Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129113
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.113, "Ferreira, Luis Alberto contra La Segunda ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a cargo de la parte demandada (v. vered. y sent. de fecha 9-XI-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Luis Alberto Ferreira y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que padeció mientras prestaba tareas bajo relación de dependencia para la firma Raesa Argentina S.A.
Interesa destacar —por ser materia de agravio— que, en el veredicto, tras valorar los datos del informe pericial contable agregado a la causa —sobre los haberes de los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante— y seguir "...el procedimiento establecido en el art. 11 de la ley 27.348, con su correspondiente actualización (por aplicación del índice RIPTE)", el órgano de origen declaró que el valor del ingreso base mensual del actor ascendía a la suma de $66.683,36 (v. vered, segunda cuestión, pág. 2).
En la sentencia, atento a las pautas establecidas en los artículos citados, calculó la indemnización que le correspondía percibir al accionante en la suma de $3.049.316,67, a la que adicionó luego un 20% —conforme el mencionado art. 3 de la referida ley— hasta alcanzar el importe total de $3.659.180 (v. sent., pág. 5).
En este contexto, el juzgador de mérito declaró de oficio la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 3 del decreto de necesidad y urgencia 669/19 (v. sent., pág. 7).
Finalmente, para el supuesto de incumplimiento de la sentencia, ordenó aplicar intereses —desde la mora hasta el efectivo pago— al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557 (modif. por ley 27.348; v. sent., pág. 10).
II.1. La Segunda Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación del 12 de la ley 24.557 (modif. por art. 11, ley 27.348); y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2021).
II.2. Señala que el tribunal de grado aplicó erróneamente el art. 12 inc. 1 (modif. por ley 27.348), cuando calculó el IBM (Ingreso Base Mensual) del actor. En ese sentido, le reprocha haberlo actualizado por RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) "...a la fecha de la sentencia recurrida [...] en vez de hacerlo a la fecha de toma de conocimiento de la dolencia como manda la norma" (v. pág. 6).
Afirma que el cómputo realizado no solo no surge de la norma citada, sino que ha sido expresamente descartado tanto por esta Suprema Corte en el precedente "Staroni" (sent. de fecha 24-V-2016), como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Espósito" (sent. de fecha 7-VI-2016) —ver página citada—.
Destaca que "...de la lectura del fallo se deduce que el Tribunal actualizó erróneamente el IBM por RIPTE al 2021", e infiere —de todos modos— que para llegar a los valores que estableció el juzgador, necesariamente debió hacer el cálculo que practica en el recurso, conteniendo la impertinente actualización (v. pág. cit.).
Agrega que, además, al ordenar que el Ingreso Base Mensual —actualizado al momento de la sentencia— devengue luego intereses a la tasa activa del Banco Nación, el sentenciante impuso una doble actualización por el mismo período de tiempo. Explica que la actualización por RIPTE de los doce salarios anteriores al evento dañoso debe hacerse hasta la fecha de este, y a ese valor aplicarle los intereses (v. pág. 7).
Así, cuantifica el IBM actualizado por RIPTE a la fecha del infortunio ($19.250,05), con más los intereses desde la fecha del hecho (11-X-2017), y hasta la fecha de la liquidación —a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina considerada en la sentencia ($35.051,80)—, lo que arroja una suma total de $54.301,85 (v. págs. 8 y 9). Asimismo, estima la consecuente prestación por incapacidad laboral permanente en el monto de $900.704,02 (v. pág. 10).
III. El recurso no prospera.
III.1. La crítica que contiene la impugnación resulta insuficiente en su fundamentación para conmover lo decidido (art. 279, CPCC).
III.1.a. El órgano judicial de grado, en el veredicto, al momento de establecer el valor del ingreso base mensual del señor Ferreira —ejerciendo facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653, aplicable al caso)— valoró los datos del informe pericial contable de fecha 19 de mayo de 2021 sobre los salarios devengados a su favor durante los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante, y consideró aplicable "el procedimiento establecido en el art. 11 de la ley 27.348, con su correspondiente actualización (por índice RIPTE)", arribando —de este modo— al monto de $66.683,36 (v. vered, segunda cuestión, pág. 2).
Luego, en la sentencia —con fundamento en la misma norma legal— ordenó que "desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva", el importe referido devengara un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que lo eleva a la suma de $183.837,90 (v. sent. pág. 4).
III.1.b. La recurrente denuncia la errónea aplicación del inc. 1 del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (modif. por art. 11, ley 27.348) por considerar que en el fallo —aunque no se desprenda de su lectura— se actualizaron los salarios tomados a fin de establecer el promedio requerido para calcular el IBM del actor conforme el índice RIPTE relativo al mes de su dictado (septiembre de 2021), en lugar de utilizar el que correspondía a la fecha del siniestro. En apoyo de su tesis, realiza varios cálculos a partir de los cuales infiere el yerro en el cálculo realizado por el tribunal de grado y postula una nueva determinación del guarismo objetado.
Sin embargo, para discernir en la especie la suficiencia del cuestionamiento traído, es dable observar que las razones fundantes del agravio abrevan en la ponderación de elementos de juicio de naturaleza fáctica que le sirvieron de base al tribunal de grado para establecer el IBM del trabajador. Desde esa perspectiva, más allá de que la recurrente se desentiende del mecanismo de cómputo de dicha pauta salarial expresamente expuesto y actuado por el sentenciante, cierto es que su crítica se advierte asaz incompleta en su inicial formulación, en la medida en que no denuncia que se hubiere configurado el vicio de absurdo en la tarea —privativa— de determinar el ingreso impugnado, ni tampoco en la apreciación del informe pericial contable de fecha 19 de mayo de 2021, o de las remuneraciones e índices que le sirvieron para dicho cómputo.
En este sentido, expresamente se ha declarado que establecer el ingreso base a tener en cuenta para calcular la cuantía de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y, en general, la base remuneratoria para cuantificar las indemnizaciones, constituye una cuestión de hecho cuya determinación es privativa de los tribunales de trabajo, salvo alegación y demostración de absurdo (causas L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019; L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; L. 125.503, "Troitiño", sent. de 31-VIII-2022; e.o.).
Frente a la señalada deficiencia es menester recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte recurrente al formular la impugnación (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020 y L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023).
III.2. Por demás, tampoco procede la denuncia de violación de la norma en que se apontoca el fallo objetado —art. 12, ley 24.557 (modif. por art. 11, ley 27.348)—, toda vez que esta se expone como supeditada a la previa acreditación del alegado yerro incurrido por el tribunal de origen para proceder al cálculo del IBM del actor (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2021, págs. 5 y 6), extremo que —como fue dicho— no ha sido acreditado en el recurso extraordinario bajo tratamiento.
III.3. Finalmente, tampoco puede adjudicarse entidad de agravio a la lacónica petición final que se formula, en cuanto en ella se postula que se "...aplique el decreto 669/19 en materia de intereses" (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2021, pág. 11), toda vez que carece de todo desarrollo argumental —a lo largo del recurso— de cara al contenido del pronunciamiento cuestionado en el que, precisamente, se declaró la inconstitucionalidad de dicho dispositivo (conf. art. 279, CPCC; causas L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/06/2025 12:45:02 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2025 19:43:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/06/2025 14:53:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2025 13:04:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2025 13:41:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/06/2025 14:57:15 hs. bajo el número RS-42-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia