Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130293
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia de grado en cuanto omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 formulado por la parte actora. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.293, "Jardinez, Ricardo Alberto contra Reconquista ART S.A. Diferencia de indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de fecha 27-X-2022).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 14-XI-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 25-VIII-2023), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Ricardo Alberto Jardinez y condenó a Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, declaró acreditado que el actor el día 25 de junio de 2012 sufrió un accidente de trabajo por el cual la Comisión Médica n° 14 de Junín dictaminó un 14,9% de incapacidad. Asimismo, determinó que percibió de la aseguradora demandada la suma de $52.992,50, y que, de acuerdo a las conclusiones establecidas en el informe pericial médico, padece una disminución de la aptitud laboral del 15,44% de la total obrera. Finalmente, precisó que el valor mensual del ingreso base ascendía a $4.492,24 (v. vered., págs. 1/3).
En la sentencia, con sustento en lo resuelto por esta Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), el juzgador declaró inaplicable "...la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia" (v. sent., págs. 4/5).
Luego, calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el precepto citado, arribando a la suma inicial de $72.051,36 (v. sent., pág. 5). A ese resultado, le adicionó intereses, desde la fecha del evento dañoso (25-VII-2012) hasta la fecha del primer pago parcial (6-XII-2013), a la tasa pasiva BIP que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Al monto total ($88.463,44), le dedujo el importe de $52.992,50 antes referido y, al remanente ($35.470,94), adunó accesorios -a la misma tasa- desde el 7-XII-2013 hasta su efectivo pago (v. sent., págs. 5/6).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad con sustento en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. segunda presentación electrónica de fecha 14-XI-2022).
II.1. Señala que el tribunal de grado omitió el tratamiento de una cuestión esencial, como lo es el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, que formuló expresamente en la presentación electrónica de fecha 6 de septiembre de 2022, cuando tomó conocimiento de la doctrina legal sentada en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021; v. presentación electrónica de fecha 17-VIII-2022, págs. 8/9).
Sostiene que el tema que aduce preterido forma parte medular de la pretensión actoral. Pues, de haberse receptado favorablemente, se hubiese actualizado el valor del IBM (ingreso base mensual) y, en consecuencia, incrementado sustancialmente la prestación dineraria reclamada.
II.2. Por otro lado, advierte que la decisión del sentenciante, en cuanto rechazó el planteo de "inconstitucionalidad sobre el Baremo L.R.T." carece de una adecuada fundamentación legal, porque lo consideró extemporáneo sin abordar su estudio profundo (v. pág. 8).
Explica que su parte formuló dicha petición en la primera oportunidad concreta que tuvo en la causa, ante lo informado por el perito médico sobre el mayor porcentaje de incapacidad que, por la misma lesión, le reconocían baremos ajenos al sistema impuesto por ley especial citada.
III. A diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el medio de impugnación bajo examen debe prosperar con el siguiente alcance.
III.1. Es menester recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
Asimismo, corresponde memorar que la alegación de inconstitucionalidad de una norma constituye, por su naturaleza, cuestión esencial en los términos del art. 168 de la carta local (causas L. 123.759, "Araya", sent. de 7-III-2022; L. 127.046, "Baéz", sent. de 17-IV-2023 y L. 129.700, "Farías", sent. de 8-IV-2024).
III.2. Bajo estas directrices, es dable advertir que el tema que se denuncia preterido fue sometido a conocimiento del tribunal de grado.
En efecto, tal como surge de las presentaciones electrónicas de fechas 5 y 6 de septiembre de 2022, el accionante objetó la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 bajo un cúmulo de fundamentos.
El órgano judicial de grado tuvo presente tales postulaciones y dio traslado a la contraria por cinco días (v. proveído electrónico de fecha 8-IX-2022). Sin embargo, de la lectura de la sentencia no se advierte -nítidamente- que la objeción constitucional formulada por el actor haya sido abordada. Tampoco en el relato de los antecedentes se menciona la referida impugnación.
Surge claro entonces que el juzgador omitió una respuesta a dicho planteo en el desarrollo del fallo y también en la parte resolutiva. Así, sobre una cuestión gravitante, no se vislumbra un pronunciamiento concreto acerca de la validez constitucional de la norma citada, a tenor de lo argumentado por el demandante.
Lo dicho es suficiente para considerar configurada la infracción del art. 168 de la Constitución local. Ese grave descuido, sin expresión alguna que concretamente lleve a comprender el motivo por el cual no fue tratado el planteo llevado, muestra la presencia -en el caso- de una incongruencia por omisión que conlleva a la nulidad parcial de la sentencia de grado en el aspecto aquí mencionado (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 127.046, "Báez", sent. de 17-IV-2023; e.o.).
III.3. En cambio, el cuestionamiento traído en torno a la inadecuada fundamentación que se atribuye al fallo en orden al planteo de inconstitucionalidad del "Baremo L.R.T." (v. pág. 8, cit.) , debe desestimarse porque, en su formulación, no evidencia la transgresión del art. 171 de la Constitución provincial denunciada.
Cabe destacar que dicho precepto constitucional solo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Marquez", sent. de 21-IX-2016; L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020 y L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023), hipótesis que no concurre en autos.
En tales condiciones, la crítica que ensaya la recurrente es improcedente en tanto refleja la imputación de eventuales errores concernientes a una desacertada o incorrecta fundamentación jurídica del fallo, marginados del recurso extraordinario de nulidad y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020; L. 126.154, "Zurita", sent. de 21-X-2022 y L. 127.870, "Costen", resol. de 14-III-2024).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido y, en consecuencia, disponer la anulación parcial de la sentencia impugnada en cuanto omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 formulado por la parte actora. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo; 11 y 39 de la Constitución provincial; 2, 3 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; y de la doctrina legal que identifica.
I.1. Se agravia porque el tribunal de grado, al momento de calcular el monto mensual del ingreso base, aplicó el art. 12 de la ley 24.557 sin declarar la inconstitucionalidad que había planteado.
Manifiesta que esa decisión vulneró la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 120.521, "Monchiero" y L. 120.648, "Amaya", -citados al tratar la cuestión anterior- sobre la invalidez constitucional de la mentada norma legal, que -insiste- no fue tratada.
Señala que la pretensión contenida en la demanda era obtener una reparación justa, en tiempos de altísima inflación, a valor actual. Así, reputa transgredida la doctrina legal establecida en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), por no justipreciarse el valor de la prestación según la realidad económica existente al momento del pronunciamiento.
I.2. Objeta que el juzgador no se pronunció sobre la virtual aplicación al caso de lo previsto en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación.
Aduce que los intereses moratorios son accesorios que se deben capitalizar, desde que cada suma es debida, hasta el momento de notificación de demanda y, de allí en adelante, al capital resultante, se le deben acumular en períodos mensuales, durante el transcurso del proceso judicial.
I.3. Cuestiona, asimismo, el grado de incapacidad reconocida y el baremo utilizado a tal fin (dec. 659/96), cuestionando en este último punto la -a su criterio- superficial fundamentación esgrimida para desestimar el planteo de inconstitucionalidad respectivo.
En tal sentido, señala que la reparación que le otorgaron, conforme a su minusvalía, exhibe una manifiesta irrazonabilidad si se considera el valor del salario mínimo vital y móvil, la canasta básica y el creciente proceso inflacionario.
En ese marco, resalta que la vigencia del principio de razonabilidad ha sido reafirmada por la postura minoritaria de esta Suprema Corte en las causas L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), así como por lo resuelto en el caso L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
II. El recurso no prospera.
II.1. Liminarmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 -aplicable al caso-, toda vez que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 28-XI-2022).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
II.2. En ese contexto, y alterando el orden de tratamiento de los agravios expuestos por razones metodológicas, se observa que el cuestionamiento que -por diferentes argumentos- controvierte el grado de incapacidad receptado por el tribunal de la instancia es inadmisible.
Ello, desde que remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria cuya definición es privativa de los tribunales de grado, encontrándose excluidas del acotado y excepcional ámbito de revisión por el que transita el recurso (causas L. 120.539, "Gauna", sent. de 6-XI-2019; L. 121.213, "Roldan", sent. de 12-II-2020 y L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022).
Por lo demás, en lo concerniente a los restantes argumentos esgrimidos con el objeto de controvertir el porcentaje de incapacidad asignado, el interesado no logra evidenciar la transgresión de doctrina legal atingente, que permita dar respuesta al embate en el estrecho marco en el que fue concedido.
II.3. En cuanto a la cita de los autos L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), cabe señalar que -tal como advierte el propio recurrente- la referencia corresponde a la opinión personal de uno de los Ministros votantes en las mencionadas causas, no constituyendo -de suyo- doctrina legal en el sentido y con el alcance establecido por esta Corte, que -por ende- permita subsumir el caso en la referida hipótesis de excepción (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017; L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018 y L. 125.953, "García", resol. de 10-V-2021).
Tampoco es eficaz la cita de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), pues en ella la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta sede casatoria en virtud de la insuficiencia en la fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante (art. 279, CPCC).
II.4. En otro orden, la solución que se propicia en la primera cuestión planteada sobre la anulación parcial de la sentencia de grado en cuanto omitió el abordaje del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 formulado por la parte actora, torna abstracto el tratamiento de los agravios traídos con relación a dicho soslayo y al modo en que el tribunal aplicó las previsiones de la norma indicada para liquidar la prestación dineraria reconocida en la sentencia.
II.5. Finalmente, resta señalar que el cuestionamiento al fallo vinculado con la imputación de omisa aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación no puede ser atendido en el acotado marco de revisión que provee el ya mencionado art. 55, toda vez que los lacónicos argumentos que lo sustentan, no solo carecen de la necesaria denuncia de transgresión de doctrina legal, sino que -además- no fueron sometidos oportunamente a decisión de los magistrados de la instancia ordinaria y son por lo tanto novedosos e no susceptibles de ser evaluados en la sede extraordinaria (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021 y L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan , votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia de grado en cuanto omitió el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 formulado por la parte actora. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2025 11:03:42 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2025 20:15:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:07:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:26:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:40:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:46:56 hs. bajo el número RS-70-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia