Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131705
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido únicamente con relación al agravio analizado en el punto III.1. en cuanto en él se cuestiona la desestimación de la excepción de incompetencia decidida en la instancia. En cambio, se hace lugar al recurso, en lo relativo a la defensa de cosa juzgada administrativa opuesta y se revoca el pronunciamiento de origen con el alcance de lo dispuesto en el punto III.2. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, se pronuncie al respecto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.705, "Mellao, Carlos Alberto contra La Segunda A.R.T. S.A. Accidente de Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó las excepciones de cosa juzgada administrativa e incompetencia, sin costas (v. pronunciamiento electrónico de 2-X-2023).
Se dedujo, por la aseguradora de riesgos del trabajo demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 19-X-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente, en el marco de la pretensión incoada por Carlos Alberto Mellao contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en procura del pago de una indemnización por accidente de trabajo in itinere , rechazó las excepciones de cosa juzgada e incompetencia opuestas por la parte demandada (v. resolución de fecha 2-X-2023).
En relación con la primera de las defensas mencionadas, sostuvo que el actor había ejercido la facultad conferida por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 en tiempo oportuno. Dijo que la citada norma provincial reconoce plena aptitud jurisdiccional y competencia al fuero del trabajo para revisar y ejercer un control judicial amplio y suficiente respecto de lo actuado en sede administrativa.
En lo tocante a la desestimación de la excepción de incompetencia opuesta en relación con la reparación por incapacidad psíquica pretendida, ponderando el expediente tramitado por ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, juzgó acreditado que el trabajador cumplió con el requerimiento de agotar la instancia administrativa, importando el reclamo del trabajador un cuestionamiento a la omisión que se le endilga a la comisión médica al ponderar la incapacidad física. Concluyó de este modo, en que se hallaba habilitado para conocer y revisar la actuación que en sede administrativa se cumpliera con motivo de la contingencia denunciada.
II. La aseguradora de riesgos del trabajo demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia arbitrariedad, la violación de los arts. 14, 17, 18, 19, 33, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución provincial; 1, 2 y 4 de la ley 27.348; 15 de la Ley de Contrato de Trabajo; 4 del Anexo I del art. 16 de la resolución 298/17, la ley 14.997; 2 inc. "j" de la ley 15.057 y de la doctrina que cita (v. presentación electrónica de 19-X-2023).
II.1. Cuestiona que se haya desestimado la defensa de cosa juzgada administrativa al considerar que el actor ejerció en tiempo oportuno la acción de revisión establecida en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, pues sostiene que no se evaluó que la homologación dictada en sede administrativa había pasado en autoridad de cosa juzgada.
Poniendo de relieve la doctrina de los actos propios, afirma que es palmario que el actor, debidamente asesorado, "consintió, acordó y cobró libremente todo lo actuado en un procedimiento legal y válido".
Por otra parte, indica que el demandante pretende reclamar en autos la reparación de una incapacidad fijada con un baremo civil, lo cual es notoriamente incorrecto e ilegal.
Refiere que la admisión de demandas como la de autos, además de favorecer el desarrollo de conductas desleales, contraría los fines que se tuvieron en cuenta al dictar la ley de riesgos del trabajo.
II.2. Asimismo, objeta el rechazo de la excepción de incompetencia en lo que respecta al reclamo vinculado con la supuesta patología psíquica.
Expresa que la "falta de acción" opuesta al contestar la demanda, fue por un presunto daño psicológico por el cual se reclamaba una incapacidad del orden del 15% de la total obrera, y no por una omisión en la ponderación física efectuada en la instancia administrativa previa.
Insiste en que aquella afección no fue denunciada ante la comisión médica interviniente, incumpliéndose con el requisito previsto en el art. 1 de la ley 27.348, por lo que la falta de jurisdicción del tribunal resulta evidente.
III. El recurso prospera con alcance que seguidamente habrá de precisarse.
III.1. Alterando por razones lógicas el orden de los agravios traídos, cabe indicar que, en relación con el embate orientado a cuestionar el rechazo de la excepción de incompetencia, el recurso ha sido mal concedido.
Es que tiene dicho esta Corte que los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar el pleito haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 129.806, "Casey", resol. de 11-VII-2023 y L. 130.045, "Ross", resol. de 29-VII-2024).
Y en la especie, el interesado no ha expresado motivos suficientes que autoricen a hacer excepción al recaudo aludido, así, no se ha encargado de evidenciar que la decisión del tribunal laboral que rechazó la excepción de incompetencia en aquello referido al reclamo situado en la denunciada incapacidad psicológica revista aquel carácter o resulte equiparable.
Para más, y memorando directrices trazadas por esta Suprema Corte, la definitividad que el recurrente habría de postular parece alejarse del criterio adoptado en situaciones que, sin ser análogas a la presente, poseen ingredientes parangonables que bien podrían actuar como gravitantes guías para despojar de aquella nota al pronunciamiento; así, lo resuelto en las causas A. 74.776, "Covac S.R.L." (resol. de 6-IX-2017); A. 74.038, "José J. Chediack S.A." (sent. de 9-V-2018) y Q. 75.886, "Merlo" (resol. de 21-VIII-2019) —entre otras— en orden a la falta de aquella cualidad en las decisiones de los órganos inferiores que rechazan la excepción de inadmisibilidad de la pretensión en el marco de demandas contencioso administrativas (conf. causas L. 125.769, "Galeano Gutiérrez", resol. de 15-VI-2022; L. 125.886, "Bustos", resol. de 31-VIII-2022 y L. 129.703, "Caponera", resol. de 10-XI-2022).
III.2. En lo que respecta al restante cuestionamiento que porta la crítica, que ahora recae sobre una decisión indiscutiblemente equiparable a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 128.348, "Lescano", sent. de 27-II-2024; L. 128.309, "Pardal", sent. de 6-III-2024 y L. 128.121, "Salinas", sent. de 3-VI-2024), acierta el recurrente en cuanto sostiene que arbitrariamente el tribunal de grado efectuó una errónea interpretación y aplicación del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y —por su conducto—, de los arts. 2 de la ley 27.348 y 15 de la ley de Contrato de Trabajo, para resolver el rechazo de la excepción de cosa juzgada administrativa oportunamente opuesta.
Como lo enfatiza el impugnante, al desestimar la excepción basándose únicamente en la temporaneidad de la acción judicial y en la revisión que posibilita el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, el tribunal de origen soslayó todo análisis referido al troncal fundamento jurídico sobre el que se estructuró la nombrada defensa: la configuración en el caso de un acuerdo homologado en sede administrativa, que en la postura de la accionada sería representativo del instituto de la cosa juzgada de la misma naturaleza.
En consecuencia, debe casarse lo decidido en la órbita de la defensa de cosa juzgada administrativa opuesta, y devolver los autos al tribunal de origen para que —nuevamente integrado— se pronuncie al respecto.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuanto en él se cuestiona la desestimación de la excepción de incompetencia decidida en la instancia. En lo relativo con aquel costado del medio de impugnación vinculado al rechazo de la defensa de cosa juzgada administrativa, revocar lo resuelto al respecto en el pronunciamiento de grado conforme lo establecido en el punto III.2. de la presente.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido únicamente con relación al agravio analizado en el punto III.1. en cuanto en él se cuestiona la desestimación de la excepción de incompetencia decidida en la instancia. En cambio, se hace lugar al recurso, en lo relativo a la defensa de cosa juzgada administrativa opuesta y se revoca el pronunciamiento de origen con el alcance de lo dispuesto en el punto III.2. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, se pronuncie al respecto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2025 10:36:10 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2025 13:33:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/10/2025 12:17:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 06:47:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 08:45:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/10/2025 16:40:05 hs. bajo el número RS-103-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia