Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131693
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.693, "Vergara Jarpa, Leandro Antonio contra Experta Art S.A. Accidente de Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. sent. de fecha 25-X-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-XI-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Leandro Antonio Vergara Jarpa y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más el incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773. La rechazó, en cambio, en cuanto en ella se pretendía el cobro de una indemnización con sustento en el derecho civil (v. sent. de fecha 25-X-2023).
En su pronunciamiento, juzgó acreditado el accidente de trabajo sufrido por el actor, la incapacidad que padece y el ingreso base mensual; también, consideró probado que percibió en sede administrativa de la aseguradora demandada distintas sumas de dinero en concepto de prestaciones contempladas en el sistema de riesgos del trabajo.
Luego, en lo que interesa, ingresó a analizar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por el accionante respecto del art. 12 de la ley 24.557, fundado en el tiempo transcurrido desde que se liquidó la prestación y lo alegado en orden a la afectación del crédito por su desvalorización monetaria y poder adquisitivo. En lo cardinal, sostuvo que tal postulación solo se justifica "cuando se pulveriza o desnaturaliza la finalidad reparatoria o su base de cálculo" y lo cierto era que en el caso "ya había sido satisfecha parte sustancial del crédito y su liquidación en demanda contempla dicho parámetro". Agregó en este análisis, que el precedente que hubo de citar la parte actora en apoyo de su planteo, fue elaborado sobre una plataforma fáctica diferente a la de estos autos (v. sent., págs. 15/16).
Por último, dispuso calcular los intereses sobre el capital de condena, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., pág. 19).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 44 inc. "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 7-XI-2023).
Objetando el rechazo por parte del a quo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, afirma que la revisión de la sentencia procede en el caso en tanto en ella se vulneró la doctrina legal sentada en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021).
En ese contexto, despliega ciertas expresiones que a su juicio evidencian "la pulverización del crédito" de autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. En orden a la admisibilidad del recurso, ha de observarse que, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, el recurrente esgrime razones aptas para justificar la no exigencia del mentado requisito formal, esto es, aporta motivos conducentes para que el recurso sea examinado sin las restricciones previstas en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso—.
III.2. No obstante lo anterior, y sin soslayar la supuesta vulneración de diversas normas que se enuncia en el pasaje inaugural del capítulo V del medio de impugnación, la infracción sobre la cual el quejoso elabora su línea argumental se ciñe a la alegada violación de doctrina legal, concretamente, a la sentada en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021).
Luego, la facultad revisora de este Tribunal ha de circunscribirse al contenido de la sentencia según esa concreta impugnación que ha formulado el interesado (causas L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017; L. 125.639, "Mendoza", sent. de 1-VIII-2023 y L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024).
III.3. En este marco, el recurrente no evidencia la transgresión que denuncia, pues a los fines de abonar la solución que persigue, formula ciertos cálculos que solo encuentran sostén en su propio discurso.
Además, dable es destacar que el cotejo que practica el impugnante centrándose en una pauta salarial contemporánea al momento de la realización de la audiencia de vista de la causa en el proceso judicial, se diferencia de aquel que este Tribunal —en su decisión mayoritaria— hubo de efectuar en la causa L. 120.648, "Amaya", antes citada.
Luego —tal como lo advirtió el propio órgano de grado— lo juzgado en el mencionado precedente no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021 y L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024).
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como lo expresa mi distinguido colega doctor Soria, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348— involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria sin restricciones procesales.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable en la especie— corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
I.2. En estas condiciones, y bajo las siguientes consideraciones meramente complementarias, suscribo los argumentos que despliega el ponente para desestimar los agravios que contiene el medio de impugnación deducido.
I.2.a. Conforme pone de manifiesto mi distinguido colega, el compareciente —bajo la denuncia de la hipotética inobservancia de derechos constitucionales y la introducción de cálculos sin un respaldo concreto— se limita a formular consideraciones genéricas destinadas a poner en evidencia el yerro en que habría incurrido el juzgador al no aplicar al caso las directrices que emanan del precedente que sindica transgredido y sobre cuya base se justificaría —a su criterio— la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557. Empero, bajo las aristas que exhibe el caso, mediante dicha técnica no aporta fundamentos concluyentes en sustento de sus alegaciones ni se sustenta en elementos probatorios aportados a la causa (art. 279, CPCC).
Es que, esta Corte reiteradamente ha expresado que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 124.142, "Bermudez", sent. de 6-II-2023).
I.2.b. Si bien lo expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del embate, no está demás aclarar que —aun en una mejor hipótesis para el interesado— la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), no resulta atendible.
Ello así, toda vez que, de la lectura de los términos de la pretensión, de cara al análisis de las pruebas acompañadas a la causa, no es posible advertir la concurrencia de las condiciones que hubieron de aplicarse en dicho precedente para declarar la invalidez constitucional del citado art. 12 en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 128.681, "Astrada", sent. de 20-XI-2024 y L. 128.444, "Galante", sent. de 28-XI-2024), que, para más, presenta connotaciones diferentes a las propias del caso bajo juzgamiento (causas L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
II. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:45:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:12:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:35:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:36:44 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:17:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 13:15:01 hs. bajo el número RS-55-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia