Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131601
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.601, "Dell Oro, Gabriela Margarita contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro/a. Enfermedad Profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. de fecha 25-VIII-2023; sent. de fecha 28-VIII-2023 y resol. de 29-IX-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-X-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Gabriela Margarita Dell Oro y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de una reparación integral por daños y perjuicios, con fundamento en las normas del derecho civil, derivada de la enfermedad profesional contraída. Rechazó, en cambio —por mayoría— la acción iniciada contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Para así decidir, tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas desarrolladas como docente —dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación provincial— y de las condiciones en que las mismas eran prestadas, la actora padece disfonía funcional irreversible y reacción vivencial anormal neurótica con manifestaciones depresivas grado II que, sumando los factores de ponderación, le provocan una incapacidad psicofísica del 25,2% de la total obrera. Estableció como fecha de la primera manifestación invalidante el día 17 de junio de 2013.
A su vez, precisó que se hallaba probado que la aseguradora demandada abonó a la trabajadora la suma de $172.265,33 en concepto de prestaciones dinerarias por la incapacidad determinada del 15,2% reconocida por la comisión médica interviniente. Asimismo, concluyó que, a la indicada fecha de la primera manifestación invalidante, el ingreso base —conforme lo informado en la pericia contable— ascendía a $12.317,16.
Seguidamente, con sustento en las pruebas colectadas en la causa, juzgó demostradas las condiciones laborales denunciadas en la demanda y la inexistencia de controles médicos periódicos ni capacitaciones en el uso de la voz.
En lo que resulta relevante para resolver la controversia, en la etapa de sentencia, acogió la defensa de "no seguro" y falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al contestar el libelo inicial, con fundamento en el convenio de rescisión del contrato de afiliación n° 46.864 y del de administración del autoseguro (ratificado por decreto 3.858/07).
Sentado ello, encontrándose acreditada la enfermedad de la trabajadora y sus consecuencias vinculadas con el riesgo de la actividad desarrollada por la actora (sobrecarga del uso de la voz) y el incumplimiento de la empleadora al deber de seguridad y prevención que la normativa impone a su cargo, entendió —previa declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773— que el Fisco provincial debía responder en los términos de los arts. 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340, vigente al momento de acaecimiento de los hechos de autos).
En cuanto al resarcimiento que le correspondía percibir en el marco del régimen común, consideró que, a fin de evitar arbitrariedades, en principio cabía utilizar pautas lógicas y racionales a fin de cuantificar el daño material. De este modo, se refirió a los parámetros de las fórmulas "Vuotto" y "Méndez", no como obligatorios, sino como posibles pautas de orientación.
Seguidamente, estableció que esta Suprema Corte dispuso que la determinación de la cuantía resarcitoria en estos casos constituye una cuestión privativa de los jueces de grado, debiendo determinarse sin sujeción a rígidos moldes o fórmulas matemáticas, valorando los distintos factores que deben analizarse en particular, individualizando y ponderando los elementos de juicio que sirven de base a la decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad y certeza de lo resuelto.
De este modo, sostuvo que debía respetarse el principio de reparación plena. A tal fin, mencionó que en la causa L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020), se establecieron las reglas para justipreciarla. Así sostuvo que "tanto el derecho a una reparación integral...como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75, inc. 22 de la Constitución nacional... (CSJN, causa 'Ontiveros')" (sent., págs. 14/15).
Señaló que el fallo citado tuvo en consideración la distinción entre "deudas de dinero" y "deudas de valor", así como también las reglas aplicables a la justipreciación de estas últimas previstas en el art. 722 del Código Civil y Comercial de la Nación, teniendo en cuenta el realismo económico al momento de la evaluación de la deuda.
Siguiendo esos parámetros, tuvo en cuenta las circunstancias personales de la actora, su edad al momento de determinar la enfermedad e incapacidad definitiva derivada de ella, así como el tiempo faltante a los fines jubilatorios y las sumas percibidas en el año 2014 de conformidad con la normativa especial vigente. Ello así, a fin de lograr una reparación plena e integral, comprensiva de los rubros que integraban la demanda y resultaban procedentes. Tales elementos condujeron al tribunal de grado a establecer la reparación en la suma de $3.250.000 en concepto de daño material —dentro del cual comprendió el daño emergente y lucro cesante— con más $650.000 como indemnización por el perjuicio moral; totalizando un importe de $3.900.000, monto que estimó actual a la época de la sentencia.
En ese marco, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), concluyó que, habiéndose fijado el monto de la indemnización a valores actuales, el importe de condena debía ser incrementado con intereses moratorios a una tasa pura del 6% anual, desde junio del año 2013 hasta la fecha de la sentencia y, de allí en adelante, en caso de mora en el cumplimiento de la presente, conforme la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1. y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 9 y 11 de la ley 20.744 y 504, 622, 623, 776, 777, 900 y 903 del Código Civil (ley 340, actuales 1.027, 768, 770, 900 y 903 del Cód. Civ. y Com. de la Nac., respectivamente); y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 3-X-2023).
II.1. En primer término, bajo la denuncia de absurdo cuestiona la base salarial utilizada por el tribunal de grado para calcular el monto indemnizatorio.
Argumenta que no resulta razonable atender para efectuar su cómputo al salario percibido por la actora en el período correspondiente al año 2014 ($12.317,16), ya que tratándose de una deuda de valor debe considerarse la remuneración vigente a la fecha del dictado de la sentencia.
Afirma que el juzgador contradijo el concepto de "deuda de valor", apartándose además de la doctrina legal sentada en los precedentes que individualizó y del principio de realismo económico sentado por esta Suprema Corte en las causas L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020), entre otras. En ese orden, menciona que de acuerdo a lo establecido por la Corte nacional en el fallo que identifica como "Ontiveros", el monto de la reparación plena del daño laboral fundada en la legislación civil, jamás podría ser inferior al que correspondería percibir con fundamento en la ley especial de riesgos del trabajo.
Asevera que resulta inconcebible que, tal como —alega— sucedió en el caso, una indemnización civil, que debe ser integral, no alcance siquiera el monto de las prestaciones mínimas que prevé el sistema especial. Entiende que la reparación debió fijarse en la suma de $14.101.691,26 (total de capital con más sus intereses moratorios). Así, sostiene que el monto resarcitorio determinado en el fallo vulnera lo normado por el art. 1.746 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Aduce que en los presentes actuados surge acreditada la actividad del empleador y las tareas desempeñadas por la accionante, cuyo salario —a la fecha de la presentación del medio impugnativo— alcanzaba la suma aproximada de $506.848,64, la cual —según expone— se corresponde con la escala vigente, y —según dice— puede ser consultada públicamente en el sitio web que indica.
Resalta que el pronunciamiento debe respetar el uso de pautas objetivas, de modo tal que quede revestido de razonabilidad y se constituya como acto jurisdiccional válido, apartándose del vicio de arbitrariedad o absurdo.
Concluye que, para obtener un resultado indemnizatorio a valores actuales, según los parámetros indicados por este Tribunal, debe tomarse como base el monto mencionado anteriormente, teniendo en cuenta la fórmula orientativa obtenida de "Vuotto-Méndez", de modo tal que se obtiene la suma de $38.283.089,48.
II.2. Por otro lado, objeta la alícuota del 6% anual dispuesta sobre el capital de condena.
En este sentido, y toda vez que —según entiende— la indemnización no fue calculada a "valores actuales", los intereses liquidados conforme esa tasa pura devienen absurdos.
De igual modo, postula que, en el contexto inflacionario actual, su aplicación tampoco logra satisfacer el daño moratorio sufrido por la accionante. Así, solicita que se dispongan los intereses desde que cada suma es debida, a la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, tal cual lo establece la doctrina legal de esta Corte en las causas que individualiza.
II.3. Desde otroángulo, critica el porcentaje de minusvalía ponderado en el fallo de grado para estimar la reparación del daño.
Sostiene que el juzgador no abordó su petición requerida en la demanda, consistente en que se indemnice el daño incapacitante profesional de la actora en el 100% de la total obrera. En ese orden, expone que —a su juicio—, se encuentran acreditados los requisitos para su procedencia (a saber: el carácter profesional de las tareas, la habitualidad de las mismas y que requieren de título oficial habilitante). Ello así, desde que la empleadora le impidió a la actora continuar realizando tareas de docente, fue recalificada y se le otorgaron tareas pasivas.
En este tramo de la crítica, denuncia violada la doctrina legal de esta Suprema Corte que dice emergente de las causas L. 44.096, "Taborelli" (sent. de 27-XI-1990); L. 50.433, "Comas" (sent. de 8-VI-1993); L. 56.278, "Marano" (sent. de 28-V-1996) y L. 95.504, "Sureda" (sent. de 15-VII-2009); entre otras.
II.4. A su vez, cuestiona la decisión del tribunal de origen en cuanto rechazó la extensión de la responsabilidad pretendida en forma solidaria respecto de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y desestimó la demanda promovida en su contra.
Alega que la petición se fundó en las obligaciones de seguridad e higiene asumidas por dicha coaccionada en favor de los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de la calidad de "administradora" del autoseguro provincial, asumida en el convenio de rescisión del contrato de afiliación n° 3.858/07 (cláusulas 7 y 14).
Asevera que el mencionado argumento no resultó analizado por el juzgador de origen, vulnerándose el principio de congruencia, lo que acarrea —dice— la nulidad del fallo.
II.5. Por último, aduce que el tribunal de grado omitió aplicar la capitalización periódica de intereses moratorios devengados a partir del día 1 de agosto de 2015, con sustento en el inc. "b" del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Desde esa perspectiva, solicita la acumulación de los accesorios al capital del modo que especifica (v. rec., págs. 19/23).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente, y alterando —por razones metodológicas— el orden de tratamiento de los agravios traídos, cabe indicar que no resulta atendible el reproche que formula la agraviada en torno al porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de una enfermedad de trabajo, constituye una atribución privativa de los jueces de grado y ajena a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 117.101, "Herrero", sent. de 9-IX-2015; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; e.o.).
III.1.b. Bajo tales directrices, el reproche se revela insuficiente (art. 279, CPCC).
Si bien la recurrente no cuestiona expresamente el porcentaje de incapacidad establecido por el órgano de grado al valorar la pericia médica (v. vered., primera cuestión), se agravia por considerar que la real minusvalía que padece la accionante como consecuencia de su enfermedad profesional —a contrario de lo meritado en el pronunciamiento— es total.
En esa inteligencia, la impugnante no invoca, vinculado a este tramo de la crítica, que la decisión adolezca del mentado vicio de absurdo. La señalada deficiencia técnica cobra insalvable relevancia en el caso y define el rechazo de la queja, pues este Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021; L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-II-2023; e.o.).
III.1.c. Sentado lo anterior, y para mayor satisfacción de la recurrente, el cuestionamiento afincado en que el órgano de grado debió ponderar una incapacidad total al momento de mensurar los daños reclamados no fue introducido en el escrito de inicio con el alcance que ahora se pretende. En rigor, solo fue mencionado en un lacónico párrafo vinculado al lucro cesante pretendido (v. fs. 33), resultando —incluso— que, al contestar las impugnaciones formuladas por la demandada a la experticia médica de autos, solicitó que la minusvalía de la actora fuera calculada en un 25,2% de la total obrera, teniendo en consideración la sumatoria de la física (15,2%) y la psíquica (10%; v. escrito electrónico de fecha 17-I-2022), tal cual fue —finalmente— meritado en el fallo de grado.
En este orden, tiene dicho esta Suprema Corte que son inaudibles en esta Sede casatoria los argumentos que importan alterar el enfoque o dimensión del pedimento inicial o de la defensa esgrimida (causas L. 120.190, "Peppi", sent. de 13-X-2020; L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022; L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; e.o.).
III.1.d. Así las cosas, no queda margen para sostener la transgresión de la doctrina legal que se invoca, pues los precedentes que se citan (a saber: las causas L. 44.096, "Taborelli", sent. de 27-XI-1990; L. 50.433, "Comas", sent. de 8-VI-1993; L. 79.755, "Arévalo", sent. de 23-XII-2003; L. 95.504, "Sureda", sent. de 15-VII-2009; e.o.) fueron elaborados bajo distintas plataformas que las que exhibe el presente caso.
III.2. En cambio, acierta la interesada cuando refuta la base salarial utilizada por el juzgador de grado para cuantificar la indemnización reconocida en concepto de reparación integral.
III.2.a. Es doctrina consolidada de esta Corte que determinar la cuantía indemnizatoria en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común, constituye una facultad privativa de los jueces de grado y lo que al respecto resuelvan, no es susceptible de revisión en esta Sede extraordinaria, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 105.934, "Tinghitella", sent. de 29-II-2012; L. 113.239, "B. d. A., M.", sent. de 29-V-2013; L. 113.486, "Arango", sent. de 5-III-2014 y L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; e.o.).
También tiene dicho este Tribunal que resulta privativa de los magistrados de las instancias de grado la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, en cuyo caso la configuración del señalado vicio lógico debe apreciarse estrictamente (causas L. 124.113, "S., L. E.", sent. de 26-IV-2022 y L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; e.o.).
III.2.b. Desde esa perspectiva de análisis, como adelanté, la recurrente logra demostrar en esta parcela de su embate la concurrencia del vicio lógico que al respecto denuncia.
III.2.b.i. Como se expuso, el tribunal de grado halló verificados los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad civil a la Provincia de Buenos Aires.
Para cuantificar la indemnización, cabe aquí reiterar que sostuvo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultaba coincidente con la adoptada por este Superior Tribunal, en cuanto establece que la cuantificación dineraria del daño material requiere precisar la entidad de este, a fin de justificar la proporción entre el mismo y la indemnización, considerando a tales fines "la edad, profesión, ingresos, el tiempo de vida útil que resta permanecer disminuida en el mercado laboral, el porcentaje de incapacidad que padece y demás condiciones personales" (sent., pág. 13). Refirió que, a fin de no incurrir en arbitrariedades, resultaba necesario utilizar pautas lógicas y racionales, que permitan comparar diferentes métodos con fundamento en bases científicas. A su vez, precisó que la misma no debía determinarse con sujeción a rígidos moldes o fórmulas matemáticas.
En atención a ello, expuso los datos que a tales fines consideraba pertinentes para el caso particular de la actora, entre los cuales mencionó: la edad al momento de determinarse la enfermedad e incapacidad permanente y definitiva derivada de ella, tiempo faltante para la jubilación, y las sumas percibidas en el año 2014, de conformidad con la normativa especial vigente.
III.2.b.ii. Si bien de lo expuesto se observa que el juzgador, a la hora de definir la estimación del daño, enunció los parámetros que habría de tener en cuenta para mensurarlo, la motivación que exhibe la decisión en este aspecto es puramente aparente. Ello así, toda vez que el resultado de la reparación fijada en términos numéricos no permite reproducir su metodología de cálculo (en particular, no aporta dato alguno referido a los ingresos de la trabajadora tomados por el juzgador al momento de efectuar el cómputo), a los fines de que en esta Sede casatoria pueda ejercerse el debido control de la legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto de conformidad con lo establecido por la doctrina legal aplicable.
En ese orden, tiene dicho este
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