Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65033
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3.971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.033, "Ovelar, Silvia Noemí y otros contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Torres, Budiño, Mancini, Carral.
I. En fecha 27 de mayo de 2021, esta Suprema Corte de Justicia dictó sentencia por la que hizo lugar a la demanda interpuesta por agentes de la Dirección General de Cultura y Educación contra la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de las diferencias resultantes entre lo efectivamente abonado en concepto de asignaciones familiares —por hijo y por cónyuge— entre el período trascurrido desde el 1 de agosto de 1992 hasta la vigencia del decreto 1.516/04 (B.O., 13-VIII-2004), y lo que se estaba pagando por dicho concepto en el orden nacional.
Asimismo, adicionó al monto resultante el pago de intereses, los cuales debían calcularse de acuerdo a la tasa con que el Banco de la Provincia de Buenos Aires remunera los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos devengados.
La decisión se fundó en las siguientes consideraciones:
I.1. En primer lugar, desestimó el planteo de la Fiscalía en orden a que las diferencias que se reclamaban tenían carácter remunerativo. Por el contrario, sostuvo que resultaban un concepto propio del derecho de la seguridad social, destinado a proteger a la familia y proveer al desarrollo humano, por el que se compensaba el desequilibrio económico de las familias más numerosas (con cita de la doctrina emergente de las causas B. 57.250, "Acuña y otros" y B. 57.439, "Herlein y otros", sents. de 28-VIII-2002).
I.2. Señaló que en vigencia de la ley 18.017 (del año 1969), el Congreso nacional dispuso que las provincias debían adecuar su legislación a lo establecido por el Gobierno nacional. Apuntó que la legislación provincial en la materia, así como su ejecución por el Poder Ejecutivo provincial, desde el año 1972 determinó el pago de las asignaciones familiares en beneficio de sus agentes de conformidad a los conceptos, modalidades y montos que el Gobierno nacional estableciera dentro de su ámbito.
A su vez, precisó que al dictarse la ley 10.430 se estableció en su art. 26 que los agentes comprendidos en su régimen gozarían de los subsidios por cargas de familia o por cualquier otro concepto y sus derecho habientes, por gastos de sepelio, de conformidad con los que la legislación nacional en materia laboral estableciera con carácter general, como mínimo, sin perjuicio de los vigentes o que se determinasen en jurisdicción provincial.
En tal marco concluyó que la falta de ajuste de los importes fijados en concepto de asignaciones por cónyuge e hijo por parte de la Administración provincial a los establecidos en el ámbito nacional, importó la vulneración del derecho consagrado en el aludido art. 26 de la ley 10.430.
I.3. Finalmente, frente a la modificación introducida por la ley 11.758 (B.O., 1-II-1996) al art. 26 de la ley 10.430 (que estableció que "el agente gozará de subsidios por cargas de familias o por cualquier otro concepto que la legislación nacional en la materia establezca con carácter general, conforme los importes y modalidades que se determinen en jurisdicción provincial"), advirtió que, a partir de su vigencia, la facultad de determinar los importes y modalidades de los subsidios por cargas de familia no estaba ya limitada expresamente por la legislación nacional; y recordó que, en igual sentido, la ley nacional 24.714 —que derogó a su similar 18.017— modificó también la previsión a dicho respecto, dirigida a regular el tópico en los ámbitos de las provincias.
Ahora bien, no obstante lo expuesto, señaló que ello no conducía a rechazar sin más la pretensión de los actores respecto a las sumas devengadas a partir de la vigencia de las reformas introducidas por la ley 11.758.
Destacó que, ante las modificaciones legales descriptas —por las que dejó de aplicarse el piso mínimo establecido por la Nación—, el Estado provincial no fijó nuevos importes o modalidades para el pago de dichos conceptos sino hasta el dictado del decreto 1.516 (B.O., 13-VIII-2004), derogándose recién a partir de su vigencia los decretos que hasta ese momento rigieron la materia, estos son el 507/73 y el 3.447/90 (B.O., 26-IX-1990). Por este último se fijaba el importe de las asignaciones por cónyuge e hijo en cuarenta mil australes (A40.000) y noventa mil australes (A90.000), respectivamente; esto es, cuatro pesos ($4) y nueve pesos ($9).
Expresó que tales montos, abonados por la Provincia de Buenos Aires a sus agentes en concepto de asignaciones familiares por hijo y por cónyuge, por su exigüidad, no cumplían con la finalidad tenida en miras por el art. 14 bis de la Constitución nacional para la protección integral de la familia y el pago de una compensación económica familiar.
En consecuencia, y ante la señalada exigüidad de los montos que se pagaban por los mencionados conceptos, concluyó que no se advertía dificultad para extender la vigencia de los importes que debieron ser actualizados de conformidad a la resolución 992/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, al período posterior a la sanción de la ley 11.758 y hasta la efectiva entrada en vigencia del decreto 1.516/04.
Señaló que la cuestión se enmarca en los objetivos planteados por el constituyente nacional en los arts. 14 bis, 75 inc. 19 y 23 —garantizados al habitante de la Provincia de Buenos Aires por el art. 11 de la Constitución provincial— y debe constituir la forma adecuada en que el Estado provea al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos y a la consagración de los derechos que los tratados internacionales incorporados al plexo constitucional por el art. 75 inc. 22 han establecido. Destacó el art. 23 inc. 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en cuanto dispone que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. En este punto, resaltó también el compromiso asumido por el Estado al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10) y los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador, que rigen en materia laboral y de seguridad social (art. 39, Const. prov.).
Consideró que los objetivos y finalidades antes puntualizados imponen al Estado provincial un mayor esfuerzo, dentro de sus posiblidades presupuestarias, a la hora de determinar el monto de los beneficios destinados a cubrir las cargas de familia del agente provincial.
Puso de resalto que de las constancias de autos no surge que la Provincia de Buenos Aires hubiera alegado o probado ninguna circunstancia que justifique que se encuentre imposibilitada de cumplir con el mandato constitucional y de justicia social respecto a los reclamantes de autos.
Es preciso señalar que consideró los argumentos sostenidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al conocer y decidir el recurso extraordinario federal intepuesto por la representación fiscal en autos "Barzaghi, Ángel Oscar y otros c/ Pcia. Bs. As. s/ demanda contencioso administrativa", sentencia de 5-IV-2016 (Fallos: 339:399) y concluyó que los argumentos sostenidos por la Procuradora General que hizo suyos la Corte, no importaban un obstáculo para el acogimiento de la pretensión durante el período transcurrido entre el 1 de febrero de 1996 y el 14 de septiembre de 2004. Entendió que en ese lapso debía reconocerse a los actores el derecho a percibir las asignaciones familiares conforme los montos fijados por la autoridad nacional a partir del 1 de agosto de 1992 de acuerdo al piso mínimo que les garantizaba el art. 26 de la ley 10.430 en su redacción original, pues pese a la ilegítima omisión del Poder Ejecutivo en disponer tal ajuste, tal derecho fue adquirido con tal alcance, permaneciendo vigente hasta la reforma del régimen de asignaciones familiares para el personal en actividad dependiente de la Administración Pública provincial dispuesta mediante el decreto 1.516/04.
Consideró que tal temperamento lejos de importar un juicio de oportunidad, mérito o conveniencia, esclarecía la situación jurídica en que resultaron comprendidos los actores ante la omisión del Poder Ejecutivo de establecer el ajuste de los importes de las asignaciones familiares desde agosto de 1992 hasta el año 2004 en que fue dictado el decreto 1.516. Y concluyó que propiciar la ultraactiviadad de los importes fijados a través del decreto 3.447/90 a partir del 1 de febrero de 1996, además de importar la disminución de los montos de las asignaciones a que tuvieron derecho los agentes demandantes durante más de tres años y medio, "traería aparejada una clara vulneración de los principios protectorios de la familia y de la seguridad social, de progresividad -no regresividad- y del derecho de propiedad (arts. 11, 31, 36.1 y 39.3, Const. prov.; 14bis, 17, 75 inc. 22 y 23, Const. nac.".
II. La Fiscalía de Estado, contra ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario federal (v. fs. 540/457), el que fue concedido por resolución de esta Suprema Corte (v. fs. 462/464).
III. A su turno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso y revocó el pronunciamiento impugnado (v. fs. 469).
IV. Notificadas las partes de la devolución de los autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar nueva sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 16 de abril de 2024, al considerar que las cuestiones planteadas por la recurrente eran sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas en la causa "Barzaghi" (Fallos: 339:399) decidió, con remisión a sus fundamentos, dejar sin efecto la sentencia de autos en cuanto fue materia de agravio.
Al expedirse en tal sentido, el Alto Tribunal nacional se refirió de manera específica al considerando VI.2 del voto que lideró el acuerdo de esta Suprema Corte, donde —luego de formular una serie de precisiones— se reconoció el derecho de los allí demandantes a percibir las asignaciones familiares devengadas entre el 1 de febrero de 1996 y el 14 de septiembre de 2004 conforme a los montos fijados por la autoridad nacional a partir del 1 de agosto de 1992, en virtud del "piso mínimo" garantizado por el art. 26 de la ley 10.430 —en su redacción original— y de la alegada necesidad de "...esclarecer la situación jurídica en la que quedaron comprendidos los actores ante la falta de actuación del Poder Ejecutivo en relación al ajuste de los importes de las asignaciones familiares, desde agosto de 1992 hasta el año 2004 en que fuera dictado el decreto 1.516".
II. En el aludido precedente "Barzaghi", el Máximo Tribunal, con fecha 5 de abril de 2016, remitiendo —por razón de brevedad— a los fundamentos y conclusiones vertidos en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, dejó sin efecto —en cuanto había sido materia de agravio— la sentencia dictada por este Tribunal el 17 de agosto de 2011, por la que —en lo que interesa destacar— se condenó al pago de las diferencias existentes entre la suma que percibieron los actores en concepto de asignaciones familiares por hijo y por cónyuge, por el período que va desde la entrada en vigencia de la ley 11.758 (B.O., 1-II-1996) y hasta el dictado del decreto 1.516/04 (B.O., 13-VIII-2004), y lo que deberían haber cobrado en virtud del monto mínimo establecido en el orden nacional para esas prestaciones, conforme a la resolución 992/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Para así decidir sostuvo que, a la luz de lo establecido en el art. 26 de la ley 10.430, modificado por su similar 11.758 (t.o. 1.996), la determinación de los montos correspondientes a las asignaciones familiares por cónyuge e hijo se encuentra incluida dentro del marco de actividad y decisión exclusiva del Poder Ejecutivo provincial y, por consiguiente, fuera del objeto de control de los órganos jurisdiccionales. Seguidamente aclaró que, si bien el Poder Judicial debe controlar la legitimidad de los actos emitidos en esta materia, no se encuentra facultado para formular juicio alguno respecto de la oportunidad, mérito o conveniencia que determinaron su dictado, tal como -entendió- se había hecho en el caso.
Consideró que "... al modificar el importe de las mencionadas asignaciones familiares previamente establecido por el poder ejecutivo provincial, el tribunal ha excedido el límite de la función jurisdiccional e invadió una atribución propia y exclusiva de aquel órgano valorando circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (doctrina de Fallos: 308:2246 y 311:2128)".
Agregó que "... la determinación del monto de las prestaciones de la seguridad social se encuentra íntimamente vinculado al gobierno, administración de la hacienda y patrimonio público, materia propia de los poderes ejecutivo y legislativo. Por ello, tan correcto es afirmar que en la esfera que le es exclusiva, la competencia del Poder Judicial debe ser ejercida con la profundidad y energía que mejor respondan a los mandatos de la Constitución y las leyes, como que una de sus misiones más delicadas es saber mantenerse en la esfera de su jurisdicción, sin menoscabo de las facultades que incumben a otros departamentos de gobierno (Fallos: 313:228)".
De tal modo entendió que en el caso mediaba "...nexo directo e inmediato entre lo debatido y resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48), pues la falta de adecuado tratamiento de cuestiones conducentes para la correcta solución del litigio, determinan la admisión del recurso con sustento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia ".
III. De acuerdo con lo expresado por el Alto Tribunal de la Nación en su sentencia, corresponde ahora el dictado de un nuevo pronunciamiento, que se adapte a las consideraciones allí expuestas, en función de los planteos efectuados por las partes intervinientes.
En tal cometido, y considerado que lo que fue objeto de casación por el Máximo Tribunal nacional fue la determinación —por esta Suprema Corte— del monto que debió abonarse en concepto de asignaciones familiares a partir de la modificación introducida por la ley 11.758, es que se modificará dicha parcela de la sentencia que fue dejada sin efecto.
III.1. Tal como lo ha expresado desde mucho tiempo atrás esta Suprema Corte, en idéntico sentido a lo postulado por la Corte nacional, la determinación de los beneficios de la seguridad social es una facultad concurrente del Estado nacional y de las provincias (conf. doctr. causas I. 1.197, "León", "Acuerdos y Sentencias", 1.989-I-373; B. 57.250, "Acuña y otros" y B. 57.439, "Herlein y otros", sents. de 28-VIII-2002; B. 57.502, "Rosas", sent. de 24-V-2006 y B. 59.043, "Corbalán", sent. de 17-IX-2008; CSJN, Fallos: 302:721; 312:418; 330:1927; 336:974, e.o.).
III.2. Ahora bien, y como surge de la normativa aplicable al caso, la equiparación en su piso mínimo del monto de las asignaciones familiares con lo establecido en el ámbito nacional estuvo vigente en el régimen de empleo público hasta la sanción de la ley 11.758, que modificó, entre otros, el art. 26 de la ley 10.430.
A esta norma se le asignó, entonces, el siguiente alcance: "El agente gozará de subsidios por cargas de familia o por cualquier otro concepto que la legislación nacional en la materia establezca con carácter general, conforme los importes y modalidades que se determinen en jurisdicción provincial..." . Ante dicha modificación, se dispuso, por decreto reglamentario 4.161/96 (B. O. de 1-II-1996), que " El agente gozará de los beneficios previstos por el Decreto-Ley Nº 9507/80 y el Decreto Nº 507/73 y sus modificatorios o normas que los sustituyan. El monto de las asignaciones familiares será el que establezca el Poder Ejecutivo " (conf. art. 28).
De tal modo, a partir de la sanción de la ley 11.758 y de la nueva reglamentación dictada en su consecuencia, por las modificaciones introducidas al régimen de la ley 10.430, la facultad de determinar los importes y modalidades de los subsidios por cargas de familia no quedó garantizada por el piso que fije la Nación sino que, por el contrario, corresponde a la competencia exclusiva de la autoridad provincial, lo que —se insiste— no enerva la posibilidad de que este Tribunal ejerza un control constitucional de la actividad estatal en esta materia, ante la denuncia de la vulneración de derechos sociales, como acontece en el caso sometido a debate.
En efecto, la potestad que por las normas citadas se delegó en cabeza del Poder Ejecutivo provincial (ref. determinar el monto de las asignaciones familiares) representa el ejercicio de una facultad discrecional que si bien se encuentra —en principio— excluída de revisión judicial respecto de su oportunidad, mérito y conveniencia, estará sometida a dicho control cuando por ella se infrinjan las normas que reglan sus límites incurriendo en irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta (cfr. doctr. causas B. 57.216, "Donnarumma", resol. de 17-VI-1997; B. 66.234, "Aballay", sent. de 31-X-2016; B. 67.282, "Bohm", sent. de 14-II-2018; e.o.).
La razonabilidad constituye un principio general de derecho, creación doctrinaria y jurisprudencial con fundamento en los arts. 28 y 33 de la Constitución nacional, aplicable específicamente a la discrecionalidad administrativa. Su control implica verificar, además de los requisitos de fin público, medio adecuado y ausencia de iniquidad manifiesta, la existencia de circunstancias justificantes, es decir, que la restricción impuesta a los derechos ha de haberse fundado en los hechos que le dan origen, procurando que las normas aplicables mantengan coherencia con las reglas constitucionales, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la ley fundamental (cfr. doctr. causas B. 66.850, "Gimenez", sent. de 30-X-2012; A. 71.027, "Giuliano", sent. de 15-II-2017 y A. 72.979, "Bertolazo", sent. de 29-VIII-2017).
Esto, pues la razonabilidad es un principio o requisito que debe presidir todos los actos de los poderes públicos y consiste en la exigencia de "fundamentación suficiente de la decisión que se adopte", especialmente cuando por ella se extingue una situación creada (cfr. doctr. causas B. 56.727, "Blasetti", sent. de 3-XI-1998; B. 57.250, B. 57.439, B. 57.502 y B. 59.043, cit. y B. 63.718, "Ferreres", sent. de 26-X-2010).
Es que la Administración está vinculada a la ley y al derecho cuando dicta resoluciones concretas por más que estas puedan tener su origen en potestades discrecionales. Y no es que al controlar la discrecionalidad administrativa se trate de que el juez sustituya el criterio de la Administración por el suyo propio, sino que se trata de comprobar si aquella se ha conformado al ordenamiento jurídico y ha cumplido con la finalidad tenida en miras por el legislador al asignarle aquella facultad discrecional.
En fin, la razonabilidad constituye un principio general de derecho, aplicado específicamente como límite de la discrecionalidad administrativa.
III.3. En el caso, la Administración provincial, luego de la vigencia del decreto 3.447/90 (B. O., 26-X-1990) —por el que fijó el importe de las asignaciones por cónyuge e hijo en cuarenta mil (A40.000) y noventa mil (A90.000) australes, esto es, cuatro (
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