Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129977
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
El depósito efectuado en fecha 12 de junio de 2023 (v. presentación electrónica de fecha 15-VI-2023) —efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial— queda perdido para los recurrentes (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.977, "Lezcano, Ángel y otros contra Proactiva Avellaneda S.A. y otros. Diferencia Indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó los planteos de nulidad de notificación del traslado de la demanda interpuestos por los coaccionados José Eugenio Pérez y De la Iglesia y Aesa Aseo y Ecología S.A. (v. resol. de fecha 16-VIII-2022).
Contra dicha decisión, estos últimos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 5-IX-2022), el que denegado por el órgano de grado (v. pronunciamiento de 11-XI-2022), fue luego concedido por esta Suprema Corte (v. resols. de fechas 30-V-2023 y 1-VIII-2023), al hacerse lugar por mayoría —en el primero de los pronunciamientos de referencia— a la queja interpuesta (v. presentación de 24-XI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los señores Ángel Lezcano, Mario Ramón García, Nicolás Daniel Decima, Dalmiro Rodríguez, Jorge Ramón Arrieta, Walter Javier Santillán, Héctor Hugo Plazza, Cristian José Luis Bruno, Leonardo Esteban Fernández y Jorge Omar González dedujeron demanda contra Proactiva Avellaneda S.A., Juan Carlos Hegouaburu, José Eugenio Pérez y de la Iglesia, y Aesa Aseo y Ecología S.A., tendiente al cobro de los rubros derivados del despido y otros conceptos de naturaleza laboral.
En lo que interesa destacar, el tribunal interviniente confirió traslado de la demanda por el término de diez días respecto de los señalados coaccionados, bajo apercibimiento de lo previsto en el art. 28 de la ley 11.653 (v. proveído de fecha 17-IV-2018).
Posteriormente, en respuesta a lo solicitado por la actora, autorizó que la notificación fuese realizada mediante carta-documento o telegrama, haciéndosele saber a los codemandados que debían tomar conocimiento de la demanda y documentación a través de la Mesa de Entradas Virtual de esta Suprema Corte (http://www.scba.gov.ar), dentro de los cinco días hábiles de recepcionada la misma, y que vencido ese plazo comenzaría a correr el término de diez días para responder. Además, tuvo por denunciado el domicilio de Aesa Aseo y Ecología S.A. en Avenida Maipú n° 1329, piso 3, departamento 23 de Olivos, Vicente López, y la dirección de Pérez y De la Iglesia en calle Gaspar Campos n° 1390 de iguales localidad y partido (v. providencia de fecha 8-IV-2021).
Acompañadas las constancias destinadas a acreditar el diligenciamiento de las cartas-documento por conducto de las cuales se notificó el traslado de la demanda, ante lo requerido por la accionante, el órgano de grado tuvo por no contestada la acción respecto de los referidos codemandados y los declaró rebeldes.
Para arribar a esta conclusión precisó que el domicilio al que se remitió la pieza postal dirigida al señor Pérez y De la Iglesia, coincidía —según informe de la actuaria— con el inscripto en el Registro Nacional de las Personas; y que el domicilio en el cual se anotició a la sociedad accionada era el mismo que el registrado —según contestación del oficio— en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (v. providencia de fecha 28-VI-2021).
I.2. Frente lo así proveído, los codemandados declarados en rebeldía plantearon incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda.
En concreto, alegaron violación de las normas procesales y de los derechos constitucionales que citaron.
De un lado, resaltaron que el instrumento de notificación nunca les fue entregado; y, del otro, adujeron que no correspondía dar traslado a través de pieza telegráfica, en la medida que en aquella se hacía saber "...a la accionada que deberá tomar conocimiento de la demanda y documentación a través de la Mesa de Entradas Virtual de la SCBA...". Esto último, pues al no encontrarse digitalizados los actos de referencia —especificaron— se evidenciaba la imposibilidad de tener por cumplidos los recaudos formales señalados para cursar la notificación por el medio antedicho (v. escritos de fecha 30-VI-2021).
I.3. A su turno, el tribunal en pleno —luego de correr traslado a la promotora del juicio— desestimó la nulidad argüida (v. resol. de fecha 16-VIII-2022).
Para así resolver, tras valorar las constancias relevantes de la causa, descartó la configuración de algún vicio que invalidara sendas notificaciones.
Con apoyo en lo normado en los arts. 152 y 153 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo estipulado en el art. 11 inc. 2 de la ley 19.550, consideró correcto el proceder jurisdiccional respecto de la persona jurídica impugnante.
En lo atingente al codemandado José Eugenio Pérez y De la Iglesia, observó que el traslado de la demanda fue notificado en calle Gaspar Campos n° 1390, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, siendo dicho domicilio el informado por la actuaria mediante consulta de la página web del Registro Nacional de las Personas. Agregó que dicha persona física debió comunicar al referido organismo los cambios en su domicilio. Además, resaltó el juzgador —refiriéndose a este último legitimado pasivo— la ausencia de ofrecimiento de prueba a los fines de acreditar los extremos expuestos en su presentación.
Finalmente, en lo tocante a la falta de digitalización del escrito de demanda y documental adunada, advirtió que dicha circunstancia "...podría haberse subsanado suspendiendo el plazo para contestar demanda con la sola presentación electrónica solicitando la digitalización de las mismas o bien mediante presentación espontánea del letrado ante el Tribunal solicitando su copia...", juzgando extemporáneo el planteo fundado en la señalada causal nulitiva.
II. Contra esta decisión, los coaccionados deducen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10, 11, 15 y 31 de la Constitución provincial; y de la doctrina legal que citan (v. presentación de fecha 5-IX-2022).
II.1. En primer lugar, respecto de la referida persona física codemandada, consideran arbitrario y contradictorio el argumento del juzgador vinculado con la ausencia de pruebas que acrediten el domicilio denunciado en la calle Tronador n° 4890, piso 11, ala norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sostienen que cuando aquella se presentó en las actuaciones el día 22 de marzo de 2018 y solicitó se notificara el traslado de la demanda en la mencionada dirección no se le exigió ningún tipo de prueba al respecto.
A su vez, denuncian una carencia absoluta de fundamentación sobre el aspecto central del planteo, toda vez que el tribunal, sin ningún tipo de explicación, estableció que la notificación produjo efectos. Refieren que no indica en qué elemento se fundó para sostener que se encuentra debidamente notificado el traslado de la demanda, en razón de que el detalle confeccionado por el Correo Argentino da cuenta de que el telegrama no fue entregado por mudanza del destinatario (v. rec., pág. 8).
Argumentan que al diligenciarse dicha pieza postal debió darse cumplimiento a lo dispuesto en el art. 187 inc. "a" del "Reglamento sobre el régimen de receptorías de expedientes, archivos del poder judicial y mandamientos y notificaciones" en cuanto establece —según alegan— que "cuando se trate de notificar traslados de demanda y el oficial notificador actuante fuere atendido y anoticiado de que el requerido no vive allí, devolverá el instrumento debidamente informado" (v. rec., pág. cit.).
Exponen que el fallo sienta una conclusión en abierta contradicción con las constancias objetivas de la causa, incurriendo en absurdo.
II.2. A continuación, con relación a la notificación del traslado de la demanda dirigida a la persona jurídica, explican que el telegrama tampoco fue entregado y, conforme lo dispuesto en el art. 187, inc. "c" del mencionado reglamento, debió ser devuelto con debida constancia de lo sucedido.
II.3. Por último, en lo vinculado a la falta de digitalización de la demanda y su documental, destacan que el propio juzgador reconoció que ello aconteció así, aspecto que —por tal motivo— queda marginado de toda discusión.
Luego, alegan que la conclusión del tribunal de origen parte de una premisa errónea toda vez que, no encontrándose debidamente notificado el traslado de la acción, carece de sustento el argumento sobre que la falta de copias pudo haberse subsanado solicitando su digitalización o siendo retiradas ante el tribunal.
Finalmente, exponen que el órgano de grado, previo a modificar la forma habitual de notificar el traslado de la demanda, debió verificar que se encontraban reunidos todos los recaudos formales para proceder en ese sentido, atento que las consecuencias de su grave omisión —según indican— trae aparejada su nulidad (v. rec., págs. 11/13).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, las argumentaciones vinculadas con la alegada ausencia de debida notificación del coaccionado José Eugenio Pérez y De la Iglesia se exhiben estériles a los fines de desvirtuar las motivaciones brindadas en la decisión de grado.
De inicio, corresponde recordar que esta Corte reiteradamente ha declarado que la suficiencia de la postulación recursiva dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida, cuya demostración incumbe —de modo exclusivo y excluyente— a quien acude a la senda recursiva (causas L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022; L. 129.929, "Belfiore", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
En el caso, la interesada no cumple con dicha carga, pues —en lo sustancial— sus agravios se limitan a reiterar ante esta sede extraordinaria lo manifestado en la instancia de origen a la hora de efectuar el planteo de nulidad que fue rechazado por el tribunal, sin exhibir una crítica eficiente del fundamento central que lo condujo a sostener que la pieza telegráfica destinada a anoticiar el traslado de la demanda cumplió su finalidad.
En efecto, la recurrente prescinde cuestionar —de modo frontal e idóneo— el análisis efectuado por el órgano de grado que lo llevó a decidir, con relación al coaccionado José Eugenio Pérez y De la Iglesia, que a este le incumbía la carga de la demostración acerca del lugar en que se situaba su domicilio real, y que en ningún tramo de su presentación ofreció elementos probatorios a los fines de acreditarlo. Tampoco se ocupa de derribar la conclusión afincada en que, teniendo en cuenta el domicilio que surgía consignado en el Registro Nacional de las Personas, pesaba sobre dicho litigante comunicar cualquier cambio ante el mencionado organismo, por resultar la autoridad competente (v. resol. de fecha 16-VIII-2022, págs. 7 y 8).
A la vista de las únicas argumentaciones que porta la réplica sobre el particular, las definiciones medulares de esta parcela del fallo de origen —reitero— no son objeto de una crítica concreta, directa e idónea, lo que —sin abrir juicio respecto del acierto sustancial de la decisión— sella la suerte adversa de la impugnación, sin que enerve lo dicho la denuncia de quebranto de la norma que el recurrente cita como contenida en el "Reglamento sobre el régimen de Receptorías de Expedientes, Archivos del Poder Judicial y Mandamientos y Notificaciones" (Ac. SCBA 3397/08), en atención al medio de notificación empleado en la especie.
III.2. Tampoco prosperan los cuestionamientos dirigidos a rebatir la decisión con arreglo a la cual se juzgó debidamente notificado el traslado de la demanda respecto de la sociedad codemandada aquí impugnante.
Me afirmo en esta conclusión porque la interesada soslaya denunciar la eventual infracción de las normas actuadas en el fallo para fundamentar la decisión censurada (esto es, los arts. 152 y 153 del Código Civil y Comercial de la Nación y 11 inc. 2 de la ley 19.550), en base a las cuales se arribó a una solución contraria a la pretendida. El mencionado déficit evidencia una clara insuficiencia recursiva en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Al respecto, cabe recordar que este Tribunal ha establecido que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite la imprescindible denuncia de violación de las normas legales correspondientes, sin que la Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencia o interpretación, la cita de los preceptos legales que debió efectuar el recurrente para sustentar su impugnación (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 122.610, "Castronovo", sent. de 21-IV-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022 y L. 128.695, "Baiz", sent. de 30-IV-2024).
No está demás agregar que las deficiencias puestas de relieve no pueden considerarse salvadas por la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, ya que como tantas veces lo ha expresado esta Corte, ello no sería más que la eventual consecuencia de la transgresión de preceptos legales cuya alegación omitió formular el recurrente (causas L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 121.275, "Moreira", sent. de 17-II-2021 y L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024).
III.3. Finalmente, tampoco es de recibo la crítica que pone el foco en la ausencia de digitalización de la demanda y su documentación.
Ello así, toda vez que la recurrente —una vez más— omite cuestionar de manera eficaz lo resuelto por el juzgador de grado, en cuanto determinó que dicha falta era subsanable con el pedido de suspensión del plazo procesal, y que el planteo —en ese aspecto— lucía extemporáneo (v. resol. de fecha 16-VIII-2022, pág. 8).
Y, aun en una mejor hipótesis, no puede dejar de señalarse que permaneciendo firmes ante esta instancia extraordinaria —por las razones ya expuestas— las conclusiones de grado en torno a la eficacia de la notificación de traslado de la demanda, pierde vigor aquella argumentación por la que se atribuye al juzgador una inconsistencia lógica al señalar que la falta de digitalización de la demanda y su documental bien pudo ser subsanada a requerimiento de parte.
En definitiva, la crítica se limita a exhibir el disenso con lo decidido, sin aportar una réplica idónea de los factores esenciales que contribuyen a dotar de sustento a la decisión de grado.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Las costas de la vía extraordinaria de impugnación que se resuelve, así como las de la queja (v. resol. de fecha 20-XII-2021), se imponen a la vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Maidana, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
El depósito efectuado en fecha 12 de junio de 2023 (v. presentación electrónica de fecha 15-VI-2023) —efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial— queda perdido para los recurrentes (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:45:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/06/2025 13:38:45 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:12:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:36:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 13:57:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/07/2025 14:47:06 hs. bajo el número RS-45-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia