Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130955
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.955, "Ledesma, Raúl Arturo contra Anco S.R.L. y otros. Despido, etc.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores: Torres, Kogan, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 26-IV-2023).
Se interpuso, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-V-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente —en lo que reviste interés por ser materia de agravio— hizo lugar a la demanda promovida por el señor Raúl Arturo Ledesma contra Mapfre Argentina Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. (hoy, Galeno Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A.), por la que pretendía, con fundamento en las normas del Código Civil, el cobro de una indemnización por daños y perjuicios derivados de la incapacidad que padece como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizara el día 7 de septiembre de 1998 (v. sent. de fecha 26-IV-2023).
Para así decidir, en el veredicto, consideró no controvertido el contrato de seguro celebrado entre la empresa Anco S.R.L. —empleadora del accionante— y Mapfre Argentina Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. (actualmente, Galeno Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A.), así como tampoco el acaecimiento del evocado infortunio durante su vigencia.
Asimismo, tuvo por probado que, ante la denuncia del hecho en el marco de la ley 24.557, la aseguradora aceptó la contingencia y le brindó al trabajador prestaciones en especie (médico-asistenciales), y dinerarias previstas en la citada ley, conforme la minusvalía determinada por la comisión médica jurisdiccional interviniente (v. vered., segunda cuestión).
Más adelante, juzgó acreditada la mecánica del accidente denunciado en la demanda, destacando que el hecho se produjo cuando el señor Ledesma se disponía a realizar una tarea de montaje de una linga de acero, a una altura de ocho metros y se amarró a un poste "...con una correa que portaba el cinturón de seguridad, cuyas hebillas se encontraban en evidente estado de oxidación" (vered., quinta cuestión, pág. 11).
En este sentido, a partir de los testimonios recibidos en la causa tuvo por corroborado el deficiente estado que presentaban los elementos de protección personal entregados por la empleadora, tal como se observaba en los registros fotográficos acompañados por la parte actora.
Seguidamente, indicó que si bien cada parte debía acreditar sus manifestaciones (art. 375, CPCC), en el caso, atendiendo a la índole de las diligencias cuyo incumplimiento se invocó en el escrito de inicio, la demandada debía probar —por encontrarse en mejor situación (carga dinámica de la prueba)— la observancia de los deberes legales de prevención y seguridad previstos en el régimen de la ley 24.557 y su reglamentación.
En ese orden, concluyó que la aseguradora accionada no cumplió con la incumbencia de demostrar el cumplimiento de los deberes de seguridad y contralor establecidos en los arts. 4 y 31 de la ley antes citada, la ley 19.587, los decretos 351/79 y 911/96 —que, destacó, contienen específicas normas sobre los equipos y elementos de protección personal para los trabajos en altura—, y en el decreto 170/96.
Luego, consideró que de las constancias de la causa no surgía elemento alguno demostrativo de que la aseguradora hubiera verificado las condiciones y el medio ambiente de trabajo (CYMAT) en la empresa Anco S.R.L., identificando los riesgos e incumplimientos detectados; menos aún, que denunciara dichas inobservancias ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Señaló que dicha compañía no acreditó que la empleadora cumpliera con la verificación de los elementos de protección personal y, en lo sustancial, para el caso, del cinturón de seguridad del señor Ledesma, del sistema de anclaje, del amarre y su resistencia, esto es, de las eslingas, anillas y ganchos, ni antes de la obra en la que ocurrió el hecho dañoso ni con la periodicidad que imponen las leyes y sus reglamentaciones. Igual déficit advirtió en lo relativo a las condiciones de su almacenamiento en un lugar adecuado que evitara el contacto con sustancias corrosivas que comprometieren su integridad.
En esa tarea, precisó —además— la ausencia de constancias de visitas a la empresa por parte de la aseguradora, o de informe que detallase las tareas o actividades desarrolladas en el establecimiento, tipos de riesgo existentes, cantidad de personal afectado por los mismos y/o un plan de mejoramiento.
Sobre tal base, juzgó verificada la existencia de una adecuada relación de causalidad entre el siniestro sufrido por el trabajador y las omisiones o incumplimientos de la aseguradora a las previsiones legales en materia de prevención de los riesgos laborales a su cargo (v. vered., quinta cuestión).
Acto seguido, señaló que en el dictamen pericial médico —del cual, refirió, no tenía motivos para apartarse— se concluía que el señor Ledesma presentaba "…fractura de diáfisis proximal de húmero y de la articulación del codo izquierdo con graves defectos de consolidación y limitación funcional de los diferentes movimientos del hombro y codo sometidos a técnicas quirúrgicas de osteosíntesis, sumadas al dolor exacerbado por los mismos". Asimismo, dijo que el experto estableció que las secuelas estudiadas y analizadas comportaban una incapacidad parcial del 36% de la total obrera, la que se elevaba al 37,80% teniendo en cuenta que se trataba del miembro dominante y que alcanzaba el 44,54% sumando los factores de ponderación que contempla la ley 24.557.
Con relación a la remuneración del accionante y a los efectos de contar con una pauta salarial actual, consideró —ante la carencia de otros y mejores elementos de prueba— que a la época de la contingencia era pública la paridad del peso con el dólar. En esa línea, reseñó que el salario que aquel percibía a dicha fecha era de $300 y que traído al valor actual de la referida divisa y traducido en pesos, equivalía al importe de $64.404 (v. vered., séptima cuestión).
Con todos los elementos de juicio, encontró responsable civilmente en forma directa a la aseguradora demandada con apoyo en los arts. 901, 902, 1.068, 1.069 y 1.074 del Código Civil de Vélez y en la doctrina legal que citó.
Luego, puesto a cuantificar la reparación del daño material reclamado por el actor, señaló que en la presente causa el resarcimiento debido quedaba ligado y determinado por los parámetros de integralidad previstos por la normativa de derecho común y resultaba ajeno, por lo tanto, al régimen prestacional de la ley 24.557.
En consecuencia, teniendo en cuenta las particulares circunstancias del caso y las pautas expuestas por esta Corte en las causas L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020), así como los lineamientos previstos por la Corte nacional en el caso "Arostegui", expuso las variables a considerar (edad del trabajador al momento del siniestro, haberes computados a valores actuales, promedio de vida útil de setenta y cinco años y el porcentaje de incapacidad del 36% por las dolencias físicas, sin incidencia de los guarismos por miembro hábil y por factores de ponderación de la ley 24.557) y determinó el importe de la condena de acuerdo con la fórmula matemática que juzgó aplicable.
Luego, descontó el pago efectuado por la aseguradora en concepto de prestaciones de la ley 24.557 y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte que identificó (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), dispuso que, habiéndose fijado el monto de la indemnización a valores actuales, el importe de condena debía ser incrementado con intereses moratorios a una tasa "pura" del 6% anual desde la fecha del siniestro y hasta la fecha de la sentencia.
Finalmente, determinó que a partir de que el pronunciamiento quedara firme, una vez vencido el plazo otorgado para su cumplimiento y hasta su efectivo pago, debían aplicarse intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días.
II. La accionada Galeno Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. —ex Mapfre Argentina Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A.— interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad, la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional, y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 15-V-2023).
II.1. En primer lugar, se agravia de la decisión del juzgador de grado de no descontar del capital de condena la suma abonada por su parte ($7.058,99) en concepto de prestaciones dinerarias por la incapacidad parcial permanente y definitiva determinada por la comisión médica jurisdiccional interviniente.
Refiere que dicho pago no fue desconocido por la parte actora y que, además, surge probado con la prueba pericial contable producida, por lo que no considerarlo se traduce en una arbitraria y absurda valoración de la prueba y en un enriquecimiento sin causa del accionante.
II.2. Sostiene que los infortunios laborales se rigen por la Ley de Riesgos del Trabajo, debiéndose calcular el ingreso base mensual (IBM) conforme la normativa aplicable al momento del hecho.
Postula entonces que el tribunal de grado, al actualizar dicha pauta a valor "dólar" (v. rec., págs. 6 y 7), vulneró el derecho de propiedad de su mandante, el debido proceso y la normativa aplicable al caso. Agrega que debió tomarse en cuenta lo informado al respecto en la pericia contable.
II.3. Refiere que tanto la actualización del ingreso base del actor, como no descontar un pago reconocido y aplicar la ley 24.557 no fueron aspectos que integraron la litis, por lo que el órgano de grado resolvió extra petita, en franca transgresión al principio de congruencia y la garantía constitucional de propiedad y defensa en juicio
A tal fin, cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Corte.
II.4. Cuestiona que se tuviera por acreditado que la aseguradora de riesgos del trabajo hubiera incumplido las obligaciones que le competen en materia de seguridad e higiene.
Manifiesta al respecto que la actora no está relevada de demostrar de manera contundente que su representada haya incurrido en los mencionados incumplimientos, aunque —según refiere— sólo efectuó imputaciones genéricas, "…sin determinar de manera concreta qué norma incumplida habría logrado evitar que se produjera la enfermedad invocada" (rec., pág. 10).
En dicha línea, remite al texto del art. 4 de la ley 24.557 y destaca que la obligación de adoptar medidas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, recae primeramente sobre los empleadores y trabajadores comprendidos en el ámbito de la mentada ley.
Afirma que lo que el legislador ha querido es que las aseguradoras informen y asesoren en materia de prevención sobre seguridad e higiene en el trabajo a los distintos empleadores, lo que ha sido cumplido en el presente caso (v. rec., págs. 12/13).
II.5. Reprocha que se haya condenado a la aseguradora de riesgos del trabajo con fundamento en disposiciones del derecho civil cuando el actor había optado al iniciar el trámite ante las comisiones médicas por la indemnización prevista en la ley 24.557. Transcribe como fundamento el texto del art. 4 de la ley 26.773.
II.6. Aduce que la sentencia carece de fundamento legal alguno para condenar a su mandante en los términos del Código Civil, toda vez que su responsabilidad estaba limitada a lo establecido por la ley 24.557 y el contrato de afiliación, pudiendo ser obligada únicamente a responder por las prestaciones contempladas en dicho régimen especial de reparación de infortunios laborales.
II.7. Por otra parte, argumenta sobre la falta de identificación del nexo causal entre el daño y la conducta de la aseguradora.
Alega, en este sentido, que la sentencia recurrida "…omite determinar de qué manera la supuesta omisión en que se pretende fundar la condena solidaria de mi mandante, determinó —en la cadena causal— un hecho con potencia generadora para constituirse en la causa jurídicamente relevante de los daños que dice padecer el actor" (rec., págs. 16/17).
Bajo tal razonamiento, afirma que no se encuentra verificado el segundo requisito previsto en el art. 1.074 del Código Civil para determinar su aplicación.
II.8. Reprocha el quantum establecido por el juzgador en concepto de reparación integral, ya que a su juicio resulta excesivo e irrazonable y configura un enriquecimiento sin causa (art. 1.071, Cód. Civ. —ley 340—), siendo que, a su vez, el monto fijado no se compadece con los elementos de juicio ponderados en el fallo ni tampoco pueden reconocerse los parámetros que llevaron a su determinación.
II.9. Finalmente, objeta que se fijaran intereses moratorios desde la fecha del siniestro, cuando —alega— fue actualizado el ingreso base mensual.
Sostiene que la aplicación de una tasa activa desde el momento en que ocurrió el hecho genera "una doble actualización del monto de condena", lo que lesiona su derecho de propiedad y provoca un enriquecimiento sin causa del actor (v. rec., págs. 29/30).
III. El recurso no prospera.
Por cuestiones metodológicas, habré de alterar el orden de los agravios ensayados para ingresar en su tratamiento.
III.1. No resultan atendibles los embates dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad a la aseguradora de riesgos del trabajo con sustento en las normas del Código Civil.
III.1.a. Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que determinar si la aseguradora ha cumplido —o no— con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como igualmente, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el daño ocasionado en la salud de los trabajadores, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo (causas L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. Bajo estos lineamientos, la crítica ensayada por la recurrente no evidencia la apuntada anomalía.
III.1.b.i. Conforme fuera expuesto precedentemente, el tribunal de grado consideró cabalmente demostrado que la aseguradora incumplió con los deberes y obligaciones que en materia de prevención de los riesgos laborales el ordenamiento jurídico pone en su cabeza (conf. arts. 1, 4 y 31, LRT; ley 19.587 y decretos 351/79, 911/96 y 170/96), y —asimismo— que entre dichas omisiones y el daño sufrido por el actor medió relación de causalidad. Resultó evidenciado —a su juicio— que las inobservancias generaron la condición eficaz —como nexo causal— para que se produjera el accidente laboral de marras (mecánica del hecho), que —a la postre— generó las dolencias e incapacidad padecidas por el trabajador. Por ello, la juzgó civilmente responsable en los términos del art. 1.074 del Código Civil (ley 340).
III.1.b.ii. Desde esta perspectiva de análisis, es dable advertir que las objeciones desplegadas por la quejosa para desvirtuar la conclusión del juzgador que tuvo por acreditados los incumplimientos de los deberes de prevención de la aseguradora de riesgos accionada y el nexo causal de aquellos con el daño sufrido por el accionante, resultan estériles.
Ello así, por cuanto, en su impugnación, el interesado se limita a exponer una apreciación ceñida a sus intereses, destinada —únicamente- a negar su responsabilidad en el supuesto de autos, sin hacerse cargo de la orfandad probatoria que le endilgó el juzgador por no haber arrimado pruebas conducentes para poner de manifiesto el cumplimiento de sus obligaciones legales impuestas por la Ley de Riesgos del Trabajo y su reglamentación, y de las reseñadas consideraciones que dieron —en definitiva— debido sustento a la conclusión que pone bajo censura; ello, siendo que dispuso que pesaba sobre ella la carga de acreditar el cumplimiento de las observancias aludidas.
En suma, en el contexto probatorio de la causa cuyo análisis integral llevó al tribunal interviniente a rechazar la tesis de la aseguradora demandada, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, y, con ello, no consiguen obtener la modificación de lo decidido. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023 y L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o.), dejando —en consecuencia— incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022 y L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; e.o.).
II.1.c. Luego, en relación con la invocada inaplicabilidad de las normas de derecho civil al caso, cabe recordar que, la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser juzgadas en el marco del derecho común por incumplimientos de sus deberes de prevención y control fue expresamente admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sentencia de 25-XI-2009, en una definición reiterada —entre otras— en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011); L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014) y L. 120.316, "Palacios" (sent. de 19-XI-2020), todo ello en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otros/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
En esa línea, se ha señalado que a partir de las prescripciones de la ley 24.557, las aseguradoras aparecen —en concurrencia con el empleador— como sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, por lo que resulta inaceptable entender que son meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, ya que la norma les otorga un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 120.316, "Palacios", sent. de 19-XI-2020; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; e.o.).
En este marco, atento que la decisión cuestionada encuentra respaldo en dichas directrices y que la agraviada no aporta argumentos eficaces para revertirla, he de concluir que el recurso no resulta idóneo para modificar lo resuelto en este punto. Sumado a ello, la ausencia de denuncia explícita sobre la errónea aplicación
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.