Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131583
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.583, "Municipalidad de Coronel Suárez contra Alonso Sebastián Andrés. Exclusión de tutela sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 4-X-2023).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-X-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical iniciada por la Municipalidad de Coronel Suarez contra el señor Sebastián Andrés Alonso, y —en consecuencia— dispuso que aquella quedaba habilitada a imponerle al accionado una suspensión de treinta días sin goce de haberes.
Para así decidir, juzgó acreditado que el demandado prestaba servicios para el municipio accionante en el sector recolección, detentando el cargo de primer vocal suplente en la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, amparado por la ley 23.551.
Valorando la prueba, así, el legajo personal del accionado glosado digitalmente el día 2 de junio de 2023, la investigación penal preparatoria agregada el 10 de julio de 2023 y la testimonial, entendió que habían quedado probados "casi todos los hechos invocados en demanda, que precedieron a la conducta de Alonso el día 13 de septiembre de 2022, como también los que se configuraron después de esa fecha, en que se reiteraron incumplimientos a su obligación contractual" (vered., pág. 14).
Sostuvo que en la especie convergían varios de los motivos invocados por el principal, por lo que su idoneidad para constituirse en justa causa debía ser valorada en conjunto, seguidamente, dijo que todos se apreciaban de entidad. Agregó que era irrelevante la inexistencia de antecedentes disciplinarios o tenidos como tales atento la defensa del accionado, y que en el caso se verificaba la existencia de una conducta continua, no consentida por el empleador, quien —continuó— en todo momento siguió un rumbo correctivo, comunicando las faltas, dándole derecho de defensa y considerando su carácter de delegado gremial en tanto no efectivizó de ningún modo las sanciones que entendió correspondían.
En ese marco, precisó que el último de los incumplimientos atribuidos al trabajador, consistente en haber cerrado el día 13 de setiembre de 2022 el portón de ingreso al corralón municipal (impidiendo la salida del personal del turno), fue el desencadenante de una conducta impropia continua, con gravedad propia y aún mayor en el contexto de los demás hechos que consideró probados. Y en relación con dicho acontecimiento, puntualizó el juzgador que en sede penal el demandado hubo de declarar que su proceder había obedecido a broma, cuando al absolver posiciones manifestó que fue un acto de protesta, que al cabo no resultó probado y que —en todo caso— debió canalizar por los medios institucionalizados.
Concluyó que los incumplimientos del accionado resultaron constitutivos de justa causa, no habiéndose demostrado la existencia de una motivación antisindical por parte del demandante. Con todo, estimó justificada la sanción disciplinaria que se pretendía aplicar al accionado, por lo que dispuso acoger la acción de exclusión de la tutela sindical.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 171 de la Constitución provincial; 26, 44, 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 164, 296, 330, 375, 384, 439 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial, y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona la valoración de la prueba realizada por el órgano de la instancia de grado.
Objeta que el a quo haya ponderado supuestas notas presentadas por los compañeros del demandado los días 28 de mayo y 22 de julio de 2019, cuando —aduce— en oportunidad de contestar la demanda fuera desconocida la totalidad de la prueba documental acompañada por la contraria.
Impugna asimismo la ponderación de la prueba testimonial. Entre otras discrepancias, descalifica las declaraciones de los testigos propuestos por la parte actora por resultar —a su modo de ver— mendaces.
Afirma que el tribunal omitió valorar la totalidad de la prueba acompañada con el escrito de contestación de la demanda.
Aduce que el a quo no tuvo en cuenta que el accionado rechazó en tiempo y forma todas las sanciones que pretendió aplicarle la actora, las cuales —agrega— no se hicieron efectivas, ni se inició a su respecto el proceso de exclusión de la tutela, por lo que el legajo del señor Alonso —afirma— carecía de antecedentes. En consecuencia, entiende que la suspensión de treinta días fijada en la sentencia luce desproporcionada.
En relación con el último hecho destacado por el sentenciante, manifiesta que en autos solo se reconoció el cierre del portón de acceso al corralón municipal por escasos segundos, hecho que —asevera— se produjo en el marco de un reclamo gremial conforme se acreditó con la prueba documental obrante en autos.
Enfatiza también la falta de ponderación y escasa referencia a los dichos de los testigos ofrecidos por la parte demandada, concretamente, refiere que mediante las declaraciones que indica se comprobó que el municipio tomaba represalias contra los dependientes que se plegaban a legítimas medidas de acción sindical, y que ello fue soslayado por el tribunal.
II.2. Luego de invocar "arbitrariedad de la sentencia" en razón del modo en que se valoró la prueba, denuncia el quebrantamiento del principio de congruencia pues sostiene que no se intimó a la parte actora a subsanar el vicio en que —asegura— incurrió por no haber designado con total exactitud la cosa demandada, en tanto en su escrito liminar solicitó alternativamente la cesantía del actor o su suspensión por treinta días. Manifiesta que en el caso no medió conformidad entre la sentencia y el pedimento actoral.
II.3. Como otra muestra de las infracciones que denuncia, alega que en el veredicto no se especificó cuáles hechos quedaron demostrados y cuáles no.
II.4. Reitera que se observa una falta de proporcionalidad entre la sanción a aplicar y la supuesta falta cometida. Nuevamente aludiendo al hecho situado en el cierre del portón, alega que se trató de una medida individual de carácter gremial y que los testigos expresaron que el servicio se prestó con normalidad y sin perjuicio para el municipio.
Alega que, en virtud del principio de contemporaneidad, no pueden convergir varias causas en una sola acción, resultando relevante en la especie que el demandado carezca de antecedentes disciplinarios.
Cita doctrina legal vinculada con el cumplimiento del requisito de razonabilidad de la sanción a aplicarse.
III. El recurso no prospera.
Por cuestiones metodológicas en el abordaje del medio de impugnación habrá de alterarse el orden en que fueron propuestos los agravios por el interesado.
III.1. El reproche fundado en el presunto quebrantamiento del principio de congruencia, no merece acogida.
Cabe memorar que dicho postulado procesal implica conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resultando violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Const. nac.; 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653; causas L. 122.222, "Novoa", sent. de 14-XII-2020; L. 124.088, "Kessler", sent. de 18-V-2021 y L. 129.063, "Gómez", sent. de 4-X-2023.).
Bajo esas directrices, y sin perjuicio que la pretendida intimación que esgrime para sustentar esta parcela del recurso remite a etapas alcanzadas por la preclusión y por ello conforma un argumento inatendible en esta sede casatoria (causas L. 100.194, "Seibane", sent. de 12-X-2011; L. 111.874, "L.,R. A.", sent. de 08-V-2013 y L. 121.958, "Lamuraglia", sent. de 7-IX-2023), a todo evento, el mero enfoque discrepante del quejoso, en modo alguno evidencia el yerro que denuncia, cuando sus expresiones lejos están de atacar idóneamente la valoración que pudo haber realizado el juzgador de grado del escrito de la demanda al ponderar la pretensión allí incorporada.
III.2. No mejor suerte han de correr las objeciones referidas a la prueba.
III.2.a. Es sabido que la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y acredite el absurdo (causas L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023 y L. 128.464, "Supermercados Mayoristas Makro S.A. ", sent. de 30-IV-2024). También, que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024).
III.2.b. Las alegaciones que porta el recurso dirigidas a controvertir —en lo esencial— la valoración y selección que efectuó el tribunal de grado de la prueba producida en autos, no son aptas para acreditar la configuración de aquella excepcional anomalía.
III.2.b.i. En lo tocante a la prueba testimonial, ocupa memorar que su apreciación se encuentra reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de valoración en conciencia —aplicable a la época del dictado del fallo, art. 44 inc. "d" de la ley 11.653—, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024).
En este marco, las manifestaciones que trae el compareciente carecen de sustento en las constancias de la causa, permaneciendo entonces en el plano de su mera disconformidad y disentimiento personal, resultando ineficaces para acreditar el aludido yerro.
Sin mengua de lo señalado, no está demás mencionar que en lo que respecta al testigo Beltrán —sobre el cual el impugnante pone particular énfasis— el juzgador de grado no hubo de soslayar ciertos rasgos particulares que debían ponderarse, fue así que advirtió en el veredicto que su declaración se encontraba afectada por la situación personal que guardaba con el accionado, por lo que señaló que sus dichos debían ser apreciados con la "cautela necesaria", no obstante lo cual los estimó corroborados con las manifestaciones de otros testigos de la causa, quienes también refrendaron —precisó— los hechos emergentes de los videos de las cámaras de seguridad aportados por la parte actora junto con el escrito de demanda (v. vered., pág. 13/14).
III.2.b.ii. Tampoco luce hábil el discurso que el impugnante ensaya respecto de las notas de fecha 28 de mayo y 22 de julio de 2019 aduciendo que fueron desconocidas al contestar la demanda.
Aun cuando en una hipótesis favorable al recurrente no se avizora que tal señalamiento pudiese tener virtualidad para trastocar la motivación esencial que da sustento al pronunciamiento, surge de la evaluación de la prueba que desplegó el tribunal que dicha documentación se encontraría agregada al legajo del actor incorporado en las actuaciones en fecha 2 de junio de 2023, con posterioridad a que fuese contestada la demanda (v. vered., págs. 4 y 5). No ha reparado en ello el recurrente, quien así —lógicamente— tampoco ha alegado que la demandada hubiese efectuado observación alguna al respecto en el momento procesal oportuno.
III.2.b.iii. Asimismo, resulta inhábil el embate por conducto del cual se alega que el a quo no valoró que el trabajador demandado rechazó oportunamente la totalidad de las sanciones que le pretendió aplicar el municipio por lo que carecía de antecedentes disciplinarios.
Es que el sentenciante refirió expresamente la irrelevancia de esta última circunstancia, en razón de haberse verificado —así dijo— una conducta continua, no consentida por el empleador, quien en todo momento siguió un rumbo correctivo, comunicando las faltas, otorgando el derecho de defensa, y considerando el carácter de delegado gremial del actor, en tanto —aclaró— no efectivizó de ningún modo las sanciones que entendió correspondían (v. sent., pág. 19). Sin embargo, el quejoso se desentiende de rebatir idóneamente tal razonamiento, limitándose a repetir manifestaciones ya expuestas al contestar la demanda (v. presentación electrónica de fecha 22-III-2023, pág. 5).
Entonces, resultan de aplicación aquellas directrices de esta Corte que tachan de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024 y L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024).
III.2.b.iv. No varía la suerte del recurso la particular interpretación que efectúa el interesado sobre el acontecimiento ocurrido el día 13 de setiembre de 2022.
Nótese que el juzgador apreció que en sede penal el accionado Alonso había manifestado que aquel hecho que rodeó al mencionado "cierre del portón" había sido realizado a modo de broma a sus compañeros, y que ya en oportunidad de absolver posiciones en la audiencia de vista de la causa alegó que fue un acto de protesta, que no resultó probado y, en todo caso, debió canalizarla por los medios institucionalizados.
Tal razonamiento —fundamentalmente la contradicción que se ocupó de destacar el a quo — tampoco ha sido objeto de un ataque directo y eficaz por parte del impugnante, quien solo aporta la exteriorización de un criterio meramente discrepante, método infructuoso como técnica recursiva, y que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022 y L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
III.2.b.v. En este estado, queda al descubierto la insuficiencia del recurso en cada tramo en el que el quejoso intenta neutralizar la valoración de la prueba realizada por el a quo , sin que exista incertidumbre alguna acerca de cuáles hechos fueron los que consideró acreditados el sentenciante para arribar a la esencial conclusión con la que acogió la acción deducida en autos.
III.3. Aunque ya sin vigor la impugnación en materia de prueba, dable es mencionar que la regla de la sana crítica reclamada por el quejoso, no resulta aplicable al caso, donde a tenor de la época del dictado del fallo atacado, rige el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653 —aplicable en especie— (causas L. 121.253, "Portillo", sent. de 19-II-2020; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.4. En otro orden, a tenor del contenido de los escritos liminares, no son de recibo los argumentos dirigidos a sostener la ausencia de los requisitos de contemporaneidad y proporcionalidad de la sanción cuya aplicación se estableció en el fallo. Así pergeñados, resultan inatendibles, por cuanto recién han sido introducidos por el quejoso en esta instancia extraordinaria (conf. causas L. 125.824, "Falero ", sent. de 15-II-2023; L. 126.046, "Agüera", 27-III-2023; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Para más, tampoco se evidencia que la doctrina legal que se cita como violada haya sido elaborada bajo análogos presupuestos a los que exhibe el presente caso (causas L. 118.018, "Cócaro", sent. de 19-VIII-2018; L. 121.823, "De la Iglesia", sent. de 4-VII-2022; L. 125.944, "Astrada", sent. de 21-X-2022 y L. 129.929, "Belfiore", sent. de 20-XI-2024).
III.5. Con todo lo dicho queda abastecida la respuesta a las críticas traídas y —por ende— la decisión a la que arribó el juzgador de mérito debe permanecer inamovible, pues la impugnación no resulta útil para desvirtuarla.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/08/2025 12:05:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2025 10:16:54 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2025 11:37:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:31:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:47:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:47:01 hs. bajo el número RS-75-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia