Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131623
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.623, "Municipalidad de San Cayetano contra Borda Laura Viviana. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. de fecha 30-X-2023 y sent. de fecha 1-XI-2023).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-XI-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical iniciada por la Municipalidad de San Cayetano contra la señora Laura Viviana Borda, a fin de que aquella pueda dictar el acto administrativo final con relación al sumario disciplinario que involucra a la demandada y aplicar —en consecuencia— la sanción de cesantía.
Para así decidir, juzgó acreditado que la accionada se desempeña como personal de planta permanente del municipio, que detenta —desde agosto de 2019— el cargo gremial de Secretaria de Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores Municipales y, que no asistió a su trabajo sin causa justificada veintinueve días en el lapso comprendido entre los meses de agosto de 2021 y julio de 2022 (v. vered., primera cuestión).
También consideró probado que la accionante instruyó un sumario administrativo disciplinario con motivo de los referidos incumplimientos —expediente n° 1.241/2022, caratulado "Borda Laura s/ Sumario Administrativo" que fue incorporado a la causa el día 30 de junio de 2023—, cuyas constancias no merecieron ningún cuestionamiento. En ese orden, detalló las principales actuaciones sumariales de la investigación (como la denuncia, la instrucción del sumario, la notificación a la señora Borda sobre el inicio del proceso sumarial, el acto de imputación indicando la prueba de cargo, la notificación y traslado de las actuaciones a la agente para efectuar el descargo y ofrecer prueba, entre otras), las que —señaló— fueron realizadas de conformidad con lo normado en los arts. 83 a 96 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (v. vered., segunda cuestión).
Ya en la etapa de sentencia, luego de establecer el marco normativo del caso, sostuvo que los hechos que motivaron la presente acción no han implicado un ataque, persecución o limitación concreta por parte de la empleadora de la actividad sindical realizada por la demandada, toda vez que las inasistencias injustificadas y reiteradas de la señora Borda —que fueron acreditadas—, son incumplimientos objetivos, totalmente ajenos al rol sindical de la agente.
Indicó que la accionada reconoció la autenticidad de las constancias obrantes en el sumario administrativo disciplinario y que no formuló cuestionamiento alguno, no ofreció prueba ni efectuó descargo, pese a haber sido notificada de las distintas actuaciones realizadas en aquel, garantía —dijo— de legalidad del proceso y resguardo de su derecho de defensa. Añadió que por tratarse este de un instrumento público, en todo caso, la interesada debió promover un incidente de redargución de falsedad, lo que no se verificó en autos.
Luego, en lo atingente al planteo de nulidad del procedimiento sumarial introducido por la demandada como cuestión preliminar en el conteste, declaró que la instrucción estuvo a cargo de la asesora legal y técnica, tal como lo prevén los arts. 87 y 88 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (ordenanza municipal 2.589/16) y de acuerdo a la estructura organizativa del municipio que —destacó— cuenta "...con una Secretaría Legal y Técnica para que cumpla las funciones inherentes a la misma (entre otras la instrucción de sumarios), sin auditores externos, servicios tercerizados o contratados, los cuales no sólo generarían un mayor gasto en el presupuesto sino que además requeriría de una legislación específica (ordenanza) que autorice y justifique este costo extra para municipios cuyo organigrama debe abastecer las distintas áreas y servicios de la comuna" (v. sent., págs. 14 y 15).
Por tales motivos, afirmó que los reproches de "parcialidad" y "nulidad" pretendidos no eran de recibo. Agregó, que tales vicios resultaban —a esta altura— extemporáneos, en tanto no fueron planteados y probados en la pertinente etapa sumarial.
Desde otroángulo, tras enumerar las diferentes sanciones que fija la ordenanza municipal (arts. 75 a 78), el juzgador de grado destacó que la accionada contaba con un antecedente disciplinario —"llamado de atención" (art. 75 inc. "a" conf. art. 76 inc. "d")— impuesto por la misma causa que origina estos actuados, que data del mes de abril de 2021. Estimó entonces, que, a partir del mismo y en el término de hasta trescientos sesenta y cinco días podía reiterar cinco inasistencias para dar lugar a las sanciones fijadas en forma gradual en los incs. "a", "b", "c" y "d" del art. 78 o, de lo contrario, desembocaría en la cesantía dispuesta en el inc. "e" de dicha norma.
De allí que —de acuerdo con lo dictaminado por la junta de disciplina— dadas las veintinueve inasistencias injustificadas que registró la señora Borda entre los meses de agosto de 2021 y julio de 2022, consideró correspondía aplicar la sanción expulsiva de cesantía.
Puesto a analizar la legitimidad y proporcionalidad de la sanción peticionada por la empleadora, memoró que a la luz del precedente de esta Corte que identificó como causa L. 114.451, "Fate" —entre otros—, la sentencia a dictarse en el proceso de exclusión de la tutela del representante sindical debe resolver, con base en las circunstancias fácticas acreditadas, la definición concerniente a la necesidad de privarlo de la garantía, juzgando —también— la legitimidad de la decisión que la patronal procura adoptar.
En estos lindes, determinó que la calificación y encuadramiento normativo de la conducta reprochada a la agente por el municipio actor resultó legítima, y que la sanción individualizada no aparece arbitraria, irrazonable, ni desproporcionada.
En suma, a la luz de los hechos denunciados en el escrito de demanda que juzgó debidamente probados, dispuso acoger la acción de exclusión de la tutela sindical, entendiendo que la sanción de cesantía —conforme lo normado en los arts. 75 inc. 2 "d", 76 inc. "d", 77 inc. "i" y 78 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano— resulta ajustada a derecho y proporcionada a la gravedad de la falta cometida.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 17, 18, 28, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial; 40, 48, 50 y 52 de la ley 23.551; 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 107 y 108 de la ley 14.656; 77 inc. 1 y 78 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (ordenanza municipal 2.589/16) y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 10-XI-2023).
II.1. Se agravia de la sentencia de grado en cuanto estableció que el sumario administrativo llevado a cabo por la empleadora resultó ajustado a derecho. Expone que en el escrito de contestación de demanda su parte planteó como cuestión preliminar la nulidad de dichas actuaciones por presentar —en su criterio— dos vicios que afectan gravemente el debido proceso.
II.1.a. El primero —sostiene— motivado en que la misma funcionaria que instruyó el sumario fue quien —posteriormente— emitió el dictamen legal aconsejando la sanción expulsiva, pese a existir una clara incompatibilidad entre ambas funciones.
Alega que las razones esgrimidas por el sentenciante para convalidar tal proceder resultan absurdas para justificar el avasallamiento denunciado, en tanto no hacía falta que el municipio contratara un auditor externo, sino que, solo bastaba con designar un funcionario ad hoc que ejerza la función consultiva.
Afirma que lo expuesto constituye una causante de nulidad absoluta del acto, pues la objetividad del órgano consultor es una garantía del derecho de defensa del agente (cita arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
II.1.b. Explica que la segunda irregularidad consistió en que no se le concedió a la señora Borda el traslado para alegar sobre el mérito de la prueba incorporada, tal como lo dispone el art. 92 del mencionado estatuto y la ley 14.656.
Señala que las referidas disposiciones normativas garantizan al agente el derecho de alegar al culminarse las actuaciones, aún en el supuesto de no haber ofrecido prueba alguna, por lo que —concluye— este cercenamiento ilegítimo menoscaba el derecho de defensa y conlleva necesariamente la invalidación del procedimiento.
II.2. Denuncia "irracionabilidad, ilegitimidad e improporcionabilidad" de la sanción a aplicarse.
Argumenta, con cita de diversos precedentes de esta Corte, que existe un exceso entre lo que el acto decide y los hechos motivantes.
Destaca que conforme surge del legajo, la trabajadora tiene una larga trayectoria en el municipio y que únicamente tiene como antecedente disciplinario un llamado de atención que data del mes de abril de 2021, sanción por la que no puede ser considerada reincidente —según postula— en razón de lo normado por el art. 37 de la ley 14.656.
En esencia, entiende que para que la Administración pueda adoptar válidamente una medida de tipo expulsiva, previamente debe aplicar —por imperio legal— las sanciones previstas en los arts. 78 del estatuto y 107 y 108 de la citada ley provincial.
Bajo tal entendimiento, sostiene que los magistrados de grado interpretaron erróneamente el plexo normativo indicado al considerar que el cúmulo de inasistencias habilitaba sin más la expulsión directa de la agente, lo que quebranta, además, al principio protectorio.
Arguye, en igual sentido, que el sentenciante valoró absurdamente el dictamen de la junta de disciplina, en tanto la opinión de dicho órgano no puede justificar imponer una sanción desmedida ni dejar de aplicar las que define la propia ley.
III. El recurso no prospera.
III.1. Al articular el remedio extraordinario, la demandada sostiene —en primer lugar— que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las circunstancias objetivas de la causa, al expedirse por la validez del procedimiento administrativo llevado a cabo por el municipio empleador, en detrimento —dice— de las garantías constitucionales del debido proceso (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
III.1.a. Empero, la quejosa no logra acreditar la configuración de la mencionada anomalía.
III.1.a.i. El tribunal detalló en el fallo los motivos por los cuales juzgó no verificados en las actuaciones sumariales la existencia de vicios que las invaliden.
Meritó —en prieta síntesis— que la instrucción estuvo a cargo de la asesora letrada municipal, en un todo de acuerdo con las facultades que establecen los arts. 87 y 88 del Estatuto del Empleado Municipal.
Destacó que se resguardó plenamente el derecho de defensa de la agente sumariada, quien notificada de las distintas actuaciones realizadas en aquel no efectuó cuestionamiento, descargo ni observación alguna.
Sostuvo —para más— que los vicios que la accionada denuncia en torno a la investigación sumaria, resultaban extemporáneos, en tanto no fueron planteados y probados en el marco de aquella.
III.1.a.ii. Es pertinente recordar que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida, recalcando que no se configura por cualquier error, o una apreciación opinable, ni ante la posibilidad de otras interpretaciones. Al recurrente que pretenda articular este excepcional mecanismo no le ha de alcanzar con sostener que los hechos pudieron ocurrir de otra manera, o que la prueba debió ser apreciada de una forma distinta, más probable o aceptable. En cambio, es indispensable dejar claramente demostrado que, de la manera en que se valoró en la sentencia, no pudo ser (causas L. 120.742, "Giribuela", sent. de 21-XII-2020; L. 125.734, "Rost", sent. de 6-II-2023; L. 129.381, "Rojas", sent. de 15-X-2024; e.o.).
Relacionado con ello, es dable apuntar que esta Corte ha puesto de relieve que no cualquier irregularidad que se cometa en un procedimiento disciplinario "...por intrascendente que fuere, habrá de proyectar la nulidad absoluta de toda decisión ulterior y en manera inexorable", pues se "...requiere la inobservancia o el quebrantamiento por la Administración Pública de trámites esenciales, que ello se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o la coloque en estado de indefensión" (causa B. 63.609, "Catena", sent. de 29-IV-2020 y sus citas).
De tal modo, y frente al análisis global del procedimiento sumarial efectuado por el órgano de grado a efectos de concluir en que no se advertía conculcado el derecho de defensa de la aquí demandada, la impugnante no logra poner en evidencia absurdo en tal conclusión, pues —en su discurrir— se contenta con indicar algunas contingencias del procedimiento disciplinario que aduce irregulares (en esencia, que la misma funcionaria que instruyó el sumario fue quien emitió el dictamen legal y que no se le otorgó traslado para alegar sobre el mérito de la prueba producida) pero que, en la mejor hipótesis para la quejosa, se presentan como menores en orden a provocar, por sí solas, la nulidad del procedimiento.
III.1.b. A todo evento, cabe todavía indicar que la recurrente reitera en buena medida la tesitura que hubo de exponer en oportunidad de contestar la demanda, más sin efectuar una crítica eficaz al concreto razonamiento del juzgador, articulado a partir de considerar —por los argumentos que antes detallé— debidamente resguardado el derecho de defensa de la agente sumariada y que devienen extemporáneos aquellos vicios denunciados que no fueron planteados en el marco de la instrucción sumarial.
Sobre el particular, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 122.645, "Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina", sent. de 13-VII-2022; L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-III-2023 y L. 127.898, "Vera", sent. de 28-X-2024).
III.1.c. En suma, y por los motivos antes expuestos, la crítica resulta ineficaz para conmover este aspecto del pronunciamiento.
III.2. Tampoco es de recibo el reproche dirigido a cuestionar el tipo de medida adoptada por la empleadora y su alegada falta de proporcionalidad.
III.2.a. Como se desprende de los antecedentes que me he ocupado de relatar anteriormente, el juzgador formó su convicción acerca de los incumplimientos en los que incurrió la agente —veintinueve inasistencias injustificadas en el transcurso de once meses— y, desde ese prisma, determinó que la sanción expulsiva cuya aplicación pretende el promotor del pleito, resulta ajustada a derecho y proporcionada a la entidad de la falta cometida.
En este sentido, ponderó especialmente que la señora Borda tuvo un antecedente disciplinario anterior —"llamado de atención"— por la misma causa que origina estos actuados, y que, a partir del mismo, excedió la cantidad de faltas injustificadas para merecer una sanción de tipo correctiva, encuadrando su conducta en los arts. 75 inc. 2 "d", 76 inc. "d", 77 inc. "i" y 78 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, que disponen su cesantía.
En estos lindes, determinó que la calificación y encuadramiento normativo de la conducta reprochada a la agente por el municipio actor resultó legítima, y que la sanción individualizada no aparece arbitraria, irrazonable, ni desproporcionada, por resultar acorde a la gravedad de la falta comprobada.
III.2.b. Desde esta perspectiva, las alegaciones plasmadas en este tramo del recurso no son hábiles para desvirtuar las conclusiones esenciales del fallo que la recurrente pone bajo censura mediante planteos que traducen su falta de conformidad con la decisión, sin evidenciar el absurdo ni la ausencia de razonabilidad que invoca.
La compareciente exterioriza en este aspecto un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento —afincado en que la agente debió ser sancionada en forma gradual— y no se encarga de objetar idóneamente las consideraciones que brindó el tribunal al ponderar las circunstancias de la causa. Su discurso solo refleja su opinión contraria con lo resuelto, sin atacar aquellas argumentaciones que contiene la sentencia y que llevaron al tribunal a efectuar el juicio de proporcionalidad y legalidad de la sanción.
Resulta entonces de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo recurrido (causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-V-2023; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2025 10:36:08 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2025 13:33:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/10/2025 12:17:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 06:46:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 08:45:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/10/2025 16:40:04 hs. bajo el número RS-102-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia