Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120047
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.047, "Solans, Juan Alberto contra Elías Semillas e Insumos S.R.L. y otra. Indemnización por accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
En atención a la sentencia dictada por esta Suprema Corte con fecha 23 de febrero de 2021, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, procedió a adecuar los importes de los rubros indemnizatorios por los que prosperó la acción entablada e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 2-VI-2022 y aclaratoria de 21-VI-2022).
Se interpuso, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 21-VI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal interviniente, teniendo en cuenta lo decidido en la primigenia sentencia de grado del 30 de diciembre de 2015, y según los alcances del pronunciamiento de esta Suprema Corte dictado el 23 de febrero de 2021, entendió que correspondía determinar nuevamente la base salarial de la reparación fijada y cuantificar los daños material, moral y psicológico del accionante (v. sent. electrónica de fecha 2-VI-2022).
A los fines de calcular el lucro cesante, especificó —de conformidad tanto con los lineamientos vertidos por la Corte nacional en la causa "Aróstegui", como con los plasmados por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el precedente "Méndez"— que correspondía establecerlo en una suma tal que, colocada a un interés anual del 4%, produjera una renta similar al importe de la privación de ingresos que el hecho ilícito le provocó a la víctima y que se agotara a la finalización del tiempo de vida económicamente útil de esta última.
En ese orden, con apoyo en lo resuelto por este Superior Tribunal en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), con el fin de dar una respuesta proporcionada y adecuada frente al impacto negativo de los factores económicos extrínsecos, sumó el salario vigente del último mes de abril para la categoría de encargado de segunda (art. 12, CCT 130/75; $83.298,61), el porcentual del 70% que la empresa abonaba sin registrar ($58.309,03) y la incidencia del sueldo anual complementario (SAC), arribando a una base remuneratoria mensual de $153.403,55. Así, partiendo de esa plataforma, atendiendo al porcentaje de incapacidad finalmente establecido para el señor Solans (34,76%) y al lapso que le restaba para cumplir setenta y cinco años (483,63 meses), justipreció el monto del lucro cesante en $25.713.413,70 (v. sent., págs. 6/7).
Seguidamente, al importe así determinado le adicionó $5.142.268,74 en concepto de daño moral (fijado en un 20% de la incapacidad física laboral) y otro monto de $5.142.268,74 en concepto de daño psíquico (evaluado como consecuencia del padecimiento de un cuadro reactivo de índole depresivo-angustioso). Además, condenó a la accionada al pago del tratamiento psicológico indicado para el accionante, que valuó en $15.600 (v. sent., págs. 7/8).
Luego, del total obtenido en concepto de reparación integral dedujo el importe que había sido abonado por la aseguradora al actor el 16 de septiembre de 2008 en sede administrativa, en concepto de indemnización por la incapacidad del 32% del índice de la total obrera fijada por la comisión médica interviniente ($43.793), así como la suma que finalmente estuvo a disposición de este desde el 1 de marzo de 2016 ($452.799,03) en ocasión del dictado del primer pronunciamiento en la instancia de grado el 30 de diciembre de 2015.
En lo tocante a los intereses moratorios, consideró que al capital de condena —al haberse establecido a valores actuales— debía aplicársele un interés a una tasa pura, que fijó en el 6% anual, desde el infortunio (12-II-2008) hasta el dictado de la sentencia. Citó en su apoyo distintos antecedentes de esta Suprema Corte, como el identificado como C. 123.367, "Sandobal" (sent. de 21-X-2020).
En virtud de ello, condenó solidariamente a Elías Semillas e Insumos S.R.L. y a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la minusvalía que el trabajador padeció a consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 12 de febrero de 2008.
Posteriormente, en la aclaratoria de fecha 8 de abril de 2022, tras advertir que resultaba exacto lo sostenido por la aseguradora en orden a que las sumas de tasa de justicia y la contribución sobre esta, sumadas a las regulaciones de los honorarios de los letrados intervinientes (excepto los de la parte demandada) superaba el 25% del monto de la sentencia, dispuso modificar tales emolumentos a fin de no exceder el tope fijado por el art. 505 del Código Civil (texto según ley 24.432), aplicable al caso.
II. Ahora, la aseguradora de riesgos del trabajo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la transgresión de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 36, 75 incs. 12 y 22, 99 y 108 de la Constitución nacional; 1.1., 4, 5, 11, 24 y 29 apartado "a" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10, 11, 15, 25, 31, 39 incs. 1 y 3, y 57 de la Constitución provincial; 512, 519, 520, 901, 902, 903, 904 y 1.074 del Código Civil —ley 340—; 1, 4 apartado 1, 12 y 31 apartado 1 de la ley 24.557; 1 y 2 de la ley 25.323; 18, 19, 80, 232, 245 y 255 de la Ley de Contrato de Trabajo; 165, 373, 375, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 de la ley 11.653. Asimismo, invoca violación de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, objeta el monto de la indemnización fijada en concepto de lucro cesante porque la considera absurda.
II.1.a. De un lado, critica la base salarial que utilizó el tribunal de origen para cuantificar el referido rubro, por un doble orden de fundamentos.
Primeramente, afirma que el órgano actuante decidió cuestiones que no formaban parte de la contienda ni pudieron ser sometidas a su decisión. Expresa que el sentenciante realizó una estimación del salario del actor según bases actuales sin que hubiera mediado expresa petición de parte ni previa sustanciación ni oportunidad del demandado para defenderse al respecto.
Agrega que la falta de congruencia surge también nítida al advertirse que el único ítem indemnizatorio que motivó el primer recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto —y que resolvió esta Suprema Corte en su anterior intervención— estaba dirigido solo a objetar el monto del lucro cesante. Sin embargo, aduce, la nueva sentencia incrementó los daños moral y psicológico, violentando el debido proceso.
Desde otroángulo, alega que lo decidido vulnera lo resuelto por este Tribunal en su anterior pronunciamiento, por cuanto —sostiene— en él se aludió a un salario actualizado al momento del dictado del fallo de grado del año 2015, mas no, como dispuso el órgano de origen, a la fecha del nuevo pronunciamiento del año 2022.
Reitera su reproche sobre la inexistencia de conformidad entre la sentencia y los escritos constitutivos del proceso, con violación del principio de congruencia, y enfatiza que el salario actualizado con más intereses conlleva a una suma desproporcionada e irrazonable.
II.1.b. Por demás, de otro lado, sostiene que el juzgador modificó la tasa de interés de la fórmula utilizada en el fallo de grado dictado en 2015, contradiciendo el principio de congruencia y la extensión de la remisión en función de lo decidido por esta Suprema Corte al mantener las pautas de dicho pronunciamiento.
Señala que, aun corregido ese parámetro, el resultado sigue siendo, de todos modos, irrazonable. En tal sentido, argumenta que el salario tomado por el sentenciante de grado vulnera lo decidido por este Tribunal en la causa que identifica como "Aguiar", en la cual —arguye— se tuvo como referencia el salario mínimo vital y móvil al momento del dictado del fallo, extremo que —en el caso— arrojaría como resultado la mitad del importe indemnizatorio calculado en los presentes autos.
II.1.c. Asimismo, se agravia del método utilizado para deducir los pagos realizados por la aseguradora en los años 2008 y 2016 en concepto de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo y por capital de condena e intereses, respectivamente.
Manifiesta que el tribunal actuante calculó el resarcimiento bajo el concepto de deuda de valor actualizando los parámetros al momento del dictado de la nueva sentencia. No obstante, indica que, a la hora de detraer los importes abonados, lo hizo a valores históricos, generando con ese proceder una inequidad manifiesta y un enriquecimiento sin causa para el trabajador.
II.2. En segundo lugar, cuestiona el monto de condena estimado por los perjuicios moral y psicológico.
Reitera que el incremento de ambos rubros se realizó extra petita , en tanto —afirma— la parte actora no se agravió respecto de su cálculo ni en el recurso extraordinario de inaplicabilidad oportunamente deducido contra la primigenia sentencia dictada en el proceso, ni esta Suprema Corte impuso la modificación de tales rubros en el fallo de 2021.
Afirma que la decisión de grado resulta arbitraria por cuanto, sin analizar la índole del hecho generador de la incapacidad y la entidad de cada sufrimiento causado, se limitó a indicar el importe de condena en forma automática.
Alega que, encontrándose acreditado que la indemnización por lucro cesante resulta esencialmente menor, corresponde morigerar también los importes de condena de dichos daños.
II.3. En tercer lugar, sostiene que —en el caso— se arribó a una indemnización irrazonable que no tiene correspondencia con la realidad económica. Denuncia que resulta aplicable el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentado en los autos que individualiza como "Cannan, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A.", en los cuales —dice— se dispuso la morigeración de una reparación desmesurada.
II.4. En cuarto término, impugna la condena solidaria y requiere que se dicte nuevo pronunciamiento fijando los porcentajes que deben asumir —por separado— la empleadora y la aseguradora.
Expresa que no existe base legal para determinar en una demanda que procura una reparación de índole civil, la solidaridad de dos partes con responsabilidades distintas, fundadas en distintas fuentes legales. Argumenta que el incremento del 70% del importe mensual del salario del actor por sus ingresos no registrados nunca podría perjudicar a la aseguradora, por cuanto la deficiente registración del contrato de trabajo y su incidencia sobre el monto indemnizatorio siempre tienen que ser afrontadas por la empleadora, toda vez que la aseguradora no tiene elementos para hacer un control de dicha registración laboral.
En ese contexto, sostiene que las diferencias generadas como consecuencia de la aplicación de un porcentaje no registrado deben ser afrontadas exclusivamente por el principal, dado que son fruto de su exclusivo incumplimiento.
Solicita, en consecuencia, que se modifique la imposición de las costas, con ajuste a la nueva sentencia a dictarse.
II.5. Finalmente, objeta la cuantificación de los gastos causídicos.
II.5.a. Por un lado, afirma que lo abonado con motivo de la sentencia de grado del año 2015 en concepto de tasa de justicia y su contribución, honorarios de los letrados y los peritos, y sus respectivos aportes, no fueron descontados a valor constante, generando otra iniquidad, por iguales consideraciones a las vertidas respecto a los pagos por capital e intereses ya efectuados.
II.5.b. Por otro lado, denuncia que los montos fijados por tal concepto en la sentencia superan el tope del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, solicita que por aplicación del art. 1.255 de dicho ordenamiento legal se reduzcan a sumas razonables, atento los trabajos efectivamente realizados, y ponderando el mérito y calidad de los mismos. Cita el art. 16 inc. "b" del decreto ley 8.904/77.
III. Pues bien, el recurso prospera parcialmente.
Razones metodológicas me conducen a que, para un mejor análisis, sea invertido el orden de los agravios expuestos por el recurrente.
III.1.a. En relación con el embate dirigido a objetar la determinación y cuantía del resarcimiento en concepto de lucro cesante, corresponde señalar que no luce suficientemente fundado el cuestionamiento que gira en torno de la denunciada violación del principio de congruencia por un supuesto apartamiento por parte del tribunal de grado de las cuestiones litigiosas sometidas a su conocimiento, vinculadas con el empleo de valores actuales para fijar el módulo salarial del accionante (art. 279, CPCC).
Al respecto, sabido es que los agravios relativos a la violación de dicho postulado, por estar vinculados con la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, deben ser acompañados de una adecuada denuncia y demostración del absurdo en la tarea del juzgador (causas L. 117.226, "Guajardo", sent. de 25-II-2015; L. 117.987, "Elía", sent. de 2-IX-2015; L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; e.o.), así como de la condigna invocación de quebranto de las normas procesales que se vinculan al principio que se estima vulnerado (causas L. 92.343, "Gándara", sent. de 22-XII-2008; L. 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 119.529, "Williman", sent. de 18-X-2017; e.o.).
En autos, la quejosa prescinde formular la necesaria denuncia de violación de los preceptos adjetivos que se vinculan con la congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653 —aplicable al caso—), falencia que no puede ser salvada por esta Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por la recurrente para sustentar su impugnación (conf. doctr. art. 279, CPCC; causas L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021 y L. 128.695, "Baiz", sent. de 30-IV-2024, e.o.).
Luego, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción del señalado principio, exhibe su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de la demanda, pero no alega la existencia de absurdo en la tarea del juzgador respecto de los escritos constitutivos del proceso ni denuncia la violación de la normativa procesal atingente (causas L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019; L. 121.138, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredón", sent. de 25-VIII-2020; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022 y L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023; e.o.).
III.1.b. A igual conclusión cabe arribar —y por idénticos fundamentos— respecto del embate por conducto del cual se atribuye al sentenciante de grado haber modificado —con infracción de la congruencia— los parámetros para el cálculo de la reparación establecidos en la primigenia sentencia emitida por el tribunal de origen (art. 279, CPCC).
III.1.c. Respecto de las críticas traídas —por semejante sustento— contra el abordaje y reestimación de los daños moral y psicológico efectuado, es dable observar que, en la exposición de su objeción, la impugnante parte de una premisa errónea, pues —tal como se advirtió en el pronunciamiento atacado— de la mera lectura de la sentencia de esta Suprema Corte de fecha 23 de febrero de 2021, se advierte que aquellos conceptos fueron efectivamente objetados ante la instancia extraordinaria, y su cuantificación revocada como consecuencia del mandato orientado a que se realizara una nueva estimación del daño material (v. parte dispositiva del fallo, que literalmente expresa "...se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto a la determinación y cuantificación del daño material, moral y psicológico -con el alcance establecido en los puntos III.1.a., III.1.b. y III.2. del voto emitido en primer término y I.3. del producido en segundo término...").
De este modo, resultan aplicables las directrices que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando —de tal modo— por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (conf. doctr. art. 279, CPCC; causas L. 121.253, "Portillo", sent. de 19-II-2020; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021 y L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022, e.o.).
III.1.d. Tampoco le asiste razón a la interesada cuando denuncia que el órgano de grado, al utilizar un salario actualizado a la fecha del pronunciamiento ahora censurado, y no a la del fallo de grado anterior del año 2015, transgredió lo decidido en la anterior sentencia de esta Suprema Corte, en apartamiento de la cosa juzgada emanada de dicha decisión.
Sabido es que no resulta jurídicamente posible volver sobre lo que ha pasado a ser fallo irreversible por haber ganado autoridad de res iudicata (causas C. 113.730, "R., M. C.", sent. de 11-IX-2013; C. 112.611, "Muiño", sent. de 20-XI-2013 y C. 121.394, "Fernández", sent. de 19-IX-2018), extremo que —en casos como el presente— ha de verificarse cuando el nuevo decisorio dictado por remisión de la casación previamente ejercida por este Superior Tribunal, aborda cuestiones que quedaron precluidas o no fueron objeto de revocación.
Es que los efectos del instituto de la cosa juzgada no se agotan con la imposibilidad de renovar el debate sobre cuestiones ya planteadas y resueltas, sino que se proyectan incluso sobre aquellas que pudieron haberse alegado (en el mismo sentido, causas L. 86.189, "Correa", sent. de 29-VIII-2007; L. 100.493, "Valvo", sent. de 26-XI-2008 y L. 105.160, "Curutchet", sent. de 9-V-2012).
Por demás, la autoridad de dicha institución responde a la necesidad de que el orden y la paz social reinen en la sociedad, evitando que los pleitos entre las partes se renueven indefinidamente (causas L. 85.656, "Cepeda", sent. de 6-VI-2007; L. 93.978, "Battini", sent. de 22-IX-2010 y L. 104.330, "Ciuro de Castello", sent. de 21-XII-2011).
Pues bien, tal como surge del previo pronunciamiento de esta Suprema Corte al que se viene haciendo referencia, allí se hizo lugar al planteo vinculado a que en el fallo de grado no se habían tenido en cuenta los aumentos salariales experimentados a partir del evento dañoso sufrido por el actor. Para ello, tras indicar las pautas de realismo económico previstas en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, se hizo alusión a que la base salarial fijada para el cálculo de lucro cesante no respetaba el principio de reparación plena ni atendía a la verdadera naturaleza del crédito en cuestión ("deuda de valor"), por lo que se revocó la sentencia de grado en ese tramo y se dispuso el reenvío de las actuaciones para que el tribunal, nuevamente integrado, dictara un nuevo fallo.
En tales condiciones, no encuentro que la decisión del órgano de grado haya transgredido los términos de la remisión ni el principio de cosa juzgada denunciado como infringido, en tanto redefinió la cuantía de los daños con criterio de actualidad de conformidad con el valor real de los perjuicios al momento de su evaluación, y tales parámetros fueron expresamente considerados por este Superior Tribunal en su anterior intervención, como f
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