Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76244
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A . 76.244, "YPF, S.A. contra Tribunal Fiscal de Apelación. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión anulatoria deducida por la parte actora y confirmó la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires (en adelante TFA), que denegara la apelación interpuesta contra la resolución determinativa 1.423/05 emitida por la ex-Dirección Provincial de Rentas (actualmente ARBA), a través de la cual se establecieron diferencias a favor del Fisco provincial, con relación al impuesto sobre los ingresos brutos, para la actividad "Extracción de Petróleo crudo y Gas natural", por los períodos fiscales 2001 (enero/diciembre) y 2002 (enero/abril) por la suma de $2.374.138,18, más intereses (v. fs. 323/333).
Contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal mediante presentación electrónica de fecha 24 de octubre de 2019, el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 340/341.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 343), agregado el memorial de la demandada mediante presentación electrónica de fecha 07-II-2020 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión anulatoria interpuesta por la firma YPF S.A., y confirmó la resolución dictada por el TFA en cuanto avaló el tratamiento brindado por la hoy Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) con relación a la actividad de "Extracción de Petróleo crudo y Gas natural", estableciendo diferencias a favor del Fisco en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por los periodos enero-diciembre de 2001 y enero-abril de 2002 y, en consecuencia, denegó la exención que fuera solicitada.
I.1. Para así decidir, en primer lugar, ponderó que el fallo del TFA (de fecha 27-IX-2012, obrante a fs. 1.215/1.221 del expte. adm. n° 2.306-401893/2002, que corre por cuerda sin acumular), que dejó sin efecto la multa aplicada y mantuvo firme los restantes términos de la resolución determinativa 1.423/05, aplicó correctamente el marco normativo de la exención.
De tal modo, convalidó que la actividad "Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural", código 230.001 del Listado de Código de Actividades (en adelante LCA) no se encuentra alcanzada por la exención de pago del impuesto sobre los ingresos brutos que regula la ley 11.518.
Así, confirmó la existencia de diferencias a favor del Fisco provincial por todo el período 2001 y de enero a abril de 2002, más intereses, e hizo extensiva la responsabilidad solidaria a las personas sindicadas como directores.
Indicó que el núcleo del cuestionamiento de dicho decisorio se centraba en: a) el rechazo de la exención para la actividad que desarrolla YPF de extracción de petróleo crudo y gas natural, por imponerle una condición (según su criterio) que no surge de la ley; y b) la aplicación de intereses resarcitorios, pretensiones que fueron rechazadas por el TFA, que estimó ajustada a derecho la resolución adoptada por ARBA.
I.2. Con relación al primer agravio, advirtió la Cámara que la suscripción del "Pacto federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento" por las provincias integrantes, tuvo como objetivo la reactivación de las economías locales apostando al crecimiento común del país. Con ese propósito, las provincias se comprometieron a ratificar legislativamente el pacto y dictar leyes que el convenio demandaba para el cumplimiento de sus fines. En materia tributaria, acordaron distintas medidas, y en especial respecto del impuesto sobre los ingresos brutos —que a futuro debía ser reemplazado por otro tributo— se concertó el otorgamiento por parte de las provincias de exenciones para las actividades productivas e industriales, como manera de coadyuvar a la reactivación.
Señaló que en ese contexto fueron dictadas las leyes 11.453 —ratificatoria del Acuerdo— y 11.490 (B.O. de 21-I-1994) y 11.518 (B.O. de 14-IV-1994), que en sus arts. 1 y 39 dispusieron eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos, en forma progresiva, a una serie de actividades en ellas especificadas.
Entre las mismas, advirtió que se menciona —a partir del 1 de enero de 1995— a la actividad por la que la firma actora solicita el beneficio, referenciada en la LCA con el código 230.001 (contemplada en el Nomenclador de Actividades NAIBB’99 con el número 111.000) y que incluye las operaciones de extracción de gas natural licuado y gaseosos, arenas alquitraníferas, esquistos bituminosos o lutitas, aceites de petróleo y de minerales bituminosos, petróleo, coque de petróleo, etc.; el drenaje y la separación de facciones de hidrocarburos líquidos en yacimiento; la desulfuración de gas en yacimiento; la extracción de metano, etano, butano o propano en yacimiento. La extracción incluye las operaciones de perforación, terminación, y equipamiento de pozos realizado por la propia empresa petrolera; las actividades de servicios realizadas por empresas que explotan yacimientos de petróleo y gas; la explotación de yacimientos de petróleo y gas para obtener petróleo crudo y gas natural.
Por su parte, advirtió que no incluye: las actividades de los "servicios relacionados" con la extracción de petróleo y gas natural; la fabricación de productos refinados del petróleo; la recuperación de los gases licuados de petróleo procedentes del proceso de refinación; la producción de gases industriales —hidrógeno, oxígeno, aire comprimido—; la explotación de oleoductos y gasoductos; y los estudios geológicos de yacimientos de petróleo y gas natural, remitiendo a la disposición normativa n° 36/99 (v. punto V.2.a. de la sent. de Cámara).
Sostuvo que, en ese marco normativo, la firma demandante solicitó la exención impositiva por la actividad que lleva a cabo, sin reparar que la misma ley 11.518, en su art. 1, condiciona el otorgamiento del beneficio fiscal al cumplimiento de lo que exige en el art. 2, en cuanto prescribe que: "el reconocimiento del beneficio se hará efectivo a petición de parte interesada, debiendo acreditarse: que el establecimiento industrial este ubicado en jurisdicción de la provincia de buenos Aires" (inc. "b").
En este punto, el Tribunal destacó que ambas partes reconocían la inexistencia de yacimientos en esta jurisdicción y, por otro lado, que la presunta contradicción referida por la empresa YPF S.A. derivaría de la propia ley, la que incluyó entre sus potenciales beneficiarias a actividades que no se realizan en la provincia. Indicó que el texto legal —en su hora— recogió el Listado de Código de Actividades (LCA) que existía al momento de dictarse la ley 11.518, entre las que se encuentra la extracción de petróleo y gas, y que esta, como otras actividades que tampoco se realizan en la provincia, se mantienen en el actual nomenclador de actividades NAIIB’99, porque dichos instrumentos se limitaban a describir un listado de actividades económicas, en ambos casos, basados en nomencladores nacionales o internacionales que se utilizan para diversos propósitos.
Añadió que, a lo sumo, cabía reprochar por deficiencia o defecto a la técnica legislativa.
Puntualizó que, en materia tributaria, el principio de legalidad exige que la ley determine la configuración del hecho imponible, el sujeto pasivo o contribuyente y los elementos para fijar la cuantía, base imponible y alícuota. Y que la exención opera sobre hechos que participan de esa definición, pero que quedan excluidos por obra del legislador, razón que justifica que en la materia deba primar la interpretación estricta y restrictiva, precisamente porque implica una limitación a los principios de generalidad e igualdad en la tributación. Destacó que, para la procedencia de una exención, dado su carácter excepcional, es imprescindible que ella resulte de modo inequívoco de la expresión de la voluntad legislativa.
Indicó que la pretensión referida a la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos para la actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural de conformidad con las leyes 11.490 y 11.518, requería determinar si la firma actora cumplía con los requerimientos legales para obtener el beneficio y, más precisamente, si la actividad beneficiada se desarrollaba en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires como lo exige el art. 39, inc. "b" de la ley 11.490.
Agregó que, desde la óptica del Fisco local, el alcance de la exención se limita a las actividades que tengan lugar en territorio bonaerense, temperamento que fue confirmado por el TFA, resaltando además que extender la exención a establecimientos industriales que estén radicados fuera de la provincia implicaría ampliar un beneficio que el legislador ideó solo para ciertas situaciones. Es decir, que debía mediar correlación entre la actividad y el establecimiento, no bastando para ello que la firma tuviese refinerías en las localidades de Berisso y Ensenada, pues allí se desarrollaba una actividad distinta de la extracción.
Reforzó sus argumentos al traer a colación la cita hecha por el TFA —con relación al mensaje de elevación de la ley 11.518— en cuanto afirmó que "...se propicia eximir del impuesto sobre los ingresos brutos a la totalidad de las restantes actividades industriales, a la producción primaria, la minería, la construcción y las actividades financieras y de seguros [...] En todos los casos el reconocimiento del beneficio se hará efectivo a petición de parte interesada, debiendo acreditarse la inexistencia de deuda (requisito luego eliminado por la ley 12.576) [...] y también se exigirá que el establecimiento industrial este ubicado en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires." (pto. V.2.e. de la sentencia impugnada).
De ello dedujo que la voluntad del poder ejecutivo posteriormente receptada por el legislativo fue que, "en todos los casos" debía cumplirse con el requisito del establecimiento radicado en la provincia.
Agregó que dicha interpretación la confirmaba el primer párrafo del art. 1 de la ley 11.518, en cuanto prevé: "Exímese del pago del impuesto sobre los ingresos brutos, bajo las condiciones señaladas en el artículo siguiente...", a las actividades que detalla a continuación, sin efectuar ningún tipo de distinción en referencia a los conceptos "yacimientos" y "establecimiento industrial" que el legislador empleó en forma genérica, exigiendo, como lo hace el inc. "b" del art. 2, que la actividad se localice geográficamente en la jurisdicción local.
En consecuencia, rechazó el recurso de apelación incoado en lo atinente a la limitación establecida para exceptuar a la actividad "Extracción de Petróleo crudo y Gas natural", porque el establecimiento donde se realiza dicha actividad se encuentra fuera de territorio provincial.
I.3. En lo referente a los agravios introducidos por la aplicación de intereses, estimó que el planteo no debía prosperar.
Para ello, en forma preliminar, se expidió sobre el rechazo al pedido de inconstitucionalidad del art. 96 del Código Fiscal (t.o. 2011), en cuanto autoriza al Ministerio de Economía a determinar el porcentual de interés a aplicar, sin perjuicio del tope máximo que la propia norma establece por mora en el cumplimiento de las deudas fiscales.
Indicó que no se trata de una delegación legislativa de aquellas reñidas con la prohibición del art. 45 de la Constitución local o de las que vulnera el principio de reserva legal tributaria y, descartó que la fijación de la tasa por parte del Ministerio de Economía implicara arrogarse facultades legisferantes.
Para más, añadió que solo cabría declarar la inconstitucionalidad de una decisión en tal sentido si se excediera del tope máximo fijado por la ley, circunstancia que el ejecutado no alegó ni menos ha probado.
I.4. Con relación a la falta de razonabilidad de los intereses aplicados que alega la firma actora, advirtió que el mismo art. 96 del Código Fiscal, en su tercer párrafo, dispone que cuando el interés moratorio devengado no se abona juntamente con el tributo que se adeuda, aquel se constituye en una deuda fiscal y desde ese momento y hasta el efectivo pago se le aplican intereses moratorios de conformidad con el primer párrafo del artículo citado.
Adujo que este esquema era compatible con lo dispuesto en el Código Civil —ley 340— en su art. 623, que respecto de una deuda ejecutada judicialmente a la que se le adicionaban intereses hasta la fecha de la liquidación, se la consolidaba luego en un monto único que devenga nuevos intereses al no haber sido abonada en el plazo fijado judicialmente. Y que lo mismo cabía predicar si solo se cancelaba el capital de condena y se dejaban impagos los intereses punitorios liquidados, suma debida sobre la que se calcularían intereses por la mora desde la fecha del incumplimiento.
Por último, sostuvo que teniendo en cuenta que en el caso el Fisco solo le reclama a la actora las sumas adeudadas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, con sus respectivos intereses moratorios, era innecesario que el tribunal se expidiera en torno a la denuncia de inconstitucionalidad del tercer párrafo del art. 96, desde que era evidente su falta de interés en obtener una respuesta en tal sentido, porque su situación no era la contemplada en dicha norma.
I.5. En otro orden, respecto a la aplicación de la doctrina emanada de la causa "Ika-Renault" de fecha 25-II-1982 (Fallos: 304:203), de la Corte federal, en la que admitió eximir al deudor de la responsabilidad derivada de la mora cuando esta no le es imputable (conf. art. 509, última parte, Cód. Civ.), la Cámara señaló que esta postura fue posteriormente restringida en el precedente "Citibank", de fecha 1-VI-2000 (Fallos: 323:1315), en el que el Máximo Tribunal puso de resalto que en materia tributaria rige la primacía de sus propios textos atento las particularidades del derecho tributario y, supletoriamente, los que pertenecen al derecho privado. Lo que traducido al caso sugiere que solo en circunstancias excepcionales, ajenas al deudor, se lo puede eximir, debiendo siempre ser apreciadas restrictivamente.
De este modo, el contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o lo ha hecho por un importe inferior, en base a sostener un criterio de interpretación distinto al de la Administración respecto a la ley tributaria, no es hábil para sustentar la pretendida exención de los accesorios con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia controvertida.
Agregó, asimismo, que esta posición fue reiterada en los precedentes "Pepsi Cola Argentina", sentencia de 23-XII-2004 (Fallos: 327:5736) y en "DGI c/ Nobleza Piccardo", sentencia de 28-IX-2010 (Fallos: 333:1817), entre otros.
Concluyó, así, que el distinto criterio interpretativo de la contribuyente no alcanzaba a fundamentar la exención de intereses solicitada.
I.6. Por último, indicó que no correspondía tratar el agravio relativo a la extensión de responsabilidad a los directores, en tanto los nombrados no son parte del proceso, pues no han tomado ninguna intervención. Señaló que fue la firma YPF S.A. quien dio inicio exclusivamente a estos autos a través de su letrado, quien carece de legitimación para cuestionar la imputación de responsabilidad solidaria de sus administradores.
De tal modo, dijo que la falta de interés personal en la cuestión evidencia la ausencia de agravio actual o potencial de la decisión administrativa respecto de la firma actora, lo que a su vez redunda en la falta de legitimación para obrar en defensa de un derecho o interés del que no es titular.
De allí que desestimó el tratamiento del planteo aludido.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia errónea aplicación de las leyes 11.490 y 11.518, violación al principio de legalidad y división de poderes, y la vulneración del Pacto federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.
II.1. En primer lugar, expresa que se aplicaron erróneamente las leyes 11.490 y 11.518, en función de la interpretación que hizo la Cámara de que la inclusión de la actividad de extracción de petróleo o gas (nomenclador NAIIB’99) entre aquellas eximidas por ley, se debió sencillamente a la adopción por parte del legislador del Listado de Código de Actividades (LCA), considerando que no se había reparado en que dicha actividad no se efectuaba en territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Tilda de ilegítima la interpretación del a quo por apartarse de la letra de la ley y denegar así un beneficio, pues entiende que para acceder a la exención solo se exige la existencia de un establecimiento industrial en jurisdicción local.
Alega que, al resolver de este modo, los sentenciantes se entrometieron en la esfera decisiva del legislador, desconociendo así el principio de división de poderes.
Insiste con que en autos no hay controversia acerca de que la firma actora realiza la actividad extractiva, posee un establecimiento industrial en jurisdicción local, en el cual desarrolla gran parte del trabajo a partir de recibir el petróleo crudo para incorporarlo al proceso industrial o de comercialización y, en consecuencia, aplica para la exención impositiva.
Sostiene que suponer que el legislador se ha equivocado al incluir la actividad en cuestión es desconocer la doctrina legal del Máximo Tribunal y de esta Corte relativa a que no puede nunca presuponerse en el legislador la existencia de impericia o ligereza (conf. causas L. 106.361 "Pellitero", sent. de 28-IX-2011 y B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011).
Argumenta que la ley 11.518 ha sufrido innumerables modificaciones sin que el supuesto error que menciona la Cámara, fuese subsanado. Y que, cuando la ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe más que su directa aplicación, de modo que siendo la propia norma la que remite al Listado de Código de Actividades (LCA), en el caso, la desplegada por ella debió subsumirse —sin mayor esfuerzo— en el beneficio impositivo.
Afirma que, no obstante la claridad normativa, la Cámara adoptó un criterio opuesto y a partir de una construcción lógica ajena a los métodos de interpretación de la ley, resolvió que la actividad no se hallaba alcanzada por la exención, por no llevarse a cabo en jurisdicción de la provincia. Afirma que este modo de resolver la cuestión altera la voluntad del legislador y genera un pronunciamiento arbitrario que desconoce el principio de legalidad y división de poderes.
Para reforzar sus argumentos invoca la nota de elevación del proyecto de la ley 11.490, que destaca el objetivo del otorgamiento de distintas exenciones teniendo en cuenta que la actividad a eximir del pago del tributo tenga sesgo exportador o exposición a la competencia externa. Y la correspondiente a la elevación de la ley 11.518, en la parte que dice que "...se propicia eximir del impuesto sobre los ingresos brutos a la totalidad de las restantes actividades industriales, a la producción primaria, la minería, exigiéndose entre otros que el establecimiento industrial se encuentre ubicado en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires".
Entiende que la interpretación de la Cámara resulta irrazonable, primero por desconocer la norma en sentido gramatical y, segundo, por justificar el criterio utilizado apelando a la v
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