Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131463
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.463, "Aguirre, Viviana Yasmín contra CLS S.A. y otros. Accidente de trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 24-IV-2023).
Se interpusieron, por Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. presentación de fecha 16-V-2023) y por la parte actora (v. escrito electrónico de 17-V-2023), recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, habiéndose concedido únicamente el segundo, que es entonces el que habrá de abordarse (v. auto de fecha 19-X-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la demanda entablada por la señora Viviana Yasmín Aguirre contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de indemnización por incapacidad laboral parcial y permanente derivada de la enfermedad profesional padecida conforme la ley 24.557. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía —con fundamento en las normas del derecho común— el cobro de una indemnización integral por la apuntada incapacidad.
Para así resolver —en lo que interesa— juzgó acreditado en el veredicto que la reclamante trabajó desde el mes de mayo de 2014 hasta el mes de enero de 2016 para la empresa CLS S.A., explotadora de la franquicia "Mc Donald's" a través del contrato celebrado con Arcos Dorados Argentina S.A.; asimismo, que realizaba determinadas tareas en distintos sectores del establecimiento gastronómico de su empleador. Destacó que dichas labores las desempeñó durante aproximadamente once meses, en razón de verse obligada a usufructuar licencias por enfermedad y desempeñar tareas livianas, hasta su renuncia.
Analizando principalmente las labores de la demandante, los comportamientos de las partes y la atinente a la dolencia e incapacidad denunciadas, y los ingresos de la accionante, ponderó las distintas pruebas producidas, así la testimonial, las pericias técnica, médica y contable y la documental.
A partir de las valoraciones efectuadas en el veredicto, ya en la sentencia, juzgó que la actividad desempeñada por la actora Aguirre en los distintos sectores del establecimiento de la empleadora CLS S.A., en modo alguno podía considerarse riesgosa en los términos del art. 1.757 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, descartó la configuración de responsabilidad subjetiva imputada a la accionada, pues entendió que instrumentó y evaluó a sus dependientes sobre las medidas de capacitación y prevención de riesgos. Agregó, que el escaso tiempo de exposición en que la reclamante pudo realizar las tareas denunciadas no resultaba un factor idóneo para generar la responsabilidad endilgada.
Con ello, rechazó la acción civil intentada contra de CLS S.A.; decisión que extendió a la codemandada Asociart Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., ya que —en el marco de la conducta culposa por omisión denunciada— ponderó que esta última acreditó el cumplimiento de su deber de medios a través de especificas acciones detalladas en la pericia técnica.
Sostuvo luego, que devenía abstracto analizar la eventual responsabilidad civil de la codemandada Arcos Dorados Argentina S.A., traída al pleito invocándose su responsabilidad solidaria en razón de su condición de franquiciante del servicio gastronómico que brinda la empleadora de la accionante.
En cambio, juzgó que las labores llevadas a cabo por la reclamante resultaron generadoras de la enfermedad profesional que padece, por lo que condenó a la aseguradora de riesgos codemandada en los términos de la acción prevista en la ley 24.557.
En este sentido, al cuantificar las prestaciones debidas en base a los guarismos que consideró demostrados, luego de declarar la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley especial antes citada, sostuvo —por los argumentos que indicó— que a tales fines la remuneración de la trabajadora debía considerarse como una deuda de valor, por lo que dispuso utilizar el salario que a la fecha de la sentencia devenga un trabajador de la misma categoría que la actora.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de la doctrina legal que cita.
II.1. Objeta que el tribunal de grado haya declarado no verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil endilgados a la empleadora y a la aseguradora de riesgos del trabajo.
En este sentido, cuestiona que el juzgador haya estimado cumplidas las obligaciones en materia de seguridad a partir de la prueba pericial técnica, la que —según el quejoso— había desacreditado previamente en el veredicto (v. rec., pág. 5).
Expone que también incurrió en absurdo en la valoración de la prueba testimonial, pues a su criterio se constató con ella la falta de entrega de elementos de protección (v. rec., pág. cit.).
Centrado en las obligaciones legales de la empleadora, cuestiona, además, que no se hubieran ponderado circunstancias objetivas relativas a la edad, altura y peso de la actora, quien —manifiesta— levantaba cajas de veinte kilos (v. rec., pág. cit.).
Alega que el juzgador no valoró lo manifestado por el experto ingeniero en orden a que las tareas descriptas en el libelo de inicio, resultan aproximadamente similares a las visualizadas por el experto in situ el día 11 de julio de 2017 (v. rec., pág. 6).
Critica la aptitud de los estudios ergonómicos ponderados en la sentencia.
Afirma que el órgano de la instancia de grado soslayó analizar el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, teniendo por constatadas las visitas de la aseguradora por sobre las declaraciones de los testigos; y las capacitaciones del personal, a partir de la entrega de "folletos".
En lo que concierne al otorgamiento de elementos de protección, alega que el juzgador remitió a certificaciones de años anteriores sin vinculación con la causa.
Postula que no se acreditó que la empleadora hubiera cumplido sus obligaciones respecto de la actora, lo cual habilita —dice— la aplicación del derecho común; caso contrario se estaría atribuyendo a la actora la carga de demostrar la naturaleza riesgosa de la actividad, produciendo un cambio en las reglas de atribución de las cargas probatorias.
II.2. Por otro lado, afirma que el juzgador incurrió en un error en la elección del sueldo que consideró para cuantificar la prestación sistémica, en tanto señala que debió utilizar la suma que indica, que corresponde al salario básico de un empleado del mismo convenio colectivo, categoría y jornada que la actora a la fecha de dictado de la sentencia.
III. A mérito de su insuficiencia, corresponde desestimar el recurso.
III.1. No resulta atendible el embate por el que se controvierte el rechazo de la demanda fundada en la responsabilidad endilgada a las accionadas en el marco del Código Civil y Comercial.
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte, que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso y establecer si se configuraron —o no— los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios deducida, corresponden al ámbito de las facultades privativas de los jueces de mérito, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 119.392, "López", sent. de 27-VI-2018; L. 121.162, "Da Rosa", sent. de 17-VI-2020 y L. 128.807, "D'Andrea", sent. de 20-XI-2024; e.o.). En similares conceptos también tiene señalado, que determinar si la aseguradora cumplió con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como igualmente, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el daño ocasionado en la salud de los trabajadores, constituyen atribuciones propias de los magistrados de grado no revisable en casación, salvo que se acredite la configuración de la mencionada anomalía sentencial (causas L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. Sin embargo, el mentado vicio valorativo no es acreditado por el impugnante.
Es que los argumentos que trae transitan sobre apreciaciones personales en torno al modo en que —en su criterio— debió ponderarse la prueba producida en la causa (en particular la testimonial, el informe pericial técnico y la documental), sin ocuparse en rebatir idóneamente el razonamiento trazado en el fallo, lo cual —conforme reiteradamente ha declarado este Tribunal— constituye una técnica carente de idoneidad para evidenciar la existencia del absurdo (causas L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
En rigor, el recurso bajo estudio exterioriza la subjetiva opinión del recurrente —claramente ceñida a sus intereses— en orden a la eficacia que —a su entender— correspondía asignarles a las pruebas antes referidas, esgrimiendo su mera disconformidad con el modo en que fueron ponderadas por el tribunal de la causa, aspecto que —pueda compartirse o no— no exhibe yerros que habiliten su revisión extraordinaria.
Dable es recordar que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias del expediente (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023), vicio que —a tenor de lo reseñado— no se constata en la especie.
III.1.c. Por cierto, la genérica alusión que ensaya el compareciente en torno a la distribución de la carga de la prueba tampoco resulta viable, en tanto no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial —norma cuya violación, para más, no denuncia el quejoso— toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 119.994, "Quintana", sent. de 25-IV-2018; L. 125.639, "Mendoza", sent. de 1-VIII-2023 y L. 129.381, "Rojas", sent. de 15-X-2024).
III.2. Tampoco luce eficaz el embate referido al salario empleado en la sentencia a la hora de cuantificar la prestación que integra la condena.
Es que, a partir únicamente de su escueta formulación, se limita a proponer una suma alternativa, sin lograr demostrar de manera concreta que el a quo hubiera arribado a una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021; L. 121.592, "Arado", sent. de 18-VIII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; e.o.), deficiencia que ha de sellar su suerte adversa.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2025 11:03:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2025 20:15:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:07:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:26:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 08:40:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:46:58 hs. bajo el número RS-72-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia