Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129845
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido únicamente con relación al agravio analizado en el punto III.1. en cuanto en él se cuestiona la desestimación de la excepción de incompetencia decidida en la instancia. En cambio, se hace lugar al recurso, en lo relativo a la defensa de cosa juzgada administrativa opuesta y se revoca el pronunciamiento de origen con el alcance de lo dispuesto en el punto III.2.
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, se pronuncie al respecto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.845, "Pavarin, Nicodemo José contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos Del Trabajo. Accidente De Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó las excepciones de cosa juzgada administrativa e incompetencia, sin costas (v. pronunciamiento electrónico de fecha 26-VIII-2022).
Se dedujo, por la aseguradora de riesgos del trabajo demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-IX-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente, en el marco de la pretensión incoada por el señor Nicodemo José Pavarin contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en procura del pago de una indemnización por accidente de trabajo, rechazó las excepciones de cosa juzgada e incompetencia opuestas por la parte demandada (v. pronunciamiento electrónico de fecha 26-VIII-2022).
En relación con la primera de las defensas mencionadas, ponderando que la disposición de la comisión médica jurisdiccional fue dictada el día 19 de mayo de 2021 y que la demanda se presentó el día 23 de septiembre de 2021, sostuvo que el actor había ejercido la facultad conferida por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 en tiempo oportuno. Dijo que la citada norma provincial reconoce plena aptitud jurisdiccional y competencia al fuero del trabajo para revisar y ejercer un control judicial amplio y suficiente respecto de lo actuado en sede administrativa.
En lo tocante a la desestimación de la excepción de incompetencia opuesta en relación con la reparación por incapacidad psíquica pretendida, interpretando el reclamo actoral, juzgó acreditado que el trabajador hubo de agotar la instancia administrativa previa y obligatoria, encontrándose el tribunal habilitado para conocer y revisar la actuación que en sede administrativa se cumpliera con motivo de la contingencia denunciada.
II. La aseguradora de riesgos del trabajo demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 17, 18, 19, 33, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1, 2 y 3 de la ley 27.348; 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057; la ley 14.997; arts. 13, 14, 15, 16 y 17 de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 9-IX-2022).
II.1. Cuestiona que se haya desestimado la defensa de cosa juzgada administrativa, en tanto alega que el tribunal no trató el argumento por el cual se opuso la citada defensa; expresa, además, que el órgano de origen soslayó aplicar la normativa denunciada, con transgresión del principio de congruencia.
En lo primordial, señala que el tribunal de grado basó su definición afirmando que la acción judicial se había iniciado dentro del plazo legal —algo que reputa no controvertido—, y entendiendo que por conducto de ella era revisable lo actuado en sede administrativa. De este modo, poniendo de relieve que el pronunciamiento es absurdo, explica que no consideró el juzgador que, en el marco de lo prescripto en el art. 2 de la ley 27.248, en la excepción se alegó la configuración de la cosa juzgada administrativa a tenor del acuerdo al que allí arribaron las partes, que fuera homologado y notificado, habiendo abonado la aseguradora una suma de dinero en función de lo convenido.
II.2. En "subsidio" del agravio anterior, cuestiona el rechazo de la excepción de incompetencia parcial en lo que respecta al reclamo de la patología de carácter psíquico.
Expresa que el sentenciante interpretó erróneamente el requisito del tránsito previo y obligatorio, pues no basta con la mera denuncia del accidente como hecho generador del daño, sino que lo que se exige —asevera— es la composición en la sede administrativa de todas las consecuencias dañosas incapacitantes que conforman la causa fuente de la obligación reparatoria. Luego, manifiesta que, al no haberse mencionado ni sugerido la patología psíquica en dicha instancia previa, no se agotó la vía respecto de este reclamo particular.
III. El recurso prospera con el alcance que seguidamente habrá de precisarse.
III.1. Alterando por razones lógicas el orden de los agravios traídos, cabe indicar que, en relación con los embates orientados a cuestionar el rechazo de la excepción de incompetencia, el recurso ha sido mal concedido.
Es que tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 129.806, "Casey", resol. de 11-VII-2023 y L. 130.045, "Ross", resol. de 29-VII-2024).
Y en la especie, el interesado no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido, así, no se ha encargado de evidenciar que la decisión del tribunal laboral que rechazó la excepción de incompetencia en aquello referido al reclamo situado en la denunciada incapacidad psicológica revista aquel carácter o resulte equiparable.
Para más, como lo ha señalado esta Suprema Corte, la definitividad que el recurrente defiende parece alejarse del criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de aquella nota al pronunciamiento; así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A." (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (resol. de 21-VIII-2019) —entre otras— en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas (conf. causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera", resol. de 10-XI-2022).
III.2. En lo que respecta al restante cuestionamiento que porta la crítica, que ahora recae sobre una decisión indiscutiblemente equiparable a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 128.348, "Lescano", sent. de 27-II-2024; L. 128.309, "Pardal", sent. de 6-III-2024 y L. 128.121, "Salinas", sent. de 3-VI-2024), acierta el recurrente en cuanto sostiene que el tribunal incurrió en absurdo al desentenderse sin razón válida del nuclear argumento propuesto en el diseño de la excepción de cosa juzgada administrativa oportunamente opuesta.
Como lo enfatiza el recurrente, al rechazar la excepción basándose únicamente en la temporaneidad de la acción judicial y en la revisión que posibilita a tenor de lo normado en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, sin motivo atendible alguno, el tribunal de origen soslayó todo análisis referido al troncal fundamento sobre el que se estructuró la nombrada defensa, a saber: la configuración en el caso de un acuerdo homologado en sede administrativa, que en la postura de la accionada, sería representativo del instituto de la cosa juzgada de la misma naturaleza.
Se evidencia en este pasaje del fallo atacado el error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, según lo ha definido esta Suprema Corte (causas L. 125.857, "Gabe Tricarico", sent. de 27-III-2023 y L. 128.299, "Molina", sent. de 30-IV-2024; e.o.), reflejo aquí de la carencia en la decisión de una adecuada evaluación de los elementos de juicio necesarios para resolver la controversia apuntada.
En consecuencia, debe casarse lo decidido en la órbita de la defensa de cosa juzgada administrativa opuesta, y devolver los autos al tribunal de origen para que —nuevamente integrado— se pronuncie al respecto.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuanto en él se cuestiona la desestimación de la excepción de incompetencia decidida en la instancia. En lo relativo con aquel costado del medio de impugnación tocante al rechazo de la defensa de cosa juzgada administrativa, revocar lo resuelto al respecto en el pronunciamiento de grado conforme lo establecido en el punto III.2. de la presente.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido únicamente con relación al agravio analizado en el punto III.1. en cuanto en él se cuestiona la desestimación de la excepción de incompetencia decidida en la instancia. En cambio, se hace lugar al recurso, en lo relativo a la defensa de cosa juzgada administrativa opuesta y se revoca el pronunciamiento de origen con el alcance de lo dispuesto en el punto III.2.
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, se pronuncie al respecto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:27:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2025 12:33:38 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2025 09:33:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:36:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:51:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:38:21 hs. bajo el número RS-65-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia