Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129800
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.800, "Muzychuk, Claudio Rubén contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo -acción especial-", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida, con costas a cargo de la accionada (v. vered. y sent. de fecha 28-VI-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-VII-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la acción deducida por Claudio Rubén Muzychuk contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., y condenó a esta última a abonarle la suma que indicó en concepto de prestación dineraria por la incapacidad parcial y definitiva que padece el demandante con motivo del accidente de trabajo que sufrió el 8 de enero de 2018 (arts. 12 -modificado por el art. 11 de la ley 27.348- y 14 inc. 2 apdo. "b", ley 24.557; y 3, ley 26.773).
Para así decidir, en el veredicto -con apoyo en las conclusiones establecidas en el informe pericial médico y en las respuestas a las impugnaciones formuladas por las partes- tuvo por acreditado que, como consecuencia del siniestro de autos el actor resulta portador de afecciones físicas (pérdida total de la visión del ojo izquierdo) y psicológicas (reacción vivencial anormal neurótica de grado II), que -incluidos los factores de ponderación- le generan una incapacidad laboral, parcial y permanente del 62,22% de la total obrera (v. vered., segunda cuestión).
Luego, en la etapa de sentencia, declaró de oficio la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19 (v. sent., págs. 3/5). Para arribar a tal conclusión, señaló que mediante la norma citada se sustituyó el art. 12 de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-, modificándose el criterio de determinación del valor del ingreso base mensual (IBM), mediante el reemplazo del mecanismo de repotenciación por aplicación de intereses -conforme al promedio de la tasa activa cartera general anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina- por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), a fin de cubrir el período comprendido entre la primera manifestación invalidante y la fecha de liquidación de la indemnización.
Puntualizó que el citado reglamento fue dictado con sustento en el art. 99 incs. 1 y 3 de la Constitución nacional, y que -dada su vigencia en el caso en juzgamiento- correspondía efectuar su control de legalidad, con independencia del rol que pudiera asumir el Congreso nacional.
Indicó que la Corte federal, a lo largo de sus pronunciamientos, ha sentado doctrina pacífica en lo que hace a la revisión judicial de los decretos de necesidad y urgencia, distinguiendo entre requisitos formales y sustanciales de validez (citó en este sentido: CSJN Fallos: 313:1513; 322:1726; 326:417; 333:633; 334:799).
En cuanto a los primeros, señaló que no correspondía formular objeción alguna: el decreto fue dictado por acuerdo general de ministros; la materia legislada no versa sobre cuestiones expresamente excluidas del mencionado precepto constitucional (penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos), y se ha efectuado la respectiva comunicación a la Comisión Bicameral Permanente, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 26.122.
Empero, en lo tocante a las exigencias esenciales, juzgó que la normativa en cuestión resultaba portadora de graves irregularidades que exceden el análisis de oportunidad y conveniencia.
En este sentido, consideró que no se verificó la "necesidad" (fin público) para justificar su dictado, esto es, la existencia de una situación de grave riesgo social en la materia legislada que habilitara la excepcional delegación legislativa (art. 76, Const. nac.).
En orden a la "urgencia" sostuvo que, a la fecha de sanción del decreto, no se encontraba el país imposibilitado de seguir los trámites ordinarios para lograr su tratamiento por el Congreso de la Nación. Claramente -remarcó el juzgador- la situación que, según los considerandos del precepto legal requería solución legislativa, no fue de una urgencia tal que debió ser subsanada inmediatamente, esto es, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de sanción de las leyes.
En este marco, declaró que la prerrogativa asumida por el Poder Ejecutivo implicó lisa y llanamente una sustitución de las funciones indelegables del Poder Legislativo, en franca violación de lo dispuesto por el art. 99, inc. 3 de la Constitución nacional y del sistema republicano de gobierno.
Con base en lo antedicho, se pronunció -de oficio- por la inconstitucionalidad, y consiguiente inaplicabilidad, al caso, del decreto analizado, a la vez estimó abstracto expedirse respecto de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Puesto a determinar el importe de la prestación dineraria debida al accionante, conforme la normativa que juzgó aplicable al caso (arts. 6, 11 inc. 4 apdo. "a", 12 -texto modificado por el art. 11 de la ley 27.348; 14 inc. 2 apdo. "b" de la ley 24.557, y normas modificatorias), la cuantificó en la suma de $2.045.008. A ese resultado, le adicionó la indemnización de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773 -que ascendió al monto de $409.001-, arribando a un total de $2.454.009 (v. sent., págs. 5/7).
Seguidamente, puntualizó que el art. 11 de la ley 27.348 (modificatorio del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557) prevé una tasa legal en materia de intereses moratorios en los términos de los arts. 7 y 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación; por lo que juzgó que la doctrina legal que identificó como emergente de las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009), L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), L. 118.587, "Trofe", (sent. de 15-VI-2016) y L. 120.061, "Bruno" (sent. 14-VII-2020), no resulta aplicable al caso. Excluyó -también- la aplicación de la tasa prevista en el art. 48 de la ley 11.653 (texto según ley 14.399).
Determinó que el capital de condena devengara un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el 8 de enero de 2018 hasta la fecha de la sentencia (art. 11 de la ley 27.348), arribando a un importe total de $7.309.655 (v. sent., págs. 7/8).
Finalmente, dispuso que una vez firme la sentencia, el monto de condena generara idéntica tasa, desde la mora en su cumplimiento hasta el efectivo pago. Citó los arts. 12, inc. 3 de la ley 24.557 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. sent., pág. 11/12).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial; del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II.1. Inicialmente, cuestiona la incapacidad determinada en el fallo atacado.
Aduce que el juzgador de grado efectuó una incorrecta valoración de la prueba pericial médica. Destaca que el informe elaborado por el galeno interviniente es inadecuado, toda vez que determinó que el actor es portador de una incapacidad del 42% de la total obrera por la pérdida total de la visión del ojo izquierdo.
En este sentido, refiere que el perito no leyó la historia clínica agregada a las actuaciones (v. fs. 109, folios 26/27, y fs. 130, folios 26/27 del expediente de la SRT), de la cual surge que el día 12 de enero de 2018 se presentó el damnificado, oportunidad en que relató que tres días antes le había entrado agua caliente en el ojo derecho, y que se dio cuenta que no veía del izquierdo, luego del incidente, al cubrirse aquél.
Señala que de la documentación mencionada se desprende que, no obstante habérsele explicado al reclamante que no era posible que la quemadura en el ojo derecho le produjera disminución visual en el izquierdo, aun así, ante su insistencia, se decidió estudiarlo, descartándose que la patología se encontrara relacionada con el siniestro con motivo del cual se reclama en autos, extremo que -posteriormente- fue ratificado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Manifiesta que del examen ocular realizado en el primer control efectuado por la aseguradora demandada se desprende "OI: fibrosis con zonas de atrofia con bordes hiperpigmentados en zona macular" (v. rec., pág. 8), condición -alega- que no se corresponde con un hecho con setenta y dos horas de evolución.
Objeta lo dictaminado por el perito médico en orden a que el accionante presente un hipema en el ojo izquierdo secundario al accidente.
Alega que de la lectura de la historia clínica agregada a la causa surge que el actor refirió que nunca se había hecho un control oftalmológico, situación que da cuenta -según afirma el compareciente- de que no existió constatación de la indemnidad del ojo izquierdo previa al accidente.
Añade que, mediante una conducta que tilda de maliciosa, el promotor del pleito en oportunidad de iniciar el expediente administrativo por divergencia en la determinación de la incapacidad, modificó su denuncia original y decidió referir como afectados ambos ojos, cuando ello no fue así.
Prosigue manifestando que no obstante, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, luego de examinar al trabajador constató que la patología del ojo izquierdo nada tenía que ver con el siniestro reclamado, al que le adjudicó naturaleza inculpable, para finalmente dictaminar que no quedaron secuelas incapacitantes derivadas de la contingencia.
Afirma que lo señalado fue soslayado por el galeno y por el tribunal de grado.
Destaca que no es un dato menor que el informe pericial médico haya sido elaborado por un facultativo especialista en cirugía cardiovascular y medicina legal. Refiere que de dicho medio probatorio surge que no se adjuntó el informe oftalmológico, todo lo cual deja en evidencia la falta de idoneidad del profesional que intervino para elaborar aquél. En razón de ello, entiende que la experticia en cuestión resulta nula.
Respecto a la incapacidad psíquica, asegura que tampoco fue determinada por un especialista en la materia. Añade que del informe pericial se desprende que no fueron agotadas las medidas terapéuticas, por lo que -a criterio del impugnante- no se configura la permanencia que impone el decreto 659/96, de aplicación obligatoria al caso.
Agrega que toda vez que el actor no padece incapacidad física como consecuencia del accidente, tampoco puede resultar portador de minusvalía psíquica.
En otro orden, indica que la prueba impugnada no aporta datos que permitan establecer la relación causal entre los hechos denunciados y la incapacidad sugerida por el perito.
Se desconforma, también, del 28% determinado por factores de ponderación, porcentaje que -a juicio del compareciente- denota que el experto no sabe interpretar ni aplicar el baremo del decreto 659/96.
Alega que, como corolario de lo expuesto, se ha dictado una sentencia absolutamente arbitraria y absurda.
Denuncia -asimismo- que lo resuelto excede los límites del contradictorio, desde que de la historia clínica y del expediente administrativo surge claramente que el accionante no padeció lesión alguna en su ojo izquierdo, de modo tal que el juzgador dictó un fallo extra petita, en abierta violación del principio de congruencia.
En este sentido, explica que la demanda instaurada es de revisión en los términos del art 2 inc. "j" ley 15.057 y, toda vez que del expediente administrativo se desprende inequívocamente que el actor sufrió una quemadura en su ojo derecho, no puede -en esta instancia- tergiversar los hechos para que se lo indemnice por una patología que es netamente inculpable y que nada tiene que ver con el siniestro objeto de reclamo.
Por ello, entiende que la incapacidad psicofísica del 62,22% de la total obrera, sobre cuya base el juzgador de grado condenó a la parte demandada, resulta improcedente y carente de sustento, por lo que solicita se revoque la sentencia en este aspecto.
II.2.a. Objeta la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19, definición a partir de la cual el juzgador de grado dispuso aplicar -con sustento en el art. 12 inc. 2, de la ley 24.557, modificado por el art. 11 de la ley 27.348- la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina, aspecto del fallo que -a criterio del quejoso- no encuentra sustento legal.
Afirma que la norma aplicable al caso es el art. 12 de la ley 24.557 modificado por el mentado decreto 669/19, que en su parte pertinente establece que "Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado".
Manifiesta que la reglamentación del decreto antes citado, emitida mediante resolución 1.039/19, dispone en su art. 3 que "...a efectos del cálculo del interés previsto en los artículos 12, inciso 2, de la ley N° 24.557 y 1° de la presente resolución, la Superintendencia de Seguros de la Nación publicará las tasas de variación mensual y la fórmula mediante la cual se debe calcular la tasa de variación diaria del RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), considerando las últimas publicaciones disponibles...".
Con base en lo antedicho, reitera que la tasa activa ordenada por el tribunal de mérito no tiene asidero legal, desde que -sostiene- debió aplicar la suma de variaciones diarias del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) correspondientes a la cantidad de días transcurridos entre la fecha del accidente y la fecha de sentencia, o bien, como es el caso, la última variación publicada, que -aduce el compareciente- asciende a un 166%.
Expone, sin que ello implique desistir de lo manifestado en el agravio plasmado en primer término, que lo resuelto en la instancia de grado en este aspecto es violatorio del derecho de propiedad y la garantía del debido proceso, y de los principios de legalidad, razonabilidad, supremacía constitucional y tutela judicial continua y efectiva (arts. 17, 18, 19, 28 y 31, Constitución nacional; y 15, Constitución provincial).
II.2.b. Aduce que no es cierto que exista una ilegitima asunción de facultades por parte del Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, manifiesta que el dictado del decreto cuestionado no puede considerarse una medida ilegal, desde que se trata de un instrumento expresamente reconocido por la carta magna (art. 99, inc. 3).
Sostiene que para la emisión de la norma impugnada se verificaron las circunstancias especiales que habilitan su dictado, en particular la grave situación económica del sistema de riesgos del trabajo, que no admitía la demora del trámite legislativo habitual. Ello, sumado al momento político -alega que el Congreso nacional no sesionó durante el mes de septiembre de 2019-, y la época electoral que mantuvo prácticamente paralizada la actividad legislativa.
Añade que la ley 26.122 establece el procedimiento a seguir para analizar la legalidad de la fuente jurídica en cuestión. En este sentido, puntualiza que la Comisión Bicameral Permanente es la encargada de emitir un dictamen respecto del cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales necesarios para su dictado, el cual es elevado al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
Alega que el Poder Judicial carece de competencia para controlar la validez constitucional de dicha fuente normativa, al menos hasta tanto no haya concluido el trámite de legalidad ante el Poder Legislativo.
II.2.c. Con relación a los requisitos de necesidad y urgencia a los que el art. 99, inc. 3 de la Constitución nacional supedita el dictado de ese tipo de decretos, afirma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha exigido que ellos deben: (i) proteger los intereses generales de la sociedad, y no de determinados individuos (Fallos 323:1934); (ii) implicar una decisión coyuntural de alcance temporal (Fallos 333:633); y (iii) no modificar normas de índole permanente.
Argumenta que el actual contexto de grave volatilidad económica impacta directamente sobre las tasas de interés y genera como consecuencia una distorsión en el sistema de riesgos del trabajo que condicionan su solvencia, y con ello, la protección de los trabajadores beneficiarios de dicho régimen.
Añade que el desfasaje en la aplicación de la tasa activa a las indemnizaciones sin su correlato con el valor de la prima o de las inversiones, ha derivado en una situación de colapso económico, lo cual ha requerido una solución inmediata.
Asevera que en la medida que la brecha entre rendimiento financiero que obtienen las aseguradoras y la tasa activa persista en el tiempo, o peor aún, se incremente, continuará descapitalizándose el sistema, principalmente en detrimento de sus beneficiarios, que en este caso son los trabajadores en relación de dependencia.
Señala que el decreto cuestionado reemplaza la tasa activa por la tasa de interés RIPTE (que mide la evolución de los salarios), para que la indemnización vuelva a tener relación con las remuneraciones, protegiendo así las fuentes de trabajo, no convalidando costos laborales que no se correspondan con la evolución de aquéllas.
Refiere que el súbito aumento de la tasa de interés activa distorsiona los valores que deben ser cancelados por el sistema, y arroja un resultado desproporcionado que prescinde de la realidad económica existente (CSJN Fallos: 316:1972; 315:2558), y por ello -continúa- debe ser corregido, en tanto, como lo ha señalado la Corte nacional en la causa que identifica como "Bonet" (CSJN Fallos: 342:162), la realidad debe prevalecer sobre las abstractas fórmulas matemáticas (cita también los precedentes CSJN Fallos; 323:2562; 319:351; 316:259).
Expone que la brecha generada por una desproporción injustificada en el nivel de la tasa de interés activa (eminentemente de naturaleza financiera), que nada tiene que ver con las prestaciones del sistema, es irremediable. Alega que el régimen de riesgos del trabajo no puede financiarse con mayores alícuotas, porque se afectaría aún el costo laboral con una presión intolerable para las pequeñas y medianas empresas, lo redundaría un serio perjuicio para los trabajadores.
II.2.d. Aduna que el carácter transitorio del decreto de necesidad y urgencia 669/19 justifica la razonabilidad de la sustitución de la tasa de interés prevista en el art. 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348) por la variación del índice RIPTE.
En este sentido alega que, si bien el decreto no contiene un plazo de duración, éste es determinable: sólo tendrá efecto hasta que cesen las causas que dieron origen a la distorsión de las tasas de interés.
II.2.e. En lo atingente al estado de emergencia, expone que el decreto 669/19 no hizo más que apelar a la doctrina de la emergencia económica. Señala que, según el precedente de la Corte federal que individualiza como "Avico" (Fallos: 172:21), se r
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