Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130124
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.124, "Rodriguez, María Celina contra I.P.E.N.S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 19-X-2022).
Se dedujo, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-XI-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen admitió la demanda promovida por María Celina Rodríguez y condenó al Instituto Privado Clínico Quirúrgico de Diagnóstico y Tratamiento Sociedad Anónima (IPENSA) al pago de la suma que estableció en concepto de vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales por el período 2017, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; y la sanción conminatoria mensual contemplada en el art. 132 bis de dicha ley (v. sent. de fecha 19-X-2022).
Para así decidir, estableció que no fue materia de controversia la existencia del vínculo laboral habido entre las partes, ni que dicha relación se extinguió mediante el despido directo dispuesto por la accionada el día 4 de octubre de 2017, invocando justa causa (v. vered., primera y segunda cuestión).
Con relación a la inconducta de la trabajadora que diera motivo a la rescisión del contrato de trabajo, tuvo por cierto que el día 17 de agosto de 2017 se encontró detrás de un tacho de basura del baño público de la entidad demandada una bolsa que contenía tres bidones de alimentos -que la actora identificó como propia- en circunstancias que llevan a pensar que la misma fue ocultada (v. vered., tercera cuestión).
Consideró que no se acreditó que la accionada hubiera entregado el certificado de trabajo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo al momento de la extinción del vínculo, pese a que la actora cursó la intimación al respecto en los términos del decreto 146/01 (v. vered., quinta cuestión).
Con respecto al reclamo incoado en los términos del art. 132 bis de la ley citada, juzgó acreditado que la accionante cumplió con el debido requerimiento fehaciente -efectuado mediante la cartular glosada a fs. 9-, que se acreditaron los descuentos de la patronal en forma regular de los aportes y contribuciones previsionales y de la obra social -con los recibos de fs. 30/40-, y que, del informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) obrante a fs. 185/196, surge que existen rubros impagos desde el mes de junio de 2001, lo que, a su vez, coincide con las propias constancias acompañadas por la demandada a fs. 130/135 (v. vered., quinta cuestión tratada).
Luego, ya en la sentencia, al valorar la legitimidad del despido dispuesto por la accionada, el órgano de grado estimó que aquel resultó injustificado, por no guardar adecuada proporcionalidad entre la alegada falta cometida -que tuvo por probada- y la sanción impartida.
Para arribar a tal conclusión, advirtió que se trataba de una trabajadora con más de diecinueve años de antigüedad, que nunca mereció sanciones disciplinarias ni llamados de atención, por lo que, si bien la conducta resultaría pasible de ser sancionada, entendió que la demandada debió adoptar medidas alternativas, y que los hechos narrados no eran suficientes para disponer la cesantía de la señora Rodríguez.
Finalmente, y tras tener por verificados los referidos recaudos impuestos en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, declaró procedentes los rubros salariales e indemnizatorios ya indicados (v. sent. de fecha 19-X-2022).
II. La demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación del Preámbulo y los arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 26, 29 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 4, 62, 63, 67, 84, 85, 132 bis, 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita (v. rec. de fecha 10-XI-2022).
II.1. En primer lugar, sostiene que la conclusión del órgano de grado que consideró que el despido resultó injustificado por no guardar proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción impartida, resulta absurda e inmoral.
Refiere que no es posible admitir que la sustracción de elementos -de la magnitud económica que fuere- de propiedad del empleador -o su intento-, pueda ser calificada como una simple irregularidad que no amerite el despido con justa causa. Agrega que, en estos casos, el quebrantamiento del principio de la buena fe y del buen trabajador, de los que deriva el deber de fidelidad, hacen imposible la continuación de la relación laboral.
Denuncia que el fallo viola el principio constitucional de "afianzar la justicia" y el sistema valorativo establecido en el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653 -aplicable al caso-, toda vez que la apreciación en conciencia de la prueba rendida no puede derivar en un análisis absurdo y arbitrario de ese mismo material probatorio.
Alega que las consideraciones mencionadas en el fallo -en torno a la antigüedad que detentaba la trabajadora, así como a la inexistencia de antecedentes disciplinarios previos a los hechos ventilados-, son absurdas para atenuar la falta cometida por la actora.
Invoca -en este tramo-, violación de doctrina legal, citando a tal fin causas de esta Corte y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II.2. Se agravia de la condena al pago de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por considerar que no se ha demostrado el incumplimiento de la accionada en la retención e ingreso de aportes a la seguridad social. Sostiene que se ha violado lo normado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial respecto a la carga probatoria.
Alega que el sentenciante incurrió en absurdo al apartarse de una prueba decisiva para la resolución de la causa, como lo es -según indica- el dictamen pericial contable, en el cual el experto refirió, luego de constatar las declaraciones juradas de la empleadora, que los aportes y contribuciones de la trabajadora se encontraban cumplidos. Agrega que el dictamen fue consentido por la accionante y que, sin embargo, el tribunal de grado, no lo mencionó en el veredicto.
Aduce, por otra parte, que la intimación realizada por la legitimada activa mediante la misiva de fs. 9, no cumple con los requisitos previstos en la mencionada norma, por ser genérica e imprecisa. A tal fin, invoca lo resuelto en dos causas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en las cuales se exige la concreta y específica intimación para que el empleador ingrese los aportes retenidos y no depositados, indicando explícitamente los períodos en los que se habría producido la supuesta irregularidad.
Asimismo, cuestiona la interpretación que efectúa el órgano de grado de los informes de AFIP -glosados a fs. 185/196- y del certificado obrante a fs. 130/135, en tanto refiere que lo único que allí se informa como "impago" son las contribuciones patronales, que no constituyen infracción de la norma del mencionado art. 132 bis de la ley 20.744 -texto ordenado-. Agrega que, sin perjuicio de ello, no corresponde tomar períodos alcanzados por la prescripción decenal.
II.3. Por último, impugna la condena al pago de la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Manifiesta que, el sentenciante, al resolver, vulnera el principio lógico de no contradicción, al tener por válidos a los certificados acompañados con la contestación de demanda, los que previamente valoró como prueba de la supuesta irregular retención e ingreso de aportes por parte de la empleadora.
Agrega que es un exceso ritual condenar a la accionada al pago de una multa por no haber entregado el mencionado certificado, cuando es evidente que la actora no lo iba a recibir, al estimar que no respondía a la verdad.
III. El recurso no prospera.
III.1. El agravio dirigido a cuestionar la conclusión del tribunal de origen por la que se declaró injustificado el despido directo de la actora, no es de recibo.
III.1.a. Conforme surge de la reseña de antecedentes, el órgano de grado estimó que no está controvertido que la extinción de la relación laboral se instrumentó mediante la carta documento enviada por la demandada, en fecha 4 de octubre del 2017. Dicha misiva comunicó el despido directo, motivado en un "grave acto de inconducta" de la actora, consistente en ocultar -el día 17 de agosto de 2017- detrás de un recipiente de basura, ubicado en el baño del sanatorio donde se desempeñaba, una bolsa con tres bidones de alimentación destinados a pacientes, así como manifestar que eran suyos y dejarlos primero en la cocina y luego en el conmutador (v. veredicto, segunda cuestión).
El sentenciante valoró las declaraciones de los testigos Pontel, Pesado y Heras y consideró que había sido esencialmente demostrada la causal invocada por la empleadora (v. vered., tercera cuestión tratada y sent. apdo. II, pto. 1).
Sin embargo, al examinar la proporcionalidad y la entidad de la injuria, conforme lo normado por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, concluyó que la demandada debió adoptar medidas alternativas y que los hechos narrados, no eran suficientes para disponer la cesantía de la accionante.
Para ello, consideró las circunstancias que rodeaban al caso conforme lo acreditado en el veredicto, la antigüedad que detentaba la señora Rodríguez y la inexistencia de sanciones disciplinarias o llamados de atención previos.
III.1.b. Sabido es que la apreciación del material probatorio, la valoración de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo contractual, y lo atinente acerca de la existencia o la entidad de la injuria en las causales invocadas que justifiquen la extinción de dicho vínculo, constituyen materias reservadas a los jueces de grado. Las conclusiones que en ejercicio de dichas atribuciones estos formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite la existencia de una absurda apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, o que se demuestre que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT; causas L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 121.729, "Zambrano", sent. de 9-XI-2020).
Cabe también recordar que tal anomalía sentencial, exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
III.1.c. En esta inteligencia, los cuestionamientos que expone el apelante en su escrito recursivo, evidencian la discrepancia con lo decidido por el tribunal de grado, pero no alcanzan para acreditar la existencia del mentado vicio, ni la falta de prudencia del sentenciante en la apreciación de la injuria.
En rigor, el recurrente centra su crítica en postulados que no fueron invocados como causal del distracto en la carta documento que instrumentó el despido directo, tales como la "sustracción de elementos", "el quebrantamiento del principio de buena fe", "del buen trabajador" y del "deber de fidelidad".
Ello así, las consideraciones desarrolladas en su embate solo exhiben argumentos que pretenden apoyarse en su subjetiva versión de los hechos y de cómo -a su criterio- debió apreciarse la entidad de la causal invocada por la accionada para rescindir el vínculo laboral que la uniera con la actora, revelando un razonamiento que traduce el simple intento de disputarle al juzgador el uso de sus facultades privativas, lo que no resulta eficaz a los fines pretendidos.
III.1.d. Cabe agregar, en relación a los precedentes que el interesado identifica en su impugnación, que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los antecedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disimiles a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023 y L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023), lo que surge del propio relato efectuado por el impugnante.
Asimismo, no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.786, "Martínez", sent. de 27-VI-2023; L. 126.456, "Dominici", sent. de 22-VIII-2023; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; L. 127.597, "López", sent. de 4-X-2023; e.o.).
III.2. Seguidamente, corresponde abordar la crítica orientada a derribar la definición vinculada a la procedencia de la sanción conminatoria mensual que contempla el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2.a. Es dable señalar en forma liminar que establecer -con arreglo a la prueba producida- si se verifican -o no- los requisitos a los que dicha norma subordina la aplicación de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) bajo examen, constituye una potestad privativa de los jueces de grado. Por ello, las conclusiones que se formulen al respecto en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no son susceptibles de revisión en Casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 119.732, "Cifuentes", sent. de 25-X-2017; L. 124.724, "Ibarra", sent. de 9-II-2021 y L. 125.822, "Martinez", sent. de 27-VI-2023).
III.2.b. En el caso, si bien el recurrente denuncia la existencia del mentado vicio lógico, no logra acreditar su configuración (art. 279, CPCC).
III.2.c. La crítica afincada en la supuesta omisión del órgano inferior de mencionar y ponderar al dictamen pericial contable deviene inhábil para conmover lo resuelto, toda vez que los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el fallo pues, al prevalecer la apreciación en conciencia -según la normativa adjetiva de aplicación al momento del dictado del fallo-, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.468, "Ferreyro", sent. de 18-VIII-2020; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 125.955, "Claramunt", sent. de 3-XI-2022 y L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024), el que no se verifica.
En esta línea, el órgano de grado, con apoyo en la prueba informativa de AFIP de fs. 185/196 y en el certificado acompañado por la propia accionada a fs. 130/135, tuvo por probada la existencia de rubros impagos desde junio de 2001 en adelante, sin que el recurrente acredite que la mencionada conclusión sea absurda o arbitraria.
En rigor, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al órgano jurisdiccional a la solución objetada, el impugnante postula un nuevo examen de los hechos y de las pruebas según su personal criterio valorativo, técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.2.d. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo viole lo preceptuado por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, el órgano judicial de grado, arribó a la definición de que en el caso se verificaron las circunstancias que tornaron procedente a la multa del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, no por el incumplimiento de la carga de la prueba asignada a alguna de las partes, sino a partir de un acabado análisis de los elementos efectivamente aportados y producidos (v., en particular, vered., quinta cuestión), en una conclusión que -de acuerdo a lo antes resuelto- permanece firme.
III.2.e. Luego, de la lectura del escrito de la contestación de la demanda, se desprende que, la recurrente, en aquella oportunidad, se limitó a rechazar la procedencia del rubro en cuestión por "carecer de fundamento" (v. fs. 87 vta.), sin contar el planteo con un mayor desarrollo, ni haberse efectuado ninguna precisión en torno a la intimación efectuada por la accionante, que ahora incorpora en su recurso.
Lo señalado alcanza para dejar en evidencia la ineficacia del intento revisor en este punto, puesto que, el impugnante incorpora un planteo que no fue oportunamente desarrollado en el escrito constitutivo, lo que trasluce un notorio e impropio cambio de enfoque.
De ahí que resulte aplicable la doctrina legal de esta Corte en orden a que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria el argumento novedoso, que no fue sometido a conocimiento del tribunal de grado en el momento oportuno (causas L. 117.999, "Fernández", sent. de 15-VII-2015; L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 122.586, "Jurao", sent. de 30-XII-2021 y L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023).
III.3. Tampoco lucen idóneos los cuestionamientos dirigidos a controvertir el acogimiento de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
III.3.a. En el veredicto se estimó que los certificados previstos en la norma mencionada, no fueron entregados al actor al momento de la extinción del vínculo, pese a que la actora intimó en los términos del decreto 146/01. Destacó, que recién se acompañaron con la contestación de la demanda, quedando desvirtuado el argumento de "haberlos puesto a disposición" y estimando que en rigor debió haberlos consignado judicialmente (v. vered., quinta cuestión). En base a ello, y ya en la sentencia, condenó a la accionada al pago de la pertinente sanción.
III.3.b. El impugnante no rebate eficazmente aquella esencial motivación que brindó el tribunal de origen para la aplicación de la norma en cuestión.
En tal sentido, resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que indica que es insuficiente el recurso extraordinario que omite formular una crítica concreta y eficaz a la motivación central del fallo sobre la que se asienta el pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 117.042, "Maglione", sent. de 7-V-2014; L. 117.426, "Chazarreta", sent. de 23-XII-2014; L. 121.152, "Cupo", sent. de 21-XII-2020; L. 123.754, "Lobo", sent. de 3-IV-2025; e.o.).
III.4. Finalmente, se impone puntualizar que la invocación de quebranto de garantías constitucionales -invocada en diversas partes de la impugnación-, carece de andamiento, pues ello derivaría -eventualmente- de la previa acreditación de la infracción de las normas legales alegadas (causas L. 92.430, "Galarza", sent. de 20-VIII-2008; L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018 y L. 127.427, "Cingolani
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