Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130558
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.558, "P., M. N. contra Ecoser Americana S.R.L. y otros. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 17-II-2023).
Se interpusieron, por la parte actora y la codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 10-III-2023 y 12-III-2023, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor M. N. P. promovió contra Ecoser Americana S.R.L. y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual reclamó —con sustento en las normas del derecho común— el pago de una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que invocó.
Para así decidir, al brindar respuesta al interrogante planteado en la segunda cuestión del veredicto, sostuvo que había quedado acreditado en autos que el día 2 de enero de 2015 el actor sufrió un infortunio laboral, cuando al intentar destrabar material plástico acumulado en el engranaje de un elevador sinfín (chimango), dicho mecanismo atrapó su mano izquierda, provocándole su amputación y la del antebrazo.
Señaló, además, que a consecuencia de ese hecho resulta portador de una incapacidad física —sumados los factores de ponderación— del 83,79% y psíquica del 11,10% (v. vered., tercera cuestión).
En la sentencia —tras declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, en cuanto instaura la denominada opción excluyente— el tribunal entendió configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetivos y objetivos de la empleadora en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
En este aspecto, expresó que se había comprobado que el infortunio se produjo como consecuencia de la intervención de una cosa riesgosa propiedad de la empleadora, como así también por la actividad —también riesgosa— encomendada al actor en la recuperación industrial del plástico.
A la par, estimó configurada la responsabilidad objetiva de Ecoser Americana S.R.L. Ello, indicó, porque había quedado demostrado que al obligar al dependiente a prestar servicios en tareas riesgosas que lo expusieron a ser dañado en su integridad psicofísica, incumplió con el deber de seguridad implícitamente incorporado a todo contrato de trabajo y legalmente reconocido en el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Respecto de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., tuvo por verificada su responsabilidad civil extracontractual en los términos del art. 1.074 del Código Civil (ley 340) por haber omitido cumplir con los deberes de fiscalización, seguridad y prevención establecidos por los arts. 4 y 31 de la ley 24.557.
Refirió que dicha aseguradora no había ofrecido prueba alguna que acredite el cumplimiento de sus obligaciones legales, sumado a que los testigos que declararon en la audiencia de vista de causa refirieron no haber recibido jamás visita alguna de su personal, ni instrucción sobre pautas de prevención de riesgos.
Agregó que, de conformidad a lo expuesto por el perito ingeniero que intervino en autos, no se probó que dicha entidad capacitara a los operarios de Ecoser Americana S.R.L. con relación a la máquina que produjo el gravísimo accidente. Tampoco juzgó demostrado que realizara visitas anteriores al infortunio, ni de que hubiera formulado denuncia alguna ante el órgano de superintendencia de riesgos laborales.
Indicó que tales incumplimientos se hallaban causalmente conectados con el daño provocado, resultando, por ende, Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. civilmente responsable, debiendo abonar (solidariamente con la empleadora) la reparación integral que le correspondía percibir al trabajador (arts. 512, 901, 1.109 y 1.074, Código Civil —ley 340—).
Cuantificó la indemnización a la que este último resultaría acreedor en el marco del derecho civil en concepto de daño material, moral y gastos por tratamiento psicoterapéutico.
En ese orden de ideas, juzgó que Ecoser Americana S.R.L. y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. debían afrontar solidariamente el pago de la suma determinada en concepto de reparación integral con apoyo en las disposiciones del derecho civil.
Finalmente, dispuso aplicar intereses —desde que cada suma era debida y hasta su efectivo pago— a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia".
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la transgresión del derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.) y de la doctrina legal que cita.
Sostiene que el proceso inflacionario acontecido en nuestro país provocó la licuación de los créditos reconocidos en la sentencia por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo.
Señala que para sortear tal desapoderamiento debe determinarse el capital indemnizatorio con arreglo al ingreso actual del trabajador, conforme el criterio delineado por la Suprema Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018); C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018) y L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020).
Para el supuesto de acogerse la impugnación, plantea que la regulación de honorarios que corresponda percibir a los letrados de la parte actora se adecúe al nuevo monto de condena resultante, de conformidad con lo peticionado.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. Entiendo que el quejoso acierta en su planteo de refutar la base salarial utilizada por el tribunal de grado para cuantificar la indemnización reconocida en concepto de reparación integral.
III.1.a. Para dar respuesta al embate, habré de reproducir —en lo que resulte pertinente— las consideraciones que formulara mi distinguido colega el doctor Soria al emitir su voto —al que adherí— en la causa L. 119.914, "A., D. A.", sentencia de 22-VI-2020, citada por la recurrente, atento la sustancial similitud que guarda en este aspecto de la controversia.
III.1.a.i. Se indicó en aquella oportunidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado en un reciente pronunciamiento referido a la reparación de daños padecidos por una persona humana (arts. 1 apdo. 2, CADH y 19 y sigs., Cód. Civ. y Com.) que "...tanto el derecho a una reparación integral [...] como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75, inc. 22, de la Constitución nacional (conf. arts. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4, 5 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Fallos: 335:2333)..." (CSJN causa O.85.L "Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/ accidente inc. y cas.", sent. de 10-VIII-2017, cons. 4°).
También se precisó que "...el principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución nacional..." y que "...dicha reparación no se logra si el resarcimiento -producto de utilización de facultades discrecionales de los jueces- resulta en valores insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible (Fallos: 314:729, considerando 40; 316:1949, cons. 4 y 335:2333; entre otros)..." (íd.).
En esa ocasión, el voto concurrente del señor Juez doctor Lorenzetti añadió que "...la reparación debe ser plena en el sentido de que, con los recaudos que exige el ordenamiento, alcance el estándar de una tutela efectiva de la víctima frente al daño injustamente sufrido y, particularmente, en lo que atañe al quantum de la reparación, represente una extensión congruente con la entidad del perjuicio acreditado (doctrina de Fallos: 314:729, considerando 40; 316:1949, considerando 4°; 335:2333, considerando 20, entre otros)...". El aludido voto precisó que "...este principio de la reparación plena -ahora recogido expresamente en el art. 1.740 del Código Civil y Comercial de la Nación- también tenía suficiente y consolidado reconocimiento al amparo del código derogado, aplicable a la especie por razones de derecho transitorio..." (cons. 6°). Advirtió, por último, que los criterios interpretativos expuestos "...han sido recogidos por el legislador en los arts. 1.740 y 1.746 del Código Civil y Comercial de la Nación, que aun cuando no se apliquen al caso de autos, condensan los parámetros ya aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en la materia..." (cons. 7°).
III.1.a.ii. A la luz de tales precisiones no es ocioso recordar que recogiendo una distinción con sólida raigambre en nuestro medio, cual es la clasificación en "deudas de dinero" y "deudas de valor" (CSJN causas "Agua y Energía Eléctrica S.E.", Fallos: 326:2329; "Adela de la Cruz de Sessa", Fallos: 316:2604 y "Dhicann", Fallos: 310:183; SCBA causas Ac. 58.663, "Díaz", sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, "Venialgo", sent. de 28-X-1997 y C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II-1998; e.o.), el Código Civil y Comercial de la Nación establece de manera expresa en el art. 772 las reglas aplicables a la justipreciación de estas últimas, en estos términos: "Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección".
Al remitir al "valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda", la citada norma particulariza ahora de manera explícita para la determinación de créditos —como el debatido en la especie— el criterio del "realismo económico", con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante (v.gr.: arts. 1, ley 24.283; 8, dec. 214/02 y 11, ley 25.561 —texto según ley 25.820—; CSJN causas "Melgarejo", Fallos: 316:1972; "Segovia", Fallos: 317:836; "Román Benítez", Fallos: 317:989 y "Escobar", Fallos: 319:2420).
III.1.a.iii. El fallo bajo examen se ha apartado injustificadamente de los aludidos principios que informan la reparación de los daños sufridos por las personas humanas. En él, se arriba al otorgamiento de un monto indemnizatorio que no respeta el principio de "reparación plena", con evidente lesión a los derechos constitucionales que amparan al trabajador demandante (arts. 14 bis, 17 y concs., Const. nac.). Esto es dirimente para orientar la definición del caso, toda vez que se ha determinado la base salarial para el cálculo del daño material —mediante pronunciamiento dictado el día 17 de febrero de 2023— a partir del monto que percibía el actor al momento del accidente, producido el día 2 de enero de 2015 (v. vered., segunda cuestión), sin atender a la verdadera naturaleza del crédito en cuestión —consistente en la contrafase de una deuda de valor— y a las reglas que gobiernan su cuantificación conforme al derecho común.
III.1.a.iv. Corresponde, entonces, revocar el pronunciamiento y reenviar las presentes actuaciones al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo fallo de acuerdo a los parámetros aquí establecidos.
III.1.b. Por otro lado, también debe dejarse sin efecto la cuantificación del daño moral efectuada en el pronunciamiento cuestionado.
Sin desconocer que la determinación del perjuicio moral no necesariamente debe guardar proporción con el material (causas L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011; L. 116.622, "B., V.", sent. de 15-IV-2015; L. 120.047, "Solans", sent. de 23-II-2021; e.o.), lo cierto es que debiendo revocarse la estimación del resarcimiento del daño patrimonial, e integrarse el tribunal con otros magistrados a los fines de dictar una nueva decisión, se impone rescindir la sentencia también en esta parcela, habida cuenta de que, como ha resuelto esta Corte en casos similares, correspondiendo aplicar al caso el principio de la reparación integral contemplado por los arts. 1.069 y 1.083 del Código Civil (ley 340), deben ser los mismos jueces que determinan la cuantía del daño material los que evalúen la existencia y magnitud de las afecciones, la lesión de los sentimientos o la tranquilidad anímica que padece el actor (causas L. 60.153, "Consigli", sent. de 15-IV-1997; L. 71.535, "Arroyo", sent. de 4-IV-2001; L. 120.047, "Solans", sent. de 23-II-2021 y L. 126.307, "Lezcano", sent. de 25-X-2023; e.o.).
III.2. Resta indicar que, en atención a lo precedentemente expuesto, no corresponde pronunciarse sobre el restante planteo incluido en la impugnación, vinculado al pedido de adecuación de los honorarios profesionales al nuevo monto de condena.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.1.a. y III.1.b. del presente.
Los autos deben remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen a los vencidos (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra la decisión de grado se alza la codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. En primer término, manifiesta que no se encuentra configurada en autos la existencia de una relación causal entre la supuesta omisión culpable que le fuera endilgada y el daño sufrido por el actor, toda vez que dicho perjuicio fue provocado por un acontecimiento absolutamente accidental y fortuito.
Afirma que no se vislumbra en autos qué comportamiento de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. hubiera resultado idóneo para evitar el perjuicio del trabajador, quien había ingresado a trabajar para la empresa Ecoser Americana S.R.L. tan solo dos días antes de protagonizar el infortunio.
Argumenta que en el específico supuesto de autos la culpa debe recaer sobre la empleadora, toda vez que actuó de manera negligente al asignar una tarea potencialmente peligrosa a un trabajador sin experiencia.
Explica que aquella es la obligada directa y principal en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, ya que las aseguradoras de riesgos del trabajo no ejercen un poder de policía.
En suma, sostiene que en el fallo en crisis no se ha logrado demostrar que los incumplimientos imputados hayan sido de una entidad suficiente como para provocar por sí mismos el daño; no señalándose tampoco en dicho pronunciamiento qué acciones concretas y puntuales debería haber llevado a cabo la aseguradora para evitar tal perjuicio.
II.2. Por otra parte, refiere que en modo alguno puede endilgársele responsabilidad civil extracontractual en los términos del art. 1.074 del antiguo Código Civil porque no existió tiempo material suficiente —desde la asunción de la cobertura del actor hasta la ocurrencia del siniestro— para que pudiera efectuar las visitas y recomendaciones correspondientes.
En ese sentido, relata que suscribió el contrato de afiliación con la empleadora Ecoser Americana S.R.L. un mes antes de que ocurriera el accidente de trabajo por cuyas consecuencias incapacitantes se reclama en autos.
II.3. Finalmente, se agravia del monto determinado en concepto de daño moral.
Aduce que el tribunal cuantificó dicho rubro sin brindar ningún tipo de justificación ni explicación. Añade que la suma presupuestada no guarda proporcionalidad con la que fuera determinada para resarcir el daño físico, siendo casi idénticas.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer término, y alterando el orden de tratamiento de los agravios por razones de método, cabe indicar que el dirigido a cuestionar la atribución de responsabilidad con sustento en el art. 1.074 del Código Civil (ley 340) no ha de tener favorable recepción.
III.1.a. Sabido es, que determinar si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral o enfermedad profesional, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, no revisable en la sede casatoria, salvo demostración de absurdo (causas L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023 y L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
III.1.b. En el caso, la labor axiológica desplegada por el juzgador, que le permitió encontrar verificadas las inobservancias que le endilgó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y, por su conducto, el nexo de causalidad adecuado con el accidente de trabajo constatado en autos, no ha recibido un embate eficaz por parte del recurrente, ya que, en el ámbito de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, no logra evidenciar la configuración de aquel vicio extremo.
III.1.b.i. La escueta manifestación que al respecto formula (en rigor, circunscripta a reeditar la postura expuesta al contestar la demanda; v. fs. 187 y vta.) argumentando que no existió tiempo material suficiente desde la asunción de la cobertura hasta la ocurrencia del siniestro como para efectuar las visitas y recomendaciones pertinentes, no solo contrasta con lo analizado y decidido en la causa, sino que además se aparta y deja sin réplica las concretas razones que esgrimió el juzgador para resolver este tramo de la contienda.
III.1.b.ii. En efecto, sostuvo el tribunal de origen que la aseguradora no había siquiera ofrecido prueba alguna que acredite el cumplimiento de sus obligaciones legales, destacando además que los testigos que declararon en la audiencia de vista de causa habían referido no haber recibido jamás visitas de personas que se identificaran como de la aseguradora demandada, ni habérseles impartido instrucción alguna de la misma acerca de pautas de prevención de riesgos (v. vered., novena cuestión).
Adjudicándole particular relevancia a las conclusiones volcadas por el perito ingeniero en su informe, el órgano de grado precisó además que la aseguradora había acreditado documentadamente realizar visitas de inspección al establecimiento industrial de la demandada Ecoser Americana S.R.L. recién en
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