Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131725
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.725, "Reginald Lee S.A. contra Buzeta, Juan Pablo y otros. Exclusión de tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 29-XI-2023).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 7-XII-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen electrónico de 24-V-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical iniciada por Reginald Lee S.A. contra los señores Juan Pablo Buzeta, Gabriel Alejandro Flores, Miguel Adrián Lezcano, Rubén Ceferino Luque, Mariano Alejandro Maidana, Cristian Oscar Martinez, Luciano Gastón Méndola, Marcelo Fabián Orlando, Walter Omar Visconti y Claudio Marbel Barrios, a los fines de que la accionante pueda adoptar la medida extintiva del contrato de trabajo hacia cada uno de los demandados en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así decidir, juzgó acreditado que los accionados se desempeñan como dependientes de la demandante y que ostentaban el cargo de delegados en el establecimiento de aquella, perteneciendo al Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (v. vered., pág. 3).
Siempre ponderando las pruebas producidas, y destacando que la actora denunció la ocurrencia de un accionar del conjunto de la comisión interna que por su gravedad no consiente la continuidad del contrato de trabajo, máxime cuando —dijo— fueron los propios trabajadores representados por los delegados quienes solicitaron la renuncia de estos, consideró acreditada la causal invocada en la demanda para obtener la exclusión de la tutela sindical de los miembros de dicha comisión. Concretamente, juzgó probado que el accionar de la comisión fue irregular para el fin que fue elegida y con claros aprovechamientos de la posición que integrarla le brindaba a cada integrante respecto del resto de sus compañeros, que ello hizo al lugar de trabajo tenso e intolerante; asimismo, que resultó claro que la actuación de la totalidad de los integrantes fue siempre como un bloque sólido, no cumpliendo la mayoría con su débito laboral y escasamente con la función sindical, lo que fue compartido por la totalidad de la comisión interna, tanto por acción o por omisión pero siempre causando rispideces con sus propios compañeros (v. vered., pág. 16).
Puntualizó que el accionar de los delegados de la comisión interna de Reginald Lee S.A. fue violatorio de obligaciones esenciales del contrato de trabajo, conforme lo establecen los arts. 62, 63, 64, 65 y 84 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que son hechos que configuran injurias suficientes en los términos del art. 242 de la misma ley y justifican la exclusión de tutela solicitada (v. sent., págs. 6 y 7).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de 7-XII-2023, pág. 28).
En sustancia, afirma que el tribunal de grado violó el principio de congruencia, pues se expidió respecto de una cuestión ajena al litigio al "incorporar como parte de la sentencia la disolución del contrato de trabajo" (rec., pág. cit.).
III. En armonía con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 24-V-2024), el recurso no puede prosperar.
Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Tales vicios no son denunciados por el impugnante, quien, si bien ataca el fallo intentando poner de relieve una supuesta infracción al principio de congruencia, lo hace bajo un argumento desligado de la única violación que bajo ese postulado procesal puede ser traída en el presente recurso: aquella referida hipótesis afincada en la omisión en el abordaje de cuestiones esenciales a la que se hizo alusión en el párrafo anterior (causas L. 95.962, "Keipert", sent. de 23-XII-2009; L. 95.961, "Almandoz", sent. de 1-IX-2010 y L. 108.445, "Severini", sent. de 5-VI-2013).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La parte demandada también deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 330 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653 (v. presentación electrónica del día 7-XII-2023).
I.1. Sostiene que el pronunciamiento viola el principio de la invariabilidad de la causa del despido y el de motivación suficiente y clara contenidos en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Refiere que en el fallo se omitió considerar el intercambio telegráfico habido entre las partes entre los días 20 y 23 de septiembre del año 2022, de donde surge que la empleadora no invocó causa alguna para solicitar la medida de exclusión o para despedir a cada uno de los delegados, como si efectuó luego al iniciar la demanda, pero aludiendo a "causas genéricas".
Concluye que, de este modo, también se encuentra conculcado el principio de congruencia y las normas que lo receptan.
I.2. Alega que la sentencia infringe el art. 330 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial toda vez que entiende que el escrito de la demanda como su ampliación no contienen los hechos en que se funda explicados claramente. Agrega que dicha circunstancia, impide a los demandados ejercer el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional.
I.3. Dice, una vez más, que en la sentencia de grado se violó el principio de congruencia.
Con transcripción de ciertos pasajes de las actuaciones, expone que las causas consideradas en el pronunciamiento para hacer lugar a la acción no son las que se invocaron en el intercambio telegráfico ni en el escrito de demanda y su ampliación.
I.4. Aduce que el juzgador de grado valoró absurdamente la prueba producida al considerar una causa colectiva para excluir la tutela sindical de cada uno de los delegados. Indica que, en todo caso, debió determinar la responsabilidad individual de cada accionado, estableciendo con precisión la autoría de cada hecho y su incidencia en el conjunto, sin sancionar a todos por igual.
Puntualiza que los sumarios internos no pueden considerarse prueba conducente, además, objeta la valoración de las declaraciones testimoniales prestadas en la audiencia de vista de la causa por considerar que las menciones allí realizadas además de ser extemporáneas no pueden considerarse de gravedad para hacer lugar a la exclusión.
I.5. Indica que si existiera alguna duda respecto de los hechos que se les imputan a los accionados, a tenor de lo establecido en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo debió juzgarse en favor de los demandados.
I.6. Finalmente, y en forma subsidiaria al recurso de nulidad interpuesto, denuncia que la sentencia violó el principio de congruencia y las normas que lo receptan, al tratar "la disolución del contrato de trabajo" que no fue planteada por la empleadora y resulta ajena al objeto procesal del presente juicio.
II. El recurso de inaplicabilidad deducido también debe ser desestimado.
II.1. El agravio inaugural que postula que el pronunciamiento viola el art. 243 de la ley 20.744 y con ello también el principio de congruencia, no es atendible.
Como hubo de narrarse con anterioridad, en el pronunciamiento en crisis se hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical que diera inicio a las actuaciones a los efectos de que la sociedad accionante pueda disponer posteriormente el despido fundado en justa causa de los accionados.
Lo dicho, pone de manifiesto que el discurso del quejoso, que parte de aquellas expresiones orientadas a evidenciar la transgresión del art. 243 de la citada ley laboral, no puede tener andamiaje, pues es sabido que dicha norma —en lo que aquí concierne— alude claramente al despido dispuesto por el empleador, acto extintivo que aún no se ha configurado conforme surge del caso.
Para más, puede observarse que las expresiones del recurrente intentan encontrar sostén en el intercambio telegráfico habido entre las partes y el contenido de la demanda, cuando, sin embargo, este concreto pasaje del recurso carece de la necesaria denuncia orientada a evidenciar el vicio de absurdo en la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado en ejercicio de facultades —por regla— privativas (conf. causas L. 119.307, "Corallo", sent. de 23-XI-2016; L. 118.581, "Rodríguez", sent. de 11-VI-2020 y L. 120.920, "Guazzoni", sent. de 17-VIII-2021).
Queda despojado de vigor el tramo de la impugnación abordado.
II.2. No ha de correr mejor suerte la crítica vinculada con el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 330 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial.
Es que además de no contar con un argumento que evidencie una hipotética violación al art. 26 inc. "d" de la ley 11.653 —que sería el precepto procesal aplicable al caso y no obstante fue soslayado por el interesado—, el embate, en cuanto en él se reclama que la demanda debería haber sido "formalmente" rechazada por no cumplir con el recaudo de contener los hechos en que se funde expresados claramente, deja entrever que el quejoso le objeta al tribunal de grado no haber desestimado "in limine" la presentación inicial. Esto último conduce a ponderar que el agravio remite a una cuestión procesal firme previa a la sentencia, que no resulta atendible en esta instancia extraordinaria de revisión (causas L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021; L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023 y L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024).
Va de suyo, ciertamente, que tampoco aquí se verifica la denuncia de absurdo, exigible en este rostro del recurso en la valoración del escrito de la demanda y su ampliación.
Lo dicho es suficiente para desechar la aptitud de la crítica.
II.3.a. Tampoco merece respuesta favorable el reproche fundado en el presunto quebrantamiento del postulado de la congruencia vinculado con las causales invocadas en la sentencia para hacer lugar a la exclusión de la tutela sindical.
Se reitera aquí una deficiencia ya detectada en otros segmentos del medio de impugnación, luce conducente entonces, ahondar algo más en ciertas cuestiones que hacen a una adecuada y eficaz técnica recursiva en los lindes de la jurisprudencia de esta Corte.
Reiteradamente ha dicho este Tribunal que el análisis de los escritos constitutivos de la litis constituye una facultad privativa de los jueces de grado, que solo puede ser revisada en la instancia extraordinaria en la medida en que se denuncie y compruebe el absurdo (causas L. 120.596, "Duhagon", sent. de 6-VI-2018; L. 122.223, "Góngora", sent. de 22-XII-2020 y L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021). En ese entendimiento, ha señalado que los agravios relacionados con la violación del principio de la congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los citados escritos, deben ser acompañados de la denuncia y demostración de la configuración de aquel extremo vicio valorativo en esta concreta labor jurisdiccional (causas L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 124.779, "Muise", sent. de 1-IV-2022; L. 128.156, "Casco", sent. de 28-X-2024).
Tal carga no se encuentra cumplida en este nuevo ataque que arrima el quejoso, pues sus expresiones no se estructuran sobre una posible configuración del absurdo en la exégesis que respecto del escrito de demanda desplegó el órgano jurisdiccional a la hora de juzgar la controversia.
II.3.b. El mismo déficit se advierte en la crítica en la que se le atribuye al órgano de grado haber tratado una cuestión ajena al objeto del juicio, siendo que, en rigor, el embate carece de desarrollo argumental que la dote de atendible sustento.
II.4. En otro orden, no logra el recurrente evidenciar el absurdo que ahora sí denuncia, puntualmente, en la tarea valorativa desplegada por el juzgador de la instancia sobre la prueba.
Ello, pues se limita a exponer una serie de afirmaciones limitada por su subjetiva visión de la causa, sin hacerse cargo de impugnar idóneamente el extenso análisis probatorio que dio —en definitiva— debido sustento a la conclusión que se cuestiona.
Resulta de aplicación aquella doctrina que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del pronunciamiento (causas L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023 y L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o.).
Y no cabe olvidar que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; L. 126.591, cit.; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; e.o.), extremo que —conforme lo expuesto— no evidencia el interesado.
II.5. Finalmente, dable es señalar que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce —o no— en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo tanto, no resulta de aplicación la regla contenida en dicha norma si, como en el caso, los señores jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022 y L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:45:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/07/2025 10:12:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2025 12:35:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 10:36:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2025 11:17:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/07/2025 13:15:02 hs. bajo el número RS-56-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia