Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131072
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.072, "Diez, José María contra Prevención ART S.A. Accidente de trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la accionada Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., imponiendo las costas a la parte actora vencida (v. pronunciamiento de fecha 5-XI-2021).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 25-XI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el marco de la acción promovida por José María Diez mediante la cual —se sostuvo— pretendía la reparación de un daño originado en un accidente in itinere en razón de la denunciada "reagravación" de la dolencia padecida, el tribunal de grado acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. basada en la celebración anterior de un acuerdo que fuera homologado judicialmente (v. pronunciamiento de 5-XI-2021).
Para así decidir, juzgó que la relación litigiosa de autos encontraba idéntica composición que la que se conformase en el expediente que tramitó ante el mismo tribunal caratulado "Diez, José María c/ Prevención ART s/ Daños y Perjuicios", reiterándose —además— la calidad de actor y demandado. Seguidamente, precisó que del relato de los hechos que contiene la demanda surgía que la reparación perseguida encontraba su origen en la misma contingencia laboral que movilizare el reclamo impetrado en aquellas otras actuaciones.
En ese marco, destacó que, cotejando las citadas actuaciones, se advertía que el perito médico hubo de determinar allí que el demandante no poseía incapacidad relacionada con el siniestro denunciado, no habiendo la referida pericia sido objeto de impugnación por el actor. A su vez, estimó que la prueba que individualizó, ofrecida ahora por el accionante en la demanda de autos, daba cuenta de que el trabajador ya contaba con constancias médicas a los fines de enunciar que las patologías que entendió que originaron el reagravamiento ameritaban una ampliación o rectificación del informe pericial médico, el cual —recalcó— consintió y ratificó al momento del acuerdo conciliatorio. Concluyó que las consecuencias dañosas del siniestro que se reclamaban bajo el rótulo de agravamiento, ya habían sido materia de análisis por el auxiliar de justicia, peritándose su irrelevancia a los efectos de constituir un menoscabo en la capacidad laborativa del actor. De allí que entendió configurada en forma cabal la triple identidad requerida para la evaluación de la defensa opuesta.
Agregó luego, que tampoco el cuestionamiento efectuado en la demanda presentada en este litigio era apto para restarle aptitud jurisdiccional a la homologación del acuerdo conciliatorio dictada el 4 de diciembre de 2020. Refirió que lo argumentado en orden a que el convenio no había sido correctamente examinado pues la demanda estuvo fundada en el derecho común y que no se había alcanzado una justa composición conforme el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, confrontaba con los propios términos vertidos por el accionante en el convenio conciliatorio del suscripto. A continuación, destacó que el acto homologatorio respectivo no resultó impugnado por parte del trabajador, quien ahora pretendía restarle valor jurídico; dijo también, que si bien el fundamento de la cosa juzgada responde a elementales principios de orden, seguridad y certeza jurídica, su autoridad no es absoluta, pero que el accionante no invocó ni demostró que lo actuado en la instancia judicial previa hubiera configurado un vicio formal o sustancial que imposibilitara su revisión en sede judicial.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurda interpretación de la acción de reagravación y de la cosa juzgada, y violación del art. 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. presentación de 25-XI-2021).
Sostiene que privilegiando el acuerdo logrado son errados los fundamentos del fallo, pues la acción deducida no requiere la configuración del vicio formal o sustancial al que aludió el a quo . Alega que la acción de autos se basa en una dolencia determinada, reconocida por el perito médico en el anterior litigio sin haberse determinado incapacidad alguna, y que posteriormente a causa de su reagravación debió ser tratada quirúrgicamente.
III. En razón de su insuficiencia, el recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que la apreciación de los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada proviene de una labor que les compete en forma privativa y, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite el absurdo (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 120.324, "Campos", sent. de 17-VI-2020 y L. 130.127, "Bolbol Cores", sent. de 16-XII-2024). En concordancia con tales lineamientos, también ha señalado que la valoración formulada por los magistrados de origen sobre las consecuencias de las identidades de la cosa juzgada, constituye —por regla— materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y que solo puede ser examinada en casación si se demuestra que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del proceso que se ventila y del anteriormente tramitado, y de la consecuente comparación entre lo pretendido y juzgado en él y lo que se ofrece como pretensión en el presente (causas L. 111.164, "Giménez", sent. de 19-IX-2012; L. 119.681, "Berdun", sent. de 21-XI-2018 y L. 120.203, "Trosset", sent. de 28-VIII-2019).
III.1.b. Lejos está el recurrente de evidenciar la configuración del mentado y excepcional vicio valorativo.
Sus breves afirmaciones solo reflejan la mera disconformidad que expone con la conclusión alcanzada en la sentencia, sin aportar —como es menester— una explicación tendiente a evidenciar que la apreciación efectuada por los magistrados de grado de las actuaciones judiciales involucradas, sea el producto de aquel error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa y que caracteriza al absurdo (causas L. 124.032, "Olmedo", sent. de 1-XI-2021; L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022 y L. 121.958, "Lamuraglia", sent. de 7-IX-2023).
El razonamiento que condujo al a quo a juzgar configurada la cosa juzgada, partió de ponderar el reclamo formulado en estos autos cotejando el acuerdo homologado en decisión firme en el anterior litigio, en relación al cual —dijo— no se evidenciaron vicios.
Pero ocupa destacar, que en dicha labor, además, hubo de considerar especialmente el contenido de lo dictaminado por el perito médico que intervino en aquel juicio y la ausencia de impugnación por parte del accionante, cuando sin embargo —destacó— el trabajador contaba con constancias médicas que le permitían manifestar que las patologías que ahora entiende que originaron el reagravamiento ameritaban una ampliación o rectificación por el perito médico. Y tajantemente puso de relieve que las consecuencias dañosas del siniestro que se reclaman en estas actuaciones ya habían sido materia de análisis por aquel auxiliar de justicia, peritándose su irrelevancia para ponderar un menoscabo a la incapacidad del actor.
Puede observarse que el impugnante no se encarga de atacar frontal y eficazmente estas motivaciones que dotan de estructura al pronunciamiento de grado.
No cabe sino recordar las directrices de esta Corte que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra el absurdo invocado, al transitar por un mero disenso con lo resuelto, sin profundizar un concreto y eficaz ataque de todas las conclusiones fácticas volcadas por el tribunal de origen en función que le compete privativamente (causas L. 108.675, "Chiodi", sent. de 14-VI-2017; L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 129.204, "Sokol", resol. de 29-XII-2022 y L. 129.240, "G., G.", sent. de 20-XI-2024).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2025 13:40:14 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 11:52:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:41:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 14:59:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:57:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:21:09 hs. bajo el número RS-89-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia