Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130690
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia dictada el día 11 de noviembre de 2022 con el alcance determinado en el punto III.2. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Asimismo, se formula requerimiento a los señores jueces integrantes del tribunal actuante en los términos establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.690, "Sernada, Eduardo Martín contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Kogan , Budiño .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 11-XI-2022).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-XI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones
1ª) ¿Corresponde anular de oficio y parcialmente la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2022?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, hizo lugar —por mayoría, según lo establecido— a la acción deducida por el señor Eduardo Martín Sernada y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió el trabajador el día 20 de mayo de 2012.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 19 y 28 de la Constitución nacional; 171 de la Constitución provincial; 3 y 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de Nación y 34 inc. 4 y 163 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación electrónica de fecha 29-XI-2022).
Objeta la decisión de grado por cuanto no consideró la prestación reclamada como una deuda de valor, y estableció la indemnización en base a importes existentes al momento del siniestro. Señala —además— que el fallo se conforma con tres argumentos contrapuestos, lo cual torna nula la sentencia (v. rec., pág. 6).
Bajo esos lindes, impugna los motivos relevados en el segundo y tercer voto, alegando que el pronunciamiento de grado quebranta la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte en los precedentes L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018); L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021).
Enfatiza que en el escrito de demanda se planteó la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y se solicitó que las prestaciones dinerarias fueran justipreciadas a valores actuales, cuya resolución adversa por el tribunal de grado carece de una adecuada fundamentación. Sostiene que la decisión luce absurda, arbitraria y vulnera el deber constitucional de los jueces de fundar sus sentencias.
Denuncia que el método de cálculo empleado por el sentenciante para establecer la reparación adeudada al trabajador, con los intereses moratorios fijados (según la tasa pasiva digital), le ocasiona un perjuicio económico, violenta el derecho de propiedad y acceso a la justicia, así como el principio de razonabilidad de las leyes y el derecho a obtener una reparación plena. Alega vulnerada la doctrina que emerge de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
Finalmente, se agravia por la falta de aplicación al caso del art. 770 del Código Civil y Comercial.
III. Corresponde responder afirmativamente el primer interrogante planteado.
III.1. Es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; L. 127.061, "Moya", sent. de 22-XII-2022; L. 128.705, "Beltrán", sent. de 27 VI-2023 y L. 129.650, "Martín", sent. de 27-IX-2024).
III.2. En el caso, concurren las circunstancias que habilitan a acudir a la excepcional solución anunciada.
III.2.a. Emerge de la sentencia que, en ocasión de brindar respuesta al tercer interrogante planteado relativo a si la indemnización debida resultaba una deuda de valor, el magistrado que abrió el acuerdo —señor juez doctor Bertolotti— respondió afirmativamente. En este sentido, a la luz del examen efectuado sobre la base de distintos precedentes jurisprudenciales, de doctrina autoral y de los principios protectorio, de equidad, primacía de la realidad y justicia social, concluyó que en virtud del criterio adoptado por esta Suprema Corte en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), debía calcularse el ingreso base mensual del trabajador con arreglo al salario vigente a la fecha de sentencia para la categoría o escalafón que tenía el actor cuando sufrió el accidente (20-V-2012), y utilizarse como pauta para el cálculo de la indemnización prevista en el art. 14 de la ley 24.557, declarando la inconstitucionalidad del art. 12 de la citada ley en la redacción vigente al momento del evocado infortunio (v. sent., págs. 5/17).
Luego, la señora jueza que siguió en el orden de votación —doctora Rodríguez Traversa— se expidió negativamente en relación con la aplicación al caso del concepto de deuda de valor. Manifestó que, ante la presencia de una tarifa legal, el caso a resolver no requiere la ponderación de principios, sino el debate entre alternativas interpretativas razonablemente posibles y compatibles con los enunciados constitucionales y legales. En este orden, entre los fundamentos brindados, expresó que siendo la declaración de inconstitucionalidad de las normas la última ratio del orden jurídico (art. 75 inc. 22, Const. nac.) en el supuesto de autos no se daba "la derrotabilidad de la regla del art. art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo" por el principio de "realismo económico" que introduce "la deuda de valor", resultando pertinente la deducción (subsunción) normativa propuesta al caso en análisis, por ser el resultado justo y adecuado para el conflicto en concreto. Asimismo, juzgó que lo resuelto en el citado precedente "Amaya", tampoco resultaba útil a esos efectos, toda vez que, dicha causa no guardaba analogía con el caso de autos (v. sent., págs. 19/25).
Por su parte, el señor juez del tribunal que sufragó en último término —doctor Ortega— expresó que disentía con el colega que abrió el acuerdo. Con sustento en lo resuelto por esta Corte en los autos L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), expuso que con respecto a las indemnizaciones tarifadas previstas en la normativa especial de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales debían aplicarse las normas vigentes a la fecha en que sucedieron las circunstancias fácticas ventiladas en la causa, por lo que, en el presente caso, resultaban de aplicación temporal las previsiones normativas de la ley 24.557 (conf. dec. 1.694/09), votando por la negativa (v. sent., págs. 25/26).
Sobre esa base, en la siguiente cuestión planteada, referida a cómo debía justipreciarse la indemnización, el señor juez que votó en primer término, dejando a salvo su opinión personal y, en atención —dijo—, al resultado obtenido al examinar la naturaleza jurídica de la deuda, propuso cuantificar la prestación prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, conforme el decreto 1.694/09 vigente a la fecha del siniestro respectivo (v. sent., págs. 26/27).
Seguidamente, a ese valor, le adicionó intereses desde el evento dañoso (20-V-2012) hasta su total y efectivo pago con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. págs. cit.).
III.2.b. De lo antes expuesto, sin dificultades puede observarse que la cuestión relativa a la calificación del crédito fue resuelta de modo diferente por cada uno de los integrantes del órgano.
Ello, al cabo, condujo a que —además— se estableciera la estimación de la prestación que integra la condena y sus acrecidos, sin respaldo en una opinión mayoritaria.
En ese marco, no puede sino concluirse que las anomalías verificadas denotan que el pronunciamiento en crisis carece de la necesaria mayoría de opiniones en torno a cuestiones medulares a decidir, configurándose una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y un apartamiento de lo reglado en el art. 44 inc. "f" de la ley 11.653 —aplicable al caso—, ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancias (causas L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; L. 117.128, "RománÁvalos", sent. de 18-VI-2014; L. 129.345, "González", resol. de 10-XI-2022; L. 128.705, "Beltrán", sent. de 27-VI-2023 y L. 129.650, "Martín", sent. de 27-IX-2024).
En este sentido, ha expresado este Superior Tribunal que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley aun cuando no medie denuncia de infracción de las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 127.482, "López", resol. de 22-XI-2022; L. 128.755, "Yanzig", resol. de 26-IV-2023 y L. 125.473, "Escudero", sent. de 3-V-2023).
Y, más precisamente, se ha resuelto que la circunstancia de que algún aspecto de la sentencia se encuentre viciado por un defecto de gravedad tal que justifique su anulación, no implica que resulte necesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos del decisorio que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, lo que configuraría un dispendio jurisdiccional, afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia cuando los términos de los mismos no han provocado agravios, o bien, si los hay, nada impide que la Suprema Corte ejerza, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 90.689, "Martínez Gómez", sent. de 15-V-2009; L. 118.963, "Bernal", sent. de 9-VIII-2017 y L. 121.063, "Rossini", sent. de 29-VI-2020).
III.3. Finalmente, dado que este tipo de infracciones no resultan gratuitas para los litigantes, corresponde requerir a los miembros del tribunal interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales constitucional y legalmente exigibles respecto de los pronunciamientos y decisiones que emitan.
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad parcial de la sentencia dictada en autos por el tribunal de grado en el aspecto señalado y, en consecuencia, remitir la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la sentencia dictada el día 11 de noviembre de 2022 con el alcance determinado en el punto III.2. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Asimismo, se formula requerimiento a los señores jueces integrantes del tribunal actuante en los términos establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:02:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/07/2025 09:55:37 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/07/2025 13:32:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 00:20:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2025 09:05:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/09/2025 13:38:47 hs. bajo el número RS-67-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia