Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128908
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.908, "Castillo, Ricardo Daniel contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la excepción de cosa juzgada, hizo lugar a la demanda e impuso las costas a la accionada vencida (v. pronunciamiento de fecha 23-II-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-III-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la excepción de cosa juzgada, hizo lugar a la demanda promovida por Ricardo Daniel Castillo y condenó a Asociart Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a", de la ley 24.557 y al de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, en razón de la incapacidad determinada en razón del accidente de trabajo denunciado.
Para así decidir, juzgó acreditado en el veredicto que, con motivo del infortunio referido, el demandante padece una incapacidad total y permanente del 19,2% de la total obrera. Además, consideró probado que en fecha 28 de marzo del 2019 la demandada hubo de abonarle al actor la suma de $280.861,41 en concepto de incapacidad parcial y permanente; sin embargo, agregó que no se acompañó al litigio "homologación alguna" que le permitiese expedirse al respecto.
Vale destacar que ya en la sentencia, al cuantificar la prestación dineraria, el juzgador consideró que el valor del ingreso base mensual del accionante debía determinarse de acuerdo a los datos que surgían de la pericia contable y "aplicarse RIPTE en la forma prevista en el art. 11 inc. 1° Ley 27.348" (modif. del art. 12 de la ley 24.557; v. pronunciamiento, pág. 7). Definidos los montos resarcitorios, y de conformidad con lo juzgado en el veredicto, desestimó la excepción de cosa juzgada opuesta por la aseguradora demandada (v. pronunciamiento, pág. cit.).
Seguidamente, dispuso que al capital de condena se le apliquen intereses, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización, al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (indicó, conforme el art. 11 inc. 2 de la ley 27.348); al monto obtenido, le descontó la suma que ya había percibido el accionante de parte de la aseguradora. Finalmente, y a tenor de lo normado en el art. 11 inc. 3 de la ley 27.348, ordenó que a partir de la mora en el pago de la indemnización sería de aplicación el art. 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, y devengando el producido un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación (v. pronunciamiento, pág. 9)
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia principalmente la violación de los arts. 17 y 18 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 14-III-2022).
II.1. Afirma que en razón de la contingencia motivo de estas actuaciones, el actor transitó el procedimiento administrativo previo establecido en la ley 27.348, en cuyo marco la comisión médica que interviniente fijó un porcentaje de incapacidad, las partes firmaron un acuerdo y el trabajador percibió la indemnización correspondiente. Alega que, de conformidad con lo dispuesto fundamentalmente en el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, ese convenio "hace cosa juzgada sobre el siniestro acaecido" (v. rec. págs. 6/8).
II.2. Por otro lado, alega que el tribunal de grado al emplear un ingreso base actualizado para calcular la indemnización y luego aplicar intereses a los montos resultantes, incurrió en un supuesto de anatocismo, que por regla general se encuentra prohibido en el Código Civil y Comercial (v. rec. pág. 9).
II.3. Finalmente, enuncia que el fallo dictado viola doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su despliegue argumental, el interesado cita algunos sumarios de distintos pronunciamientos judiciales y cierta opinión de la doctrina de los autores.
III. El recurso no prospera.
III.1. No es atendible el cuestionamiento dirigido a objetar lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada.
Esta Corte reiteradamente ha declarado que en los lindes del art. 279 del CPCC la suficiencia de la postulación recursiva dependerá de que se baste a sí misma, para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal, y ello exige una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida (conf. causas L 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014; L. 127.955, "Blanco", resol. de 4-VII-2022; L. 129.195, "R., E. H.", sent. de 20-XI-2024).
En el agravio en estudio dicha carga ha quedado insatisfecha, pues el impugnante centra sus esfuerzos en destacar que el acuerdo al que habrían arribado las partes en sede administrativa conduciría a aceptar configurada la cosa juzgada, aunque en ese intento no se ocupa de rebatir la conclusión esencial que condujo al juzgador de origen a descartar la procedencia de la excepción blandida por la aseguradora, construida sobre aquella motivación que dio cuenta de la falta de acompañamiento en el proceso de "homologación alguna".
Ocupa recordar que no es idónea la mera invocación o pretendida subsunción por parte de quien recurre de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales del fallo impugnado (causas L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; L. 124.672, "Cruz", sent. de 8-V-2023).
Y en ese contexto ha de divisarse que tampoco la crítica cuenta con un desarrollo destinado a evidenciar la eventual presencia del absurdo en la apreciación de los jueces de grado sobre el instituto de la cosa juzgada, exigible en este tipo de planteos (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 120.324, "Campos", sent. de 17-VI-2020; L. 129.240, "G., G.", sent. de 20-XI-2024).
De suyo, que no puede este Superior Tribunal suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 131.025, "Blatte"; sent. de 28-XI-2024).
III.2. Igual suerte adversa ha de correr la crítica pergeñada en torno al anatocismo.
Lo aquí sostenido por el quejoso tampoco cumple con las exigencias que emanan del citado art. 279 del CPCC, toda vez que este pasaje del recurso carece de la denuncia de violación o errónea aplicación de las normas actuadas en el pronunciamiento cuestionado (incs. 2 y 3 del art. 11 de de la ley 27.348), en un discurso que se desentiende entonces del fundamento normativo que condujo al a quo a pronunciarse del modo antes descripto.
Son aplicables las directrices de esta Corte que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente los fundamentos del pronunciamiento de grado (causas L. 121.439, "Escobar", sent. de 31-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
III.3. En lo tocante al tramo final del recurso, corresponde recordar que la jurisprudencia de la Corte nacional, de otros tribunales de justicia y la doctrina de autores no constituye la doctrina legal a la que hace referencia el citado art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 128.732, "Fouquet", resol. de 13-VII-2022; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; L. 126.860, "Lombardi", sent. de 3-VI-2024).
III.4. Y aunque llamativamente desconectada de aquel espacio del recurso destinado a fundar los agravios, acaso quedaría por mencionar que la jurisprudencia de esta Corte vinculada con el principio de congruencia que cita el quejoso, tampoco logro ser esgrimida con éxito, pues sólo es acompañada de una sucinta manifestación que lejos se encuentra de acreditar la infracción a tan cardinal postulado procesal.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la cuestiona planteada también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Las particulares circunstancias del caso y, especialmente, las deficiencias en la impugnación, llevan al rechazo del recurso, tal como concluye el ponente.
En estas condiciones, y sin que ello implique modificar la postura que sostuve en la causa L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024) en punto al efecto de los acuerdos homologados en sede administrativa en los supuestos de infortunios laborales, adhiero al voto de mi distinguido colega el señor Juez doctor Soria.
En suma, y por las razones expuestas, a mi modo de ver corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CCPC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la cuestiona planteada también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2025 09:58:17 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2025 15:00:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2025 17:01:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:38:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 13:41:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/09/2025 14:56:37 hs. bajo el número RS-78-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia