Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130787
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.787, "Fernández y Rosales, Mauricio Alexis contra Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores rechazó la acción promovida, con costas a la actora (v. sent. de fecha 21-III-2023).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-IV-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen rechazó íntegramente la acción promovida por el señor Mauricio Alexis Fernández y Rosales contra Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. y Centrales de la Costa Atlántica S.A., por la cual reclamaba las indemnizaciones derivadas del despido, así como otros rubros de naturaleza salarial (v. sent. de fecha 21-III-2023).
Para así resolver, de modo liminar, precisó que, de la interpretación del escrito de demanda, las contestaciones del segundo traslado y comunicaciones remitidas a las codemandadas, surgía con claridad que el accionante dirigió su acción contra Centrales de la Costa S.A., atribuyéndole la condición de empleadora directa, y contra Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A., por considerarla una interpósita persona conforme lo normado en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Destacó la importancia de tal entendimiento, toda vez que —según sostuvo— la respuesta a los interrogantes planteados, y —en definitiva— la solución del caso, debían ajustarse a los términos en que el actor propuso su demanda y a los hechos invocados como sustento de su pretensión (v. vered., primera cuestión, págs. 1 y 2).
Desde esta plataforma fáctica propuesta en la demanda, juzgó no demostrada la relación laboral que invocó el accionante con Centrales de la Costa Atlántica S.A.
Afirmó que toda la prueba producida conducía a concluir que el único vínculo laboral que se verificó en autos fue el del trabajador con Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A., desde el día 21 de abril de 2015, bajo la modalidad contractual de plazo fijo, percibiendo el trabajador las remuneraciones conforme la escala salarial prevista por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07.
Por otra parte, consideró acreditado —con apoyo en la pericial contable y en la documental adjunta con las contestaciones de demanda— que las coaccionadas se vincularon mediante la suscripción de contratos comerciales, por los cuales Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. proveía el servicio de seguridad a la central ubicada en Mar de Ajó a cambio del pago de un canon, lo que se cotejaba con las facturas de compra acompañadas por Centrales de la Costa Atlántica S.A. Este servicio, refirió, se contrataba por el término de un año y luego de un proceso de licitación, tal como se desprendía de los contratos adjuntos por las empresas y de la prueba referida, además de la testimonial (v. vered., primera cuestión, pág. 3).
En relación a ello, dijo que el accionante no aportó prueba que permitiera "siquiera sospechar" que estas contrataciones fueran fraudulentas o que Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. fuera una interpósita persona. Por el contrario, estimó que se pudo constatar que poseía una estructura de medios personales, materiales e inmateriales para el cumplimiento de su actividad, siendo la central eléctrica de la citada localidad uno de los muchos objetivos y clientes con lo que contaba en la Provincia de Buenos Aires (v. vered., primera cuestión, págs. 5 y 6).
Seguidamente, añadió que, sin perjuicio de haber citado el actor en su demanda al art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo como fundamento de su pretensión, no alegó que el servicio de vigilancia prestado por su empleadora constituyera una actividad normal y específica, principal o secundaria de aquella de Centrales de la Costa Atlántica S.A., ni que hubiera cedido total o parcialmente el establecimiento o explotación en favor de aquella. Eventualmente, estimó que ningún elemento probatorio demostró dichos presupuestos.
Con las pruebas producidas sostuvo que la relación laboral concluyó el día 31 de diciembre de 2019 por haber concluido el plazo determinado en el contrato de trabajo que se había iniciado el día 1 de febrero de 2019, conforme alegó la demandada Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. (v. vered., segunda cuestión, págs. 8 y 9).
Ya en la sentencia, teniendo presente las conclusiones del fallo de los hechos, consideró ausentes los presupuestos de hecho que tornan operativas las hipótesis previstas en los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y —en consecuencia— rechazó íntegramente la acción deducida en tanto concluyó que no se configuró un despido que correspondiera resarcir, e impuso las costas —por mayoría— al accionante vencido (v. sent., págs. 11 y 12).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 17, 18, 19 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 10, 11, 15 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 345 inc. 3, 354 y 415 del Código Procesal Civil y Comercial; 5, 6, 8, 9, 14, 29, 30 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34, 44 incs. "d" y "e" y 63 de la ley 11.653; 705 del Código Civil; CCT 36/75 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, impugna el fallo de grado en tanto considera que en él debió aplicarse el art. 29 de la citada Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene que demostrado que el actor fue contratado por Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. para cumplir tareas de vigilancia en Centrales de la Costa Atlántica S.A., el juzgador debió considerarlo empleado directo de esta última, en virtud de la norma antes citada, máxime cuando las labores de vigilador lucen expresamente contempladas en el art. 57 inc. 13 del CCT 36/75.
Alega que, con los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa, surge acreditado que el accionante siempre cumplió funciones dentro de la aludida empresa, que recibió instrucciones del personal superior de aquella y que, además, "llevaba un libro de anotaciones" (rec., pág. 12).
Asimismo, refiere que con el dictamen pericial contable se ha demostrado que el vínculo entre las demandadas fue consecutivo e ininterrumpido; y que, de los contratos a plazo fijo celebrados, surge que entre el mes de noviembre y diciembre de 2018 no existió ninguno que las vincule, implicando aquello una presunción de relación directa entre la usuaria y quien se beneficia con la prestación de tareas (v. rec., pág. 12).
Alega que, a pesar de lo demostrado, el sentenciante arribó absurdamente a una conclusión contraria, soslayando que el art. 29 de la ley 20.744 —texto ordenado—, en su primera parte, no limita su aplicación a casos en que intermedie una empresa suministradora de mano de obra; y que, a su vez, tampoco pesaba sobre el trabajador demostrar que Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. sea una falsa sociedad o una contratista aparente, o que deba ser un ente sin organización empresarial, entre otros aspectos que destacó el juzgador.
Postula en este tramo de la crítica que la sentencia violenta la doctrina legal de la causa L. 58.125, "Barillaro" (sent. de 20-XI-1996), así como lo resuelto en precedentes de otros tribunales de justicia.
II.2. En otro orden, sostiene que —a contrario de lo indicado en la sentencia— el accionante solicitó la aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo en forma clara y suficiente, lo que se corrobora con lo expresamente controvertido por las coaccionadas en sus respectivos escritos de réplica.
II.2.a. Afirma que una vez probado que el accionante fue contratado como vigilador por Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. "...para seguir apostado en el establecimiento de Centrales de la Costa Atlántica S.A.", lo postulado con fundamento en el citado artículo, resulta verosímil (v. rec., pág. 17).
Alega que el argumento brindado para rechazar la aplicación de la norma, afincado en que la parte actora no esclareció si los servicios o trabajos contratados eran parte de la actividad normal y especifica propia del establecimiento de la contratista o escindible y accesoria de ella, contradice los propios términos del fallo que tuvo por probado que las tareas de vigilador lucían contempladas por ambos convenios colectivos de trabajo de una y otra empresa, lo que evidencia que aquellas "eran parte de la actividad normal y específica propia del establecimiento de la contratista" (rec., pág. 18).
Vinculado a este tramo de la crítica, estima vulnerada la doctrina legal que dice emergente de las causas L. 100.074, "Alfonso" (sent. de 10-IV-2013) y L. 111.118, "Ballerena" (sent. de 10-XII-2014).
II.2.b. Cuestiona que el órgano de grado para fundar su decisión haya citado dos precedentes —L. 87.336, "Sikora" (sent. de 22-X-2018) y L. 118.276, "Borelli" (sent. de 7-III-2018)—, vinculados a trabajadores "cuya actividad es la de choferes, y los cuales cumplían funciones totalmente ajenas a la principal" (rec., págs. 19 y 20).
Refiere que el tribunal de origen se apartó de la operatividad de los convenios colectivos de trabajo dispuesta en el art. 8 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como del art. 9 del mismo cuerpo legal, que impone a los jueces la aplicación de la norma más favorable para el trabajador.
II.3. Por otro lado, controvierte la conclusión del sentenciante por la cual juzgó que el accionante no configuró un despido con su empleadora Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. que merezca ser resarcido.
Al respecto, aduce que el razonamiento del juzgador es absurdo e ilógico toda vez que la resolución del contrato se produjo —respecto de esta codemandada— con el envío de la carta documento de fecha 14 de enero de 2020, refutada por el actor con su réplica de fecha 20 de enero de 2020.
Destaca, que al evacuar el traslado del art. 29 de la ley 11.653, el demandante negó la validez de los contratos a plazo fijo aludidos, así como el alcance y los efectos jurídicos que la empresa les pretendió dar.
En este sentido, sostiene que siendo que la sociedad mencionada no ha demostrado la necesidad de utilizar tal modalidad contractual, corresponde que el despido dispuesto sea indemnizado conforme lo prevén los arts. 232, 233, 242 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.4. Finalmente, se agravia de la imposición de costas al actor, por considerar que resulta una carga excesiva cuando, como en el caso, se acciona con motivos fundados y bajo el amparo de jurisprudencia de la Suprema Corte y de otros tribunales de justicia.
III. El recurso no prospera.
III.1. El agravio inaugural vinculado con la supuesta vulneración del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo —en su versión anterior a la ley 27.742— y su doctrina legal, resulta inhábil a los fines pretendidos.
III.1.a. Tal como se indicó en la reseña efectuada, el órgano de grado juzgó no demostrada la relación laboral que invocó el accionante con Centrales de la Costa Atlántica S.A.
Señaló que el solo hecho de efectuar tareas de vigilancia en el predio de la sociedad mencionada o que el CCT 36/75 denunciado prevea iguales labores —sin ingresar en analizar si resulta aplicable al personal—, "...en modo alguno lo convierte en empleado de esta última" (vered., primera cuestión, pág. 2).
Agregó que, más allá de que el actor no alegó haber recibido órdenes por parte del personal de la referida accionada, los testimonios recibidos en la audiencia de vista de causa no brindaron datos suficientes para considerar acreditada una subordinación con aquella (v. vered., primera cuestión, pág. 4).
III.1.b. En este contexto surge palmario que los argumentos brindados en esta parcela de la impugnación, esencialmente afincados en que las tareas de vigilancia se encuentran contempladas en el citado convenio colectivo, o en que el actor prestó siempre tareas en el establecimiento de Centrales de la Costa Atlántica S.A., soslayan que, para el juzgador, aquellas circunstancias no resultaron suficientes para tener por acreditado que el actor era dependiente de dicha sociedad.
De este modo, la crítica se reduce a la exposición de un simple enfoque subjetivo del recurrente contrario a la decisión adoptada, y tal formulación, tiene dicho esta Corte, no es base idónea para demostrar el absurdo (causas L. 120.646, "Maldonado", sent. de 10-VIII-2020; L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022 y L. 128.964, "Calvo", sent. de 30-IV-2024).
Cabe recordar, además, que aun cuando el análisis efectuado por el tribunal sobre cuestiones de hecho y de prueba pueda resultar opinable o discutible, esa sola circunstancia no es suficiente para tener por demostrada aquella anomalía, habida cuenta que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento. Antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.), desvío que no aprecio en el caso.
Asimismo, en cuanto a las afirmaciones que efectúa el impugnante que, según indica, surgirían de las declaraciones testimoniales recibidas, no es ocioso recordar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia" —según la normativa adjetiva de aplicación al momento del dictado del fallo—, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 124.198, "Diaz", sent. de 19-IX-2022; L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
III.1.c. Del mismo modo, con relación a la vinculación entre las demandadas que estimó acreditada el sentenciante, la crítica se revela insuficiente, siendo que no se ocupa el interesado de cuestionar idóneamente las conclusiones arribadas en el fallo.
III.1.c.i. Conforme surge de la reseña de antecedentes efectuada, el tribunal de origen juzgó acreditado que el señor Fernández y Rosales mantuvo en exclusividad una relación laboral con Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A., destacando que aquella fue la única beneficiaria de la prestación de servicios, sin que se haya verificado que la vinculación entre ambas sociedades respondiese a una ficción, simulación o fraude para encubrir un inexistente vínculo con Centrales de la Costa Atlántica S.A.
Afirmó además que las accionadas se vincularon mediante un negocio jurídico real y lícito, cuyo objeto fue la prestación del servicio de vigilancia por parte de Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A., habilitada legalmente para este especial tipo de actividad.
Agregó que aquel servicio resulta ser el objeto de aquella —y no el de Centrales de la Costa Atlántica S.A.—, la que posee estructura y medios para el cumplimiento de sus fines, y no se trata, en definitiva, de una mera colocadora de personal, intermediaria o empresa fantasma, por lo que el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, en todas sus variantes, deviene inaplicable (v. sent., pág. 6).
III.1.c.ii. A su turno, la crítica se ciñe a indicar de un lado, que el citado art. 29 (en su versión anterior a la ley 27.742) no limita su aplicación a casos en que intermedie una empresa suministradora de mano de obra; y del otro, que tampoco pesaba sobre el trabajador demostrar que Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. sea una contratista aparente, entre otras circunstancias.
De allí que, encorsetado en su propio discurso, el impugnante en modo alguno se ocupa de rebatir de modo concreto y eficaz las reseñadas motivaciones que dan sustento a este tramo del fallo, luego, ese apartamiento de las conclusiones estructurales de la sentencia que se pretende atacar revela la insuficiencia de la crítica (causas L. 120.468, "Ferreyro", sent. de 18-VIII-2020; L. 121.138, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredón", sent. de 25-VIII-2020 y L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022).
Para más, de inferirse que lo cuestionado implica objetar la carga probatoria impuesta por el juzgador, soslaya el interesado denunciar la infracción de la norma actuada en el fallo (me refiero al art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires), lo que refleja nuevamente la insuficiencia del embate traído.
III.1.d Sentado ello, no queda resquicio para sostener la transgresión de la doctrina legal que el recurrente invoca, pues los precedentes que cita se observan elaborados sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 128.823, "Sardinas", sent. de 23-XI-2023; L. 125.654, "Manfredini", sent. de 27-II-2023; e.o.).
A todo evento, la cita de jurisprudencia de otros tribunales de justicia no constituye doctrina legal en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte (causas L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019; L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-202 y L. 124.796, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021).
III.2. En esta misma línea, atento su marcada insuficiencia, cabe rechazar también el reproche fundado en la errónea aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y su doctrina.
III.2.a. Como se adelantó, el tribunal de origen indicó que, si bien el accionante solicitó la aplicación del citado precepto, no alegó ni demostró la existencia de una cesión de establecimiento o la contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad de alguna de las demandadas, omisión que, sostuvo, no puede ser salvada por vía de inferencia o suposición de lo que debió decir y no dijo.
Añadió que, "aun pasando por alto este déficit", tampoco alegó ni demostró que el servicio de vigilancia se trate de una actividad normal y específica de Centrales de la Costa Atlántica S.A., entendiendo por tales también a las secundarias o accesorias, o coadyuvante para lograr el cumplimiento de su objeto social (v. sent., pág. 8).
III.2.b. Por su parte, el impugnante, además de reiterar argumentos ya esbozados para sostener la aplicación del art. 29 de la misma ley —a esta altura, infructuosos—, se asienta en sostener que, a contrario de lo postulado en la sentencia, del propio texto del fallo surge demostrado que el servicio de vigilancia es una actividad normal y específica de Centrales de la Costa Atlántica S.A.
III.2.c. Siendo que de la atenta lectura del fallo se advierte que las manifestaciones que introdujo el sentenciante en tal sentido -sustentadas en la circunstancia de que no se alegó ni mucho menos comprobó alguna de las figuras delegativas que prevé el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo- fueron formuladas "a mayor abundamiento", esto es, obiter dicta (v. sent., pág. 8), vale decir entonces, que solo tienen un valor accesorio que no perturba ni incide en las definiciones esenciales que respaldaron este tramo de la decisión del tribunal de grado, por ende no causa agravio y, consecuentemente, deviene inapelable e impropio su tratamiento por esta Corte (causas L. 118.685, "Nieva", resol. de 4-XI-2015; L. 121.081, "Cortez", resol. de 11-IV-2018; L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022 y L. 127.656, "Producciones Industriales S.A.", sent. de 27-III-2023).
III.2.d. Conforme lo señalado, apontocado en las concretas aristas del pronunciamiento de autos
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.