Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129253
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.253, "V., S. contra La Segunda ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo en que especificó (v. vered. y sent. de fecha 19-IV-2022).
Se interpuso, por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-V-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por S. V. y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones previstas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" y 20 de la ley 24.557, más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió el día 20 de junio de 2018.
Interesa destacar —por ser materia de agravio— que, con sustento en las conclusiones establecidas en los informes periciales psicológico y médico, tuvo por acreditado que, en razón del infortunio referido, el actor es portador de "reacción vivencial anormal neurótica grado II" y de "cervicobraquilagia bilateral traumática", afecciones que lo incapacitan —cada una— en un 10% del índice de la total obrera, aclarando que la última habría sido causada en un 50% por factores constitucionales y laborales. Así, estableció que la totalidad de la minusvalía, con los factores de ponderación, ascendía al 25% de la total obrera (v. vered., págs. 3/5).
Luego, con el dictamen pericial contable, consideró probado que el ingreso base mensual, calculado con arreglo a lo estipulado por el art. 12 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según ley 27.348), alcanzó la suma de $75.995,57 (v. vered., pág. 6).
En la sentencia, con fundamento en las previsiones del art. 6 inc. 3 apartado "b" de la misma ley, juzgó que la aseguradora debía indemnizar la totalidad de la incapacidad física padecida por el accionante, pese a su origen concausal, habida cuenta de que sostuvo que, a diferencia de la legislación anterior, que disponía expresamente que no correspondía ser reparada la incidencia de los factores causales extralaborales (conf. art. 2 párrafo tercero, ley 24.028), la ley 24.557 solamente excluye la resarcibilidad de estos en la medida en que resulten preexistentes al vínculo laboral y hayan quedado acreditados con el examen preocupacional, circunstancias que juzgó no corroboradas en el caso (v. sent., págs. 6/7).
Al momento de calcular la prestación dineraria mencionada declaró la invalidez constitucional formal del decreto de necesidad y urgencia 669/19 —y su inaplicabilidad en autos— por considerar que el Poder Ejecutivo, al dictarlo, había modificado una ley sin que se verificaran los recaudos para proceder de ese modo (art. 99 inc. 3, Const. nac.; v. sent., págs. 7/8).
Seguidamente, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348) contenido en la contestación de la demanda, señalando que dicha norma utiliza dos mecanismos de ajuste diferentes, que tienen ámbitos de aplicación temporal distintos, en tramos sucesivos: (i) durante el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante mediante el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables —RIPTE— (art. 12 inc. 1); (ii) desde ese momento y hasta la determinación de la indemnización por conducto de la tasa activa del Banco Nación (art. 12 inc. 2, v. sent., pág.11). Explicó que estos son compatibles con el carácter de deudas de valor puesto que —según argumentó— en la ocasión en que resulta determinada la liquidación de la indemnización, lo que adeuda la demandada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago (v. sent., pág. 12).
Expuso que, de acuerdo a las reglas de la teoría general del derecho y del derecho del trabajo, la ley 27.348 —por ser posterior, especial y más favorable al sujeto protegido constitucionalmente— desplaza a la ley 23.928 de igual jerarquía (v. sent., págs. 14/15).
A partir de ese razonamiento, procedió a calcular el ingreso base mensual (IBM) del señor V. —con arreglo a las pautas del mentado art. 11 de la ley 27.348— en la suma de $210.453,24, y la prestación dineraria prevista en el art 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 en el importe de $5.034.801,47 (v. sent., pág. 25).
Además, con fundamento en los arts. 20 del mismo cuerpo legal y 3 de la ley 26.773, ordenó pagarle al accionante los montos de $86.400 y $1.006.960,29 en concepto de costo del tratamiento psicoterapéutico y compensación dineraria adicional de pago único, respectivamente (v. sent., pág. 26).
En ese contexto, el tribunal de grado señaló que, en tanto la accionada no había pagado en tiempo y forma la indemnización, correspondía adicionar al capital de condena los intereses moratorios devengados entre la fecha de la exigibilidad del crédito y la del efectivo pago. Allí consideró aplicable el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557 —conforme el texto dado por la ley 27.348—, el cual interpretó "...opera como una norma especial que determina una tasa legal en materia de intereses moratorios, en los términos del art. 768 inc. b) del Código Civil y Comercial...", desplazando así, tanto a la prevista en el art. 48 de la ley 11.653 —texto según ley 14.399— por ser una ley nacional posterior y resultar más favorable al trabajador, como a la fijada por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), toda vez que, a diferencia del presente caso —continuó expresando— lo dicho allí lo fue ante la ausencia de una ley nacional especial en materia de intereses moratorios (v. sent., págs. 27/28).
Sobre esa definición, procedió a dilucidar a partir de cuándo correspondía aplicar al capital de condena la tasa activa del Banco de la Nación Argentina prevista en la norma indicada. Consideró entonces que el mentado art. 12 inc. 3 debía ser interpretado en forma sistemática con los incs. 1 y 2 que ordenan actualizar el ingreso base mensual a la hora de cuantificar la prestación (v. sent., pág. cit.).
Precisó también que resultaba evidente que la tasa de interés bancaria prevista en la norma en análisis no podía ser aplicada desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad a las prestaciones que se calculan tomando como módulo un IBM ya actualizado, pues, de lo contrario, implicaría actualizar en el mismo período dos veces el importe del crédito (v. sent., pág. 30).
En ese marco, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte (entre ellos, C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), concluyó que, desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad y hasta el dictado de la sentencia, el importe de condena debía ser incrementado con intereses a una tasa pura del 6% anual. Asimismo, decidió que la suma obtenida en dicho cálculo se capitalice conforme los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, debiendo devengar —desde el momento del fallo y hasta el efectivo pago— un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (v. sent., págs. 30/32).
Finalmente, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y declaró aplicable al caso el límite —allí previsto— respecto de la responsabilidad por el pago de las costas (v. sent., págs. 32/33).
II. La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 36, 75 inc. 19 y 108 de la Constitución nacional; 1, 4, 5, 11, 24 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica; 10, 11, 15, 25, 31, 39 incs. 1 y 3 y 57 de la Constitución provincial; 770 y 772 del Código Civil; 6 y 12 de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.928; 163 inc. 5, 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 11, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de 6-V-2022).
II.1. Señala que el tribunal de grado incurrió en absurdo al momento de establecer la minusvalía física que padece el actor toda vez que se apartó —a su criterio— de manera arbitraria de las conclusiones establecidas en la pericia médica, en la cual claramente se aludió a una "concausalidad del 50% por factores constitucionales, consignando un porcentaje de incapacidad del 7,75%" (v. pág. 8).
Explica que el error del sentenciante radica en la valoración del referido medio probatorio y en entender que debe indemnizarse el total, de acuerdo con lo prescripto en el art. 6 inc. 3 de la ley 24.557.
A su vez, objeta el grado de incapacidad psicológica reconocida, alegando que para su acreditación no resulta suficiente el informe de un psicólogo, ya que —en su opinión— debió realizar el diagnóstico un médico psiquiatra.
Destaca que en las previsiones del decreto 659/96, el daño psicológico no se encuentra contemplado como una enfermedad profesional, y —por ende— no genera derecho a ninguna prestación médica ni dineraria.
Indica que, en el caso, no se configuró un adecuado nexo causal entre la manifestación depresiva grado II con el hecho dañoso denunciado.
Añade que no corresponde indemnizar el daño psicológico cuando en la sentencia se incluye una suma destinada al costo del tratamiento de psicoterapia aconsejado por el perito, pues se entiende que al cabo de dicho procedimiento el actor quedará recuperado.
Le reprocha al juzgador no haber considerado la fórmula Balthazard para calcular las capacidades residuales, que debieron tenerse por descontadas.
II.2. Aduce que la decisión del sentenciante de desestimar el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 (texto dado por el art. 11 de la ley 27.348) introducido en la contestación de la demanda, fue gestada a partir de un razonamiento completamente absurdo y arbitrario que evidencia la ausencia de un acto jurisdiccional válido (v. pág. 10).
Entiende que, a partir de esa descalificación, se estableció una suma de condena desmesurada, que afecta el principio nominalista plasmado en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, prohibiendo los mecanismos de actualización.
Expresa que eventualmente el IBM del actor no debió ajustarse por la ley 27.348 sino a las pautas del decreto de necesidad y urgencia 669/19 (v. pág. 19).
II.3. Se opone a que se apliquen intereses moratorios por falta de pago de la indemnización en tiempo y forma, desde que —asegura— en ningún momento se encontró obligada al pago en tanto la comisión médica desestimó la incapacidad invocada por el actor, y las pruebas producidas en el juicio no resultaron suficientes para brindar plena certeza de los hechos denunciados.
Niega que en el caso se verifique una hipótesis de deuda de valor e impugna el particular modo en que se aplicaron los intereses en autos, a saber: a partir de la primera manifestación invalidante y hasta el 19 de abril de 2022 al 6% anual y, a partir de la fecha de la sentencia el capital actualizado devengará además hasta su efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (v. pág. 11).
II.4. Por último, alega que el sentenciante, al regular los honorarios de los profesionales intervinientes, vulneró la limitación respecto de la responsabilidad por el pago de las costas que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial; así como la doctrina legal sentada en L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde analizar inicialmente las críticas que formula la recurrente a las conclusiones que estableció el juzgador respecto del grado de incapacidad que padece el actor —por sus afecciones físicas y psíquicas— y la existencia de nexo causal con el accidente de trabajo que sufrió el día 20 de junio de 2018.
III.1.a. En este orden, es menester recordar que la determinación del porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador, y la existencia de relación causal con el accidente de trabajo denunciado, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, excepto que se demuestre absurdo (causas L. 119.791, "Argüello", sent. de 29-VI-2020; L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020; L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023).
En igual línea de ideas, se ha indicado que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, por lo que la decisión que adoptan al respecto es ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo acreditación de aquel vicio valorativo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022 y L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023).
III.1.b. Los cuestionamientos traídos se advierten insuficientemente fundados para lograr verificar tal extremo.
La agraviada se limita a exponer su opinión subjetiva en orden a la diferente eficacia probatoria que —a su entender— correspondería asignarle a los dictámenes médico y psicológico agregados a la causa, blandiendo su mera disconformidad con el modo en que fueron analizados por el tribunal de grado, e insistiendo con observaciones ya realizadas en las impugnaciones (concernientes a la supuesta preexistencia o concausalidad de la incapacidad física, a la falta de relación causal con el siniestro, a la necesidad de utilizar la fórmula de la capacidad restante o un examen clínico psiquiátrico en lugar del psicológico; v. escritos electrónicos de fechas 11-II-2020, 5-III-2020, 4-XII-2020 y 20-XII-2020) que fueron expresamente desestimadas por el órgano actuante al desplegar su labor jurisdiccional de ponderación de las probanzas (v. vered., pág. 4).
Al respecto, cabe puntualizar que el juzgador consideró que debían ser desestimadas las impugnaciones formuladas por la parte demandada a los referidos informes periciales por juzgar que se reducían a discutirle a ambos expertos la función que le había sido encomendada como auxiliares de justicia, cuando ratificaron sus conclusiones y dieron adecuada respuesta la totalidad de los planteos efectuados (escritos electrónicos de fecha 19-II-2020 y 13-XII-2020), sin que las posteriores objeciones hubieran agregado nada relevante (v. vered., pág. cit.).
Frente a estas conclusiones esenciales, el reproche expuesto por la interesada se agota en la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de facultades privativas, a partir de un nuevo análisis de los informes periciales médico y psicológico según su personal criterio valorativo, método que —reiteradamente se ha señalado— configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al mentado vicio de absurdo invocado (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.1.c. Y en este contexto, no es dable soslayar que la interesada omite hacerse cargo y rebatir las motivaciones esenciales que expuso el tribunal en la sentencia para definir el porcentaje de incapacidad objetado, con fundamento en las previsiones del art. 6 inc. 3 apartado "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 279, CPCC).
En efecto, el órgano judicial de grado señaló que, si bien se había acreditado que parte de la minusvalía que padece el actor era atribuible a factores concausales extraños al trabajo, el total de esa incapacidad debía ser tenida en cuenta a los efectos resarcitorios. Ello, al juzgar que —a diferencia de la legislación anterior sobre accidentes de trabajo, que disponía expresamente que no debía ser reparada la incidencia de los factores causales extralaborales (conf. art. 2 párrafo tercero, ley 24.028)— la citada norma legal solamente excluía la resarcibilidad de estos en la medida en que resulten preexistentes al vínculo laboral y hayan quedado acreditados con el examen preocupacional, circunstancias —que juzgó— no verificadas en el caso (v. sent., págs. 6/7).
Estos fundamentos medulares de la decisión que se pretende objetar, al no ser refutados, revelan la notoria insuficiencia de la queja, pues, conforme reiteradamente se ha declarado, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016 y L. 124.672, "Cruz", sent. de 8-V-2023).
III.2.a. El cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (reformado por la ley 27.348), y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022).
En consecuencia, también ha de permanecer incólume este tramo del pronunciamiento (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.b. Si bien lo expuesto define la suerte adversa del planteo referido, cabe señalar que no resultan atendibles las genéricas manifestaciones que formula la quejosa en torno a la afectación de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y a la aplicación de lo normado por el decreto 669/19 (v. rec., pág. 19).
Las argumentaciones que nutren tales cuestionamientos carecen de un desarrollo argumental idóneo de cara al contenido del pronunciamiento cuestionado, en el que expresamente por diferentes fundamentos —acertados o no— se declaró desplazada a la citada ley por la ley 27.348 (v. sent. pág. 14) y, por otro lado, se sostuvo la invalidez constitucional formal del mentado decreto (v. sent., pág. 7; conf. doctr. art. 279, CPCC; causas L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.3. No corre mejor suerte el agravio vinculado con los intereses fijados en la sentencia.
Circunscripta la potestad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021 y L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022), puede observarse que la crítica ensayada sobre este punto luce insuficiente para neu
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