Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130939
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.939, "Gago, Manuel Alejandro contra Interacción ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Budiño .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 3-V-2023).
Se interpusieron, por la parte actora y la demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de fecha 16-V-2023 y 4-V-2023, respectivamente), siendo concedido el primero y denegado el segundo por el tribunal de grado (v. resols. de fecha 6-VI-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el señor Manuel Alejandro Gago y condenó a Interacción Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. —se dijo, actualmente en liquidación y representada por Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. como gerenciadora del Fondo de Reserva administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación— a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. de fecha 3-V-2023).
Para así decidir, juzgó acreditado —por mayoría— que el actor padece una enfermedad profesional diagnosticada como "brucelosis" que le genera una incapacidad del 8,9% del índice de la total obrera; en cambio, descartó que se hubiesen probado los extremos referidos a la patología de túnel carpiano denunciada.
Luego, juzgando aplicable al caso la ley 26.773 y la normativa dictada en su marco de actuación, sostuvo que no contando con la totalidad de la "información salarial actoral" para determinar el ingreso base mensual, debía tomarse la pauta prevista en el art. 2 de la resolución general 22/14 de la Secretaría de Seguridad Social, con ello, definió el monto respectivo y cuantificó las prestaciones.
Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta su efectivo pago los intereses con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 171 de la Constitución provincial; 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 34 inc. 4 y 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 3 y 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 16-V-2023).
II.1. Sostiene que, en relación con el síndrome de túnel carpiano, los magistrados cuyos votos constituyeron la opinión mayoritaria del tribunal se apartaron de la pericia médica sin ningún fundamento, cuando de allí surge que se trata de una enfermedad de origen profesional que debe ser indemnizada.
II.2. Objeta que el tribunal de origen no se haya expedido acerca de la controvertida constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557. Expresa aquí que se ha vulnerado la doctrina legal sentada por esta Corte en las distintas causas que individualiza; a la vez, impugna la validez de dicha norma.
En este pasaje del medio de impugnación, también denuncia la inobservancia de los arts. 3 del Código Civil y Comercial y 34 inc. 4 y 163 del Código Procesal Civil y Comercial, como del art. 171 de la Constitución local, en tanto entiende que el pronunciamiento carece de debida fundamentación.
II.3. Cuestiona la tasa de interés aplicada en la sentencia, ya que expresa que causa una enorme pérdida del poder adquisitivo del crédito indemnizatorio; en lo principal, denuncia nuevamente violada la doctrina legal de esta Corte, mayormente, sentada en causas invocadas con anterioridad.
II.4. Finalmente, afirma que el a quo no dijo absolutamente nada respecto a la aplicación del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial en orden a la capitalización de intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que —tal como lo indicó el tribunal de la instancia—, en el caso, el valor de lo cuestionado no supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable a la fecha de su interposición.
Siendo ello así, la función revisora de esta Suprema Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022 y L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023).
No obsta a lo expuesto que en el medio extraordinario de impugnación se cuestione la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 —en su versión anterior a la ley 27.348—, puesto que al respecto nada ha argumentado el quejoso con el objeto de evidenciar eventualmente la presencia de un supuesto excepcional que —fuera del previsto en la ley procesal laboral— autorice a desplazar el requisito de admisibilidad referido al valor de lo cuestionado, recaudo, éste, que no ha de obstar a la tramitación del recurso sino que —vale reiterar— actúa restringiendo su margen de análisis.
III.2. Sentado ello, y en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia, no es atendible el reproche dirigido a controvertir la valoración de la pericia médica y a ponderar la denuncia emparentada con la afección del túnel carpiano, toda vez que remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del ámbito de la casación por la acotada vía examinada (causas L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.507, "Bramanti", sent. de 31-VIII-2021 y L. 125.163, "Iramain", sent. de 27-VI-2023).
A su vez, dable es recordar que no se observa la concurrencia de la hipótesis de excepción, en el sentido y con el alcance establecido por este Tribunal, cuando la jurisprudencia que se invoca violada refiere al vicio de absurdo (causas L. 124.683, "Notti", sent. de 15-IX-2022; L. 125.163, "Iramain", sent. de 27-VI-2023 y L. 127.622, "Boggio", sent. de 24-VI-2024), como la que se menciona en este agravio.
III.3. En relación con el embate tocante a la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 y a la supuesta omisión de tratamiento por parte del a quo , tampoco es de recibo.
Es que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.634, "Armada", sent. de 2-XI-2020 y L. 128.626, "Pombiño", sent. de 20-IX-2024).
En consecuencia, no corresponde analizar los planteos fundados en distintos precedentes de esta Corte.
III.4. En cuanto a la tasa de interés aplicable, se avizora que los precedentes mencionados por el interesado han sido elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el presente caso, lo que nuevamente revela lo infructuoso del medio de impugnación (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 129.820, "Di Gerónimo", resol. de 3-IV-2025).
III.5. No corre mejor suerte el cuestionamiento tocante a la capitalización de intereses, pues además de que el discurso del recurrente nuevamente pretende encontrar sostén en una presunta omisión atribuible al tribunal, no se ha alegado en el tópico la transgresión de doctrina legal alguna, presupuesto indispensable (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 125.492, "Sartor", resol. de 29-III-2021).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Coincido con lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1., párrafos primero y segundo.
En el caso, el cuestionamiento dirigido a obtener la declaración de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (conf. modif. art. 11, ley 27.348), involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita a su respecto la apertura de la instancia extraordinaria.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable al caso—, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
II. Con el alcance indicado, suscribo el voto del citado colega en los puntos III.2., III.3., III.4. y III.5.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2025 11:36:20 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:11:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:40:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 15:02:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:55:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:19:34 hs. bajo el número RS-86-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia