Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73807
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.807, "Agropecuaria Cerro del Águila S.A. contra Provincia de Buenos Aires sobre expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata admitió parcialmente el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y rechazó el interpuesto por la parte actora. En consecuencia, revocó el pronunciamiento de grado en cuanto condenó al Fisco provincial al pago de los intereses desde el momento de la desposesión y lo confirmó en lo restante (v. sent. de fecha 12-II-2015, agregada a fs. 570/600).
Disconformes con dicho pronunciamiento, ambas partes interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, por la parte actora agregado a fs. 605/615 y por la parte demandada agregado a fs. 621/624, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. resol. fs. 643/644).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 650), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 653/657) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la Fiscalía de Estado a fs. 621/624?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte actora a fs. 605/615?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo a cargo del Juzgado n° 1 del Departamento Judicial de Azul desestimó la excepción de prescripción opuesta por la Fiscalía de Estado e hizo lugar parcialmente a la demanda de expropiación inversa promovida por la firma "Agropecuaria Cerro del Águila S.A." contra la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 26-VIII-2014).
I.1. Para rechazar la defensa opuesta por el Fisco aplicó, por economía procesal, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia y de este Tribunal, en virtud de la cual el dies a quo en la acción de expropiación inversa o irregular se encuentra subordinada al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio y recién a partir de ese momento puede empezar a correr el término de la prescripción siendo que, por el art. 17 de la Constitución nacional, para reputar perfeccionada la expropiación se requiere el cumplimiento del recaudo del pago previo de dicha indemnización.
I.2. Paralelamente, declaró expropiados parcialmente los bienes inmuebles objeto de autos ubicados en los partidos de Bolívar e Hipólito Irigoyen, a raíz de la obra pública denominada "Canal Colector de Drenajes Rurales y Desagües Pluviales de la Ciudad de Henderson - Terraplenes Laterales", y estableció el monto indemnizatorio en la suma total de un millón doscientos dos mil cuatrocientos dieciséis pesos con cuarenta y cuatro centavos ($1.202.416,44), con más los intereses a calcular desde el día 1 de septiembre de 1994, de acuerdo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago (arts. 8, 12, 35, 41 y concs., ley 5.708; 2.511 y 2.512, Cód. Civ.; 17, Const. nac. y 10 y 31, Const. prov.).
Finalmente, desestimó la indemnización reclamada en concepto de depreciación del remanente y mejoras (puentes, tranqueras, alambrados, aguadas, corrales y mangas, alcantarillados y vados) e impuso las costas a la demandada (art. 68, CPCC).
II. Disconforme con ese pronunciamiento, tanto la parte demandada como la firma actora interpusieron recursos de apelación.
La Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de Mar del Plata, mediante la sentencia agregada a fs. 570/600, admitió parcialmente el deducido por la Fiscalía de Estado y rechazó el interpuesto por la parte actora.
Con relación a los agravios desarrollados por la Fiscalía de Estado y, en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la defensa de prescripción y, a la vez, no encontró vulnerado el principio de congruencia a la luz del art. 35 de la ley 5.708.
II.1. En ese orden, el doctor Riccitelli coincidió con la decisión del señor juez de primera instancia en el rechazo de la excepción opuesta por la demandada expropiante, no así en los fundamentos esgrimidos por ese magistrado quien en su pronunciamiento siguió los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.
Bajo la invocación de los argumentos que concitaron la mayoría en las causas "Establecimiento La Magdalena S.A." (CCAMDP 2101-DO1, sent. de 3-VI-2011) y "De Urquiza Anchorena" (CCAMDP 3254-AZ1, sent. de 30-X-2012), vinculados con las consecuencias negativas que produjo la instauración pretoriana —no legislativa— de la imprescriptibilidad de la acción expropiatoria inversa, juzgó que toda pretensión de esa especie podrá ser repelida por la Administración cuando hayan transcurrido más de veinte años desde que la desposesión o turbación del bien por parte del Estado aconteció (por remisión al plazo previsto en el art. 4.015 del Código Civil entonces vigente y la doctrina de derecho comparado que cita en el punto II.2.e. de la sentencia de fecha 12-II-2015), situación que no encontró configurada en autos, toda vez que conforme la propia demandada lo menciona en el responde, la desposesión aconteció el día 1 de septiembre de 1994 y la demanda se inició el día 27 de noviembre de 2006.
Por su parte, el doctor Mora (quien quedó en minoría en las causas citadas por el señor juez preopinante) adhirió a la solución propuesta por el colega en cuanto a la desestimación de la defensa opuesta por el Fisco. Ello así, en virtud de que —en el particular caso de autos— surge de la contestación de demanda y la oposición de excepciones, que la demandada alegó la procedencia de la prescripción de la acción intentada por haber "...transcurrido un plazo superior a los diez años que prevé el Código Civil..." con fundamento en el art. 4.023 del Código de fondo entonces vigente, norma que, si bien no mencionó en forma expresa, se infiere de las causas que cita. En consecuencia, juzgó que el transcurso de tiempo que aconteció desde la fecha de desposesión (1-IX-1994) y el inicio de la acción (27-XI-2006) no supera el estándar fijado por la mayoría de ese tribunal en el marco de las causas "Establecimiento La Magdalena S.A." y "De Urquiza Anchorena" (cits.).
Señaló, sin perjuicio del acompañamiento al señor juez que abrió la votación, que no merecía reproche alguno lo resuelto por el señor juez de grado, toda vez que fue acorde con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia en materia expropiatoria y la doctrina legal de este Superior Tribunal.
II.2. Luego de rechazar la defensa de prescripción se adentró al análisis del agravio vinculado con la vulneración del principio de congruencia por haberse fijado una indemnización que excede a la estimada por el propietario en su demanda, circunstancia que la recurrente entiende violatoria del art. 35 de la ley 5.708.
Al respecto, el Tribunal de Alzada recordó que dicho precepto no se encuentra vulnerado si el peticionante al estimar el valor expropiatorio hubiera expresamente dejado a salvo la aplicación de los criterios de actualidad para determinar la cuantía indemnizatoria, requisito que constató en autos —al igual que el señor juez de primera instancia— al advertir que el pedimento indemnizatorio en el escrito de la demanda fue supeditado a las resultas de la prueba de peritos a practicarse en el proceso.
II.3. Consideró erróneo el razonamiento del señor juez de primera instancia respecto del cómputo de los intereses desde la desposesión, luego de haber determinado el justo valor del bien expropiado con criterio de actualidad. Señaló en este sentido, que resultaba contradictorio que se tome para fijar el valor del bien objeto de la expropiación el momento de dictar la sentencia y la fijación de los intereses a partir de la desposesión.
De allí que admitió la queja de la demandada con el objeto de evitar un enriquecimiento indebido a favor de quien peticiona el pago indemnizatorio.
Con apoyo en el precedente de la Corte federal "Schoo Devoto de Marino Susana Enriqueta Elena" (CSJN Fallos 337:70) sostuvo que la aplicación de intereses carece de todo asidero cuando se adoptan valores actuales para el cálculo de la indemnización expropiatoria.
Con base en ello revocó la sentencia de primera instancia en esta parcela, ordenando excluir del monto de la condena fijado por el magistrado, el cálculo de los intereses que habrían de adicionarse sobre la indemnización determinada bajo criterios de actualidad.
En relación con la moneda, destacó que la consideración del dólar estadounidense para fijar el valor de las hectáreas expropiadas no era un método de actualización monetaria sino un modo de establecer una indemnización justa.
II.4. Por último, calificó de insuficiente el agravio esgrimido por la Fiscalía de Estado con relación al modo en que fueron impuestas las costas.
Advirtió que la queja resulta inhábil para rebatir la construcción lógica seguida por el magistrado para imponerlas a cargo de la demandada de acuerdo al art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto consideró que la controversia había excedido a la fijación del precio expropiatorio como para aplicar el art. 37 de la ley 5.708.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia absurda valoración de la prueba y la violación de los arts. 163, 164, 384, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, alega la vulneración de los arts. 512, 1.068, 1.069, 1.078, 1.083, 1.086, 1.112, 1.113 y concordantes del Código Civil entonces vigente.
Básicamente se agravia de dos cuestiones, i) el rechazo de la oposición al progreso de la acción de expropiación inversa promovida por haber operado la prescripción y ii) la vulneración del art. 35 de la ley 5.708.
En relación con la desestimación de la defensa de prescripción opuesta por su parte, señala que la decisión del Tribunal de Alzada vulneró la doctrina legal sentada en la causa "Pefaure" (C. 52.386, sent. de 26-VII-1.994), en la cual se determinó un término decenal de prescripción, el que —según entiende la recurrente— se encontraría verificado en autos, toda vez que transcurrieron doce años desde la fecha de desposesión hasta que la parte actora inició la demanda.
De manera subsidiaria, denuncia la errónea aplicación del art. 35 de la ley de expropiaciones, en tanto señala que dicho artículo establece que la sentencia declarará expropiada y fijará la indemnización que debe comprender el valor objetivo y los desmerecimientos que sean consecuencia inmediata y directa de la expropiación, no debiendo sin embargo ser superior a la estimada por el propietario.
Indica que el actor estimó el valor de la hectárea en la suma de tres mil quinientos dólares (USD 3.500), y que la sentencia de primera instancia, que fuera confirmada por la Cámara, decidió en exceso de lo solicitado ( ultra petita ), ya que otorgó una suma indemnizatoria por hectárea superior (USD 7.000).
Señala que los señores jueces de las instancias ordinarias se fundaron en el deber de reparar (alterum non laedere) que deriva de la responsabilidad patrimonial en procesos de daños y perjuicios, desconociendo las particularidades del proceso expropiatorio.
Manifiesta que la estimación formulada y el precio ofrecido constituyen dos pilares del proceso expropiatorio, que gravitan en la imposición de costas y delimitan el marco de la controversia.
Expresa que la determinación del justo valor del inmueble objeto de la expropiación con criterio de actualidad encuentra su límite en el monto reclamado por el demandante expropiado.
Hace reserva del caso federal.
IV. El recurso no prospera, atento a su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC).
IV.1. En primer lugar no es de recibo la denuncia de violación de la doctrina legal sentada por este Tribunal en la causa "Pefaure" (cit.), que la recurrente desarrolla en el punto IV, párrafos tercero y cuarto de su pieza recursiva.
Independientemente de la convicción personal de los magistrados de las instancias ordinarias con relación a la prescriptibilidad de la acción de expropiación inversa, la Cámara actuante estructura su decisión sobre la base de un plazo de prescripción veinteñal, y no decenal como se viene invocando en el recurso.
Le endilgó además al recurrente que su argumento de apelación denota una errónea interpretación de los precedentes "Establecimiento La Magdalena S.A." y "De Urquiza Anchorena". Se explica en la sentencia que en dichos casos se resolvió que el plazo de prescripción era de veinte años, y que erróneamente, en el recurso se alega que tales precedentes hicieron lugar a la defensa de prescripción sobre la base de solo diez años.
El recurrente lejos de controvertir este argumento se limita a argumentar en paralelo, trayendo agravios que fueron contestados en las instancias de grado y que no logran desbaratar el argumento central de la sentencia.
Para más, el caso "Pefaure", que se denuncia violado en el recurso, fue un criterio que sufrió varias modificaciones por parte de este Tribunal en sentencias posteriores (cfr. doctr. causas Ac. 85.060, "Aguilar", sent. de 1-IV-2004; Ac. 71.768, "Staudt", sent. de 7-IX-2005; Ac. 76.907, "Tapera Arteche S.A.", sent. de 9-VII-2006; C. 95.623 , "Eliland S.A.", sent. de 27-III-2008 y C. 98.880, "Cambiasso", sent. de 6-V-2009).
Lo expuesto deja sin sustento a la invocación formulada por la recurrente respecto de la violación de la doctrina legal denunciada, en tanto la sentencia atacada no puede descalificarse a la luz de la doctrina que invoca la recurrente, toda vez que no se encuentra vigente.
Al respecto cabe recordar que la Suprema Corte debe aplicar la doctrina legal vigente a la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión (doctr. causa L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010 y sus citas).
En consecuencia, no merece acogida el agravio desarrollado por la demandada con relación a la desestimación de la defensa de prescripción que opusiera.
IV.2. Tampoco merece recepción favorable la crítica relacionada con la errónea aplicación del art. 35 de la ley 5.708; el embate es insuficiente.
La Cámara interviniente para confirmar el monto que fijó el señor juez de primera instancia del valor de la tierra ponderó la estimación que realizó la firma actora en la demanda con expresa mención del criterio de actualidad para determinar la cuantía supeditando el quantum a las pericias que han de producirse en autos (v. fs. 22 y vta.).
Al respecto tiene dicho este Tribunal, que si quien se agravia limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el juzgador de grado sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la vía extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, se desprende de ello que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (causas A. 76.246, "Álvarez", sent. de 16-VI-2022; A. 77.261, "Frade", sent. de 20-IX-2022; e.o.).
No advierto error de juzgamiento en esta parcela. Tampoco la demandada ha esgrimido argumentos que repliquen los fundamentos en los cuales se basó la Cámara en su decisión, fundada en la doctrina autoral y jurisprudencial relacionada con la provisionalidad de la estimación indemnizatoria cuando en la demanda se reservó el valor a lo que surgiera de las pruebas a producirse.
V. Por los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la pretensión de expropiación inversa promovida por "Agropecuaria Cerro del Águila S.A." contra la Provincia de Buenos Aires con motivo de la afectación parcial de los bienes inmuebles de su propiedad ubicados en los partidos de Bolívar e Hipólito Irigoyen, a raíz de la construcción de la obra pública denominada "Canal Colector de Drenajes Rurales y Desagües Pluviales de la Ciudad de Henderson - Terraplenes Laterales".
En consecuencia, declaró expropiadas a favor de la demandada las fracciones de terreno objeto de autos y fijó el monto indemnizatorio —teniendo en cuenta el valor de la tierra expropiada a la época de la sentencia— en la suma total de un millón doscientos dos mil cuatrocientos dieciséis pesos con cuarenta y cuatro centavos ($1.202.416,44); más los intereses a calcularse a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en sus diversos períodos de aplicación a partir de la desposesión (1-IX-1994) y hasta el efectivo pago (arts. 8, 12, 35, 41 y concs., ley 5.708; 2.511 y 2.512, Cód. Civ.; 17, Const. nac. y 10 y 31, Const. prov.).
Desestimó la indemnización reclamada en concepto de depreciación del remanente y mejoras, e impuso las costas a la demandada (art. 68, CPCC).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, en lo que a la resolución del recurso bajo análisis interesa, confirmó la sentencia de primera instancia en relación con la determinación del monto indemnizatorio de la tierra expropiada con criterio de actualidad, pero admitió el agravio de la demandada expropiante con relación a la aplicación de los intereses desde la fecha de desposesión.
Respecto al rubro "depreciación del remanente" y "mejoras" (puentes, alambrados, aguadas completas, corrales, mangas, alcantarillados y vados) coincidió con el rechazo decidido por el señor juez de primera instancia.
Finalmente, en lo atinente a la distribución de las costas, impuso las del Tribunal de Alzada a la actora por su objetiva condición de perdidosa (arts. 68, CPCC y 52, ley 5.708).
III. Frente a lo decidido la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 605/615), que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 643/644.
Los agravios trasuntan sobre el tipo de cambio utilizado para efectuar la conversión monetaria del monto indemnizatorio y la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial.
Denuncia absurdo con relación al rubro indemnizatorio "depreciación del remanente" y alega vulneración del art. 8 de la ley 5.708 y de la doctrina de esta Corte en relación con la desestimación de las mejoras reclamadas.
Plantea que, en los informes periciales de los ingenieros agrónomos Zubía y Alfieri se concluyó —por las razones que allí se explicitan— que correspondería reconocer el rubro indemnizatorio por la depreciación del remanente.
Se agravia de que el dictamen tomado en consideración por las instancias ordinarias (ingeniero Villamarín) expresamente se reconoce que "...la situación del establecimiento como unidad de explotación no es la misma que aquella
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.