Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64571
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.571, "Vázquez Pertierra, Carlos A. contra Municipalidad de Lomas de Zamora. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño, Violini, Kohan, Mancini.
I. El señor Carlos Alberto Vázquez Pertierra, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa por retardación contra la Municipalidad de Lomas de Zamora y solicita que, en su carácter de agente municipal categoría 8, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 228 de la ordenanza municipal 5.498, se ordene su promoción a la categoría 10.
Asimismo, pide que se le abonen las diferencias salariales correspondientes a la pretendida categoría desde los dos años anteriores a la presentación de su reclamo ante la autoridad municipal, con más intereses hasta su efectivo pago.
Por último, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, a través de su apoderado, se presenta a juicio la Municipalidad de Lomas de Zamora, contesta la demanda y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 40/43).
III. Agregado sin acumular el legajo personal del actor (v. fs. 27); incorporado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 68/169) y el alegato producido por la demandada (v. fs. 175/176), declarado perdido el derecho de la parte actora a alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 178) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El actor relata que es agente municipal y que revista en la categoría 8. Agrega que al haber cumplido sesenta años inició el trámite a los efectos de obtener el beneficio jubilatorio. Postula que de conformidad con lo dispuesto en el art. 228 de la ordenanza municipal 5.498, al estar en edad de acceder al aludido beneficio previsional, se le debía otorgar la máxima categoría dentro de su agrupamiento ocupacional.
Manifiesta que, encontrándose en tal situación, con fecha 6 de noviembre de 2001, remitió telegrama al Intendente municipal intimando a que se lo promoviera a la categoría 10, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales.
Apunta que, ante la falta de respuesta de la aludida misiva, con fecha 9 de abril de 2002 solicitó pronto despacho, sin obtener respuesta del municipio.
Finalmente señala que avala su pretensión el hecho de que entre los meses de mayo y septiembre de 1997, la Junta de Calificaciones promovió distintos ascensos de los que da cuenta la publicación "El Municipal" de diciembre de 1997, que acompaña a estos autos.
II. La Municipalidad de Lomas de Zamora, en primer lugar, niega los hechos y circunstancias expuestos en la demanda. En particular, rechaza que al señor Vázquez Pertierra le asista el derecho a que se le otorgue la categoría 10 del escalafón municipal. Refuta también que el demandante tenga derecho a percibir las diferencias salariales que reclama.
Dice que el actor no pretende un control jurisdiccional de legalidad de un acto administrativo o del accionar municipal, sino que insta la violación del principio republicano de división de poderes. Ello así, pues aduce que intenta que el Poder Judicial invada el ámbito de incumbencias o competencias que material y formalmente corresponden al Departamento Ejecutivo, al pretender que el órgano jurisdiccional supla la voluntad del órgano administrativo so pretexto de que este habría incumplido u omitido un deber legal.
Alega que la Administración municipal goza del denominado "régimen exorbitante" que contempla prerrogativas que la autorizan a que, en procura de la consecución del bien común o utilidad y finalidades públicas, restrinja los derechos o intereses de los particulares, en el caso de los agentes públicos. Agrega que esta restricción dimana de la zona de reserva que impide a cualquier otro poder estatal intervenir o interferir la potestad de la Administración Pública de organizar sus recursos humanos y financieros de la manera que crea más conveniente.
Destaca que la recategorización que reclama el actor nunca se otorga con carácter retroactivo, por lo que postula la improcedencia de la pretensión de cobro de las supuestas diferencias salariales desde dos años antes a efectuar el reclamo administrativo. Precisa que la categoría 10 del escalafón "se le asigna al solo efecto previsional de mejorar su futuro haber jubilatorio, pero nunca con efecto retroactivo, ya que ello importaría un despropósito per se ".
Finalmente, solicita que se rechace la demanda por cuanto la pretensión de autos se vincula con la actividad administrativa comprendida en la zona de reserva del Poder Ejecutivo que impide su cuestionamiento judicial.
III. De la prueba producida en autos, resultan acreditadas las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la causa:
III.1. Con fecha 6 de noviembre de 2001 el agente Carlos Alberto Vázquez Pertierra envió un telegrama ley 23.789, en el que expresó: "...Ref. legajo 2975/1 Agente Municipal. Grupo Ocupacional personal no jerárquico. Habiendo sido notificado que debo iniciar los trámites jubilatorios pertinentes, intimo por este medio y en los términos del art. 228 de la Ordenanza 5498 se me otorgue la categoría más alta (10) bajo apercibimiento de recurrir ante los organismos jurisdiccionales en el término y por la vía y forma que corresponda..." (fs. 3).
III.2. Con fecha 9 de abril de 2002, el aquí actor envió el telegrama cuya copia luce agregada a fs. 4, por medio del cual solicitó pronto despacho del reclamo presentado el 6 de noviembre de 2001.
III.3. Legajo 2.975/1, en el que consta que el agente Carlos Alberto Vázquez Pertierra, nacido el 20 de julio de 1942, ingresó a la Administración municipal el 10 de abril de 1972, registrando 29 años, 6 meses y 21 días de antigüedad a la fecha de su egreso ocurrido el 1 de noviembre de 2001.
IV. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, la cuestión litigiosa a decidir se circunscribe a determinar si al actor, en su carácter de exempleado municipal, le asiste el derecho a que se le reconozca la mayor jerarquía dentro de su agrupamiento (personal no jerárquico, categoría 10) y, en consecuencia, se le abonen las respectivas diferencias salariales.
IV.1. Primeramente es dable recordar que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aun de aquellos que traducen el ejercicio de las atribuciones de la autoridad pública en materia de organización administrativa, calificación y promoción de su personal, no exhibe como tal -en principio- elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, que acote las causales determinantes de una eventual invalidez.
Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, los actos u omisiones vinculadas a las aludidas materias también están comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa. Ellos traducen un quehacer sujeto a control y eventual invalidación judicial, al comprobarse no solo la arbitrariedad, irrazonabilidad o lesión de derechos consagrados en la Constitución provincial, sino también la concurrencia de cualquier otra circunstancia determinante de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arts. 15, Const. prov.; 103, 108 y concs., ord. gral. 267; conf. doctr. causas B. 55.971, "Pulvermacher", sent. de 29-VIII-2007 y B. 63.879, "Rivarola", sent. de 11-VI-2014; e.o.).
En tal marco, entonces, es procedente el control judicial amplio de la omisión en la que habría incurrido la Municipalidad de Lomas de Zamora al no reconocerle al actor la categoría 10 del agrupamiento personal no jerárquico, y, por tanto, no abonarle las respectivas diferencias salariales correspondientes a los dos años anteriores al reclamo por él efectuado el 6 de noviembre de 2001.
IV.2. Sentado ello, es preciso destacar que son hechos no controvertidos que el señor Carlos Alberto Vázquez Pertierra se desempeñó como agente de la Municipalidad de Lomas de Zamora en el grupo ocupacional no jerárquico, categoría 8.
También que dejó de prestar servicios y se acogió al régimen jubilatorio bajo los especiales términos de la ley 12.563, el 1 de noviembre de 2001, registrando 29 años, 6 meses y 21 días de antigüedad.
IV.3. Ahora bien, mientras el actor postula que en el marco del art. 228 de la ordenanza 5.498, al reunir las condiciones para obtener el beneficio jubilatorio, la Administración debía ascenderlo a la categoría 10; el municipio sostiene que la promoción en el escalafón que aquel pretende es una figura de excepción y que la autoridad administrativa no está obligada a ello, pues constituye una potestad contemplada en la zona de reserva de la Administración.
En rigor, el art. 228 de la ordenanza 5.498 -entonces vigente-, que el actor alega como fundamento de su pretensión, disponía: "Durante el período comprendido por los tres últimos años anteriores a la obtención del beneficio jubilatorio otorgado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, los agentes beneficiarios serán ascendidos a la clase 'A' de su grupo ocupacional siempre que acrediten tener una antigüedad mínima de quince (15) años de servicio como agentes municipales de Lomas de Zamora".
En la actualidad, la ordenanza 11.756 "Estatuto y Escalafón de los Empleados Municipales de Lomas de Zamora" sancionada el 27 de septiembre de 2005, en su art. 234, mantiene este beneficio, reitera que constituye una obligación de la comuna promover el ascenso y hasta contempla la posibilidad de otorgar la diferencia salarial correspondiente en caso de no existir vacante para ello. Expresamente dice: "A todos los agentes que estando comprendidos en el Grupo Ocupacional Personal no Jerárquico y que tenga más de 15 años de antigüedad y les faltare tres años para acceder al beneficio jubilatorio la administración municipal estará obligada a promover su ascenso a la categoría más alta del grupo referido de no existir la vacante correspondiente, deberá otorgar la diferencia salarial resultante" (publicada en http://delamuni.lomasdezamora.gov.ar/Legislacion).
En este contexto, cabe señalar que esta Suprema Corte ya tuvo oportunidad de pronunciarse respecto del régimen legal en estudio, en la causa B. 65.469, "Fernández", sentencia de 29-XII-2020, causa en que -la mayoría que integré- sostuvo que la norma contenida en el aludido art. 228 es clara en cuanto consagra el derecho de todos los agentes de la Municipalidad de Lomas de Zamora a ser ascendidos a la máxima categoría dentro de su agrupamiento ocupacional, durante los tres años anteriores al cese jubilatorio, sin más exigencias que registrar una antigüedad mínima de quince años.
Así, en dicho caso y en atención a que la señora Fernández había solicitado el ascenso en cuestión el 16 de agosto de 2001 y se jubiló recién el 11 de junio de 2002, es que se le reconoció lo solicitado desde que lo peticionó (y no en forma retroactiva) hasta su efectivo cese, ordenando al municipio se le abonen las diferencias salariales por el período indicado.
Ahora bien y como surge del relato antecedente, la aplicación lisa y llana del citado precedente importaría un rigorismo formal manifiesto, atento a la disímil configuración del caso, que llevaría al rechazo de la pretensión articulada en autos, dado que el señor Vázquez Pertierra solicitó el ascenso retroactivo cuando ya se encontraba amparado por un régimen previsional de excepción.
Son estas circunstancias particulares del supuesto bajo análisis, las que me permiten apartarme de lo allí resuelto en resguardo de los derechos del actor, reconocidos constitucionalmente (arts. 14 bis y 16, Const. nac.; 39 inc. 3 in fine y 103 inc. 12, Const. prov.).
Aclarado lo expuesto, es preciso adentrarme a analizar el reclamo del actor efectuado en autos.
IV.4. Adelanto que la pretensión es de recibo.
De las constancias del legajo personal acompañado a estos autos, agregado sin acumular, resulta que el señor Vázquez Pertierra ingresó a la Municipalidad de Lomas de Zamora el 10 de abril de 1972 y registra fecha de egreso bajo los especiales términos de la ley 12.563, el 1 de noviembre de 2001. De tal modo, resulta acreditado que había cumplido holgadamente los quince años de antigüedad requeridos por la norma local invocada para obtener la categoría 10.
En ese entendimiento, cabe señalar que el instituto que nos ocupa (art. 228, ordenanza 5.498 de la Municipalidad de Lomas de Zamora) tiene un doble propósito, de un lado un reconocimiento salarial por vía de ascenso en su situación de revista a quienes en la culminación de su carrera administrativa contaban con una antigüedad establecida como piso al servicio de la comuna y, por otro, la fijación de un mejor cargo testigo a los fines de la determinación del haber jubilatorio (art. 41, dec. ley 9.650/80).
Es clara la norma bajo examen en cuanto determinaba "Durante el período comprendido por los tres últimos años anteriores a la obtención del beneficio jubilatorio otorgado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, los agentes beneficiarios serán ascendidos a la clase 'A' de su grupo ocupacional siempre que acrediten tener una antigüedad mínima de quince (15) años de servicio como agentes municipales de Lomas de Zamora (art. 228, Ordenanza 5498)".
De tal precepto se deriva que el beneficio no resulta sujeto a petición de parte. Asimismo, surge que al determinar la norma una única caja otorgante, la empleadora conocía los requisitos establecidos en la ley que la rige para la obtención de la jubilación ordinaria (sesenta años de edad y treinta y cinco años de servicios). A su vez, el empleador contaba con el legajo personal del actor de donde debían surgir tales extremos.
Esclarecido el alcance de la norma comunal y en virtud de las señaladas diferencias fácticas entre el precedente citado y el caso de autos, debe señalarse que en el particular no se trata de un empleado municipal que accedió a la jubilación ordinaria, sino de un supuesto de jubilación anticipada, al haberse acogido al régimen especial establecido por la ley 12.563 al tiempo de contar con 29 años y 6 meses de servicio.
Dicho régimen establecía que: "ARTÍCULO 3.- (Texto según Ley 12.672) Los agentes dependientes de los municipios comprendidos en el régimen de la Ley 11.757 o en otros regímenes de carácter local no sustituidos por dicha Ley, podrán optar por acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, de acuerdo a las disposiciones del Decreto-Ley 9650/80 y sus modificatorias, siempre que dentro del plazo para el ejercicio de la opción establecido en el artículo 1º de la presente, contaren con cincuenta y cinco (55) años de edad y veinticinco (25) años de servicio".
Asimismo, por el art. 4 se estableció que estará a cargo de la Municipalidad correspondiente el pago de los aportes y contribuciones -dentro de la modalidad habitual- hasta completar los treinta años de servicios.
Seguidamente establece que: "ARTÍCULO 7.- A los fines de la determinación del haber mensual de la jubilación ordinaria, otorgada en los términos de los artículos 2º y 5º de la presente Ley, el beneficiario tendrá el derecho de optar a los efectos del cómputo de su haber previsional, por la remuneración que perciba al 31 de agosto de 2000, sin necesidad de cumplir con el período mínimo de treinta y seis (36) meses consecutivos o sesenta (60) meses alternados que establecen el artículo 41º del Decreto-Ley 9.650/80 y sus modificatorias. En su caso la Honorable Cámara de Diputados, la Honorable Cámara de Senadores o el Municipio respectivo, deberán realizar los aportes y contribuciones por el agente jubilado -dentro de la modalidad habitual- hasta completar los treinta (36) meses correspondientes".
El derecho de optar establecido tiene su razón de ser en la necesidad de acogimiento a tal régimen, sin que los agentes decidan esperar a cumplir los treinta y seis meses (o los sesenta alternados) en el mejor cargo para obtener el haber jubilatorio sobre la base de la remuneración que están cobrando, como es requerido por el régimen ordinario.
Dicho derecho a optar evidencia que, en ningún caso, la adopción de la jubilación anticipada puede ser considerada limitativa de los derechos de los trabajadores. Por el contrario, busca garantizar el mismo haber jubilatorio que hubiera correspondido si el beneficiario continuaba en la prestación efectiva de servicios.
Ahora bien, en la especie, se tomó la remuneración correspondiente a la categoría 8 (que es la que el agente revistaba al momento de acogerse al régimen jubilatorio señalado), no obstante estar en condiciones de ser ascendido a la categoría 10 conforme lo normado por el art. 228 de la ordenanza 5.498 de la Municipalidad de Lomas de Zamora, la que, como se señaló antes, obliga al municipio a otorgarla y tiene -justamente- por finalidad mejorar el salario en los últimos años de carrera, con su consecuente impacto en el haber jubilatorio.
Por ello, asiste razón al recurrente cuando señala la ilegítima omisión municipal.
Finalmente cabe advertir que no obsta su procedencia el hecho de que haya sido solicitado una vez jubilado (cinco días después) atento tratarse de un reconocimiento tendiente -justamente- a garantizar un adecuado acceso a la seguridad social, el que debió ser reconocido por el municipio aún de oficio.
Tampoco la circunstancia de que lo haya reclamado por los dos años anteriores a su pedimento (6 de noviembre de 2001), atento que su reconocimiento judicial dará lugar (una vez firme) al ejercicio de la opción contemplada en el mentado art. 7 de la ley 12.563, para -de tal modo- salvaguardar su haber jubilatorio.
Por todo lo expuesto, se tiene por acreditado que en autos el municipio omitió el deber legal emergente del art. 228 de la ordenanza 5.498 -entonces vigente-, al denegar lo peticionado por el señor Vázquez Pertierra.
V. Por tales motivos, juzgo que debe acogerse la pretensión articulada y reconocerse al actor el pago de las diferencias salariales peticionadas las que, adelanto, serán calculadas a valores actuales.
Al respecto, simplemente he de puntualizar que propicio esta forma de proceder a la cuantificación de la deuda para facilitar la formación de mayorías en el seno del Tribunal y en la consideración del extenso lapso transcurrido desde el inicio de la demanda de autos, así como de los altos niveles de inflación registrados en el país en los últimos tiempos, sobre todo desde la segunda década de este siglo -en especial su segunda mitad- y más aún en el bienio pasado, circunstancias sobrevinientes cuya importancia ha sido destacada por el doctor Soria en la causa C. 124.096, "Barrios", sentencia de 17-IV-2024, a cuyo voto adherí en aquella oportunidad -con pequeñas salvedades que no modifican la conclusión alcanzada-.
En este contexto, entiendo que se justifica dejar de lado en el presente la posición de esta Suprema Corte conforme a la cual las liquidaciones de diferencias salariales retroactivas deben ser calculadas a valores históricos (conf. causas B. 65.469, cit.; B. 62.822, "Ciampi", sent. de 23-II-2021; B. 57.535, "Balderrama", sent. de 1-VII-2022; e.o.).
Sobre esa misma base estimo adecuado a efectos de la preservación del derecho a las diferencias salariales adeudadas en el marco de relaciones regidas por el derecho administrativo, su liquidación a valores actuales, en tanto es dable extender al presente, como si se tratase de un mecanismo de integración analógica, la solución que la mayoría de esta Corte viene aplicando en
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