Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130228
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.228, "Ríos Javier Nicolás Martín contra Provincia ART S.A. Materia a Categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida e impuso las costas a la demandada vencida (v. sent. de fecha 9-XI-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-XI-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente —por mayoría— hizo lugar a la demanda promovida por Javier Nicolás Martín Ríos y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. resol. de fecha 8-IX-2020), señaló como hechos relevantes de la causa que: a) el día 9 de septiembre de 2008 el actor sufrió un accidente de trabajo por el cual se determinó en autos "Ríos Javier Nicolás Martín c. Provincia ART s/ Apelación de Resolución Administrativa Pecial", expediente 28.427, que padece una incapacidad del 30% de la total obrera; b) con motivo de dicho siniestro el 27 de abril de 2010 percibió la suma de $32.111,77 en concepto de prestaciones dinerarias, y que, con fecha 1 de abril de 2015, recibió un segundo pago de $10.703,93; c) el ingreso base mensual ascendió la suma de $1.494,21 (v. sent., pág. 6).
Puntualizó que la ley aplicable al caso era la 24.557, según la redacción dada por el decreto 1.278/00.
Sentado ello, con sustento en lo resuelto por esta Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), expuso que la ley 26.773 no resulta de aplicación a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción, en un criterio ratificado —puntualizó— en la causa L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), por lo que no correspondía abordar —señaló— planteos de inconstitucionalidad sobre normativa dictada con posterioridad al evento dañoso (v. sent., pág. 7).
En cuanto a la vigencia, en la especie, del concepto de deuda de valor declaró —por mayoría— que no requería la ponderación de principios, sino el debate entre alternativas interpretativas razonablemente posibles y compatibles con los enunciados constitucionales y legales, ante una tarifa legal que impedía por sí sola, y en el caso, "la derrotabilidad de la norma jurídica válida y vigente" (v. sent., pág. 22).
Expuso que el sistema tarifado y sus variables responden a principios generales del Derecho del Trabajo, que no resultan —en el caso— violatorios de Derechos Humanos, ni lesivos de la dignidad del hombre (v. sent., págs. 22/23).
A ello agregó que, para el supuesto de mora, el capital se integra con los accesorios que se determinen, y —eventualmente— con otras sanciones que se impongan conforme las prescripciones del orden jurídico (v. sent., pág. 23).
Destacó que la declaración de inconstitucionalidad de las normas resulta la ultima ratio del orden jurídico (art. 75 inc. 22, Const. nac.), y que en el caso "...no se da la derrotabilidad de la regla del art. 12 de la ley 24.557, por el principio de 'realismo económico' que introduce 'la deuda de valor'" (v. sent., pág. 24).
Aclaró que el principio receptado en el art. 772 del Código Civil y Comercial no resulta de aplicación en la especie.
Señaló —con cita de los precedentes L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020)— que este último concepto ha sido empleado por la jurisprudencia para corregir desajustes inequitativos en la responsabilidad laboral fundada en el derecho civil, que no cuenta con tarifa normativa (v. sent., págs. 24/26).
Añadió —también por mayoría— que el fallo de esta Corte L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021) no resulta de aplicación en la especie, atento no existir en autos elementos de juicio que permitan cotejar los salarios del modo que lo realizó el voto mayoritario en dicho precedente, de forma tal no se verifica una ratio decidendi extensiva a los hechos verificados en autos (v. sent., pág. 26).
Sentado lo anterior, a fin de determinar si el actor resultaba acreedor de diferencias por prestacionales sistémicas, resolvió que la indemnización por la incapacidad determinada no podía superar la suma que resulte de multiplicar $180.000 por el porcentaje de incapacidad (30%), arribando a la suma de $54.000, conforme lo prescripto en el decreto 1.278/00, modificatorio de la ley 24.557 (v. sent., pág. 28).
A dicho resultado, le adicionó los intereses que indicó desde el evento dañoso (9-IX-2008) hasta la fecha del primer pago parcial (24-X-2010), sobre cuyo monto total dedujo el importe de $32.111,77, ya percibido por el trabajador. Luego, al remanente ($35.404,73) le aplicó acrecidos desde la última fecha señalada, hasta la del segundo pago parcial (1-IV-2015), descontando luego el valor allí abonado por la aseguradora ($10.703,93), arribando a un total de $52.255,20, en concepto de diferencia de prestaciones dinerarias de la Ley de Riegos del Trabajo. Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse los accesorios con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta su total y efectivo pago (v. sent., págs. 28/29.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 y 28 de la Constitución nacional; 2 apartados 1, 7 apartado "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo de San Salvador; de los principios alterun non laedere, de indemnidad, protectorio y progresividad; y —finalmente— de los arts. 11 de la ley 24.557 y 772 del Código Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 25-XI-2022).
II.1. Cuestiona la sentencia de grado en cuanto allí se resolvió —por mayoría— no aplicar la doctrina legal que —dice— emerge del precedente de esta Corte L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), por remitir —en opinión mayoritaria— a presupuestos diversos al caso en juzgamiento.
En este sentido, también entiende vulnerado, entre otras causas que cita, el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021).
Postula que las circunstancias de hecho ventiladas en dichas actuaciones resultan —contrariamente a lo resuelto por el juzgador— análogas al presente, toda vez que en aquellas —también— el salario del dependiente se vio mermado por el proceso inflacionario que sufre nuestro país, lo cual entiende un dato público y notorio.
Afirma que la decisión del juzgador resulta dogmática, desde que para resolver del modo en que lo hizo se basó en meras diferencias de fechas que en nada cambian la realidad económica imperante.
Expone que resulta llamativo lo resuelto en la sentencia, respecto a la inexistencia en el expediente de elementos de juicio que permitan cotejar diversos salarios, del modo en que lo hizo el voto mayoritario en el precedente "Amaya", a fin de acreditar el perjuicio alegado; cuando —aduce el quejoso— fue el propio juzgador quien generó tal situación, al resolver que la cuestión debía tramitar como de puro derecho (v. rec., págs. 9/10).
Señala que no obstante ello, el voto de la minoría, utilizando el iuria curia novit y además cuestiones de público y notorio conocimiento, pudo determinar el menoscabo que la situación descripta genera al actor.
Entiende que el tribunal de origen pudo recurrir —y no lo hizo— a las facultades previstas en el art. 12 de la ley 11.653 —vigente al momento de interposición de recurso— y resolver conforme lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial.
Menciona precedentes de la Corte federal de los que surge —según afirma el quejoso— la exigencia de los órganos de grado de analizar la razonabilidad de las indemnizaciones.
II.2. Objeta que el tribunal de grado haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto computa como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Sostiene que el fallo de grado no tuvo en cuenta el carácter de deuda alimentaria de las prestaciones previstas en la Ley de Riegos del Trabajo, el límite de confiscatoriedad y su carácter de deuda de valor.
Postula que las sucesivas reformas y actualizaciones efectuadas sobre el sistema de la ley 24.557 (dec. 1.694/09, leyes 26.773 y 27.348), exhiben claramente la insuficiencia reparatoria del régimen derivado de anclar el cálculo del ingreso base a los doce meses anteriores al evento dañoso.
II.3. Aduce que el juzgador soslayó meritar —a partir del análisis acotado y parcial que efectuó de los conceptos de "razonabilidad" y "confiscatoriedad"— la insuficiencia del crédito, calculado en base a pisos vetustos y salarios desfasados, pulverizando la prestación debida al dependiente.
Añade que también omitió expedirse en torno al enriquecimiento sin causa, y sancionar la mora de la aseguradora demandada.
Esgrime que tampoco tuvo en miras la discriminación que sufre el accionante, quien no puede acceder a un resarcimiento adecuado, con relación a quienes —por aplicación de diversas normativas— perciben una indemnización calculada en base a salarios actuales.
II.4. Agrega que la Corte nacional estableció las pautas de suficiencia de los resarcimientos laborales, ratificando la necesidad de garantizar la razonabilidad de las prestaciones, criterio que mantuvo en los precedentes "Marando" y "Leguizamón".
Menciona también, en este sentido la postura minoritaria que emerge de las causas L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018) falladas por este Tribunal.
II.5. Indica que, al no considerar la prestación dineraria como un crédito alimentario o deuda de valor, el juzgador vulneró los arts. 11 apartado 1 de la ley 24.557, y 14 bis y 17 de la Constitución nacional. Insiste en peticionar una actualización o ajuste de valores al momento del efectivo pago, conforme a lo dispuesto por los arts. 8 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (conf. texto de la ley 27.348).
Alega que por el solo hecho de tratarse de una indemnización tarifada, se excluyó —por mayoría— la aplicación del concepto de deuda de valor.
Descalifica la inaplicabilidad declarada por parte del órgano de grado —mediante el voto mayoritario— del art. 772 del Código Civil y Comercial.
Menciona, en este punto, los precedentes de esta Corte A. 73.454, "Arguilla" (sent. de 13-XI-2019); L. 119.914, "A., D.A." (sent. de 22-VI-2020) y el voto de la magistrada que quedó en minoría en la instancia de grado. Insiste en peticionar una actualización o ajuste de valores al momento del efectivo pago, conforme a lo dispuesto en el art. 12 de la ley 24.557 —conforme ley 27.348—, aplicando salarios actuales para el cálculo del ingreso base mensual, o un salario del año 2015.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación en estudio fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada (v. resol. de fecha 7-XII-2022)— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al momento de interposición del recurso—, toda vez que el valor del litigio —se dijo— no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —texto según decreto 1.278/00— involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que —según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")— es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, y sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción, el agravio que objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto según dec. 1.278/00) —concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual (IBM)— debe ser desestimado por insuficiente, tal como explicaré a continuación.
III.2.a. En primer lugar, la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del órgano de grado de la doctrina emergente de las causas L. 120.648, "Amaya" y L. 120.521, "Monchiero" (sents. de 31-VIII-2021 y 30-VIII-2021, respectivamente), no resulta idóneo para controvertir lo resuelto.
III.2.a.i. En efecto, la impugnación es improcedente, pues parte de una errada lectura de tales precedentes. En rigor —tal como advirtió el propio órgano de grado al referirse al primero de los fallos—, lo allí juzgado no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los del caso bajo juzgamiento (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 127.013, "Borba", sent. de 27-VI-2023).
III.2.a.ii. Sin perjuicio de lo expuesto, tampoco es posible advertir de los elementos obrantes en autos la concurrencia de las condiciones que hube de aplicar para declarar en aquella oportunidad la invalidez constitucional del citado precepto en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024).
III.2.b.i Tampoco merecen acogida las manifestaciones vertidas por el recurrente en torno a la declaración de puro derecho dispuesta por el tribunal —resolución que arriba firme a esta instancia—; como así tampoco la supuesta falta de utilización de las facultades instructorias previstas en la ley ritual por parte de los magistrados que conformaron la mayoría de la decisión, atento remitir a cuestiones procesales previas a la sentencia definitiva, que se encuentran preclusas y, por ende, marginadas de la competencia revisora de esta Suprema Corte (causas L. 101.011, "Nolasco", sent. de 6-III-2013; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 121.754, "C., V. P.", sent. de 12-II-2020; L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023; e.o.).
III.2.b.ii. Por otro lado, cabe señalar aquí, a propósito de las manifestaciones que formula el quejoso con sustento en el voto del magistrado que quedó en minoría, que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuyos embates, por estructurarse básicamente en las aseveraciones de la minoría, dejan incólume la construcción sustentada por la mayoría del tribunal (en el mismo sentido, causas L. 77.041, "Maza Vergara", sent. de 10-IX-2003; L. 90.933, "Toppa", sent. de 5-V-2010; L. 106.232, "Jederlinc", sent. de 27-VI-2012; L. 123.542, "Atalaya S.A.", sent. de 15-VI-2022; L. 128.464, "Supermercados Mayoristas Makro S.A.", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
III.3. Con relación a las restantes alegaciones que porta la crítica, también resultan infructuosas, desde que el quejoso solo se limita a formular consideraciones genéricas —tales como la hipotética insuficiencia reparatoria, las pautas de razonabilidad y no confiscatoriedad, entre otras manifestaciones— sin aportar mayores fundamentos que nutran su postura; y con aptitud suficiente para derribar los concretos fundamentos blandidos por la mayoría del tribunal para decretar, en el caso, la validez constitucional de la disposición que el quejoso pretendeírrita.
En tal sentido, es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023).
III.4. Por otro lado, no puede ser acogida la tesis que porta el recurso basada en que el sentenciante habría omitido abordar distintos planteos efectuados por su parte (vinculados con la "insuficiencia del crédito", "el enriquecimiento sin causa", y la omisión en "sancionar mora", entre otros; v. rec., pág. 17 y punto II.3. del presente).
Se aprecia que estos agravios resultan notoriamente inviables, toda vez que como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación es materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; e.o.).
III.5. Luego, en cuanto a la cita de los autos L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), cabe señalar que —tal com
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