglo a los antecedentes de cada caso", tal como lo ordena la norma recién mencionada, a la luz de los principios que rigen la materia.
Luego de abundar acerca del concepto de "discapacidad" dado por la Organización Mundial de la Salud, en sintonía con los componentes delineados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como las diversas normas (constitucionales, nacionales y provinciales) vigentes en nuestro país, juzgó acertado el pronunciamiento que descalificara la denegatoria de la Caja demandada de acceder a la solicitud de jubilación extraordinaria.
Consideró que la interpretación del plexo normativo efectuada por la Caja, desnaturalizaba la esencia de las normas que lo integran y su finalidad tuitiva, además de los derechos constitucionales en juego, ignorando el desamparo del demandante en el momento de mayor necesidad.
Explicó que, a la luz de las circunstancias acreditadas, mal pudo reprocharse la condición de inactividad a una persona que se encontraba suspendida del ejercicio profesional por un exiguo lapso temporal y que, tras sufrir, al poco tiempo, un gravísimo accidente invalidante, quedó en una situación de vulnerabilidad justificante de la cobertura previsional requerida (cfr. arts. 31 y 41, ley 6.176).
El tribunal actuante agregó que dicha decisión se corrobora con la jurisprudencia citada por la jueza de la instancia en relación al ámbito de aplicación del requisito de actualidad en el ejercicio previsto en el art. 31 de la ley 6.716 (causa B. 51.270, "Sacomani", sent. de 11-VIII-1992), sumado a la doctrina de esta Corte y de su par nacional, que ha interpretado que la mora en el pago de los aportes jubilatorios no puede privar de sus derechos al afiliado renuente, lo cual no obsta a que se exija el pago de lo adeudado en el supuesto de no haberse cancelado, descontándose para ello un porcentaje de su haber.
Por último, concluyó que las excepcionales circunstancias de la causa no admiten otro temperamento sobre la base de los principios de equidad, justicia y solidaridad que deben primar en el sistema de seguridad social.
III. Contra dicha decisión, el apoderado de la caja previsional demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual plantea la violación de los arts. 2, 31 y 41 de la ley 6.716.
Se agravia en cuanto a que en las instancias de grado se tuvo por acreditada la condición activa de la matrícula del señor C. y, en consecuencia, se le permite acceder al otorgamiento del beneficio de jubilación extraordinaria por incapacidad, no obstante no cumplirse los requisitos legales para ello.
En concreto, cuestiona:
a) Condición activa de la matrícula. Violación de los arts. 2 y 31 de la ley 6.716: sostiene que de la interpretación armónica de ambas normas resulta claro —según su entender— que el doctor C. no resultaba beneficiario de la Caja a la fecha de acaecido el accidente (26-IV-2008), ni tampoco al momento de efectuar el pedido del beneficio jubilatorio (24-IX-2014).
En tal sentido, manifiesta que la matrícula del demandante se encontraba suspendida desde el 29 de noviembre de 2007, por falta de pago de más de dos anualidades (desde el año 2006), en los términos del art. 53 de la ley 5.177.
Así, afirma que para que la Caja pudiera evaluar la aplicación al caso del segundo párrafo del art. 31 de la norma citada resultaba un requisito necesario que el afiliado estuviera matriculado. Concluye que, en este supuesto, la interpretación dada por la Cámara a dicha norma con relación a la "actualidad en el ejercicio" como condición para gozar del beneficio jubilatorio extraordinario que debiera "ser juzgada con arreglo a los antecedentes de cada caso", ha sido equivocada, puesto que se centra en la calidad de inscripto en la matrícula.
Sostiene que resulta un hecho no controvertido que la falta de pago que motivara la exclusión del actor de la matrícula, lo es respecto de la cuota para ese concepto y no de los aportes previsionales.
Concluye que en el caso no resulta aplicable el precedente de esta Suprema Corte invocado en ambas instancias (causa B. 51.270, "Sacomani", sent. de 11-VIII-1992), por diferir de las circunstancias de hecho que dieron lugar esta controversia.
b) Improcedencia del beneficio de jubilación extraordinaria por incapacidad. Violación del art. 41 de la ley 6.716: reitera que como el actor no era afiliado, por encontrarse fuera del sistema previsional de cobertura en los términos de lo dispuesto por los arts. 2 y 31 de la ley citada, le asiste derecho a la Caja para denegar el beneficio solicitado.
Agrega que la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada solo sería posible si se hubiera acreditado la incapacidad total y permanente en una fecha anterior a la de suspensión, es decir, si se hubiera producido durante afiliación a la Caja. Considera que, lamentablemente, el doctor C. no logra cumplir tal condición, en tanto se encontraba con la matrícula suspendida, no solo al momento de la alegada incapacidad (26-IV-2008), sino también al 24 de septiembre de 2014, momento en que solicitó el beneficio.
Insiste aquí que no fue el desafortunado accidente sufrido por el actor lo que lo colocó en la imposibilidad de ejercer la profesión, y como consecuencia de ello, pagar la matrícula y sus aportes, sino que antes de ello ya se encontraba fuera del sistema previsional por falta de pago desde el año 2006.
Respecto del plan de pagos suscrito en el año 2017, asegura que solo comprende las cuotas anuales anteriores a la fecha de suspensión de la matrícula, y entiende que sus consecuencias jurídicas en nada incidirían respecto de la situación del actor frente a la Caja con relación al beneficio.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
Ha señalado con reiteración este Tribunal que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. De allí que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida, déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que —al margen de su acierto o error— se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. causas Ac. 85.920, "Castronuevo", sent. de 24-III-2004; C. 95.133, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 15-IV-2009 y C. 105.218, "Mercuri", sent. de 14-IX-2011).
IV.1. En primer lugar, se observa que agravios idénticos a los planteados en esta instancia extraordinaria fueron expuestos por el apoderado de la Caja en su recurso de apelación y formalmente tratados y rechazados por la Cámara interviniente; en consecuencia, advierto que resulta aplicable la doctrina de esta Corte en cuanto señala que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la simple reiteración de argumentos esgrimidos —y descalificados— en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 76.525, "Jorgensen", resol. de 25-XI-2020; e.o.), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 74.131, "Magadán", resol. de 30-V-2018; A. 74.604, "Panzeri", resol. de 20-II-2019; A. 74.734, "Procosud", resol. de 7-III-2019 y A. 76.525, cit.).
En efecto: las alegaciones en torno a los arts. 2, 31 y 41 de la ley 6.716, así como las implicancias de la falta de pago de las cuotas anuales obligatorias de la matrícula fueron parte sustancial de los agravios efectuados respecto del fallo de primera instancia, y expresamente tratados y desarrollados por el voto mayoritario de la sentencia aquí atacada (v. punto IV del voto del doctor Spacarotel, al cual adhirió la doctora Milanta), sin que en el recurso en tratamiento se vuelquen nuevas consideraciones respecto a tal temática ni puntos de análisis divergentes.
IV.2. Tampoco resulta atendible el argumento de la demandada por el que pretende limitar dogmáticamente el análisis del caso a la cuestión de la suspensión de la matrícula desde el 29 de noviembre de 2007, por falta de pago de más de dos anualidades y, en consecuencia, la exclusión automática de aquella y su desafiliación a la Caja aquí demandada.
Al respecto, el recurrente efectúa una interpretación literal del marco normativo que entiende debe ser aplicado, y considera —reiterando argumentos ensayados en la apelación— que los sentenciantes han efectuado un análisis erróneo del art. 31 de la ley citada, y no han tenido en cuenta los requisitos legalmente exigidos para ser beneficiario de la jubilación extraordinaria.
En este sentido, el quejoso prescinde de las razones particulares que fueron evaluadas por el tribunal actuante para confirmar la decisión adoptada por la jueza interviniente.
Así, y tal como fuere reseñado anteriormente, la Cámara, al igual que lo decidido por la jueza de grado, entendió que el art. 31 segundo párrafo de la ley 6.716 debía ser analizado "con arreglo a los antecedentes de cada caso" y a la luz de los principios que rigen la materia. De ese modo, del contexto allí descripto y teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias de la causa, el tribunal consideró que "mal pudo reprocharse la condición de inactividad a una persona que se encontraba suspendida del ejercicio profesional por un exiguo lapso temporal y que tras sufrir al poco tiempo, un gravísimo accidente invalidante -[ por el cual le fueron amputados un brazo y una pierna]- quede en una situación de vulnerabilidad justificante de la cobertura previsional requerida".
De este modo, el fundamento central por el cual el Tribunal de Alzada consideró que en este excepcional supuesto se encontraban cumplidos los requisitos exigidos para otorgarle al señor C. la jubilación extraordinaria, no fue eficientemente rebatido por el recurrente. Y en ese sentido, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (doctr. causas A. 72.881, "Siciliano", sent. de 29-VIII-2017; A. 75.636, "Morales", sent. de 6-XI-2019; A. 76.840, "Barroso", resol. de 21-XII-2022; e.o.).
Bajo estas premisas, debo decir que la quejosa se desentiende de los argumentos que brindó el a quo para confirmar la sentencia de grado en este aspecto medular, destacando por sobre todas las cosas que aquí estaban implicados los principios de equidad, justicia y solidaridad que deben primar en el sistema de previsión social.
Los argumentos expresados por el apoderado de la Caja demandada, reiterando y justificando la denegatoria de su poderdante, evidencian una personal interpretación de la cuestión aquí discutida; y sabido es que resulta ineficaz el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del Tribunal de Alzada sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y razonadamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas (conf. causa A. 75.572, "Fisco", sent. de 2-III-2023).
Evidentemente, de la pieza recursiva se observa que los argumentos que la parte trae en su impugnación, solo conforman un mero disentimiento con la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada que, en modo alguno, logran controvertir lo decidido.
Y recuerdo que cuando la crítica del impugnante se limita a exhibir un distinto parecer subjetivo con el utilizado por el sentenciante, configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas A. 76.813, "Riconocsiuto", sent. de 2-III-2023 y A. 76.501, "Energy SA", sent. de 26-II-2024).
IV.3. Por último, tampoco es de recibo la descalificación de la doctrina legal de esta Corte (causa B. 51.270, "Sacomani", sent. de 11-VIII-1992), citada en ambas instancias de grado, que el recurrente considera que no es aplicable al caso, por cuanto una alegación así formulada no satisface la carga técnica que impone el art. 279 del Código ritual. En este aspecto, se destaca que el recurrente omite indicar con la precisión que exige esta instancia extraordinaria, en términos claros y concretos, en qué consiste la diferencia que presentan ambos supuestos.
Sabido es que el cumplimiento de los requisitos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el impugnante indique con claridad la ley o la doctrina legal que se repute violada o aplicada erróneamente, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error (doctr. causas A. 68.138, "Domínguez", sent. de 23-XI-2005; L. 83.599, "Abbatí", sent. de 8-XI-2006; L. 89.656, "Stiep", sent. de 31-X-2007; A. 68.934, "Llanos Choque", sent. de 3-XI-2008 y A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016), recaudos que no fueron cumplidos en el caso.
V. Por las razones expuestas, considero que el recurso debe ser desestimado, con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, 279 y 289 in fine , CPCC).
Désele por perdido el depósito realizado (art. 294, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Kohan , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2025 12:13:12 - TORRES Sergio Gabriel -
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.