Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131681
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.681, "Gaspari, Marina contra Nextel Comunicaciones Argentina S.R.L. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida e impuso las costas del modo en que especificó (v. sent. de fecha 10-X-2023).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-X-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Marina Gaspari y, en consecuencia, condenó a Nextel Comunicaciones Argentina S.R.L. y —solidariamente— a Cablevisión S.A. al pago de diferencias salariales, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales; así como también de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido; aquellas otras en concepto de daño moral y psíquico; y los resarcimientos previstos en los arts. 53 ter de la ley 11.653, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), y 1 y 2 de la ley 25.323 (v. sent. de 10-X-2023).
Para así decidir, en lo que interesa, estableció que no resultó materia de controversia la existencia de un vínculo laboral entre la actora y Nextel Comunicaciones Argentina S.R.L., con fecha de inicio el día 19 de septiembre de 2005.
En cuanto a Cablevisión S.A. resaltó que, si bien no existía constancia alguna que permitiera inferir que hubiera actuado como empleadora directa, y que en la demanda no se efectuó un claro desarrollo respecto de las razones por las cuales fue traída al pleito, surgía admitido por la misma que resultaba ser titular del total del capital societario de la empresa codemandada (v. vered., acápites "a" y "b", págs. 2 y 10).
Con apoyo en las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa —las que detalló pormenorizadamente—, estimó acreditado que la señora Gaspari prestó tareas equivalentes a la categoría convencional de "supervisora", con una jornada promedio de diez horas diarias de lunes a viernes; así como las condiciones laborativas en las que se desempeñó (v. vered., acápite "a", págs. 2 a 11).
En cuanto al distracto, luego de analizar el intercambio postal, refirió que el contrato de trabajo se extinguió el día 25 de mayo de 2016, fecha en la que la trabajadora, frente al desconocimiento por parte de la empleadora de los reclamos formulados en su misiva anterior del día 2 de mayo del mismo año —donde intimó solicitando, de un lado, la correcta registración de la relación laboral según la categoría y jornada denunciadas y, del otro, el cese del mobbing al que diariamente, según indicó, se encontraba sometida por parte de sus superiores—, se consideró injuriada y despedida (v. vered., acápite "a", págs. 8 a 10).
Juzgó probado que la mejor remuneración mensual, normal y habitual de la demandante —contemplando la jornada de diez horas diarias de lunes a viernes— ascendió a la suma de $26.016,67, ello, conforme a la categoría convencional en la que la consideró encuadrada —U5 del CCT 714/15—, a partir de la prueba pericial contable producida y derivada de la medida para mejor proveer dispuesta con fecha 6 de junio de 2022 (v. vered., acápite "d", pág. 12).
Asimismo, estimó acreditado —con la pieza postal de fecha 13 de mayo de 2016, obrante a fs. 12—, que la demandante intimó por el plazo de cinco días a la firma Nextel Comunicaciones Argentina S.R.L., a los fines de que indicara el lugar donde podía retirar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, emplazamiento que fue contestado por la empresa con fecha 17 de mayo de 2016 (v. vered., acápite "e", pág. 15).
Finalmente, con sustento en los informes periciales producidos (psicológico y médico), concluyó que la actora presentaba una patología asimilable a una reacción vivencial neurótica depresiva de grado II, que le provocaba una incapacidad parcial y permanente del 14,40% de la total obrera, así como también que, de acreditarse las condiciones laborales denunciadas en demanda "podrían caracterizarse como burn out y mobbing " (v. vered., acápite "g", pág. 16).
Ya en la sentencia, constatada la deficiente registración del contrato de trabajo, en cuanto a la categoría y extensión horaria, y el contexto de mobbing y discriminación al que se encontró expuesta la trabajadora, juzgó que el despido indirecto resultó plenamente justificado.
Previo a analizar los rubros reclamados, precisó que en aquellos casos en los que el tiempo que insumió el proceso judicial lo ameritara y en el marco del grave y persistente proceso inflacionario de la economía de nuestro país que alteraba sustancialmente el valor del crédito controvertido, los jueces debían apartarse de las liquidaciones hechas en base a pautas fijas, si por su intermedio "se arriba a un resultado que implica una solución absurda de conformidad con la realidad económica, afectando de tal modo, la integralidad del crédito" de la acreedora (v. sent., págs. 24 y 25).
En esa línea, sostuvo que una herramienta adecuada para proteger los créditos laborales ante el paso del tiempo y los periodos inflacionarios, era considerar a aquellos como una deuda de valor. Explicó que resultaría completamente injusto y contrario al principio de justicia y de equidad, calcular el resarcimiento con un salario completamente desfasado de la realidad —en el caso, de $28.184,72, suma que representa la mejor remuneración, mensual, normal y habitual devengada— que en su aplicación nominal representaría la irrisoria suma de $310.031 en concepto de la indemnización por despido con arreglo al art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, según la antigüedad computable de once años. Dicho monto —prosiguió— que a la fecha de la sentencia representaba menos de la mitad de lo que sería un salario actual para la actividad desarrollada por la señora Gaspari, que al mes de agosto del 2023 ascendía a la suma de $796.114,58 (v. sent., págs. 25 y 26).
Entendió que ante la prohibición legal de aplicar mecanismos de indexación en virtud del principio de suficiencia del salario —según el cual no se puede pagar una suma menor a aquella que a la época del pago se supone garantiza al trabajador y a su familia una reparación digna—, debía considerarse el mismo como una deuda de valor, el que determinó en base a la referida remuneración actual.
Añadió que, como según ha precisado calificada doctrina, la obligación de pagar la indemnización por daños y perjuicios derivada de un accidente de trabajo es una deuda de valor y no una deuda de dinero, por lo que —afirmó— no existe impedimento jurídico alguno para calcular el importe del resarcimiento con arreglo al salario vigente al momento que se paga la indemnización, en tanto lo que adeuda la demandada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago. Aseveró que la solución propuesta encontraba amparo en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación y en diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte (v. sent. págs., 26 y 27).
Sobre esa base, liquidó los rubros que declaró procedentes teniendo en cuenta la remuneración devengada por la demandante conforme el valor actual.
Entre ellos, juzgó procedente la multa establecida en el art. 80 de la citada Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), ante la intimación fehaciente cursada por la legitimada activa, y —según dijo— el requerimiento formulado en la presente acción.
Respecto del daño moral, estableció su cuantía en la suma reclamada en la demanda equivalente al veinte por ciento del monto de la condena antes establecido; y, en cuanto al daño psíquico, estimó justo y equitativo fijarlo en el monto indemnizatorio que eventualmente hubiera correspondido mediante el sistema reparatorio de la ley 24.557, ello considerando, entre otras variables, la aludida remuneración actual de la accionante (v. sent., págs. 30 a 32).
Finalmente, dispuso la aplicación de intereses sobre el capital de condena, desde el día en que operó el distracto y hasta el efectivo pago, calculados según una tasa pura del 6% anual (v. sent. de fecha 2-V-2022).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada —previo a indicar que la empresa Telecom Argentina S.A., cuyo poder acompaña, absorbió por fusión a Cablevisión S.A., quien a su vez adquirió a Nextel Comunicaciones Argentina S.A.— denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 1, 2, 3 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 2, 3, 10, 765, 766, 768, 770, 1.737, 1.741, 1.744, 1.746, 1.748 y 1.794 del Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10 de la ley 23.928; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico del día 26-X-2023).
II.1. Critica por absurda, arbitraria y dogmática la indemnización determinada en la sentencia.
II.1.a. En primer lugar refiere que el fallo resulta manifiestamente violatorio de lo dispuesto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto, por un lado, para calcular la indemnización reclamada, el órgano de grado utilizó como parámetro el salario devengado por una trabajadora con similar cargo de supervisora —conforme la categoría U5 del CCT 714/15— al mes de agosto de 2023, y no la mejor remuneración, mensual, normal y habitual devengada durante el último año de la relación laboral; mientras que, por otro, no contempló el tope legal impuesto por dicho artículo en su segundo párrafo.
II.1.b. Sostiene que al considerarse en el fallo a la indemnización por despido como una deuda de valor se actualiza el monto reclamado, infringiendo lo postulado por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, y contrariando la doctrina legal de esta Corte que no admite actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa. Cita a tal fin las causas L. 88.158, "Bejarano", sent. de 17-XII-2008; L. 93.235, "Ercorena", sent. de 11-II-2009 y L. 92.958, "Da Silva", sent. de 3-VI-2009; entre otras.
II.1.c. Relacionado con esta parcela de la crítica, alega que el fallo omite que el interés del acreedor expresado en la demanda fue obtener un valor medible en dinero y no una deuda de valor. Considera que, conforme quedó trabada la litis , solo se requirió en la demanda que los montos demandados se "actualicen por tasa activa", empero no se solicitó una actualización de la deuda, por lo que la sentencia es extra petita , y se aparta de la congruencia que debió mediar entre lo peticionado y lo resuelto, pronunciándose sobre tópicos no planteados en los términos de la demanda y contestación (v. rec., págs. 13 y 14)
II.1.d. Denuncia parcialidad y controvierte los argumentos brindados por el sentenciante para actualizar el crédito de la accionante, afincados en la situación económica del país, la inflación y el tiempo que demandó la tramitación del proceso. Aduce que no posee sustento normativo y que sus reflexiones son dogmáticas, en tanto presumen que la empleadora tiene incidencia en la política económica del país y que no le afectan las mismas situaciones de inestabilidad monetaria. Agrega que el retardo en la justicia afecta a todos los operadores del sistema judicial, pero el tribunal de grado sólo hace responsable a la recurrente.
II.2. Controvierte los intereses dispuestos sobre el capital actualizado.
Advierte que, además de transgredirse la doctrina legal de esta Corte que cita con relación a la materia, se realiza —en rigor— la prohibida capitalización de intereses, en violación del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En tal sentido, expresa que el sentenciante soslaya que al liquidar los rubros objeto de autos tomando como base salarios convencionales vigentes al momento de la sentencia —y no del distracto— incluyó entre sus "insumos" la tasa de interés. Luego, el hecho de adicionar una tasa pura del 6% sobre aquella suma implica —según dice— una capitalización de intereses, arribándose a un importe absurdo y generándose un enriquecimiento indebido a la actora.
II.3. Objeta —también— la cuantificación efectuada por el tribunal de grado en concepto de daños moral y psicológico, toda vez que para arribar a los montos de tales rubros indicó expresamente que utilizó como parámetro el salario de agosto de 2023 y, además, sobre el capital resultante, adicionó intereses.
II.4. Cuestiona el acogimiento de la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Argumenta que el órgano de origen incurrió en un grave error al decidir sobre una cuestión que no fue peticionada en el escrito de inicio, violando de este modo el principio de congruencia y omitiendo hasta la propia documentación adunada en autos, de donde surge que los certificados y la documentación exigida por la ley, fueron entregados en tiempo y forma y cuentan con la firma de puño y letra de la señora Gaspari.
Agrega que, según se desprende del intercambio telegráfico habido entre las partes, la demandante no cumplió con la intimación prevista en el decreto 146/01, por lo que denuncia absurdo, también, en la valoración efectuada de las constancias de la causa.
II.5. Finalmente, impugna la sentencia de grado en cuanto —asegura— incurrió en el señalado vicio en la ponderación de la prueba testimonial al considerar demostrados aspectos de la relación laboral por el período comprendido entre septiembre de 2005 a mayo de 2016, con sustento en testimonios que —afirma— solo pudieron brindar datos hasta el año 2011.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; e.o.).
Con sujeción a tales límites corresponde examinar el caso, alterando —por razones metodológicas— el orden en el tratamiento de las críticas formuladas.
III.2. El reproche dirigido a cuestionar la valoración de la prueba testimonial efectuada por el órgano de grado no merece favorable recepción.
III.2.a. Conforme surge de la reseña de antecedentes efectuada, el tribunal de grado definió, con fundamental sustento en las declaraciones recibidas en la audiencia de vista de la causa distintos extremos fácticos, tales como las tareas, la jornada y las condiciones laborativas en las que se desempeñó la actora, destacando pormenorizadamente los dichos de los testigos que le generaron suficiente convicción acerca de los puntos indicados (v. vered., acápite "a" y "c").
III.2.b. Desde ese plano, me permito recordar, en lo referido a los testimonios, que la tarea orientada a su valoración y a la convicción que, en marco del sistema de apreciación en conciencia de la prueba (art. 44 inc. "d", ley 11.653, aplicable al caso), merezcan las declaraciones, es privativa del órgano de grado y, como tal, no resulta —en principio— revisable ante esta sede casatoria, salvo absurdo (causas L. 121.935, "Ibarra", sent. de 2-XI-2020; L. 123.542, "Atalaya", sent. de 15-VI-2022 y L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024).
Adelanto, sin perjuicio de advertir lo informado por el órgano de grado en el proveído de fecha 20 de octubre de 2023, que dicha anomalía no se ha logrado acreditar en la especie.
III.2.c. En efecto, la crítica formulada luce insuficiente para conmover lo resuelto, en tanto solamente exhibe la disconformidad del recurrente con la solución alcanzada en el fallo, a través del intento de disputarle al tribunal interviniente la potestad de evaluar la prueba oral, sin lograr demostrar —con ese ineficaz método— la existencia de absurdo.
Es dable destacar, que el interesado no se encarga de indicar con claridad los hechos puntuales que considera que no se han acreditado cabalmente con el referido medio de prueba, limitándose a mencionar —en un lacónico párrafo— que solo se comprobó que la trabajadora realizó tareas correspondientes a una categoría diferente a la registrada hasta el año 2011, empero que no hay pruebas que acrediten tal extremo desde esa fecha en adelante. Añade que aquella premisa se expande "sobre el resto de los reclamos realizados, patrimoniales y extrapatrimoniales" (v. rec., pág. 20). Tal manifestación no importa una crítica idónea, directa y eficaz del razonamiento desplegado por el tribunal de grado, recaudo insoslayable para transitar con éxito la casación (causas L. 119.059, "M., M. I.", sent. de 18-IV-2018; L. 119.735, "O., E. R.", sent. de 15-VIII-2018; L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
De allí que estas conclusiones del fallo objetado han de permanecer enhiestas.
III.3. Considero, en cambio, que asiste la razón al quejoso cuando aduce que la decisión del órgano de grado con arreglo a la cual calificó a los créditos reclamados como deudas de valor resulta violatoria del principio de congruencia, a cuyo fin denuncia violado el art. 47 de la ley 11.653 (vigente a la época de la interposición del recurso, hoy art. 57 de la ley 15.057, conf. resol. SCBA 1.840/24), y de la doctrina legal elaborada sobre el tópico.
En este sentido, advierto que el agravio traído, contiene ciertas aristas similares al que examiné en las causas L. 128.268, "Biscossi" y L. 128.318, "Papada" (sents. de 21-III-2023), en las cuales arribé a la misma solución que aquí propicio.
III.3.a. En efecto, desde la lectura del escrito inaugural se advierte —sin hesitación— que la promotora del pleito practicó liquidación de los rubros reclamados tomando como base de cálculo la mejor remuneración devengada en el último año de prestación de servicios (v. escrito de demanda, v. fs. 71 vta. y 72), sin formular —siquiera de modo tangencial— argumentaciones destinadas a llevar a consideración del sentenciante la temática que el impugnante reputa incongruente.
II.3.b. En estas condiciones, en el caso bajo examen, tal definición —como se ocupa de evidenciar el compareciente— ha sido sorpresivamente introducida por los jueces integrantes del tribunal de grado, quienes cuantificaron los conceptos demandados tomando como módulo el salario convencional vigente al momento del pronunciamiento (con más la incidencia del sueldo anual complementario), tras concluir —con base en los argumentos que he reseñado en el apartado I— acerca de la naturaleza de deuda de valor de la indemnización por antigüedad prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo —en el texto vigente a la época de los hechos (art. 7, Cód. Civ. y Com.)— y, en consecuencia, de los demás créditos reclamados.
III.3.c. Se torna entonces evidente el apartamiento atribuido al órgano jurisdiccional de grado respecto de los términos en que la contienda quedó trabada.
Efectivamente, el juzgador de origen incurrió en transgresión del principio de congruencia, de la norma adjetiva denunciada que lo recepta, y de la doctrina legal forjada en torno a dicho postulado, impidiendo al quejoso ejercer su derecho de defensa de manera oportuna (art. 18, Const. nac.).
Recuérdese
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.