Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131556
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.556, "Ramírez, Marcos Oscar contra S.M.A.T.A. Sindicato de Mecánicos y Afines de Transporte Automotor. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, se declaró —de oficio— incompetente para intervenir en la causa (v. pronunciamiento de fecha 20-X-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 8-XI-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En etapa liminar del proceso, el tribunal interviniente declaró de oficio su incompetencia para entender en las presentes actuaciones que Marcos Oscar Ramírez promovió contra el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), con fundamento en el art. 47 de la ley 23.551, y ordenó su archivo.
Para así decidir, evaluó que el actor, en la demanda, adujo haber sido electo como miembro de la Comisión Directiva del referido sindicato, en el cargo de vocal 3°, para el período comprendido entre los años 2020 a 2024, desempeñando funciones en la Secretaría Administrativa de dicha entidad —seccional Mar del Plata— desde el 1 de abril de 2021, con la consecuente licencia gremial, y percibiendo haberes (compensación gremial) hasta el mes de julio de 2023 por parte del gremio.
A su vez, ponderó las circunstancias narradas por el accionante acerca de su apartamiento del aludido cargo, que el ente sindical justificó en motivos organizativos y en el cese de "las causas que le dieron origen" al permiso gremial (v. pronunciamiento de fecha 20-X-2023, págs. 2 y 3).
A partir de las circunstancias señaladas, con apoyo en las disposiciones de los arts. 59 y 60 de la ley 23.551 y en la doctrina legal de este Tribunal que individualizó, el juzgador concluyó que la acción se hallaba "enmascarada" bajo la órbita del art. 47 de la citada normativa, siendo que el objeto de la pretensión, en rigor, se dirigía a obtener la reinstalación del actor en la posesión del cargo como vocal 3°, en las mismas funciones, con todas las garantías correspondientes y la consecuente compensación económica.
De tal modo, al amparo del art. 6 de la ley 11.653, se inhibió de conocer en el presente proceso atento que las cuestiones ventiladas correspondían a la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (conf. arts. 47, 59, 60, 62 inc. "b" y concs., ley 23.551).
Luego, sin perjuicio de considerar que la pretensión incoada no encuadraba en el ámbito de lo previsto en el art. 47 de la ley 23.551, destacó que el peticionante carecía de legitimación activa suficiente, por no haber aportado documentación a fin de evidenciar el agotamiento de la vía administrativa previa.
Sentado lo expuesto, consideró que el abordaje de la medida cautelar innovativa peticionada en la demanda devenía abstracto. Ello —explicó— por cuanto los diferendos entre los afiliados a una asociación sindical de trabajadores y estas, son ajenos a la norma del citado art. 47 de la ley 23.551, debiendo tramitarse por la vía de los arts. 59 y 60 de dicho cuerpo normativo. Lo contrario —aseveró— implicaría sustraer del conocimiento de la causa a los órganos con competencia para expedirse en la materia.
Por su parte, sostuvo que el tratamiento de esa medida, sin sustanciación previa, agotaba el objeto de la acción.
En esa línea de razonamiento, precisó que la adopción de una decisión definitiva sobre un conflicto intrasindical como el ventilado en autos resultaba ajena a la jurisdicción de los jueces locales y propia del Ministerio de Trabajo de la Nación como autoridad de aplicación de la Ley de Asociaciones Sindicales (art. 56, ley 23.551) y, en su caso, de la Justicia Nacional del Trabajo competente para el conocimiento de los recursos y acciones que regula la citada ley (v. pronunciamiento, págs. 8/9).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 17, 18, 19, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo; 10 de la Constitución provincial; 1, 23, 31, 47, 59 y 60 de la ley 23.551; 2 inc. "b", 12, 18, 27, 28 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 196, 198, 321 y 496 del Código Procesal Civil y Comercial, y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, la recurrente controvierte el rechazo in limine de la acción promovida, planteando que las normas procesales aplicables indican que el tribunal de grado debió correr traslado a la contraparte y no desestimarla en el umbral del proceso.
Señala que la única norma que autoriza a rechazar en forma preliminar una acción de amparo es la ley 13.928 (que solo lo prevé cuando sea por actos de autoridad pública; arts. 8 y 10 inc. 2). Insiste en señalar que al rechazar sin sustanciación la demanda impetrada que ha de tramitar con arreglo a lo normado por el art. 321 del Código Procesal Civil y Comercial, el sentenciante afectó gravemente el derecho de acceso a la justicia del reclamante.
II.2. En segundo término, sostiene que al calificar la cuestión litigiosa como un "conflicto intersindical" (v. rec., pág. 5), el juzgador declaró erróneamente su incompetencia para entender en el caso. Afirma que tal apreciación resulta arbitraria y no se condice con las constancias de la causa.
Postula que de conformidad con los arts. 47 y 63 de la ley 23.551 y 2 inc. "b" de la ley 11.653, el tribunal debió declararse competente para intervenir en autos y adoptar las medidas judiciales útiles tendientes a garantizar el ejercicio regular de los principios y derechos sindicales comprometidos.
Refiere que la decisión de origen carece de sustento normativo, en tanto se apoyó en premisas que nada tienen que ver con el conflicto denunciado en la demanda consistente en la conducta antisindical desplegada por integrantes de la asociación demandada, configurativa de una evidente revocación encubierta de su mandato, sin invocación de causa alguna y carente de la intervención de los órganos competentes —Comisión Ejecutiva y Asamblea General de Delegados Congresales—, atentando contra su derecho de defensa y los principios de debido proceso y legalidad (arts. 18 inc. "e", 19 y 20, Estatuto Social de SMATA).
II.3. Cuestiona el rechazo de la medida cautelar solicitada, por fundarse —manifiesta— en un excesivo rigorismo en la exégesis de los arts. 59, 60 y 61 de la ley 23.551, ya que atravesar dichos procedimientos, con los plazos que implica, llevaría necesariamente a un sinsentido el reclamo jurisdiccional efectuado, por cuanto el mandato vencería (marzo de 2024) antes de alcanzar el restablecimiento en su cargo, constituyendo un verdadero absurdo.
Aduce que el tribunal de origen no cumplió con lo ordenado en el art. 47 de la ley 11.653, ya que debió adoptar una medida judicial útil tendiente a hacer cesar el comportamiento antisindical, cual era hacer lugar a la cautelar solicitada por su parte, a través de la cual, el trabajador buscó resolver con carácter urgente y preventivo (hasta que se resolviera la cuestión de fondo), la reinstalación en su respectivo cargo sindical, bajo las mismas condiciones y con el consiguiente pago de las compensaciones gremiales adeudadas y las que se devengaran en el futuro.
Por último, sostiene que lo resuelto transgrede la doctrina legal establecida por esta Corte en las causas que individualiza.
III. El recurso no prospera.
III.1. La primera de las críticas reseñadas no merece favorable recepción.
III.1.a. Iniciada la demanda, el a quo examinó —ante todo— si resultaba o no competente para conocer en la litis.
En esa labor, teniendo en mira el objeto del reclamo y la documentación acompañada, concluyó que la materia en debate resultaba ajena a su jurisdicción porque más allá de fundarse en el art. 47 de la ley 23.551, el actor pretendía la revisión del apartamiento de su cargo dentro del sindicato por cese de su licencia gremial, alegando una revocación encubierta del mandato que le fuera conferido como vocal de la entidad sindical en contravención de sus normas estatutarias, cuestión que —juzgó— debía ventilarse ante la autoridad administrativa nacional del trabajo, por tratarse de un conflicto intrasindical (arts. 56, 59 y 60, ley cit.).
III.1.b. Ha sostenido esta Corte que la forma o manera de determinar y fijar la competencia o capacidad del juez para conocer de un determinado litigio es materia de fundamental importancia para la correcta instrucción y decisión y tiene raíces constitucionales (conf. arts. 18, Const. nac. y 10 y 15, Const. prov.). Así, la competencia del juez es un presupuesto del proceso que puede ser discutido in limine litis y sobre el cual debe pronunciarse el juez de oficio (causas B. 68.253, "Licardi", resol. de 22-VI-2005; B. 69.537, "Damonte", resol. de 14-V-2008; B. 69.967, "L., R.", resol. de 18-IX-2009; L. 117.797, "Bais", sent. de 10-XII-2014 y L. 119.550, "García", sent. de 15-III-2017).
Esta última directiva también se encuentra prevista en el art. 6 de la ley 11.653 en el ámbito de los procesos laborales —que resulta aplicable al caso—, en tanto prescribe que el tribunal ante el cual se hubiere promovido la demanda deberá inhibirse de oficio si considerase no ser competente para conocer en el asunto en razón de la materia (primera parte, art. cit.).
III.1.c. Con arreglo a lo resuelto, el planteo que porta la réplica no logra desvirtuar las conclusiones del fallo impugnado en cuanto al examen oficioso de la competencia por razón de la materia efectuado, pues el quejoso no demuestra el yerro que invoca a la luz de las consideraciones formuladas por el juzgador de origen con sustento en el contenido del escrito postulatorio.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite formular una crítica adecuada y eficaz a la conclusión esencial que le dio sustento al fallo (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.802, "Encina Gaona", sent. de 27-III-2025).
III.2. Tampoco es de recibo el siguiente agravio.
III.2.a. La crítica estructurada bajo la premisa de que el juzgador de grado calificó la cuestión planteada como un "conflicto intersindical", pone en evidencia un flagrante desencuentro entre lo resuelto en la instancia y los argumentos que estructuran la impugnación en su contra (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 130.485, "Bas", sent. de 28-XI-2024; e.o.), resultando —de este modo— ineficaz para desvirtuar lo decidido.
III.2.b. Cabe además reparar que en su embate contra la decisión por la cual el tribunal se declaró incompetente, el accionante se limita a disentir con el temperamento adoptado en el fallo, fruto de la labor interpretativa llevada a cabo por los jueces del escrito de la demanda y del objeto del reclamo. Sin embargo, omite denunciar la eventual configuración del vicio de absurdo en dicha labor.
Debe aquí recordarse que interpretar los escritos constitutivos del proceso —y en general cualquier escrito—, para definir su alcance y contenido, constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia, resultando las conclusiones que al respecto formulen irrevisables en esta sede extraordinaria, salvo que se denuncie y compruebe que son fruto del absurdo (causas L. 101.109, "Hidalgo", sent. de 2-III-2011; L. 107.957, "Bodaño", sent. de 29-II-2012; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; L. 125.370, "Salazar", sent. de 31-V-2023; e.o.), carga que —como se dijo— no es cumplida por el interesado.
La señalada deficiencia sella el rechazo de este tramo de la crítica, pues esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 126.591, "D'Onofrio", sent. de 27-III-2023; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024).
III.2.c. A tenor de lo expuesto, permanece incólume el razonamiento que llevó al juzgador a definir la naturaleza del asunto traído a su conocimiento, base de la solución bajo censura (art. 279, CPCC).
III.3. La crítica que refiere al otorgamiento de la cautelar solicitada tampoco es de recibo.
III.3.a. Interesa aquí señalar que el tribunal de mérito no desconoció la doctrina legal de este Tribunal que indica que el fundamento y la finalidad de la acción prevista por el art. 47 de la ley 23.551, ante la denuncia de un conflicto intrasindical, agota su objeto en la adopción de medidas judiciales útiles que garanticen el ejercicio regular de los principios y derechos sindicales comprometidos, en los casos en que la demora pueda resultar altamente perjudicial para la preservación de la democracia interna de la asociación sindical (causas L. 80.136, "Buschmann", sent. de 1-III-2004; L. 107.411, "Godoy", sent. de 24-VIII-2011; L. 116.926, "Giménez", sent. de 8-IV-2015 y L. 113. 387, "Inguanta", sent. de 29-IV-2015).
Sin embargo, como quedó expuesto en el relato de antecedentes, el juzgador de origen consideró que el abordaje de la medida de cautela solicitada, en cuanto identificada con el objeto de la demanda, devenía abstracto y ajeno a su potestad jurisdiccional.
III.3.b. Ante estas conclusiones, arraigadas en la naturaleza intrasindical asignada al conflicto, el interesado se limita a reprocharle al tribunal de grado un "excesivo rigorismo en la exégesis de los artículos 59, 60 y 61 de la ley 23.551" y a señalar las dificultades y la dilación que le hubiera acarreado el cumplimiento del trámite previsto en las disposiciones mencionadas para obtener su cometido.
Se sigue de ello que tampoco en este aspecto el recurrente se hace cargo de controvertir los argumentos vertidos por el tribunal para resolver como lo hizo y —menos aún— de demostrar la configuración del absurdo que invoca.
Es que, tan solo expone su discrepante opinión en torno al abordaje de la temática sometida a juzgamiento, siguiendo una línea argumental que —en rigor— traduce un apartamiento de los fundamentos expuestos en el pronunciamiento, carente de idoneidad a los fines pretendidos.
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz de las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023 y L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e. o.).
Cabe agregar que en nada varía la suerte del recurso lo argumentado por el recurrente con apoyo en los precedentes de este Tribunal que individualiza, elaborados bajo distintas plataformas que la que exhibe el caso bajo análisis (causas L. 118.268, "Peralta", sent. de 5-XII-2018; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020 y L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023; e. o.).
En definitiva, la ausencia de idoneidad de la crítica examinada sella su suerte adversa.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2025 13:40:15 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 11:52:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:41:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 14:59:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:57:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:21:10 hs. bajo el número RS-90-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia