Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130638
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su incompetencia para entender respecto del reclamo efectuado por el daño psicológico invocado en la demanda, cuya aptitud jurisdiccional se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a fin de que continúa el trámite según su estado.
Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión traída y el modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.638, "R., M. A. contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Acción de revisión resolución comisión médica jurisdiccional - ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, declaró su falta de aptitud jurisdiccional para entender respecto del reclamo vinculado al daño psicológico invocado, sin costas -atento la naturaleza de la cuestión planteada- (v. pronunciamiento de fecha 4-IV-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 25-IV-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado se declaró incompetente para entender en el reclamo por daño psicológico articulado en las presentes actuaciones por el señor M. A. R..
Para así decidir, juzgó que al contestar la acción la demandada Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo opuso excepción de incompetencia material, argumentando que el actor no agotó el procedimiento establecido por el Título I de la ley 27.348 a los fines de determinar la existencia de la supuesta incapacidad psicológica invocada.
Sostuvo que en oportunidad del segundo traslado que autoriza el art. 29 de la ley 11.653, el accionante solicitó el rechazo de la mentada excepción.
Luego, indicó que, de las constancias obrantes en el expediente administrativo agregado a la causa, surgía acreditado que en fecha 31 de octubre de 2022 el servicio de homologación de la Comisión Médica n° 37 de Ezeiza se expidió dando por concluidas las actuaciones y dictaminando que el trabajador no poseía incapacidad.
Con sustento en la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada de los precedentes L. 121.939 ,"Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs" (sents. de 28-V-2020), tuvo por cumplido el procedimiento administrativo previo y obligatorio contemplado en la mencionada ley 27.348.
No obstante, señaló que de las referidas actuaciones administrativas no se constataba que el actor hubiera instado la revisión de la afección psíquica reclamada en autos.
Concluyó que correspondía hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta y declarar la falta de aptitud jurisdiccional del tribunal de origen para entender respecto de la pretensión vinculada a dicha dolencia, debiendo continuar la tramitación de las actuaciones -conforme art. 2 inc. "j" de la ley 15.057- respecto de las secuelas físicas denunciadas y por las cuales se encontraba acreditado el cumplimiento de la instancia administrativa previa.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 34 inc. 4 y 163 incs. 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653, y de la doctrina legal que cita.
En esencia, alega que el tribunal de grado declaró su incompetencia para entender sobre la pretensión ligada al reclamo por daño psicológico por conducto de valorar absurdamente los escritos constitutivos del proceso.
En ese orden, sostiene que al contestar la acción Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo no opuso excepción de incompetencia alguna.
En tales condiciones, afirma que el sentenciante prescindió por completo del objeto de la demanda (vinculado a una acción de revisión plena en los términos del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057), apartándose de los términos que definieron el contenido del escrito de contestación de la demanda, desnaturalizando la pretensión intentada y alterando la estructura de la relación procesal.
Argumenta que a partir de una proposición falsa -como lo es, sostener que en el caso la aseguradora planteó una excepción de incompetencia- lo decidido por el tribunal de grado se muestra como un desvío notorio de la lógica formal, constitutivo de absurdo.
En suma, refiere que los magistrados integrantes del tribunal de origen transgredieron el postulado de la congruencia y la doctrina legal emanada del precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), en el que esta Suprema Corte confirmó el carácter de revisión amplia y plena a la acción contemplada en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
III. El recurso prospera.
III.1. Considero que asiste la razón al impugnante en cuanto denuncia que el órgano de grado incurrió en absurdo y desatendió los planteos propuestos por los litigantes al decidir -por las razones que expuso- declararse incompetente para entender respecto del reclamo vinculado con el daño psicológico invocado por el actor.
III.1.a. En efecto, de la presentación inicial (v. escrito electrónico de fecha 10-XI-2022) se desprende que el señor M. A. R. promovió acción laboral ordinaria en los términos previstos por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, persiguiendo el pago de una indemnización por el infortunio laboral cuya primera manifestación invalidante afirmó acaecida el día 9 de enero de 2021.
Precisó que, tal como se acreditaba con el dictamen que adjuntó y su acto administrativo de homologación, transitó la etapa administrativa previa y obligatoria establecida por la ley 27.348, encontrándose habilitado para instar la presente acción judicial, cuyo objeto es la apertura y posterior desarrollo de un proceso de conocimiento amplio del que eventualmente derive una sentencia favorable.
Denunció ser portador de una afección física causada por el accidente de trabajo sufrido, así como de un daño psíquico también provocado por el mismo infortunio, identificado como neurosis postraumática de grado II, crisis de ansiedad, pánico, falta de aceptación corporal, inadecuación, dificultad de adaptación y de relación con su entorno, introversión, traumas del pasado y dificultad para tomar decisiones; todo lo cual le provocó una incapacidad -sumados los factores de ponderación- del 43,05% del índice total obrera.
Practicó liquidación, efectuó planteos de inconstitucionalidad sobre distintas normas, y ofreció prueba a fin de demostrar sus afirmaciones.
III.1.b. En su responde, la aseguradora de riesgos del trabajo negó la existencia de la contingencia objeto de reclamo y las secuelas incapacitantes que llevaron a la contraparte a pretender un resarcimiento por una minusvalía en el indicado porcentaje, que estima exagerado e incoherente.
Por su parte, planteó la inconstitucionalidad del art. 6 del decreto 717/96 que contempla el plazo para la aceptación del siniestro, expresando que el otorgamiento de las prestaciones médicas no implica un tácito reconocimiento del infortunio.
Alegó ausencia de relación causal entre el señalado hecho dañoso y las secuelas invocadas.
Sobre el trámite administrativo por "divergencia en la determinación de la incapacidad" (expte. 73206/22) iniciado por la parte actora señaló que la Comisión Médica de Ezeiza (n° 372), el 11 de octubre de 2022 "...determinó que el actor no tenía incapacidad de ningún tipo, confirmando lo establecido por mi mandante con el alta médica de fecha 27/01/2021" (v. contestación de demanda, pág. 19 segundo párrafo).
Opuso excepción de falta de legitimación pasiva, argumentando que el trámite de autos solo puede ventilarse en el marco del sistema creado por la Ley de Riesgos del Trabajo, siendo el ámbito de discusión de cualquier eventual incapacidad el de la comisión médica competente, según los términos de los arts. 21 y 46 de la ley 24.557.
Luego, efectuó una pormenorizada negativa de los hechos alegados por la contraparte y brindó argumentaciones tendientes a desarticular los dichos de la contraria. Impugnó la liquidación practicada en demanda y contestó el planteo de inconstitucionalidad de distintos preceptos de la ley 24.557.
Por último, ofreció prueba y se opuso a la producción de la pericial psicológica, atento que -dijo- el daño psíquico que se pretendía acreditar con dicho medio solo es sugerido en la demanda de modo conjetural e hipotético, no habiendo sido denunciado en el procedimiento administrativo previo.
A todo evento solicitó que se determinara el porcentaje de la minusvalía según el método de la capacidad restante.
III.1.c. El análisis de los escritos postulatorios -en particular, el de la contestación de la demanda- permite vislumbrar el desacierto en que incurrió el tribunal actuante en el abordaje de una excepción previa no articulada.
La atenta lectura del contenido de dicha pieza procesal revela con nitidez que la demandada no planteó la incompetencia en los términos reseñados en el pronunciamiento impugnado. Menos aún, que la parte actora hubiera replicado su procedencia en ocasión de evacuar el traslado que autoriza el art. 29 de la ley 11.653, aplicable en especie.
Ambos asertos configuran un equívoco del juzgador de origen, sobre cuya base arribó a la decisión que es motivo de agravio.
Siendo ello así, no cabe más que concluir que el órgano de origen desinterpretó el esquema fáctico jurídico planteado puntualmente en la demanda y receptado en su contestación, cometiendo absurdo en su interpretación y quebrantando, a la vez, el principio de congruencia consagrado en el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, cuya violación se denuncia y se logra acreditar en la especie.
III.1.d. No resulta ocioso memorar que esta Suprema Corte reiteradamente ha sostenido que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto solo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 124.361, "Bonaudi", sent. de 13-VII-2022; L. 126.832, "Velazco", sent. de 27-III-2023; L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024; e.o.).
Asimismo, ha declarado este Tribunal que para encontrar configurada dicha anomalía se requiere la verificación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.667, "Tula", sent. de 10-VIII-2020; L. 124.779, "Muise", sent. de 1-IV-2022; L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023; L. 128.252, "Ganzero", sent. de 15-X-2024; e.o.), circunstancias que, por concurrir en el caso, habilitan a tenerlo por cometido.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia del tribunal de trabajo en cuanto -con fundamento absurdo- decretó su incompetencia para intervenir respecto del reclamo efectuado por el daño psicológico invocado en la demanda, cuya aptitud jurisdiccional se declara, en atención a los planteos fundantes del reclamo y su réplica.
Los autos deberán remitirse al tribunal de grado a fin de que prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión traída y el modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su incompetencia para entender respecto del reclamo efectuado por el daño psicológico invocado en la demanda, cuya aptitud jurisdiccional se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a fin de que continúa el trámite según su estado.
Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión traída y el modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2025 11:48:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2025 14:40:35 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2025 10:44:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/06/2025 13:38:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2025 14:02:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/06/2025 14:32:14 hs. bajo el número RS-39-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia