Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130857
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.857, "Fiscalía de Estado -Provincia de Buenos Aires- contra Tuñón Rubén Gabriel. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 22-III-2023).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13-IV-2023).
Oído el señor Procurador General (v. presentación electrónica de fecha 31-X-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la demanda promovida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la que reclamó —con sustento en el art. 52 de la ley 23.551— la exclusión de la tutela sindical respecto del señor Rubén Gabriel Tuñón, en razón del cargo de Secretario Gremial de Asociación Trabajadores del Estado —seccional Junín— detentado (v. fs. 5/8 vta.).
Para así resolver, juzgó —en sustancia— que, al momento de interponerse la acción, la facultad sancionatoria de la Administración se encontraba prescripta.
Sustentó tal decisión en los arts. 90 inc. 3 de la ley 10.430, en cuanto dispone que "...el poder disciplinario por parte de la administración se extingue...2) A los tres (3) años, en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas expulsivas..."; 90 inc. "c" del decreto reglamentario 4.161/96 que prescribe "...II. El término de la prescripción de la acción comienza a correr desde el día en que se comete la falta, si esa fuese instantánea...y opera de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo..."; y el art. 91 de dicho reglamento que estatuye "...II. El proceso judicial suspende el término de la prescripción hasta su resolución definitiva y siempre que de las actuaciones administrativas no surja probada responsabilidad disciplinaria, en cuyo caso podrá dictarse resolución final, dejando establecido que la misma queda subordinada al resultado de aquél..." (vered., págs. 4 y 5).
Con base en dichas normas, y a la luz de los hechos que estimó verificados en el veredicto (hecho delictivo del dependiente ocurrido el 7-V-2005, instrucción sumarial ordenada el 19-X-2005 y sentencia condenatoria recaída en sede penal el 9-VI-2011), concluyó que el plazo de tres años de prescripción de la función disciplinaria administrativa había fenecido el 19 de octubre de 2008.
En este sentido, destacó —en función del reglamento antes citado— que la Administración se encontraba en condiciones de dictar la resolución final, por cuanto la falta genérica y ambigua imputada al agente ("...observar en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna, acorde a las tareas que le fueron asignadas...") se encontraba dentro de su esfera de conocimiento con mucha anterioridad (v. vered., pág. 5).
En razón de ello, declaró innecesario analizar los alcances de la acción intentada, desde que —puntualizó— al momento de su inicio —17 de agosto de 2016— la facultad sancionatoria de la Administración estaba prescripta. Citó el art. 90 de la ley 10.430 (v. vered., pág. cit.).
Ya en la etapa de sentencia, alertó respecto de la magnitud del tiempo que insumió la instrucción del sumario —diez años, precisó— y que el principio de legalidad imponía una respuesta inmediata por parte de la Administración.
Apuntó —además— que de dichas actuaciones no se vislumbraba vínculo alguno entre la conducta penalmente reprochable (aclaró, no acaecida en el ámbito laboral) con la cesantía; y que la Administración no adujo argumentos, salvo los dogmáticos que esgrimió, respecto de los motivos por los cuales intentaba expulsar al agente del lugar donde laboraba, ni de qué manera resultó afectado el funcionamiento y "decoro" administrativo por su conducta (v. sent., pág. 4).
Sin mengua de tales aclaraciones, juzgó que en razón de encontrarse prescripta la pretensión administrativa disciplinaria al momento de iniciarse la acción impetrada, por vencimiento de los términos reglados por la ley 10.430 y su decreto reglamentario, correspondía rechazar la demanda intentada.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 22-III-2023).
En la vía extraordinaria de nulidad denuncia transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Postula, en primer lugar, que el órgano de la instancia de grado resolvió en una etapa procesal inadecuada la suerte del litigio, al pronunciarse en el veredicto por la procedencia de la excepción de prescripción opuesta por la contraria, cuestión de derecho —aduce— que debió decidirse en la sentencia, circunstancia que —según aduce— acarrea la nulidad de la decisión en crisis.
Asimismo, expone que el fallo carece de fundamentación normativa.
Finalmente, alega que el juzgador omitió abordar una cuestión esencial introducida por la parte actora al contestar el segundo traslado, consistente en determinar si el tribunal era competente —o no— para resolver la excepción antes referenciada, temática que —argumenta— ya había sido dirimida en la instancia administrativa, encontrándose, por lo tanto, firme y consentida.
Argumenta que siendo la aptitud jurisdiccional del órgano de grado un asunto de orden público, de carácter esencial, debió necesariamente integrar la línea argumental del fallo para una correcta solución de la litis, por lo que su falta de abordaje determina la invalidez del pronunciamiento en crisis.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. Con relación al cuestionamiento afincado en que el tribunal de origen dirimió el litigio en una etapa procesal impropia, ello al resolver sobre la procedencia de la excepción de prescripción planteada en el veredicto, no considero que, a los fines que se indican, sea aquí relevante.
En efecto, la circunstancia de que su tratamiento fuera explícito luego en la sentencia (v. sent., pág. 4), revela la inexistencia de un vicio que justifique la nulidad del fallo, máxime si —como en el caso— el interesado no se ha visto impedido de interponer las vías extraordinarias.
Sobre el particular, reiteradamente ha declarado esta Corte que el hecho de que se introduzca en el veredicto una cuestión jurídica en nada perjudica al apelante, que puede impugnar la conclusión sentada mediante el correspondiente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 97.703, "Vega", sent. de 22-VI-2011; L. 102.608, "Colque", sent. de 29-V-2013; L. 108.316, "Peláez", sent. de 3-IV-2014 y L. 121.412, "Peiró", sent. de 31-VIII-2020).
III.2. Despejado dicho tópico, dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
Asimismo, cabe destacar que constituyen cuestiones esenciales aquellas que conforman la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la correcta solución de la controversia y no cualquiera que las partes consideren tales (causas L. 125.044, "Franco", sent. de 13-VII-2022 y L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; e.o.).
III.3. Bajo esas directrices —como lo anticipé— no advierto configuradas en la especie ninguna de las causales nulificantes apuntadas.
III.3.a. En lo que concierne a la supuesta preterición imputada al órgano de origen, por no haberse pronunciado —según argumenta el quejoso— respecto de su "competencia" para resolver la excepción de prescripción, cabe indicar que dicho tópico resultó implícitamente abordado por el tribunal sentenciante al pronunciarse directamente sobre dicha defensa (conf. causas L. 98.483, "Walitko", sent. de 21-XII-2011; L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014 y L. 111.418, "González", sent. de 13-V-2015; e.o.), lo cual sella la suerte adversa del embate, habida cuenta de que —según ha resuelto en forma reiterada esta Corte— no existe omisión de cuestión esencial si los temas que se dicen preteridos han sido resueltos, expresa o implícitamente, en el fallo recurrido (conf. causas Ac. 32.934, "Fernández", sent. de 21-IX-1984; Ac. 52.522, "Flores", sent. de 9-VIII-1994; Ac. 59.071, "Magnelli", sent. de 9-IV-1996; L. 117.549, "Spoerle", sent. de 6-IV-2016 y L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020).
III.3.b. Finalmente, señalo que —contrariamente a lo manifestado por el interesado— el pronunciamiento impugnado se encuentra fundado en expresas disposiciones legales, abasteciendo, de ese modo, el recaudo exigido por el art. 171 de la Constitución provincial, sin que corresponda examinar lo atinente a su acierto, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causa L. 120.665, "Muñoz", sent. de 17-VI-2020; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Bajo la siguiente reflexión, habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.
El agravio en el que se alega la supuesta omisión en el tratamiento de una cuestión esencial se estructura en un enfoque que refleja una desacertada alteración de los términos en los que fue pergeñada la respuesta realizada en la instancia por la actora en el ámbito del art. 29 de la ley 11.653 —aplicable al caso—.
Y, de todos modos, como lo señala la ponente, puede comprenderse que lo argumentado en su oportunidad por la demandante con el objeto de que no se juzgase la prescripción de la "facultad sancionatoria" de la Administración, fue implícitamente considerado y desechado por el tribunal de grado.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso de inaplicabilidad de ley, el interesado denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 81, 84, 90 y 91 de la ley 10.430; 91 inc. 2 y concordantes del decreto 4.161/96; 44, 47 y 63 de la ley 11.653; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, y de la doctrina legal que cita.
I.1. Cuestiona, por absurda, la conclusión por la que se declaró prescripta la potestad disciplinaria de la Administración, desde que —afirma— la apertura del proceso penal suspendió el procedimiento administrativo (v. rec., pág. 12).
Apunta que el tribunal aplicó erróneamente el art. 91 inc. 2 del decreto 4.161/96 en cuanto dispone "El proceso judicial suspende el término de la prescripción hasta su resolución definitiva y siempre que de las actuaciones administrativas no surja probada responsabilidad disciplinaria, en cuyo caso podrá dictarse resolución final, dejando establecido que la misma queda subordinada al resultado de aquél...".
Argumenta que el órgano de la instancia de grado pasó por alto que el hecho que la Administración pretende sancionar, se encuentra subsumido en las figuras típicas del Código Penal que lo prevé como delito; por lo que aquella se vio obligada a suspender —como lo regula la norma legal, aclara el quejoso— el procedimiento administrativo hasta tanto el proceso penal concluya (v. rec., pág. 14).
En este contexto, entiende que, en el caso no operó prescripción alguna, desde que asegura —con mención de antecedentes de este Tribunal que identifica— que los efectos del acto interruptivo o suspensivo duran mientras se mantenga la instancia administrativa, la que solo decae por la existencia de una resolución firme y consentida o por declaración de caducidad (v. rec., pág. 15).
Agrega —con cita de otro precedente— que no puede alegarse válidamente la prescripción de la acción disciplinaria si la autoridad administrativa, en el marco del procedimiento sumarial, consideró suspendido el mismo mientras tramitaba una causa penal iniciada por el hecho que motivó la instrucción de aquel y periódicamente, solicitó al juzgado interviniente informes acerca del estado del proceso criminal (v. rec., pág. cit.).
Añade que, si la prescripción de la acción disciplinaria resultó varias veces interrumpida, además de haber sido suspendida por un proceso penal, no cabe considerar que la facultad disciplinaria de la Administración se encuentre extinguida por prescripción, al momento de decretar la exoneración al accionante (v. rec., pág. cit.).
I.2. Refuta el "aparente argumento" desplegado por el juzgador de mérito al inferir que en virtud del art. 91 inc. 2 del decreto 4.161/96 —antes transcripto— existiría una "obligación" de la Administración de continuar el sumario disciplinario, cuando de las actuaciones se evidencien hechos y pruebas suficientes para imputar responsabilidad al agente (v. rec., pág. cit.).
Aduce que tal razonamiento se aparta de la interpretación correcta de dicho precepto. En primer lugar, por no verificarse —en la especie— el supuesto fáctico previsto en la norma; y, en segundo término, porque de su redacción surge que la única autoridad que debe valorar sobre la posibilidad de continuar el procedimiento —o suspenderlo— es la Administración; desde que la norma dice "podrá" (v. rec., pág. 16).
I.3. Asevera que el tribunal no tuvo en cuenta que el ejercicio de la facultad sancionadora a los agentes de la Administración constituye una facultad privativa del poder administrador, salvo arbitrariedad, en razón del principio de división de poderes.
Explica que la Administración es el único juez de la sanción, sin estar sujeta a censura en sede judicial mientras no se rebasen los límites impuestos a la facultad disciplinaria. Menciona un antecedente de este Tribunal.
Arguye que el control judicial que se arroga el tribunal de trabajo a efectos de revisar la legitimidad de los actos administrativos y del trámite sumarial, no puede ni debe ser admitido como correcto ejercicio de poder por cuanto no responde al reparto de potestades y competencias que la ley establece.
I.4. Sin mengua de entender suficiente lo antedicho para propiciar la revocación de la sentencia, invocando el principio de eventualidad, impugna la supuesta violación del plazo razonable establecido en la ley 10.430 mencionado por el tribunal de grado en la sentencia.
Afirma que la Administración llevó adelante el procedimiento sumarial en un término razonable, y que la conclusión apuntada en la sentencia se exhibe contradictoria desde que, por un lado, se sostiene que al momento de actuar la facultad disciplinaria el plazo prescriptivo se encontraba agotado; empero, a reglón seguido, le endilga a la accionante haber transgredido el derecho a obtener la conclusión del procedimiento en un término razonable, lo que lleva a dudar —a criterio del quejoso— si la anulación de la cesantía lo es por vencimiento del poder disciplinario o por configurarse una alteración de aquel postulado (v. rec., pág. 17).
Insiste en que la potestad disciplinaria de la parte actora nunca prescribió por la realización de actos interruptivos y suspensivos, y que la repartición sumariante mantuvo un constante y regular seguimiento del proceso penal en el que se encontraba el señor Tuñón, y que finalizado aquel dictó la sanción correspondiente. Ergo —aduce— no se advierte entonces cómo puede alegarse violación a la garantía del plazo razonable.
II. El recurso no prospera.
II.1. La crítica dirigida a refutar la conclusión de grado que declaró procedente la defensa de prescripción es insuficiente.
Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión por regla reservada a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011; L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 120.189, "Saucedo", sent. de 9-XI-2020; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; e.o.).
Cabe recordar que la acreditación de dicha falencia importa la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; L. 126.306, "Amarante", sent. de 30-X-2023; L. 127.794, "Pellegrini", sent. de 23-XI-2023 y L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024).
II.1.a. En el caso, el recurrente no logra evidenciar la configuración del aludido vicio.
II.1.b. El Fisco provincial inició acción de exclusión de tutela sindical a fin obtener el desafuero del señor Rubén Gabriel Tuñón, quien gozaba de tutela gremial en razón de integrar el cuerpo de delegados de la Asociación Trabajadores del Estado —delegación Junín— por el período comprendido entre el 6 de noviembre de 2011 al 5 de noviembre de 2015 (v. demanda de fecha 17-VIII-2016, obrante a fs. 5/8 vta.).
Relató —en sustancia— que el demandado se desempeñaba como ayudante administrativo en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Abraham F. Piñeyro de Junín; y que el 19 de octubre de 2005 se ordenó la instrucción de un sumario administrativo con motivo de hallarse involucrado en un hecho delictivo, que implicó que fuera privado de su libertad el 7 de mayo de 2005, conforme resolución dictada en autos "Tuñón, Rubén Gabriel y Otros s/ inf. ley 23.737", en trámite ante el juzgado federal de dicha localidad (v. fs. 5 vta.).
Indicó que con fecha 9 de junio de 2011, el tribunal oral en lo criminal interviniente, dictó sentencia —que se encuentra firme— condenando a Tuñón a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo y multa, por considerarlo autor del delito de tenencia simple de estupefacientes, la que tuvo por compurgada en razón del tiempo que estuvo detenido en prisión preventiva (v. fs. cit.).
Señaló que conforme surge de las actuaciones sumariales instruidas por la Administración —que acompañó como prueba documental con el escrito de inicio (expte. 2920-466-01/2005)— con fecha 23 de febrero de 2012 se decidió imputar al agente por transgresión de los deberes contemplados en el art. 78 inc. "e" de la ley 10.430 que transcribió —"...e) observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna, acorde con las tareas que le fueran asignadas..."— proceder que encuadra —prosiguió— en el art. 83 inc. "d" de dicho cuerpo normativo que regula las causales de cesantía (v. fs. 5 vta. y 6), sanción cuya aplicación aconsejaron los distintos organismos intervinientes que se ocuparon de dictaminar (v. fs. 6).
Con todo, a fin de poder emitir el acto administrativo expulsivo, se presentó solicitando el desafuero sindical del demandado.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.