Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130010
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.010, "Pérez, Luciano Javier contra Comisión médica N° 13.2. Recurso contra decisión comisión médica jurisdiccional. Ley 14.997", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. vered. y sent. de fecha 19-VIII-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-IX-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Luciano Javier Pérez y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, juzgó acreditado que el día 12 de junio de 2018 el actor sufrió un accidente de trabajo y que realizó su paso administrativo ante la Comisión Médica n° 132 de la delegación Punta Alta; asimismo, que a tenor de lo establecido en el dictamen pericial médico producido en autos, padece una incapacidad del 19% de la total obrera.
Luego de definir el ingreso base mensual del trabajador, cuantificó la prestación y el incremento antes referido.
II. La accionada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 161 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial; de las leyes 24.557 y 26.773; de los decretos 659/96 y 472/14; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de 5-IX-2022).
II.1. Sostiene que la pericia médica presentada en el expediente no es técnicamente sustentable, pues carece de fundamentos médicos y no se encuentra dotada de pruebas cronológicamente conectadas con el supuesto accidente.
Asimismo, explica que la minusvalía laboral del actor debió ser ponderada teniendo en cuenta el criterio de la capacidad residual y los límites que establecen los decretos 659/96 y 49/14.
II.2. Por otro lado, objeta el capital de condena definido en la sentencia, pues alega que el a quo no consideró lo abonado en sede administrativa en concepto de prestación dineraria por incapacidad permanente parcial de carácter definitivo y compensación por daños, dato que —indica— surge de las constancias de autos.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. No son atendibles los cuestionamientos emparentados con la prueba pericial médica y la incapacidad determinada en autos.
Dable es recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales laborales ejercen facultades privativas, por lo que la decisión que adoptan al respecto es ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo que se acredite el absurdo (causas L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023 y L. 129.976, "Balutt", sent. de 20-XI-2024). Análogas reflexiones caben en orden a la labor destinada a determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador (causas L. 119.791, "Argüello", sent. de 29-VI-2020; L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023).
III.1.b. Bajo tales directrices la crítica se encuentra insuficientemente fundada, toda vez que el impugnante ni siquiera ha cumplido con la carga de denunciar la eventual comisión por parte del a quo de aquel vicio valorativo, el absurdo (art. 279, CPCC).
Al respecto, es menester recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 131.025, "Blatte", sent. de 28-XI-2024).
III.2. Otro tanto cabe decir del agravio vinculado con el supuesto pago al actor que se aduce soslayado por el tribunal a la hora de edificar el monto de la condena.
Nuevamente se observa que en el recurso se ha omitido invocar la hipotética existencia de absurdo, algo inexcusable cuando se pretende la apertura de la instancia extraordinaria para la revisión de los hechos y la prueba, tal como se propone en el medio de impugnación (causas L. 101.853, "Tarragona", sent. de 15-VIII-2012; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012 y L. 125.233, "Moran Ramo", sent. de 3-XI-2022).
IV. En virtud de lo expuesto debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2025 11:36:13 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:10:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:40:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 15:02:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:55:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:19:31 hs. bajo el número RS-83-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia