Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130420
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.420, "A., M. L. contra Urbano Express Argentina S.A. y otro. Enfermedad profesional n° 2", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta (v. pronunciamiento de fecha 7-II-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-II-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 14-XII-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen declaró procedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y rechazó la demanda que contra esta y Urbano Express Argentina S.A., promoviera M. L. A. —por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad A. A. M.— reclamando el pago de una diferencia indemnizatoria con motivo del fallecimiento del señor Agustín Rodolfo Mamani, cónyuge y padre de las reclamantes.
Para así decidir, ponderando los escritos constitutivos de la litis, observó que la demanda deducida tuvo su causa en una supuesta diferencia monetaria existente entre las remuneraciones denunciadas por el empleador al Sistema Único de la Seguridad Social y las verdaderamente devengadas por el trabajador fallecido, lo que habría generado —siempre según la demandante— la percepción de una indemnización menor a la que correspondía, ello, en el contexto del acuerdo al que arribó en sede administrativa con la firma aseguradora.
Luego de describir las posiciones plasmadas por los demandados e incluso la de la actora al contestar el traslado respectivo, valoró las constancias obrantes en el expediente administrativo agregado a la causa (n° 012955/21) y juzgó acreditado que a raíz del fallecimiento del trabajador Agustín Rodolfo Mamani, las partes allí intervinientes arribaron en efecto a un acuerdo conciliatorio respecto de la enfermedad profesional sufrida por el trabajador y la consecuente producción de su fallecimiento, resultando beneficiarias de las sumas dinerarias allí establecidas las accionantes de autos, y habiéndose homologado el convenio mediante disposición de alcance particular del día 10 de mayo de 2021, notificada en igual fecha.
Seguidamente, precisó que en las presentes actuaciones la parte actora hubo de argumentar que la liquidación percibida resultó insuficiente y planteó subsidiariamente la nulidad del acuerdo homologado.
Señaló, que los derechohabientes del trabajador fallecido transitaron el procedimiento administrativo previsto en la ley 27.348 con el correspondiente patrocinio letrado, encontrándose debidamente salvaguardado el derecho de defensa.
Agregó que el acuerdo conciliatorio no fue impugnado por la parte actora en sede administrativa, sin perjuicio de los intereses que corresponderían liquidar, en su caso, en las actuaciones sobre consignación de los fondos correspondientes a la menor que tramitan ante el Tribunal de Trabajo n° 5 departamental.
Puso de relieve lo normado en el art. 5 de la resolución 889/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (norma en la cual —detalló— había fundado su pretensión la actora), y en ese marco, sostuvo que no existían dudas de que la accionante había optado por arribar a un acuerdo "con carácter de cosa juzgada administrativa".
Concluyó que dicho convenio, homologado por la autoridad competente, y sin que se hubiera alegado la presencia de vicio alguno, adquirió el valor de cosa juzgada que alcanza al reclamo de autos. Dispuso en consecuencia el rechazo de la demanda presentada en el caso.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 15 y 171 de la Constitución provincial; 163 inc. 5, 164 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 5 de la resolución 889/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; de la doctrina legal que cita y de distintos principios que enuncia.
II.1. Inicialmente, destaca que conforme el procedimiento reglado ante las comisiones médicas no existe la posibilidad de impugnar la liquidación, por lo que mal puede exigirse tal accionar. Hace referencia, además, a ciertas omisiones que le atribuye al empleador que no podían ser consideradas en el acuerdo homologado, en el que únicamente se tuvieron en cuenta los sueldos formales del causante.
Afirma que el juzgador de grado se apartó de la doctrina que emana de las causas L. 87.860, "Viera" (sent. de 25-II-2009) y L. 90.462, "Torres" (sent. de 24-V-2006) en lo tocante a los extremos necesarios para juzgar configurada la cosa juzgada.
II.2. En el marco de lo dispuesto en el art. 5 de la resolución 889/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dice que es en sede judicial donde se deben ventilar las controversias sobre los incumplimientos del empleador en las denuncias de las remuneraciones, y de arribar el trabajador a un acuerdo en instancia administrativa, si demuestra luego con una sentencia firme una diferencia dineraria, deberá ponerse en conocimiento de la aseguradora para que abone la prestación dineraria faltante. Subraya que tal es el supuesto de autos.
Señala que el a quo no llevó a cabo una interpretación integral de dicha norma, la que en su parte final manda a ajustar la liquidación correspondiente en caso de comprobarse —como se pretende en autos— mediante sentencia firme una mayor remuneración del trabajador.
Esgrime consideraciones tendientes a demostrar la errónea determinación del valor mensual del ingreso base en sede administrativa, así, apunta a algunas manifestaciones del empleador en orden a la remuneración en su contestación de demanda y también a sueldos que surgirían del certificado del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), agregados por aquel, datos que alega soslayados por el tribunal del trabajo.
II.3. Expresa que se han violado los principios del debido proceso, defensa en juicio y acceso irrestricto a la justicia, ya que el juzgador de grado no ha abierto a prueba las actuaciones y no ha dado la posibilidad a las actoras de demostrar las irregularidades en la declaración de los haberes del causante.
II.4. Alega que el tribunal no valoró que el art. 11 de la ley 27.348 menciona que los intereses se deben calcular hasta el efectivo pago y que en el caso se hizo un acuerdo sin fecha de pago que no puede beneficiar a la aseguradora.
II.5. Razona que uno de los elementos de la "triple identidad" no se encuentra configurado en la especie, ya que los sujetos no son los mismos, pues el empleador aquí demandado no participó del acuerdo ni de su homologación, habiendo —para más— reconocido en su escrito de responde las diferencias indemnizatorias reclamadas.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Las objeciones que trae el recurrente, fundamentalmente elaboradas en torno al art. 5 de la resolución 899/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, lucen infructuosas.
III.1.a. La resolución 298/17 de la mencionada repartición estatal, dispone que, dictaminado por la comisión médica un porcentaje de incapacidad laboral permanente definitiva o el fallecimiento del trabajador por causas laborales (art. 10), las áreas competentes de la autoridad administrativa calcularán la liquidación mínima correspondiente de acuerdo a la ley 24.557 y sus complementarias considerando —entre otros datos relevantes— los salarios declarados por el empleador al Sistema Único de la Seguridad Social, debiendo constar esa liquidación en las actuaciones que tramitarán ante el Servicio de Homologación de la Comisión Médica (art. 11); el sistema, dable es acotar, faculta también a las partes a arribar a un acuerdo por un monto superior a aquel determinado (art. 15).
Por su parte, el mentado art. 5 de la resolución 899/17 de aquella misma entidad, expresa:
"Déjase establecido, en relación con la liquidación de la prestación dineraria prevista por el artículo 11 de la Resolución S.R.T. N° 298/17, que aquélla deberá practicarse siguiendo el parámetro establecido en dicha norma. Sin perjuicio de ello, si en ocasión del trámite ante la Comisión Médica se suscitaren divergencias relativas a salarios no declarados por el empleador, tal controversia entre el trabajador y el empleador deberá ser resuelta por la autoridad judicial, sin que ello afecte el derecho del trabajador de percibir las indemnizaciones previstas en el Sistema de Riesgos del Trabajo, en virtud de los salarios exclusivamente declarados por el empleador al Sistema Único de la Seguridad Social (S.U.S.S.); o en su caso, el trabajador podrá, en la instancia cumplida ante el Servicio de Homologación, arribar a un acuerdo con carácter de cosa juzgada administrativa.
En caso de acreditarse, por sentencia firme, una mayor remuneración en favor del trabajador, deberá ponerse en conocimiento fehaciente a la A.R.T. o el E.A. a fin de que proceda a ajustar la liquidación correspondiente".
III.1.b. De aceptarse la aplicación del precepto transcripto precedentemente a los derechohabientes del trabajador —ausentes en su literalidad—, una adecuada hermenéutica conduce a señalar que el planteo del beneficiario de la indemnización sistémica referido a la supuesta existencia de remuneraciones devengadas superiores a las declaradas por el empleador debe efectuarse durante el trámite ante las comisiones médicas, allí es donde originariamente han de "suscitarse" las divergencias que puedan caber al respecto, con intervención de la obligada al pago: la aseguradora de riesgos del trabajo.
En efecto, si así acontece, el particular diseño de la normativa examinada, evidentemente signado por una anhelada celeridad en la percepción de las sumas indemnizatorias, aún "parciales", establece que el beneficiario podrá percibir en sede administrativa las acreencias derivadas del sistema especial de conformidad con la remuneración declarada por el empleador, o arribar a un acuerdo, y no obstante, iniciar luego una acción judicial tendiente a discutir la clandestinidad salarial invocada en aquella etapa previa. Y en lo tocante a esto último, se prevé que, en la hipótesis de triunfar, el sujeto que ha instado aquella acción posteriormente podrá gestionar un "ajuste" de la liquidación que hubo de realizarse en sede administrativa.
Claro que este supuesto no está presente en la doctrina sentada por este Tribunal en la causa L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024).
III.1.c. Sin embargo, las constancias obrantes en la causa (v. expediente n° 12955/21 acompañado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en archivo adjunto al oficio electrónico de fecha 25-VIII-2021) dan cuenta en el tránsito administrativo del omiso planteo por parte de los derechohabientes del trabajador acerca de una eventual diferencia entre las cuantías de las remuneraciones que podrían cotejarse conforme lo expuesto, y es nítido, que tampoco ello ha sido esgrimido por la parte actora.
Cabe entonces concluir que en el sub examine no se verifica el supuesto al que la norma condiciona su aplicación, con lo cual, la suerte del recurso ha de quedar sellada de modo negativo.
III.2. Bajo lo expuesto, ninguna de las críticas que trae el quejoso lucen aptas para desbaratar la conclusión del tribunal del trabajo, debiéndose recordar que el art. 46 de la ley 24.557 expresa que "Los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la ley 20.744 (t.o. 1976)".
III.3.a. A todo evento, queda por decir, que el argumento que ahora pretende hacer valer el interesado en su recurso, vinculado con la hipotética ausencia del recaudo de la "triple identidad" afincado en la presencia en estas actuaciones del empleador como demandado, no formó parte de las razones que la demandante brindó en la instancia en oportunidad de enfrentarse a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta (v. escrito electrónico de fecha 4-III-2022).
Lucen aplicables aquellas directrices de esta Corte que enseñan que el argumento que no fue sometido a consideración de los magistrados de la instancia ordinaria, constituye una cuestión novedosa no susceptible de ser evaluada en la sede extraordinaria (causas. L. 120.409, "Martínez Rodríguez", sent. de 11-VII-2018; L. 120.455, "Felgueras", sent. de 20-VII-2020 y L. 120.636, "López", sent. de 18-VIII-2020).
III.3.b. Y sin perjuicio de la definición ya fijada, puede adicionarse que resulta nítido que la doctrina forjada en las causas L. 90.462, "Torres" (sent. de 24-V-2006) y L. 87.860, "Viera" (sent. de 25-II-2009) invocadas por el impugnante, han sido elaboradas en escenarios fácticos y normativos distantes al caso aquí examinado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2025 13:16:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2025 10:21:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2025 12:26:12 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:20:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 08:30:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 10:06:28 hs. bajo el número RS-36-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia