Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128653
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.c. del voto emitido en primer término.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la vencida y las de esta sede extraordinaria, así como las de la queja, por su orden, en atención al modo en que se resuelve (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68. segundo párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.653, "Torres Walter Hugo contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente De Trabajo-Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 24-XI-2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-XII-2021), el que luego de denegado en la instancia de grado, fue admitido por esta Corte mediante resolución de fecha 21 de junio de 2023 al resolver la queja deducida por la interesada (v. escrito electrónico de fecha 2-III-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo, en lo que resulta de interés, rechazó la acción, en cuanto procuraba el pago de la indemnización integral de daños y perjuicios fundada en las normas del derecho común respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo. En cambio, declaró que el accionante resultaba acreedor de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de dicha ley, más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773. A la par, con sustento en el art. 20 de la ley 24.557, dispuso el otorgamiento de prestaciones en especie para afrontar un tratamiento psicológico individual (v. vered. y sent. de fecha 24-XI-2021).
Para así decidir, juzgó probado en el veredicto que el día 11 de septiembre de 2015, en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales bajo las órdenes de su empleadora Proceso Productos y Servicios S.A. (quien se hallaba asegurada con la aquí demandada), el trabajador protagonizó un accidente de trabajo, resultando portador de una incapacidad parcial y permanente del 22,70% del índice de la total obrera (v. vered., págs. 2/3).
Ya en la sentencia, en primer lugar, ponderó que el promotor del pleito había cuestionado la constitucionalidad de los arts. 8, 21, 22 y 46 de la ley 24.557, ratificó su competencia conforme lo resuelto oportunamente a fs. 36 y declaró abstracto decidir sobre el aludido planteo (v. sent., págs. 2 /3).
Luego, juzgó no probado que el daño padecido por el trabajador haya sido causado por el comportamiento negligente de Federación Patronal Seguros S.A. En este sentido, destacó que no se demostró que la aseguradora haya incumplido los deberes de contralor respecto de la empleadora del actor, ni la existencia de nexo causal entre dichos supuestos incumplimientos y el daño sufrido por el actor. Sobre esa base, concluyó no verificada, en el caso, una acción u omisión por parte de aquella, y en consecuencia desestimó la demanda fundada en las normas del derecho común.
En lo relevante, aclaró que, si bien el actor no reclamó las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, estando en juego —afirmó— prestaciones alimentarias de carácter irrenunciable (art. 11, Ley de Contrato de Trabajo), por aplicación de los principios protectorio, de indemnidad y de irrenunciabilidad, correspondía analizar la viabilidad de las prestaciones sistémicas (v. sent. pág. 3/4).
Tal circunstancia —sostuvo— no obstaba la vigencia del art. 4 de la ley 26.773, normativa cuya inconstitucionalidad —dijo— declaró esta Corte en el precedente L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), y agregó que, habiéndose desestimado la acción común, no mediaba en el caso acumulación de resarcimientos, que es lo que —sostuvo— pretende impedir la aludida norma legal.
Seguidamente, indicó que, habiéndose acreditado que el actor sufrió un accidente de trabajo que le produjo una incapacidad permanente, correspondía establecer los parámetros que debían computarse para determinar los conceptos a percibir.
Por los argumentos expuestos, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 fijando su cuantía en la suma de $296.243,41, aplicando el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). A ese resultado, le adicionó la indemnización de pago único del art. 3 de la ley 26.773 ($59.248,68), más el costo de las prestaciones en especie ($52.000), arribando a un capital total de condena de $407.492,09 (v. sent., págs. 8/13).
Por último, dispuso intereses desde el 11 de septiembre de 2015 y hasta el 3 de marzo de 2017, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo por treinta días; y desde el 4 de marzo de 2017 (fecha de entrada en vigencia de la ley 27.348, modif. del citado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo) y hasta la fecha del efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (arts. 768, Cód. Civ. y Com.; 12 apdo. 3, ley 24.557 —modif. ley 27.348—).
II.1. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-XII-2021), el que habiendo sido denegado por el órgano de grado (v. resolución de fecha 21-II-2022), fue concedido por esta Suprema Corte tras hacer lugar a la queja incoada (v. presentación de 2-III-2022 y resolución de fecha 21-VI-2023).
II.2. En la pieza recursiva denuncia la transgresión de los arts. 17 y 18 de la de la Constitución nacional; 4 de la ley 26.773; 47 de la ley 11.653 y 34. inc. 4, 163, inc. 4 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial. Cita diversos precedentes de esta Corte, entre los que consigna la causa L. 121.825, "Bigal", sentencia de 25-VIII-2021, relativa al principio de congruencia (v. rec., pág. 5).
Alega la evidente violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio y el principio de legalidad.
En lo medular de la crítica sostiene que el tribunal de grado incurrió en absurdo, en tanto el pronunciamiento transgrede el postulado de la congruencia, toda vez que condenó a su parte a abonar las prestaciones dinerarias del sistema de la ley 24.557, asumiendo la competencia del caso, cuando expresamente el actor reclamó la acción civil y no la indemnización prevista en la citada ley especial.
En este sentido, refiere que el órgano de grado, aplicó erróneamente el precedente de esta Suprema Corte L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), siendo que la plataforma fáctica de esa causa no es coincidente con la del presente caso.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, entiendo pertinente señalar que, habiendo sido denegado por el tribunal de grado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dirigido a cuestionar la decisión cuyo sustento fue reseñado precedentemente, por considerar insuficiente el valor del litigio, esta Suprema Corte hizo lugar a la queja deducida por la interesada contra la resolución denegatoria y lo concedió a fin de examinarlo sin las restricciones procesales provenientes de las leyes adjetivas aplicables (v. resol. de 19-VI-2023).
III.2.a. Aclarado ello, ocupa efectuar una reseña de lo acontecido en la causa, pues de ella podrá avizorarse el grave desacierto en el que incurrió el tribunal de grado.
Como se anticipó, el actor demandó a Federación Patronal Seguros S.A., reclamándole —con sustento en las normas de derecho común— el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que sufrió en fecha 11 de septiembre de 2015.
Es importante destacar que planteó la inconstitucionalidad de diversas normas de la ley 24.557 y peticionó se declarara civilmente responsable a la aseguradora demandada. En el apartado VI de su presentación manifestó que no reclamaba la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo, "...sino lo establecido por los arts. 1.109 y 1.113 correlativos y concordantes del C.C; art. 75 LCT..." (escrito de demanda fs. 6/18, apdo. VI de fs. 17).
Posteriormente se presentó la aseguradora, planteó las excepciones de incompetencia y falta de acción y contestó la demanda promovida (v. presentación de fecha 6-VIII-2018).
A fs. 36 el tribunal de grado declaró inoficioso abordar la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada y asumir la competencia para intervenir en la presente causa, toda vez que expresamente dejó establecido que el presente reclamo se fundaba en normas de derecho común.
Ya en la etapa de sentencia, entendió que, pese a que el actor no reclamó las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, habiéndose acreditado que el accionante sufrió un accidente de trabajo que le produjo una incapacidad permanente, importaba establecer los parámetros que debían computarse para determinar los rubros sistémicos que le correspondía percibir al señor Torres (v. sent. pág. 4/5).
III.2.b. Como se adelantó, la reseña que antecede exhibe evidente el grave yerro que acertadamente la impugnante le atribuye al tribunal de la instancia ordinaria, toda vez que —efectivamente— el sentenciante se apartó deliberadamente de la petición formulada en el escrito de inicio con transgresión del principio de congruencia cuya violación se alega.
Recuérdese que ha declarado esta Corte que dicho postulado importa conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resultando violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Const. nac.; 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653; causas L. 122.222, "Novoa", sent. de 14-XII-2020; L. 124.088, "Kessler", sent. de 18-V-2021; L. 129.063, "Gómez", sent. de 4-X-2023; e.o.). En la misma línea interpretativa, también se ha dicho que viola el mentado principio el fallo que, al introducir de oficio una cuestión no articulada (en el caso, la condena a Federación Patronal Seguros S.A. a pagar las prestaciones dinerarias del sistema de la ley de riesgos no solicitadas en el escrito inicial), se aparta del objeto de litigio y quebranta de ese modo la bilateralidad y el equilibrio procesal tutelados por el señalado principio de congruencia (causas L. 49.874, "Lotto", sent. de 21-IX-1993; L. 56.208, "Agüero", sent. de 2-VII-1996; L. 102.190, "G., S.", sent. de 18-V-2011; L. 115.743, "Avalos", sent. de 11-IV-2018 y L. 124.375, "Urien", sent. de 20-VIII-2024).
En autos puede advertirse que del modo en que quedó circunscripta la pretensión del accionante, aquella condena dispuesta por el juzgador a la aseguradora con el objeto de que abone las prestaciones del sistema especial de riesgos del trabajo, no luce ajustada al requerimiento de la demanda, altera la causa petendi , y dista de constituir una derivación razonada a la luz de las constancias objetivas de la causa.
III.2.c. Lo señalado conduce a acoger favorablemente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y casar el pronunciamiento de grado en cuanto la decisión atacada se apartó del objeto de la pretensión al condenar a la demandada a abonar la prestación dineraria del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, el adicional del art. 3 de la ley 26.773, y el otorgamiento de prestaciones en especie en los términos del art. 20 de la ley 24.557, debiendo disponerse el rechazo de la demanda.
III.3. Conforme la solución propuesta, no cabe ingresar en el estudio de las restantes consideraciones introducidas en el recurso examinado.
IV. En virtud de lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad deducido con el alcance precisado en el punto III.2.c.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la vencida y las de esta sede extraordinaria, así como las de la queja, por su orden, en atención al modo en que se resuelve (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68, segundo párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.c. del voto emitido en primer término.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la vencida y las de esta sede extraordinaria, así como las de la queja, por su orden, en atención al modo en que se resuelve (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24—; 68. segundo párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/06/2025 12:45:00 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2025 19:43:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/06/2025 14:53:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2025 13:04:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2025 13:41:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/06/2025 14:57:14 hs. bajo el número RS-41-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia