Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77771
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (cfr. arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68, primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.771, "Prado Suclupe Cesar Augusto y otro contra Municipalidad de Avellaneda y otros. Pretensión Indemnizatoria -otros juicios-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la codemandada Fiscalía de Estado y rechazó el deducido por la Municipalidad de Avellaneda. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia, reduciendo el monto indemnizatorio otorgado en concepto de daño moral y la confirmó en lo restante.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte codemandada Municipalidad de Avellaneda interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley. La Cámara interviniente, mediante resolución de fecha 1 de febrero de 2022, denegó el recurso de nulidad y concedió el de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos para resolver con fecha 4 de agosto de 2022 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la pretensión indemnizatoria articulada por César Augusto y Javier Carlos Prado Suclupe y condenó a la Municipalidad de Avellaneda y a la Provincia de Buenos Aires a reparar los daños y perjuicios causados como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 13 de agosto de 2006.
Para así decidir, tuvo por acreditado que las condiciones de la calzada, en particular la presencia de unos pilotes enclavados en el asfalto que no estaban debidamente señalizados y eran de muy dificultosa visualización nocturna, dieron lugar a la caída de los actores sobre la cinta asfáltica con las consecuentes lesiones.
Sostuvo que en el caso concurrían todos los elementos generadores de la responsabilidad estatal, esto es: la ilicitud basada en una conducta omisiva, el daño ocasionado a un tercero y la relación de causalidad entre la abstención y el efecto dañoso como consecuencia del obrar antijurídico de ambos codemandados.
Finalmente, descartó un accionar negligente de la víctima que coadyuvara en la producción del siniestro.
II. A su turno, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la comuna codemandada y receptó parcialmente el que dedujo la Fiscalía de Estado, reduciendo la suma otorgada en concepto de daño moral.
Para así resolver, en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, confirmó lo decidido por la señora jueza y tuvo por probada la relación de causalidad adecuada que operó entre el daño sufrido por los demandantes y la conducta omisiva individualizada en cabeza de los codemandados que permitió la presencia de unos pilotes enclavados en el asfalto que no estaban debidamente señalizados, transformando así la calzada en riesgosa.
En tal razonamiento, encontró probado que la avenida Belgrano al 1.000, donde ocurrió el hecho, formaba parte de la red vial secundaria y se encontraba bajo la jurisdicción de la Dirección de Vialidad provincial, resultando asimismo la Municipalidad de Avellaneda propietaria.
Destacó que las codemandadas no podían sustraerse de la responsabilidad que les cabía invocando el desconocimiento o ajenidad respecto de una obra existente y deficientemente señalizada.
Afirmó que no pudo acreditarse la alegada culpa de la víctima invocada por el municipio como eximente, y juzgó no acreditada arbitrariedad alguna en este aspecto.
Sostuvo que la afirmación de la comuna en punto a que el accidente se habría producido debido a la alta velocidad a la que circulaba el vehículo no tenía sustento probatorio, contraponiéndose incluso con los elementos acreditados en autos.
En tal contexto, estimó carente de valor la denuncia policial citada por el municipio y, por el contrario, asignó relevancia a: los dictámenes periciales realizados por los peritos ingenieros Luis Marcelo Ance —fs. 293/297 y ampliación de fs. 330/333— y Guillermo Federico Della Croce —fs. 403/405—; las declaraciones testimoniales de Walter Rodolfo Andreoli —fs. 205/206— y Alex Alberto Sandoval Valdera —fs. 311/312— y fotografías acompañadas a fs. 336/337 y 340, de los cuales juzgó correcta la conclusión a la que arribó la señora jueza de grado.
En síntesis, tuvo por acreditado el hecho en los términos expuestos por los actores y desechó fractura del nexo causal basado en la culpa de la víctima.
Acto seguido, descartó violación al principio de congruencia denunciado por la comuna respecto de la suma otorgada en concepto de indemnización y lo originalmente peticionado.
Para fundar la negativa, destacó que el monto de la demanda no actuaba como tope indemnizatorio si, en lo reclamado, se hacía la salvedad de "lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse", recaudo que precisó fuera cumplido por la actora en la oportunidad procesal pertinente.
Finalmente, acogió parcialmente el recurso de apelación incoado por la Fiscalía de Estado y redujo la suma otorgada por daño moral para ambos demandantes.
III. Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte codemandada Municipalidad de Avellaneda a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Sus agravios, se circunscriben a los siguientes puntos:
III.1. Sostiene que la Cámara ha inobservado la doctrina legal sobre responsabilidad del Estado que emana de precedentes de esta Suprema Corte, entre ellos los identificados como causas L. 117.008, "Giovacchini", sentencia de 31-X-2016; L. 110.774, "A., E. E. c/Prov. Bs. As.", sentencia de 15-X-2014 y C. 100.562, "Montaña", sentencia de 22-XII-2010. Del mismo modo, expresa que también el fallo en crisis vulnera doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Comienza su embate desarrollando, en términos generales, los requisitos necesarios para responsabilizar al Estado por falta de servicio argumentando que, en tal supuesto, se debe individualizar de la forma más clara y concreta posible cual es la actividad de los órganos estatales que se reputa como irregular.
En ese iter , expone que el deber genérico de proveer el bienestar y la seguridad general en cabeza del Estado, no puede traducirse automáticamente en la existencia de una obligación positiva de obrar de un modo tal que se evite cualquier resultado dañoso.
Aduce, que cuando se pretende que el hecho de la víctima sea el que tiene aptitud para quebrar la relación causal, este debe aparecer como la causa única del daño y revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o la fuerza mayor.
En tal orden de ideas y ya refiriéndose al sub lite considera que el distribuidor de tránsito que diera origen al accidente, formaba parte de la geografía cotidiana del barrio, y no era una cuestión excepcional para los actores por cuanto tenían su domicilio en Dock Sud y trabajaban de repartidores en un comercio de la zona.
Finalmente, destaca que tanto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la de este Superior Tribunal provincial coinciden en lo tocante a que, para eximirse de su responsabilidad, el dueño o guardián de una cosa riesgosa debía demostrar que la intervención de terceros o de la propia víctima había tenido tal incidencia en el accidente que alcanzó para interrumpir en forma total o parcial cualquier nexo de causalidad que pudiera haber entre el hecho y el resultado dañoso.
III.2. Indica que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo en la determinación de los elementos probatorios que condujeron a rechazar el eximente basado en la culpa de la víctima.
En esa dirección, alega que la Cámara incurrió en dicho vicio al no asignar relevancia probatoria a la denuncia policial por ella citada.
Recuerda, que en dicha oportunidad el señor Javier Carlos Suclupe declaró que se encontraba circulando en motocicleta como acompañante y, al llegar a la intersección de la arteria General Paz, su hermano no pudo doblar debido a que una camioneta que circulaba delante de ellos les tapó la visión, embistiendo finalmente contra un guardarraíl.
Aduce que dicho elemento probatorio —a su entender— resultaba clave para demostrar que la moto venía a excesiva velocidad, configurándose así la alegada culpa de la víctima en el suceso de autos.
Sumado a ello, cuestiona el modo en que la sentencia en crisis valoró eñ informe pericial mecánico producido en autos. En ese piso de marcha, esgrime que no se contempló lo expuesto por el perito ingeniero Luis Marcelo Ance, en cuanto constató en el lugar del accidente una huella de frenado compatible con la de una moto, lo que indicaría —a su entender— que el conductor de la motocicleta no había podido doblar por la velocidad que traía.
III.3. Se agravia por el modo en que fueran fijados los intereses por la señora jueza y solicita se establezcan conforme a los precedentes de este Tribunal que identifica como: "Vera", sentencia de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018.
III.4. Finalmente, reprocha al fallo haber descartado violación al principio de congruencia.
En dicha senda, expresa disconformidad con lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en cuanto juzgó que el monto de condena fijado, aunque fuese superior al peticionado en el escrito de demanda, no resultaba violatorio del principio de congruencia en virtud de haber efectuado la actora en dicha oportunidad la reserva de lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse.
Alega que la sentencia en este sentido resulta arbitraria, puesto que dicha cuantificación dejó sin defensa a su mandante lo que, en suma, entiende como un avasallamiento al derecho constitucional de propiedad y de defensa en juicio. Reitera argumentos expuestos ante la Cámara.
Formula reserva del caso federal.
IV. Preliminarmente he de señalar que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al presente, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud endilgada a las demandadas que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
V. Aclarado lo anterior, adelanto que el recurso no prospera por los siguientes fundamentos:
V.1. En primer término, advierto que la afirmación efectuada en torno a la violación de la doctrina legal sobre responsabilidad del Estado, conforma una mención genérica que resulta por ende ineficaz, por no contener de manera expresa y clara de qué forma el Tribunal de Alzada habría incurrido en tal supuesto.
Precisando lo anteriormente expuesto, el embate no satisface la premisa básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial en lo concerniente a la denuncia relativa a la errónea aplicación de la doctrina de este Tribunal.
En efecto, no solo omite fundamentar en tal dirección, sino que, aún siquiera —insisto— señala de qué manera han sido erróneamente aplicados y cómo es que los citados precedentes se relacionarían con las condiciones fácticas y jurídicas de la presente.
En el recurso se mencionan livianamente cuatro sentencias de este Tribunal, las que el recurrente identifica con los números 110.015, 103.420, 118.411 y 107.242. Ninguna de estas es explicada, no se conocen sus antecedentes, la cuestión allí controvertida, la decisión en términos concretos y menos aún la doctrina legal sentada.
En estos términos, mal puede advertirse, ni con un grado de mero atisbo, si la Cámara ha incurrido en el vicio denunciado, lo que deja ver claramente la insuficiencia del recurso.
En este sentido, esta Corte ha sostenido que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe cumplir la exigencia básica relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la ley o doctrina que se reputa violada o erróneamente aplicada, por lo que su insuficiencia resulta insalvable cuando se limita a la mera denuncia genérica sin individualización concreta, incumpliéndose de tal manera con la carga técnica que exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas A. 71.191, "Pérez", sent. de 11-III-2015 y A. 72.842, "Campoamor", sent. de 7-III-2019).
En suma, la mera referencia a los alcances de la responsabilidad del Estado por omisión ensayada por la recurrente, y en particular el eximente basado en la culpa de la víctima, sin aludir en términos concretos al caso de autos, luce claramente insuficiente bajo el prisma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Finalmente, en lo vinculado a la citada violación de precedentes de la Corte nacional, cabe recordar que la invocación de fallos de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la "doctrina legal" a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 72.492, "Asociación Personal", sent. de 11-IV-2018 y A. 73.656, "Solay", sent. de 6-IX-2017) aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De manera tal que, en las condiciones descriptas, el agravio traído no es de recibo y corresponde su desestimación.
V.2. Igual suerte corre la denuncia de absurdo en la valoración del plexo probatorio.
En el caso, se discute el modo en que el a quo valoró la prueba rendida, es decir cuál fue la selección del material que la Cámara consideró idónea para tener por acreditados tanto los aspectos fácticos y —en lo que aquí nos convoca— la ausencia de incidencia de la actuación de la víctima en el suceso de autos, lo que nos sitúa en el campo de la apreciación de los hechos y de la prueba reunida.
En la especie, es doctrina de esta Corte que determinar si la conducta de la víctima interrumpió o no el nexo causal entre el hecho y el daño, y en su caso, establecer en qué medida, constituye una cuestión de hecho que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (doctr. causas A. 71.239, "Koretzki", sent. de 3-IV-2014; A. 73.466, "C., W. H.", sent. de 22-VIII-2018; e.o.), vicio que en rigor de verdad no se ha logrado patentizar.
Es que, para arribar a la solución, la Cámara examinó con detalle los elementos probados en la causa. Sobre el particular, y destacando principalmente las conclusiones de los peritos designados en autos, sumado a fotografías del lugar del hecho y declaraciones testimoniales recabadas que juzgó contestes con los informes periciales, entendió —al igual que la señora jueza de grado— que la causa del infortunio se debió exclusivamente a las condiciones de la calzada, descartando de plano que la actuación de la víctima haya siquiera contribuido a su producción.
Frente a ello, la impugnante insiste en sostener que la sentencia atacada incurrió en absurdo al no ponderar, por un lado, la denuncia policial por ella citada y finalmente descartar lo expuesto por el perito ingeniero Luis Marcelo Ance con relación a la presencia de una huella de frenado en el lugar del hecho, que según su visión permitía comprobar el exceso de velocidad de la moto protagonista del accidente de marras.
Ahora bien, observo que ninguno de estos reproches evidencia la existencia de un supuesto de absurdo en el sentido que esta Corte le atribuye, por cuanto resultan en todo caso afirmaciones subjetivas efectuadas por la recurrente a fin de avalar su posición que, incluso, fueron desvirtuadas por el Tribunal de Alzada mediante el confronte con el resto del plexo probatorio reunido.
Así, el planteo vinculado a la falta de valoración e interpretación de la prueba seleccionada por la Cámara, se presenta como una mera disconformidad con lo resuelto.
En relación a ello, adquiere relevancia lo sostenido por esta Corte en lo atinente a que es facultad exclusiva de los órganos de las instancias de grado seleccionar las pruebas colectadas, dando preeminencia a unas respecto de otras, sin que constituya dicho ejercicio por sí solo, un supuesto de absurdo (causas C. 104.543, "L. A. O.", sent. de 22-XII-2010; A. 73.934, "Chazarreta", sent. de 20-XII-2017; e.o.).
En síntesis, las quejas traídas por la comuna en este aspecto, distan de evidenciar un grosero desvío valorativo que, por tanto, habiliten el conocimiento de cuestiones fácticas y probatorias en esta instancia extraordinaria.
V.3. En lo tocante al agravio vinculado al modo en que fueran fijados los intereses por la señora jueza de grado, se observa que dicho planteo resulta extemporáneo por no haber sido articulado ante el Tribunal de Alzada en el momento procesal oportuno, esto es, en el recurso de apelación (v. sent. de fecha 21-IX-2018 y presentación electrónica de fecha 11-X-2018, 12:59:20 p.m.)
En ese razonamiento, debe ponerse de resalto que las cuestiones que de manera novedosa y extemporánea se introducen por primera vez ante la instancia extraordinaria resultan ineficaces para habilitar esta vía recursiva, en tanto constituyen el fruto de una reflexión tardía (doctr. causas A. 72.840, "Weiss", sent. de 28-VI-2017; A. 74.518, "Ciancio", sent. de 10-IV-2019; A. 74.494, "Industrias Alimenticias Mendocinas S.A", sent. de 12-VII-2022; e.o.), razón por la cual se impone su rechazo.
V.4. Por último, carece de andamiaje el reproche referido a la vulneración al principio de congruencia.
Esta Corte tiene dicho que, si la actora, como ocurre en el caso de autos y lo advirtiera Cámara, al justipreciar el monto de los perjuicios reclamados lo supeditó a lo que en más o en menos resultare de la prueba, no media infracción legal a lo establecido en el art. 163 inc. 6 del ordenamiento procesal, aun cuando la sentencia otorgue una indemnización mayor a la cifra reclamada en la demanda (doctr. causas Ac. 81.476, sent. de 23-IV-2003; C. 102.641, sent. de 28-IX-2011; e.o.).
VI. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC). Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la vencida.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (cfr. arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68, primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2025 12:42:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2025 13:35:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2025 14:13:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:33:15 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 12:14:22 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.