Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129155
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.155, "Barrera, Julio Alberto contra Provincia ART S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento electrónico de fecha 15-III-2022).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-III-2022),
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar —por mayoría— a la acción deducida por el señor Julio Alberto Barrera y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 15-III-2022).
Para así resolver, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. pronunciamiento de fecha 14-VII-2021) y por tenerlo acreditado en los autos "Barrera, Julio Alberto c/ Provincia ART S.A. s/ Recurso de apelación", expediente nº 27.027, —que tramitaran ante el mismo organismo—, juzgó que no mediaba controversia en cuanto a: a) que el 6 de mayo de 2006 el actor sufrió un accidente de trabajo por el que la Comisión Médica n° 14 de Junín dictaminó la inexistencia de incapacidad; b) que como consecuencia del recurso ante la justicia, el órgano de grado competente determinó una minusvalía del 2% de la total obrera; —la cual firme y consentida— se hallaba adeudada.
De igual manera, juzgó que no mediaba controversia en cuanto a que el ingreso base mensual del trabajador (conf. art. 12, ley 24.557 y dec. 1.278/00), ascendía a la suma de $889,68, al que arribó aplicando "...las pautas que enseña dicha normativa a la sumatoria de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones devengadas en los 12 meses anteriores a la fecha que sufrió el accidente de trabajo acreditado, teniendo en cuenta los recibos de sueldo acompañados a fs. 5/17 por la parte actora..." (pronunciamiento, pág. 5).
Sentado ello, consideró que —en atención a la fecha del infortunio— la normativa aplicable resultaba ser la mencionada Ley de Riesgos del Trabajo, con las previsiones contenidas en el decreto 1.278/00.
En dicho marco con sustento en lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016); L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), por mayoría, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 formulado por el accionante. A ese efecto, expresó que aquella doctrina legal —de acatamiento obligatorio— ordenaba que a fin de efectuar el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva debían aplicarse las normas vigentes al momento en que sucedió el infortunio que dio motivo a estas actuaciones.
Sobre esa base, señaló que el precedente de esta Suprema Corte L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), invocado por el actor como fundamento del planteo constitucional, no resultaba conducente a efectos de resolver el sub lite, toda vez que en ese caso este Tribunal se había limitado a resolver que el recurso allí tratado abordaba una cuestión de hecho, ajena a la casación, y no se sentaba doctrina legal respecto de la materia allí discutida.
A su vez, consideró abstracto el tratamiento de las restantes inconstitucionalidades planteadas por el accionante contra las normas dictadas con posterioridad a dichas circunstancias fácticas (leyes 26.773 y 27.348) y las efectuadas en la demanda y sucesivas ampliaciones (arts. 14, 21 y 22, ley 24.557).
Con arreglo a ello, y teniendo en cuenta el ingreso base acreditado vigente a la fecha del siniestro, el a quo calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, arribando a la suma de $1.532,48 ($889,68 x 53 x 2% x 65/40).
Luego, dispuso que al capital de condena debían adicionarse intereses desde el evento dañoso (6-V-2006) hasta la fecha de su total y efectivo pago, con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en las operaciones de depósitos en pesos a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia (tasa BIP) vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo ha de ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cod. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" sents. de 15-VI-2016); bien que respecto del período anterior al 20 de agosto de 2008, se debía aplicar idéntica tasa de interés, pero en su versión original/tradicional.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2 apartado 1, 7 apartado "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31, inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo de San Salvador; de los principios alterun non laedere, de indemnidad, protectorio y de progresividad; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 29-III-2022).
II.1. En primer término, cuestiona que el tribunal de grado haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto computa como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Sostiene que el fallo de grado interpretó erróneamente el planteo de su parte, soslayando efectuar el requerido control de razonabilidad del pago y monto resarcitorio.
Manifiesta que la decisión de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), vigente al momento de dictar sentencia, cuyo fundamento —señala— radica en que las indemnizaciones laborales, al ser abonadas, deben ajustarse a montos razonables.
Alega que su parte planteó como pretensión principal la necesidad de mensurar su crédito indemnizatorio conforme las pautas salariales y liquidatorias vigentes al momento del efectivo pago.
A su vez, denuncia errónea interpretación por parte del sentenciante de la doctrina legal proveniente de la causa L. 119.987, "Espíndola" (sent. de 4-VII-2018).
Afirma que, tratándose de un trabajador que ha portado su minusvalía por más de dieciséis años a la espera de percibir su crédito indemnizatorio, íntegro y definitivo, el a quo desvirtuó el concepto reparatorio, concediendo un capital de condena a todas luces irrazonable, confiscatorio e irrisorio.
Advierte que el sentenciante, decretó absurda e injustificadamente la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, ignorando la doctrina legal aludida y luego sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Marando" y "Leguizamón". Resalta que los planteos y argumentos actorales, esgrimidos en los escritos constitutivos del proceso, así como la plataforma fáctica y jurídica, coinciden y se asemejan al citado precedente "Amaya".
II.2. Plantea que el sentenciante omitió valorar la fecha del infortunio, el incumplimiento de sentencia y la mora en la que incurrió el demandado, al no aplicar siquiera los intereses punitorios correspondientes y soslayando determinar los moratorios peticionados por su parte.
Expresa que resulta evidente que la sentencia de grado es arbitraria, en tanto omitió ponderar los planteos vinculados a la razonabilidad del cálculo indemnizatorio, su desactualización monetaria, el enriquecimiento sin causa de la aseguradora, el análisis comparativo señalado en su pretensión, sin advertir la pretensión actoral, omitiendo dar tratamiento y comparar la verdadera esencia del reclamo, temática diversa a la cuestión decidida.
Finalmente, resalta que la vigencia y trascendencia del mentado principio de razonabilidad ha sido reafirmado por la postura minoritaria de esta Suprema Corte en las causas L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), así como lo resuelto en el caso L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
II.3. Sostiene que, al no considerar la prestación dineraria como un crédito alimentario o deuda de valor, el a quo vulneró los arts. 11 apartado 1 de la ley 24.557 y 14 bis y 17 de la Constitución nacional. Insiste en peticionar una actualización o ajuste de valores al momento del efectivo pago, conforme a lo dispuesto por los arts. 8 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (según texto de la ley 27.348).
II.4. Por último, denuncia que la sentencia transgredió el principio de congruencia e incurrió en una contradicción, afectando los derechos del trabajador lesionado, al omitir analizar la totalidad de las pretensiones esgrimidas por su parte en el libelo inicial, su ampliación y restantes presentaciones. En ese orden, sostiene que desde el inicio planteó la aplicación de los intereses punitorios previstos en la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, así como también la razonabilidad que debía emplearse en el caso.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso—, toda vez que el valor del litigio —se dijo— no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. pronunciamiento de fecha 8-IV-2022).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348— involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable en especie—, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que —según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")— es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, y sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción, el agravio que objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto según decreto 1.278/00) —concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para determinar el ingreso base mensual (IBM)— debe ser desestimado por su insuficiencia.
III.2.a. En este orden y en atención a las particulares circunstancias de la causa, cabe inicialmente recordar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
Bajo tales premisas y con sujeción a los términos de la impugnación, se advierte que el interesado no refuta las razones sobre las cuales se estructuró la decisión objetada, afincadas específicamente en el ámbito temporal de aplicación de la normativa en juego y en el encuadramiento del evento dañoso en dicho contexto.
En efecto y sin que ello implique abrir juicio respecto del grado de acierto sustancial de la solución adoptada, el compareciente no se hace cargo de rebatir los concretos argumentos que brindó el tribunal de grado para desestimar el cuestionamiento constitucional referido (causas L. 118.832, "Zacarías", sent. de 10-VIII-2016; L. 118.420, "Almandoz", sent. de 27-VI-2018; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 129.495, "Rodríguez", resol. de 22-XII-2022 y L. 128.868, "Ortíz Caballero", resol. de 23-XI-2023).
Lejos de ello, sólo se limita a formular consideraciones genéricas (v.gr., la hipotética inobservancia de derechos constitucionales), que —bajo las concretas aristas que exhibe el caso— no aportan fundamentos concluyentes en sustento de sus alegaciones (conf. art. 279, CPCC).
Es que esta Corte reiteradamente ha expresado que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1.062; 302:457 y 1.149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023).
III.2.b. Por otro lado, tampoco cuestiona los fundamentos explicitados por el juzgador de origen en torno a la jurisprudencia expresamente denunciada por el actor en el escrito electrónico de fecha 4 de agosto de 2020, lo que sella la suerte adversa del agravio.
III.2.c. Si bien lo antes expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del embate bajo examen, cabe aclarar que la denuncia asentada en un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), resulta igualmente inatendible.
Es que, de la lectura de los términos de la pretensión actoral de cara al análisis de las pruebas acompañadas a la causa (en donde se invocan cálculos comparativos meramente aproximados por haberse declarado la cuestión litigiosa de puro derecho), no se advierte al influjo de los parámetros que utilizó la señora Jueza doctora Kogan al emitir su voto en las citadas causas —al cual hube de adherir y remito por razones de brevedad—, que concurran en el caso las condiciones que condujeron en dichos precedentes a declarar la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 128.681, "Astrada", sent. de 20-XI-2024 y L. 128.444, "Galante", sent. de 28-XI-2024).
Luego, surge evidente que lo juzgado en las invocadas causas no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e.o.).
III.2.d. Tampoco resulta eficaz la cita de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), pues no es correcto el argumento contenido en la impugnación en orden a que la sentencia atacada contradice lo resuelto por esta Suprema Corte al fallar el mencionado precedente.
En dicha causa, la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta sede en virtud de la insuficiente fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante.
III.2.e. En consecuencia, dicha parcela del pronunciamiento ha de permanecer firme.
III.3. En otro orden, no puede ser acogido el embate del recurrente en el sentido que el sentenciante habría omitido abordar expresamente distintos planteos esenciales efectuados por su parte (vinculados con la razonabilidad indemnizatoria solicitada, la aplicación de intereses punitorios, entre otros; v. rec., en particular, págs. 19/23 y 36/38; puntos II.2. y II.4. del presente).
En esas condiciones, semejante agravio resulta inviable.
Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación constituye materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; e.o.).
Asimismo, cabe recordar que el deber de los tribunales del trabajo de tratar todas las cuestiones esenciales sometidas a su conocimiento no importa el de seguir a los litigantes en las argumentaciones de hecho y de derecho esgrimidas como sustento de su postura (causas L. 54.087, "Álvarez", sent. de 5-VII-1996; L. 57.271, "Papaleo Martínez", sent. de 27-XII-1996; L. 64.925, "Dagrava", sent. de 30-IX-1997 y L. 61.622, L. 61.622, "Barrera", sent. de 4-VIII-1998); por lo que —al tratar tales cuestiones debidamente introducidas— no resulta deber de los tribunales de origen contestar cada uno de los argumentos de hecho o de derecho traídos por las partes en su apoyo (causas L. 44.334, "Sosa", sent. de 19-III-1991; L. 49.762, "Barrios", sent. de 18-VIII-1992; L. 67.444, "Morales", sent. de 13-IV-1999; L. 83.632, "Silvero", sent. de 26-IX-2007; e.o.).
III.4. Luego, en cuanto a la cita de los autos L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.