Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60946
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 60.946, "Servicios Dionisia Sociedad Anónima (SEDISA) contra Municipalidad de General Alvarado. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
I. Servicios Dionisia Sociedad Anónima (en adelante, SEDISA), con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General Alvarado y solicita que se fije una indemnización por los daños y perjuicios que alega haber sufrido como consecuencia de haberse dejado sin efecto el contrato que celebró con la demandada para la ejecución de la obra de servicios de desagües y tratamiento de líquidos cloacales, con más intereses y costas.
Ofrece prueba, requiere que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos y formula reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, la Municipalidad de General Alvarado se presenta a través de su representante, niega los hechos y el derecho alegados en la demanda y solicita su rechazo, con costas.
Ofrece prueba. Se opone a que se le otorgue el beneficio de litigar sin gastos a la actora y lo pide para sí.
Subsidiariamente, para el supuesto de que prospere la demanda, reclama que se aplique el régimen de consolidación de deudas, sin identificar la norma en cuyo marco lo pretende.
III. Mediante resolución de 9 de febrero de 2005 este Tribunal negó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la Municipalidad de General Alvarado (v. fs. 230).
IV. A fs. 232/234 la actora contesta el traslado que se le confirió de la documentación acompañada por la demandada.
V. Agregados los cuadernos de prueba (v. fs. 291/397 —actora— y 398/439 —demandada—), glosado el alegato presentado por la parte actora (v. fs. 442/445), declarado por perdido a la parte demandada el derecho que tenía de alegar sobre el mérito de la prueba y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En su escrito de demanda, la actora relata que el día 18 de febrero de 1993 presentó una iniciativa privada para dotar a la localidad de Comandante Nicanor Otamendi de servicios de desagües y tratamiento de líquidos cloacales, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza 163/92 y el decreto ley 6.769/58. Apunta que esta presentación, que contemplaba un detallado informe de todos los pasos a seguir, tanto la financiación como la operación y administración, originó el expediente administrativo n° 4038-683/93.
Acota que la construcción del sistema cloacal de la localidad de Otamendi era una aspiración que venía de larga data. Refiere que, en mayo de 1987, durante el mandato como Intendente del doctor Enrique Honores —quien luego dejaría sin efecto el contrato en cuestión— se requirió a la Provincia de Buenos Aires la inclusión de esta obra en el presupuesto del año 1988 (v. expte. 2017/91).
Señala que el municipio, a través de la ordenanza 169/93, declaró su proyecto como iniciador y realizó el llamado a licitación. Seguidamente puntualiza las distintas instancias atravesadas durante el procedimiento administrativo de selección del contratista.
Manifiesta que, previo dictado del decreto 497/95, se firmó el contrato, tras lo cual el expediente quedó "empantanado" en distintas dependencias. Apunta que, pasado un tiempo, por iniciativa del Secretario de Obras y Servicios Públicos, se remitieron "...los antecedentes al Director de la Asesoría Letrada, para que [...] estudiara la posibilidad de declarar nula la adjudicación". Dice que ello se debió a que la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Comandante Otamendi tenía interés en concretar la obra. Agrega que, amparándose en un supuesto perjuicio para la comunidad por el excesivo costo de la obra para los contribuyentes, así como en una serie de apreciaciones totalmente subjetivas y carentes de fundamentación técnica o legal, se dejó finalmente sin efecto la contratación.
Precisa que el recurso de reconsideración interpuesto en su oportunidad fue rechazado sobre la base del dictamen de un asesor donde se habría reconocido la responsabilidad del municipio por incumplir ciertos requisitos formales, pero que allí se termina brindando "...una interpretación rebuscada de principios del Derecho Civil, tales como el abuso del derecho, que nada tiene de fundamento real para revocar una obra de la importancia y beneficios a la comunidad como la que nos ocupa".
Añade que la argumentación brindada en sede administrativa, basada en la falta de apertura de un registro de oposición a fin de que los vecinos manifestaran su conformidad o rechazo con la obra, "...es absolutamente superficial, ya que más allá de que ello ocurriera o no, lo que de todos modos es una falta del municipio y no de nuestra parte, el tema fue debidamente conocido por toda la población...".
Asegura también que el proyecto impulsado resultaba muy favorable para los intereses de la comunidad y que de ningún modo se caracterizaba por tarifas altas, pese a lo apuntado en sentido contrario.
Asimismo, se agravia por lo que considera una vulneración de sus derechos adquiridos; destaca que, al cambiar el color político de las autoridades, estas olvidan y vulneran el principio de la continuidad y estabilidad de los actos administrativos. Con cita de doctrina de este Tribunal, postula la irrevocabilidad de oficio en sede administrativa de los actos administrativos regulares que causan estado, notificados y consentidos por los interesados.
Aduce que la revocación en cuestión constituye un acto discriminatorio, de índole política, en razón de haber concedido la autorización un intendente de un partido político diferente al que tomó la decisión impugnada. Agrega que ello surge del informe del Director de Obras Públicas que sirve de base a la sanción y que este no se compadece con la realidad de la contratación.
Cuestiona que se la haya descalificado pretendiendo que se trataba de una licitación digitada. Plantea que la realidad, tal como surge de la prueba documental acompañada, es que se buscó apartar a quien ganó la licitación para otorgársela a una cooperativa que ni siquiera adquirió el pliego, ni se presentó al proceso licitatorio, además de estar vinculada con el funcionario que impulsó la revocación.
En síntesis, sostiene que se ha visto seriamente lesionada en sus derechos con el obrar arbitrario de la Municipalidad de General Alvarado, por lo que, sobre la base de los arts. 1.112 y 1.113 del Código Civil y lo dispuesto por los arts. 12 inc. 3 y concordantes de la ley 12.008, reclama los daños y perjuicios ocasionados. Por todo ello, pide que se fije una indemnización que comprenda el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral sufrido.
I.2. Al responder el traslado que se le confirió de la documentación adjuntada por la demandada (v. fs. 232/234), la firma de autos subraya que la contratación sobre la que versa la acción se origina en una iniciativa privada que presentó ante la Municipalidad de General Alvarado en el marco de la ley 11.184 de Reconversión Administrativa de la Provincia de Buenos Aires, reglamentada por la ordenanza 163/92.
Asevera que en tal marco se cumplieron las instancias contempladas en la reglamentación hasta la firma del contrato.
Precisa que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de la ordenanza 163/92, la Municipalidad podría haber dejado sin efecto todo lo actuado antes de la adjudicación.
Destaca que, según se desprende del acta de la undécima sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de General Alvarado, de fecha 30 de diciembre de 1993, con ocho votos a favor y seis abstenciones quedó aprobado el proyecto de ordenanza que en su momento adjudicó la obra a SEDISA.
Añade que —a su entender— la lectura del debate de esa sesión aclara que la iniciativa privada no exige un registro de oposición de vecinos, recaudo que se requiere cuando la obra se realiza a través de la modalidad "contribución de mejoras".
Con relación a las tarifas, manifiesta haber trabajado en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas para elaborar un esquema completo en el que se contemplaban importes sensiblemente menores para los jubilados. Acota que el promedio de la tarifa a aplicar era inferior al de pagar periódicamente los servicios de un camión atmosférico.
En otro orden, señala que en la novena sesión ordinaria, celebrada por el Concejo Deliberante el 6 de agosto de 1997, se manifestó que el estudio de impacto ambiental presentado era incompleto. Ello sentado, se pregunta cuál podría ser el impacto ambiental negativo resultante de reemplazar cámaras sépticas y pozos ciegos por una red de cañerías y una planta depuradora de efluentes de última generación.
También sostiene que, si bien en esta última sesión se atribuyó a la empresa la paralización del expediente, de tal modo se desconoció que la orden de iniciación, al igual que la cesión por parte de la comuna del predio donde se ubicaría la planta depuradora, debían provenir de la demandada, a quien dice haber reclamado en reiteradas oportunidades, sin obtener respuesta, hasta que finalmente se le notificó la rescisión unilateral del contrato suscripto.
Enfatiza que toda la documentación técnica correspondiente al proyecto fue evaluada y aprobada por la Provincia.
Finalmente, afirma que la Municipalidad de General Alvarado ha violado la doctrina de los actos propios al resolver, luego de un amplio debate, la suscripción del contrato; y, posteriormente, rescindirlo.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de General Alvarado realiza una detallada negativa de distintos hechos y circunstancias contenidos en el escrito postulatorio.
Seguidamente, señala que a través de la ordenanza 169/93 se declaró "Proyecto Iniciador" al de la actora y se realizó el llamado a licitación pública. Admite también que el 4 de diciembre de 1995 la comuna firmó el contrato con SEDISA.
Reconoce que la ordenanza 180/97, promulgada por el decreto 599/97, dejó sin efecto la aludida contratación. Y, finalmente, coincide con lo expresado en la demanda en orden a que el decreto 1.014/99 desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa actora contra aquella decisión.
A continuación, describe la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi. Apunta que los índices de pobreza y desocupación superan allí la media provincial. Agrega que se trata de una ciudad "deficitaria de manera crónica". Postula la importancia de estas referencias en atención a que considera que la población de Otamendi era la verdadera protagonista de esta obra, no solo porque iba a ser su beneficiaria directa, sino además porque debía pagarla en su totalidad.
Manifiesta que, pese a la importancia que tiene la opinión de los contribuyentes en la realización de una obra de servicios públicos que se deberá pagar en forma compulsiva, aquellos fueron ignorados en el proceso licitatorio. Apunta que no se efectuó el registro de oposición previsto en la ordenanza general 165/73, que era el instrumento legal para que los vecinos se informaran acerca de las características y costos de la obra y expresasen su acuerdo u oposición al proyecto. Acota que no obstante ello, fueron numerosas las firmas de los vecinos que manifestaron en forma espontánea su oposición a la iniciativa aludida.
Pone de resalto que, desde la suscripción del contrato el día 4 de diciembre de 1995, la actora no realizó presentaciones sino hasta que se le notificó la rescisión, es decir que transcurrieron más de veinte meses sin que SEDISA formulase reclamos o planteara iniciativa alguna para avanzar con la obra. Agrega que, desde la adjudicación de la obra hasta la firma del contrato a pocos días de finalizar la gestión de quien entonces se desempeñaba como Intendente, pasaron "casi dos años de quietud y estancamiento".
Enumera las razones tenidas en cuenta por el Concejo Deliberante de General Alvarado para dejar sin efecto la adjudicación y el contrato en cuestión: a) notorio desinterés de la adjudicataria en proseguir la tramitación y ejecución material de la obra, reflejada en la inactividad manifestada en las actuaciones; b) la imposición económica para los contribuyentes de Otamendi era ruinosa; c) falta de demostración por parte de la adjudicataria de capacidad de ejecución para este tipo de obra; d) no hubo principio de ejecución del contrato; e) numerosos incumplimientos en relación a la estructura económica-financiera prevista en la propuesta, a la eficiencia social del proyecto, al impacto tarifario sobre el usuario, a la inversión comprometida, a la generación de puestos de trabajo y al beneficio fiscal que se derivaría de la ejecución del proyecto; f) el art. 9 de la ordenanza aplicable indica que la declaración de interés municipal no genera derecho a compensación alguna; g) falta de publicación del pliego en un medio masivo local; h) falta de apertura del registro de oposición; i) falta de dos publicaciones sobre datos e información general de la obra; j) el dictamen de la Dirección de Obras Sanitarias era desfavorable; k) falta de información sobre la financiación del proyecto y la operación de la planta; l) estudio de impacto ambiental insuficiente; m) el Concejo Deliberante nunca trató el esquema tarifario a aplicar, que implicaba un costo mensual por familia "altísimo"; n) el contrato fue firmado con posterioridad al plazo otorgado al Departamento Ejecutivo; ñ) incongruencia en los sistemas de financiación, comparando el del proyecto iniciador con el de adjudicación; y o) injusticia del contrato.
Relata que la ordenanza 180/97 dejó sin efecto la adjudicación de la obra de efluentes cloacales de Comandante Nicanor Otamendi y el contrato suscripto entre la comuna y la empresa. Precisa que el contrato fue declarado nulo por falta de cumplimiento de los requisitos esenciales.
Niega que todas las faltas enumeradas puedan ser únicamente reprochables a la Administración. Sostiene que es de aplicación lo prescripto en el art. 1.198 del entonces vigente Código Civil, que, según afirma, supone un deber de conducta por parte de otros cocontratantes que se convierte en un eje ético de toda relación. Agrega que el deber de obrar con cuidado y previsión debió llevar a la actora a la necesidad de cumplir con los trámites indispensables para la regularidad del proceso. Además, entiende que era un deber de prudencia elemental verificar el cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley. De tal modo, afirma que SEDISA no puede alegar ajenidad en la invalidación del acto.
Sostiene que, por ser esta última la predisponente del contrato, las estipulaciones en las cuales surja un problema de interpretación deben ser entendidas en su contra.
En otro orden y de acuerdo con la información obtenida en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, afirma que la empresa actora fue conformada por resolución 1.336 de 5 de abril de 1995, sin haber resultado inscripta, por no tener cumplidos los requisitos registrales exigidos en la resolución citada.
Aduce que, en tanto concurren en la especie razones de ilegitimidad, no procede reparación alguna para quienes conocieron el vicio alegado.
Asimismo, invoca en su apoyo las potestades que la Administración posee a fin de dejar sin efecto el contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.
De otro lado, afirma que el presente caso debe resolverse a la luz del principio de buena fe. Dice que este exige que cada parte haga honor a la confianza que se depositó en ella, que se atenga a las imposiciones de la lealtad y al principio de equivalencia de las prestaciones, que se deseche cualquier tentativa de enriquecimiento injusto a causa del contratante, que no se exija el cumplimiento de prestaciones onerosas para la otra parte e inútiles para quien las reclama.
Asevera que en el caso concurre la mala fe de la actora, quien en su carácter de predisponente habría omitido prestar la colaboración y aún tener iniciativa en un conjunto de actos imprescindibles para la regularización del procedimiento que hacían a la publicidad del proyecto y al pleno derecho de los contribuyentes a oponerse a la obra.
Por último, refuta cada uno de los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda.
III. De la prueba producida en autos surgen los siguientes elementos, relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Copia de la ordenanza 163/92, dictada por el Concejo Deliberante de General Alvarado, que reglamenta el procedimiento de aplicación del decreto ley 9.645/80 y los títulos III y IV de la ley 11.184 (v. fs. 128/133).
III.2. Copia de las actas n° 271 y 398 del Concejo Deliberante de General Alvarado, correspondientes a la undécima sesión extraordinaria del año 1993 y a la novena sesión ordinaria del año 1997, respectivamente (v. fs. 134/167).
III.3. Informe de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en el que se deja constancia de que "se encuentran antecedentes de una sociedad denominada SE.DI.SA. (Servicios Dionisia) Legajo 65.384 [con] domicilio Social en General Rivas N° 2678 de Mar del Plata y Pdo. De Gral. Pueyrredón. La sociedad fue conformada por Resolución 1336 del 05.04.95 no habiéndose inscripto por no tener cumplidos los requisitos registrales del art. 2 y 3 de la citada resolución" (fs. 168 y 193; v. tamb. fs. 346).
III.4. Expediente administrativo n° 4038-683/93, referido a "pta. iniciativa privada".
III.4.a. Por decreto 103/94, de fecha 31 de enero de 1994, el Intendente municipal decidió adjudicar a la empresa SEDISA la obra "Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales y Red de desagües cloacales en Comandante Nicanor Otamendi" (fs. 886/887 y 901/903).
III.4.b. A fs. 954/982 se agregaron notas presentadas por vecinos en las que estos dejaron constancia de su oposición a la adjudicación de la obra en cuestión a la empresa SEDISA, por entender: i) que la propuesta adjudicada no se correspondía con el Pliego de Bases y Condiciones; ii) que existían en el país sistemas con niveles de eficiencia óptimos y con mínimo costo operativo que hubieran significado un importante ahorro para tan castigada comunidad; iii) que, al ser los vecinos quienes deben pagar las obras, deberían haber sido informados en cada etapa de la confección de los pliegos para no resultar sorprendidos por un hecho consumado que lesionaba sus economías.
III.4.c. Mediante nota de 24 de octubre de 1995 remitida al Intendente municipal, la empresa SEDISA reclamó que pese a haber presentado toda la documentación requerida por la comuna, a esa fecha no se había suscripto el contrato (v. fs. 983).
III.4.d. Mediante nota de fecha 28 de noviembre de 1995, SEDISA intimó a la Municipalidad de General Alvarado al cumplimiento de lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, en particular a la firma del contrato y la promulgación de las ordenanzas correspondientes, a fin de dar inicio a los trabajos (v. fs. 1.063).
III.4.e. A fs. 1.066 la Asesoría Letrada entendió que las condiciones y obligaciones de las partes se encontraban suficientemente establecidas en el proyecto de contrato presentado por la empresa adjudicataria.
III.4.f. Mediante decreto 497/95 de 4 de diciembre de 1995, el Intendente invitó a la empresa SEDISA a firmar el contrato de ejecución de obras conforme a los términos de la ordenanza 322/93. Detalló que, suscripto el contrato, debería darse intervención al Concejo Deliberante para tratar el reglamento de servicio y tarifario (v. fs. 1.067).
III.4.g. A fs. 1.068/1.078 se agregó el contrato de concesión de la red colectora y planta de tratamiento de efluentes cloacales en Comandante Nicanor Otamendi, suscripto entre las partes el 4 de d
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