Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129798
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.798, "Reginald Lee S.A contra Ayala Raúl Atilio. Exclusión de tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n°5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 13-IV-2023).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 18-IV-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen electrónico de 27-X-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical iniciada por Reginald Lee S.A. contra el señor Raúl Atilio Ayala a efectos de que aquélla pudiera disponer su despido con justa causa en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Apuntó que no resultaba materia de controversia que el demandado prestaba servicios dependientes para la empresa actora, revistiendo el carácter de delegado gremial -con mandato vigente- y que el señor Acevedo también resultó empleado de dicha firma, quien falleció dentro del establecimiento en circunstancias aún no esclarecidas, sujetas a investigación penal (v. vered., pág. 8).
Para resolver del modo en que lo hizo, valoró principalmente la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa (que, en lo que juzgó relevante, transcribió en el veredicto -v. declaraciones de los testigos Wilde, Sánchez, Alessandrini, Flores y Visconti), cuyos dichos estimó verosímiles y no contradictorios con las exposiciones que hubieron de formular en el sumario realizado por la empresa actora, agregadas a las presentes actuaciones-; como así también lo informado por la perito calígrafa, quien dictaminó que la firma y aclaración inserta en la exposición oportunamente efectuada por el señor Acevedo sobre los hechos acontecidos el día 10 de agosto de 2022 -obrante en las referidas actuaciones internas acompañadas junto con el escrito de demanda- eran de su autoría (v. vered., págs. 9/17).
Señaló que lo expuesto en este último instrumento se correspondía con lo declarado en la audiencia de vista de la causa por los testigos Wilde, Alessandrini y Sánchez -este último médico de la empresa, quien afirmó ser también legista- en el sentido de que la equimosis que presentaba en el abdomen el señor Acevedo solo podía deberse a un golpe de puño reciente imposible de ser auto infligido, habiendo arribado al consultorio en notorio estado de alteración y temiendo por su vida (v. vered., pág.18).
Con base en los señalados medios de prueba, juzgó corroborado que el día 10 de agosto de 2022, el demandado se dirigió junto a otros dos delegados -Visconti y Flores- hasta el puesto de trabajo del señor Acevedo, lugar donde -con posterioridad a retirarse aquéllos- lo increpó para luego agredirlo violentamente mediante un golpe de puño, y que cuando el señor Acevedo estaba agachado e indefenso lo lanzó contra un ropero que existía en el lugar, infligiéndole lesiones en el abdomen y la cabeza, dejándolo en un estado de alteración emocional y atemorizado por su vida, por lo cual -afirmó- no cabe ninguna duda de que, para el agredido, el accionar del demandado fue realmente intimidante y amenazante (v. vered., págs. 18/19).
Ya en la etapa de sentencia, puesto a resolver sobre la eventual existencia de justa causa para excluir de la tutela sindical al señor Ayala (y -en su caso- determinar si la sanción que la actora pretende aplicarle resulta proporcional a aquélla), puntualizó -con sustento en los hechos que tuvo por acreditados en el veredicto- que resultaba un dato relevante la intención de dañar evidenciada por el accionado, quien -al encontrar al señor Acevedo en estado de indefensión por el golpe que le había propinado- no se detuvo en su reprochable comportamiento, sino que continuó empujándolo con violencia contra una estructura metálica ubicada en el lugar, causándole un adicional daño en la cabeza (v. sent., pág. 10).
Observó así que la conducta del demandado se encontraba reñida con los deberes de conducta que deben observar las partes del contrato de trabajo, conforme lo establecen los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., pág. 11); y que tal apreciación se potenciaba en el caso, cuando el agresor, además de empleado del establecimiento, ejercía el cargo de delegado gremial, persona a quien el resto de los trabajadores le confían su representación y a quien es dable exigir un comportamiento ético y moral ejemplar (v. sent., pág. 12).
Añadió que -conforme surgía de la prueba testimonial- no había mediado agresión previa por parte del señor Acevedo que pudiera razonablemente haber motivado un eventual acto de defensa propia por parte del señor Ayala (v. sent., pág. 12).
Refirió que en los supuestos que -como en la especie- se pretende excluir a un trabajador de la tutela sindical, los hechos invocados por la patronal deben ser examinados bajo una óptica más fina que en un caso de injuria laboral, sin que pudiera advertirse -en el presente- una intencionalidad antisindical en el obrar de la empresa actora (v. sent., pág. 12/13).
Con todo, juzgó que la sanción que se procuraba aplicar al señor Ayala guardaba proporcionalidad con los hechos invocados -y que el tribunal de grado tuvo por acreditados en el veredicto-, por lo que dispuso acoger la acción de exclusión de tutela sindical instada a los efectos de que la empresa accionante dispusiera el despido de su dependiente en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 48 y 51, ley 23.551).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. escrito electrónico de fecha 18-IV-2023).
Afirma que habiendo formulado el señor Acevedo una denuncia penal por el hipotético hecho ocurrido el 10 de agosto de 2022 (individualizada como IPP-13-01-011452-22/00), el tribunal de grado debió haber suspendido el dictado de la sentencia definitiva hasta la conclusión del referido proceso penal, de conformidad a lo establecido en el art. 1.755 del Código Civil y Comercial de la Nación, motivo por el cual el pronunciamiento impugnado deviene nulo por prematuro (v. rec., pág. 5/7).
III. Pues bien, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solamente puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024; e. o.).
III.2. En el caso, el desarrollo plasmado por el interesado en su crítica no se corresponde con los presupuestos formales a los que los arts. 168 y 171 de la Constitución local le atribuyen virtualidad para anular un fallo judicial; desde que el único agravio que porta la impugnación -inobservancia de la prejudicialidad consagrado por el art. 1.775 del ordenamiento civil y comercial sustantivo- resulta ajeno al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad, desde que remite a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, cuyo análisis resulta inabordable ante esta Corte por la vía extraordinaria intentada, resultando propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.570, "Branco", sent. de 3-X-2018; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019 y L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023).
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia que la sentencia impugnada es portadora de un yerro valorativo esencial, configurativo de absurdo, y -asimismo- invoca la violación de lo normado en el art. 1.755 del Código Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 18-IV-2023).
I.1. En sustancia, primeramente, se agravia de la definición plasmada en el veredicto, en virtud de la cual se tuvo por probado que el demandado "...agredió violentamente a Acevedo, mediante golpe de puño y cuando estaba agachado e indefenso lo lanzo contra una estructura de ropero que existía allí, infringiéndole lesiones en abdomen y cabeza y dejando al mismo en estado de alteración emocional y atemorizado por su vida..." (v. rec., pág. 7), afirmación que -dice el quejoso- no aparece corroborada por las constancias objetivas de la causa.
En este sentido, objeta la valoración de las declaraciones testimoniales prestadas en la audiencia de vista de la causa por los dependientes de la accionante Wilde y Alessandrini, que transcribe de manera parcial, las cuales -aduce- además de resultar mendaces y contradictorias con aquéllas que hubieron de formular en el sumario interno llevado a cabo por la empresa (que también reproduce en lo que estima pertinente), no acreditan la supuesta agresión que se le endilga a su parte; orfandad probatoria que también predica respecto de lo manifestado en aquélla oportunidad procesal por el médico de la empresa (v. rec., págs. 7/11).
I.2. Por demás, aduce que por aplicación de la prejudicialidad de toda acción civil respecto de las conclusiones que puedan emanar del mismo hecho ventilado en sede represiva, tal lo previsto en el art. 1.755 del Código Civil y Comercial, como consecuencia de haber formulado el señor Acevedo denuncia penal por el supuesto hecho de marras, su declaración -incorporada a las presentes actuaciones sin prueba que la acredite- carece de entidad para corroborar el hipotético ataque que se le atribuye al demandado (v. rec., pág. 11).
I.3. Finalmente, añade que si alguna vacilación existiera respecto los hechos que se le imputan al accionado, la duda en la ponderación de la prueba -a tenor de lo establecido en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.428)- debió interpretarse en su favor (v. pág. cit.).
Por todo ello, entiende que la sentencia de grado debe ser revocada.
II. Pues bien, este recurso extraordinario tampoco puede prosperar.
II.1.a. El tribunal de grado hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical promovida por la firma Reginald Lee S.A. contra el señor Ayala -quien revestía el cargo de delegado gremial en ejercicio- a efectos de disponer su despido fundado en justa causa, en los términos de los arts. 48 y 52, ley 23.551 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Basó su decisión, como ya fue descripto, en lo declarado por los testigos Wilde, Sánchez, Alessandrini, Flores y Walter Visconti, cuyos dichos estimó verosímiles y no contradictorios con las exposiciones que otrora habían formulado en el sumario interno realizado por la empresa, agregado a estas actuaciones; como así también en lo informado por la perito calígrafa, quien dictaminó que la firma y aclaración inserta en la exposición oportunamente efectuada por el señor Acevedo -fallecido con posterioridad- sobre los hechos acontecidos el día 10 de agosto de 2022, obrante en las referidas actuaciones internas, eran de su autoría (v. vered., págs. 9/18)
Hizo hincapié en el testimonio prestado por el médico de la empresa, Marcelo Sánchez, quien expuso que la equimosis presentada en el abdomen del señor Acevedo, quien -dijo- había llegado al consultorio en notorio estado de alteración y temiendo por su vida, solo podía deberse a un golpe de puño reciente, imposible de ser infligido por él mismo.
Con apoyo en las mencionadas constancias probatorias, que valoró en su integralidad, el tribunal de grado juzgó demostrado que el día indicado más arriba, el trabajador demandado se dirigió junto con otros dos representantes gremiales -Visconti y Flores- hasta el puesto de trabajo del señor Acevedo, donde -luego de retirarse aquéllos- lo increpó, para luego agredirlo violentamente mediante un golpe de puño, y que cuando estaba agachado e indefenso lo lanzó contra una estructura de ropero que existía en el lugar, infligiéndole lesiones en el abdomen y la cabeza; dejándolo en un estado de alteración emocional y atemorizado por su vida, todo lo cual implicó de parte del señor Ayala un trato intimidante y amenazante (v. vered., pág. 18/19).
Ya en la etapa de sentencia, encontró acreditados los hechos antes descriptos y la falta del demandado a la luz de los deberes de conducta que deben primar en el contrato de trabajo (arts. 62 y 63, ley 20.477 -t.o-), a lo que adunó que el agresor resultaba ser un delegado gremial, a quien -enfatizó el sentenciante- el resto de los trabajadores le confían su representación, por lo que es dable exigirle un comportamiento ético y moral ejemplar para con aquéllos (v. sent., págs. 11 y 12). Así, declaró procedente la acción de exclusión de la tutela gremial (arts. 48 y 52, ley 23.551), y configurada la justa causa de despido invocada (art. 242, Ley de Contrato de Trabajo).
II.1.b. Al articular el remedio extraordinario bajo examen, la accionada denuncia que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las declaraciones testimoniales vertidas en la audiencia de vista de la causa por los señores Wilde y Alessandrini, las cuales -aduce- resultan mendaces por contradictorias con aquéllas que formularon en el sumario interno realizado por la empresa (acompañadas junto con el escrito de demanda); de modo que -desde su particular visión- no resultaban útiles para acreditar la supuesta agresión que se le atribuía. También descalifica lo manifestado en aquella oportunidad procesal por el testigo Sánchez, médico de la empresa (v. rec., págs. 7/11).
II.1.c. Empero, en su discurrir, el interesado no logra evidenciar que la labor axiológica desplegada por el tribunal interviniente resulte absurda, desde que la disímil y parcializada interpretación que formula acerca de los testimonios rendidos en la audiencia de vista de la causa -elemento de juicio que resultó relevante para el órgano de grado para resolver del modo en que lo hizo- carece de idoneidad para demostrar el mentado vicio invalidante (art. 279, CPCC).
Es conocido el criterio que indica que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir exclusivamente la valoración de la prueba testimonial, toda vez que al apreciar "en conciencia" tales declaraciones -de acuerdo con el sistema previsto en el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653 aplicable- el tribunal de trabajo ejerce una facultad privativa respecto del mérito y la habilidad de las exposiciones (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 127.042, "L. M. K.", sent. de 27-VI-2023; e.o.), así como sobre la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, circunstancia que de por sí no configura un yerro valorativo característico de la doctrina legal del absurdo (causas L. 119.644, "Salas", sent. de 6-II-2019; L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-XII-2016 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e. o.).
Vinculado con lo señalado, las supuestas contradicciones a las que alude el quejoso (v.gr. entre las deposiciones prestadas en la audiencia de vista de la causa y las efectuadas en sumario interno realizado por la empresa), a poco que se confrontan tales registros, no resultan patentes ni pasan de un simple disenso con la decisión de grado, lo que se revela insuficiente para acreditar aquella anomalía en el fundamento sentencial.
Cabe aplicar aquí la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso de inaplicabilidad de ley que contiene apreciaciones que no superan el registro de un criterio meramente discrepante con el del juzgador y no rebaten adecuadamente las motivaciones del fallo (causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e. o.).
II.2. Por demás, ni las escuetas manifestaciones formuladas respecto a la eventual existencia de un supuesto de prejudicialidad (que resultan planteadas recién en esta instancia), ni la objeción contra lo oportunamente declarado por el señor Acevedo (v. rec., pág.11), pueden alcanzar verdadera entidad de agravio, toda vez que carecen de un mínimo desarrollo argumental susceptible de dotarlas de sustento.
II.3. Concerniente a la denuncia de violación del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.428), recuerdo que la duda a que alude la disposición citada es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo tanto, no resulta de aplicación la regla contenida en dicha norma si, como en el caso, los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020 y L. 125.306,"Jacobo", sent. de 22-XI-2022; L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023; e. o.).
II.4. Desde otra arista, destaco que el compareciente omite denunciar la infracción de las normas legales actuadas por el tribunal de trabajo, que constituyeron el núcleo central de la argumentación fáctica y jurídica en que se fundó la sentencia -arts. 48 y 52 de la ley 23.551 y 62, 63 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo- sin que esta Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación la omisión en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 129.398, "Contreras", sent. de 30-IV-2024; e. o.).
II.5. Con base en lo expuesto hasta aquí, considero que la insuficiencia técnica de la postulación recursiva en estudio resulta evidente, extremo que ha de sellar su suerte adversa (art. 279, CPCC).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La P
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