Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131365
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en fecha 8 de enero de 2024, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se declara carente de virtualidad el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en fecha 2 de septiembre de 2023.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.365, "Municipalidad de Berisso contra Zuccarini Omar. Exclusión de tutela sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. pronunciamiento de 15-VIII-2023, aclaratoria de fecha 7-IX-2023 y resolución de fecha 19-IX-2023).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 2-IX-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 7-IX-2023).
Devueltas las actuaciones a la instancia de origen a pedido del órgano de grado, este dictó pronunciamiento por el que acogió parcialmente la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 20-XII-2023 y aclaratoria de fecha 2-XI-2024).
Se interpuso, por la parte demandada, un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-I-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en fecha 8 enero de 2024?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto en fecha 2 de septiembre de 2023?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida por la Municipalidad de Berisso respecto del delegado gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso, Omar Zuccarini, posibilitando la modificación de su lugar de trabajo hasta tanto subsista la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la señora S. M. S. ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata. En cambio, rechazó el pedido de exclusión de la mentada garantía a efectos de imponer al accionado una sanción administrativa (v. vered. y sent. de fecha 20-XII-2023).
Para así decidir, consideró que no había resultado controvertido que el trabajador señor Zuccarini y la señora S. M. S. trabajan en relación de dependencia en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Berisso; que el primero de los nombrados fue elegido delegado de personal en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso (STMB) por el periodo que corre desde el día 30 de julio de 2021 al 29 de julio de 2023; que luego fue designado delegado de la Casa de la Cultura desde el día 11 de agosto de 2023 al 10 de agosto de 2025.
Con sustento en la prueba informativa y testimonial, juzgó acreditado que desde inicios del año 2023 el accionado cumplía su jornada laboral —mayormente— de 8 a 14 horas, mientras que la señora S. M. S. durante enero y febrero del referido año, laboró de 8 a 14 horas y, a partir de marzo, en turno tarde. Asimismo, destacó que esta última es la Presidenta de la Asociación Cultural de la Ribera —que es una cooperadora de la Casa de la Cultura— y ejerce —desde junio/julio del mismo año— el cargo de Jefa de División y Programación, lo cual demandaba que debiera concurrir en horarios por fuera del turno tarde asignado.
Además, teniendo a la vista el expediente caratulado "S.M.S. c/ Z.O. s/ violencia de género (Ley 26.485)" n° 49.957, señaló que la señora S. M. S. efectuó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer contra el demandado de autos, que derivó en el dictado de una medida cautelar por el Juzgado Contencioso Administrativo n° 2 de La Plata que en fecha 12 de abril de 2023 le ordenó a Zuccarini el cese inmediato de toda perturbación, intimidación u hostilidad contra la denunciante, debiéndose abstenerse de realizar manifestaciones injuriantes, degradantes o denigrantes, vinculadas con patrones estereotipados que transmitan dominación, desigualdad o subordinación en las relaciones interpersonales de aquella. Dicha resolución cautelar, agregó, fue ampliada el día 15 de mayo de 2023, disponiéndose la prohibición de acercamiento del señor Zuccarini respecto de la señora S. M. S. en un radio de trescientos metros, y solicitándosele al municipio empleador que arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento con la manda, garantizando que tales agentes no presten servicios en la misma dependencia, lugar y horario.
Sostuvo el tribunal, luego de valorar la prueba —según dijo— en los términos de los arts. 16 y 31 segunda parte de la ley 26.485, el testimonio de la víctima y la conducta del denunciado descripta por la Directora Piermaria, que el demandado hubo de desplegar actitudes intimidantes y de abuso de posición de poder.
Finalmente, y en lo que también resulta de interés, en atención a los hechos de violencia laboral de tipo psicológica comprobados y la dinámica de trabajo llevada a cabo por la señora S. M. S., que requiere de su presencia en el establecimiento en distintos horarios, consideró proporcionada la medida solicitada por la empleadora y convirtió en definitiva la medida cautelar dictada en fecha 7 de septiembre de 2023 que posibilitó la modificación del lugar de trabajo del accionado, ello, mientras subsista la prohibición de acercamiento dictada por el juzgado contencioso administrativo.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 1, 14, 14 bis, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1, 15 y 39 de la Constitución provincial; 8 y 9 del Código Civil y Comercial; 363 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina que cita (v. escrito electrónico de fecha 8-I-2024).
Sostiene que el órgano de grado sustentó su decisión en la presentación efectuada por la parte actora el día 10 de agosto de 2023, en la que habría incorporado documentación, y de la cual —esgrime— no se le confirió traslado a la parte demandada, vulnerando la garantía de defensa y el art. 363 del Código Procesal Civil y Comercial.
En subsidio, refiere que existe un vicio en la valoración de la prueba por no respetarse los principios de la sana crítica conforme el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial. En este sentido alega que el fallo incurre en absurdo y en contradicción al considerar que la Directora de Cultura municipal —señora Piermaria—, en el marco de la orden de prohibición de acercamiento dispuesta por la justicia contenciosa administrativa, denunció "la imposibilidad de evitar el cruzamiento entre los agentes municipales involucrados", cuando en la audiencia de vista de causa "...reconoció que siempre pudo cumplir correcta y adecuadamente con el contenido de la orden impartida" (rec., pág. 7). Sostiene que entonces, no tiene razón de ser el levantamiento de la tutela sindical.
Indica que en virtud del reconocimiento que posee en el art. 14 bis de la Constitución nacional, cualquier decisión que implique modificar la garantía sindical debe ser interpretada con carácter restrictivo, algo que no se verifica en el caso.
Objeta que para juzgar configurado un caso de violencia de género el sentenciante haya considerado que el demandado era un superior jerárquico de la señora S. M. S., con poder de decisión sobre la continuidad de su vínculo laboral. Señala que resulta absurdo que la mencionada, quien desempeña el cargo jerárquico de Jefa de Dirección y Programación de la Dirección de Cultura, refiera al acaecimiento de un infundado temor referido a la potestad de un delegado sindical de concluir su vínculo contractual, cuando debería tener conocimiento que ello es una prerrogativa del Intendente.
En cuanto a la acreditación de los hechos de violencia, denuncia que el juzgador valoró absurdamente la prueba testimonial, en tanto expresa que todos los testigos relataron que quien ejerce violencia en el ámbito laboral es la señora Piermaria, pese a lo cual en la sentencia se valoró que el autor de dicho accionar es el demandado.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, es dable recordar que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, y sus conclusiones no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.771, "Derra", sent. de 18-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020 y L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023).
Y es sabido, tal vicio no queda configurado eventualmente por cualquier yerro o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024).
III.2. Bajo tales directrices, las críticas que contiene el recurso y que giran en torno a la labor axiológica que desplegó el tribunal de la instancia en torno a los hechos y las pruebas, no lucen idóneas.
III.2.a. De un lado, corresponde señalar que no es de recibo el agravio vinculado con la supuesta falta de traslado de la presentación a la que alude inicialmente el quejoso, pues las cuestiones procesales anteriores al dictado del veredicto y sentencia —como la aquí abordada— resultan temas ajenos a la órbita del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito está circunscripto al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 123.271, "Arguello", sent. de 6-XII-2021; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023 y L. 123.533, "Leguero", sent. de 1-IX-2025).
III.2.b. Sentado lo anterior, ocupa afirmar que, en rigor, en su despliegue argumental el impugnante se desentiende de la línea reflexiva y de la apreciación que en conjunto desplegó el tribunal de grado de la prueba producida, antes bien, solo ensaya un nuevo análisis de algunas de las pruebas según su propio criterio valorativo, técnica que reiteradamente ha sido tachada de inhábil (causas L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018; L. 120.395, "Laterza", sent. de 29-VI-2020 y L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023).
En tal discurrir, insiste en exponer una apreciación de la prueba testimonial de tono subjetiva y acorde a sus intereses, y en ese contexto, sin edificar un ataque certero frente a aquella esencial consideración que contuvo la decisión adoptada en el fallo, pues ha de ponerse de relieve que para disponer la modificación del lugar de trabajo del accionado, junto a la especial ponderación de los hechos de violencia que juzgó acreditados, el a quo hubo de ponderar que la denunciante debía concurrir en distintos horarios y días al espacio laboral que ambos agentes compartían. Asimismo, tampoco es muestra de una sólida impugnación la sola divergencia que expone el recurrente acerca de la idoneidad y aptitud de las declaraciones testimoniales para negar que al demandado le correspondan los hechos de violencia denunciados, cuando el tribunal valoró la prueba, aunque con un alcance distinto al pretendido por el quejoso, destacando el testimonio brindado por la señora S. M. S. en el marco de lo dispuesto por la ley 26.485.
Con todo, no ha de omitirse que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia" —de aplicación al caso—, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024).
Por lo demás, el supuesto conflicto al que se hace alusión en el medio de impugnación que involucraría al accionado y a la Directora de la Casa de Cultura municipal, conforme lo resuelto por el órgano de grado —en conclusión, que no fue atacada—, no forma parte de lo debatido en autos.
III.2.c. Finalmente, lo dicho por el quejoso en lo relativo al status jerárquico que —según alega— se habría endilgado en el fallo al accionado para tener por configurados los hechos de violencia de género denunciados, se aparta de lo merituado por el sentenciante, quien refirió que si bien el vínculo entre la señora S. M. S. y el señor Zuccarini era horizontal por ser ambos empleados administrativos, resultó acreditado que aquel "a través de su condición de varón/delegado gremial", hacía valer su posición dominante mediante gritos, burlas y amenazas a la denunciante de perder el empleo cuando cambie la gestión (v. pronunciamiento definitivo, pág. 21).
IV. En consecuencia, no habiéndose acreditado las violaciones legales ni el absurdo invocado, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, con la siguiente consideración adicional.
En el caso, como lo destaca el mencionado colega, quedó acreditado que el demandado "a través de su condición de varón/delegado gremial" hacía valer su posición dominante mediante gritos, burlas y amenazas a la denunciante de perder el empleo cuando cambie la gestión.
En este orden, se advierte que en la sentencia impugnada se tuvo por verificada una relación asimétrica o de violencia y que dicha circunstancia fue tomada en consideración al momento de resolver el fondo de la controversia, aplicando la debida diligencia en la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas e interpretación de las normas jurídicas aplicables, ello, conforme lo reseñado por esta Suprema Corte en la "Guía de Prácticas Aconsejable para juzgar con perspectiva de Género" elaborada en marzo de 2024.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Luego, doy mi voto también por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión también por la negativa .
La señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la resolución del tribunal de grado que —con anterioridad al dictado del fallo definitivo— hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y ordenó la suspensión de la tutela sindical de la que goza el trabajador, a fin de posibilitar la modificación de su lugar de trabajo (v. pronunciamiento de fecha 15-VIII-2023, aclaratoria de fecha 7-IX-2023 y resolución del día 19-IX-2023), la parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 14 bis, 17 y 28 de la Constitución nacional; 1 y 39 de la Constitución provincial; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 47, 48, 49 y 50 de la ley 23.551; ley 15.164 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 2-IX-2023).
II. En atención a lo resuelto en la cuestión que antecede, en cuanto se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto en fecha 8 de enero de 2024 y, por ende, se confirma la sentencia que convirtió en definitiva la medida cautelar dictada con fecha 15 de agosto de 2023, el tratamiento de la presente cuestión —a tenor del contenido de la impugnación— ha perdido virtualidad.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en fecha 8 de enero de 2024, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se declara carente de virtualidad el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en fecha 2 de septiembre de 2023.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2025 11:51:44 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 10:19:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 13:15:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/10/2025 12:18:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2025 13:05:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 02/10/2025 15:02:45 hs. bajo el número RS-93-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia