Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131961
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.961, "Garrido, María Belén contra Provincia ART S.A. Accidente De Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la vencida (v. sent. de fecha 18-XII-2023).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-II-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda entablada por María Belén Garrido y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle una indemnización integral en concepto de daños y perjuicios en los términos del derecho civil, provocados por la incapacidad adquirida como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió (v. sent. de fecha 18-XII-2023).
En el veredicto, tuvo por acreditado que la actora trabajó en relación de dependencia para Frigorífico Anselmo S.A. desde el 7de abril 2012, desempeñándose en las tareas en el sector desposte, empaque de cortes al vacío y limpieza del sector, siendo categorizada como operario semicalificado del Convenio Colectivo 56/75 (v. vered., primera cuestión).
Juzgó probado además que el día 26 de agosto de 2019 sufrió un accidente de trabajo cuando, en cumplimiento de sus labores, se encontraba limpiando el piso del sector.
Con sustento en la pericia médica, consideró demostrado que con motivo del accidente la señora Garrido padece una neurodiscitis cubital leve derecha y alteración de la movilidad del codo derecho, que le provoca una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 8,2% del índice de la total obrera (v. vered., págs. 3/4).
Afirma que la aseguradora demandada no acompañó documentación alguna a los fines de acreditar que cumplió con su obligación, al menos en el sector de trabajo de la señora Garrido dentro del frigorífico, cuando lo que se endilga es responsabilidad con sustento en normas del Código Civil y Comercial, por omisión en el cumplimiento de obligaciones que le impone la ley 24.557 y complementarias en seguridad e higiene.
Ponderando la prueba pericial de ingeniería laboral, y lo establecido en la resolución 295/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, concluyó que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. no había cumplido con los deberes de prevención y control que le impone el art. 4 de la ley 24.557. En este sentido, sostiene que, las labores efectuadas por la trabajadora "...debían tener una especial atención, en cuanto a cómo se debían efectuar las mismas con indicaciones precisas y a cómo manipular objetos con los parámetros específicos del establecimiento, en referencia a distancias, altura y peso de la carga" (vered., pág. 11).
Siguiendo el razonamiento volcado en el veredicto, consideró que la omisión incurrida por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, tuvo relación de causalidad con el daño sufrido por la trabajadora (v. sent., pág. 3).
Luego, al momento de cuantificar el lucro cesante, especificó —de conformidad tanto con los lineamientos vertidos por la Corte nacional en la causa "Aróstegui" como con los plasmados por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el precedente "Méndez"— que correspondía fijarlo en una suma tal que, colocada a un interés anual del 4%, produjera una renta similar al importe de la privación de ingresos que el hecho ilícito le provocó a la víctima y que se agotara a la finalización del tiempo de vida económicamente útil del accionante.
En ese orden, con apoyo en lo resuelto por este Superior Tribunal en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), con el fin de dar una respuesta proporcionada y adecuada frente al impacto negativo de los factores económicos extrínsecos, propuso tomar el salario de la categoría de la actora vigente al mes de noviembre de 2023, el cual, ascendía a $288.705,60. Así, partiendo de esa plataforma, atendiendo al porcentaje de incapacidad establecido y al lapso que le restaba para cumplir setenta y cinco años, justipreció el monto del lucro cesante en $20.537.000 (v. sent., págs. 6/7).
Seguidamente, al importe así determinado le adicionó $4.000.000 en concepto de daño moral.
Finalmente, precisó que, en tanto la determinación del monto indemnizatorio había sido efectuada a valores actuales, no correspondía aplicar una tasa bancaria para calcular los intereses, sino una tasa pura del 6% anual desde la fecha del infortunio (26-VIII-2019) hasta el dictado de la sentencia y, desde allí, hasta el efectivo pago, intereses a la tasa pasiva más alta, que resultó ser la tasa pasiva plazo fijo digital a treinta días que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., págs. 11/12).
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que invoca arbitrariedad y absurdo, denuncia violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 1.741, 1.746, 1.749 y concordantes del Código Civil y Comercial; 4 de la ley 24.557; 37, 44 inc. "d" y concordantes de la ley 11.653; 384, 457, 473, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita (v. presentación de fecha 5-II-2024).
II.1. En primer término, se agravia de la atribución de responsabilidad civil.
Cuestiona que el único fundamento de la condena —especialmente en una acción basada en normas del Código Civil y Comercial— sea el "supuesto" incumplimiento del art. 4 de la ley 24.557.
Sostiene que, el sentenciante no analiza la imposibilidad de responsabilizar a las aseguradoras más allá de las prestaciones previstas por la citada ley 24.557. Arguye que el art. 75 de la ley 20.744, establece la obligación de observar las normas de higiene y seguridad exclusivamente a cargo del empleador. Los daños derivados del incumplimiento de esta obligación por parte del empleador se rigen únicamente por las normas de riesgos del trabajo, dando lugar solo a las prestaciones allí establecidas. La responsabilidad que pudiera extenderse a las aseguradoras, como entidades ajenas a la relación laboral, nunca puede ser mayor a la responsabilidad que cabe al empleador. En este sentido, asevera, que sus obligaciones surgen de un contrato con el empleador y las consecuencias deben evaluarse dentro de ese ámbito (v. rec., págs. 7/8).
Manifiesta que su deber de prevención implica asesoramiento, control de medidas sugeridas y denuncia de incumplimientos del empleador ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), pero no tiene la potestad de dirección ni de imponer modalidades de trabajo a los empleados del afiliado.
En concreto, afirma que la sentencia se basa en una errónea interpretación de las normas aplicables, confundiendo las obligaciones de la aseguradora con las del empleador. Insiste, que la afirmación sobre el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el citado art. 4 de la ley 24.557 es genérica y dogmática, sin especificar cuáles fueron los incumplimientos concretos.
Asimismo, denuncia el absurdo análisis efectuado por el tribunal de origen, al dictamen pericial en seguridad e higiene, que detalla numerosas visitas, asesoramiento, asistencia técnica, capacitaciones al personal, mediciones, relevamientos de riesgos y denuncias por incumplimientos de la empleadora ante la SRT desde el año 2010 hasta el 2021.
Por último, aduce que el sentenciante debió analizar cómo y en qué medida los supuestos incumplimientos de su parte influyeron en el desarrollo causal de los hechos, ya que solo podría ser responsabilizada por las consecuencias de sus propios actos u omisiones, no por los de terceros (empleadores).
II.2. Desde otroángulo, refuta la cuantía indemnizatoria por daño material reconocida a la trabajadora.
Objeta la elección de la fórmula "Méndez" sin exponer detalladamente los motivos, existiendo otras fórmulas, y critica que se base únicamente en un cálculo matemático sin considerar las particularidades del caso concreto.
Cuestiona, que el sentenciante, utilizó un lapso de vida útil de setenta y cinco años para el cálculo de la pérdida de ingresos laborales, en ese sentido afirma, que no puede llevarse más allá de la edad jubilatoria (sesenta y cinco años). Esta limitación se alinea con el art. 1.746 del Código Civil y Comercial, que fija el límite de la indemnización por incapacidad en la aptitud para realizar actividades productivas o económicamente valorables.
Luego, critica la base salarial que utilizó el tribunal de origen para cuantificar el referido rubro. Sostiene que debió efectuarlo con los valores efectivamente percibidos por la actora a la fecha del accidente y no como lo realizó considerado el mínimo garantizado para noviembre-diciembre de 2023, ya que el accidente ocurrió el 26 de agosto de 2019.
Adicionalmente, también objeta que se haya aplicado a la fórmula un interés del 4%, cuando lo correcto —afirma— sería fijar un 6% anual.
En este sentido, sostiene que resulta absurda la utilización de dos tasas de distinto valor para el cálculo del daño material: una tasa de descuento (4%) y una tasa de interés puro (6%). Manifiesta que la tasa de descuento empleada en la fórmula necesariamente debe coincidir con la tasa de interés puro, que por doctrina legal de esta Corte es del 6%.
II.3. Finalmente, considera absurdo y arbitrario el razonamiento del sentenciante al fijar el monto del daño moral.
Alega que omitió explicar los motivos o parámetros que lo llevaron a establecer dicho importe. En este sentido, afirma que, bajo el mismo razonamiento, el tribunal podría haber fijado arbitrariamente cualquier otra suma, lo que evidencia la total ausencia de fundamentos (art. 3, Cód. Civ. y Com.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Los embates dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. con sustento en las normas del Código Civil no resultan atendibles.
III.1.a. Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que determinar si la aseguradora ha cumplido —o no— con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como igualmente, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el daño ocasionado en la salud de los trabajadores, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo (causas L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. Bajo estos lineamientos, la crítica ensayada por la recurrente no evidencia la apuntada anomalía.
III.1.b.i. En rigor, la impugnante cuestiona la conclusión del sentenciante con arreglo a la cual se atribuyó a la aseguradora responsabilidad, pero con ello no logra desbaratar el esencial fundamento esgrimido por el tribunal de grado, quien declaró verificada la conducta omisiva de la aseguradora, así como su relación directa con el daño sufrido por la trabajadora, juzgándola civilmente responsable.
Es que el tribunal de grado afirmó que la aseguradora no acompañó documentación alguna que acredite el cumplimiento de sus deberes —al menos en el sector de trabajo de la señora Garrido dentro del frigorífico—, cuando lo que se atribuye es responsabilidad con sustento en normas del Código Civil y Comercial por la omisión en el cumplimiento de obligaciones que le impone la ley 24.557 y complementarias en materia de seguridad e higiene (v. vered., pág. 6).
III.1.b.ii. Estas motivaciones esenciales —junto a otras coadyuvantes, tales como la ausencia de prueba en torno a la observancia de lo dispuesto en la resolución 295/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (vigente al momento del infortunio), y las declaraciones testimoniales emanadas de la audiencia de vista de la causa (v. vered., págs. 9/11)—, desatendidas, no han sido objeto de un ataque concreto y eficaz por parte de la agraviada, lo que evidencia la manifiesta deficiencia técnica que porta el recurso (causas L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016 y L. 117.714, "S., L. H.", sents. de 29-VIII-2018; L. 124.716, "Sosa", sent. de 30-IX-2021; e.o.).
Resultan aplicables las directrices de esta Corte que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra el absurdo invocado, al transitar por un mero disenso con lo resuelto, sin profundizar un concreto y eficaz ataque de todas las conclusiones fácticas volcadas por el tribunal de origen en función que le compete privativamente (causas L. 98.010, "Rey", sent. de 24-XI-2010; L. 104.574, "Pipola", sent. de 15-VI-2011; L. 108.675, "Chiodi", sent. de 14-VI-2017 y L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021).
Para más, la restante argumentación por la que se intenta desvirtuar la conclusión que tuvo por configurada la responsabilidad, se desarrolla a influjo de la propia interpretación que formula la agraviada de la pericia en seguridad e higiene producida en la causa, sin encontrar correlato con su contenido al formular una interpretación incompleta de sus conclusiones, haciendo referencia exclusivamente aquellos pasajes que podrían beneficiar sus intereses y silenciando otros que —con elocuencia— hacen referencia a un cumplimiento parcial de sus obligaciones.
En ese contexto, advierto que la quejosa efectúa un nuevo análisis de las pruebas —particularmente de la experticia técnica— según su propio criterio valorativo, sistema este que reiteradamente se ha considerado impropio para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el vicio de absurdo (causas L. 119.031, "Cordero", sent. de 30-XI-2016; L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; L. 120.198, "Pérez", sent. de 7-XI-2018; e.o.).
III.1.b.iii. La anunciada falta de idoneidad de la impugnación se ve robustecida a poco de observar que, el confronte de la línea argumental del recurso con el escrito de contestación de la demanda, da cuenta que lo postulado en esta instancia comporta un desarrollo absolutamente novedoso frente a los precisos términos del reclamo instaurado, técnica que, como es sabido, carece de idoneidad para abastecer adecuadamente el remedio deducido.
En tales condiciones, cobra virtualidad la doctrina legal conforme la cual resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos novedosos —fruto de una reflexión tardía—, toda vez que no fueron introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023 y L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023).
III.1.c. En otro orden, con relación a la invocada inaplicabilidad de las normas de derecho civil al caso, cabe recordar —a mayor abundamiento— que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser juzgadas en el marco del derecho común por incumplimientos de sus deberes de prevención y control, fue admitida por esta Suprema Corte en el conocido precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009), en una definición reiterada —entre otras— en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011); L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014); L. 120.316, "Palacios" (sent. de 19-XI-2020) y L. 128.658, "Mamani" (sent. de 25-X-2023), todo ello en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
Añado que, a partir de las prescripciones de la ley 24.557, las aseguradoras aparecen —en concurrencia con el empleador— como sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, por lo que resulta inaceptable entender que son meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, ya que la norma les otorga un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 120.316, "Palacios", sent. de 19-XI-2020; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Atento que la decisión cuestionada encuentra respaldo en dichas directrices y que la agraviada no aporta argumentos eficaces para revertirla, la pieza analizada evidencia nuevamente una insuficiencia manifiesta en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.598, "Brites", sent. de 4-XII-2019; L. 125.487, "Hernández", sent. de 21-X-2022; L. 124.672, "Cruz", sent. de 8-V-2023; e.o.).
III.1.d. Lo expuesto sella la suerte adversa del ataque intentado sobre aquel esencial tramo de la sentencia en la que se juzgó la responsabilidad de la aseguradora.
III.2. En cambio, la crítica vinculada a la cuantía indemnizatoria prospera con el siguiente alcance.
III.2.a. En primer lugar, y en lo tocante a la determinación del monto que fijó el tribunal en concepto de lucro cesante, cabe recordar que es doctrina de este Tribunal que su determinación en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común, constituye una cuestión privativa de los jueces de grado ajena —en principio— al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la violación de las normas que regulan la reparación integral del daño civil (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.236, "C., D. G.", sent. de 4-IX-2019; L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XI-2022; L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024; e.o.).
Incluso, en la materia específicamente cuestionada en la especie, ha señalado este Tribunal que es facultad privativa de los jueces ordinarios la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, en cuyo caso la configuración del señalado vicio lógico debe apreciarse estrictamente (causas L. 119.198, "Mirantes", sent. de 3-V-2018; L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020; L. 121.953, "Lamuraglia", sent. de 7-IX-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
Desde esa perspectiva, tal como se advirtió anteriormente, también se revela insuficientemente fundada, la crítica vinculada tanto a la fórmula matemática empleada, como el salario a valor actual y el coeficiente etario de setenta y cinco años, en tanto no satisface la inexcusable carga de denunciar —ni mucho menos demostrar— que el juzgador de origen hubiese incurrido en la vulneración de las normas del Código Civil que regulan la reparación integral o en absurdo en la determinación de la cuantía indemnizatoria determinada (art. 279, CPCC).
III.2.b. Por otro lado, la insuficiencia de la crítica también se revela nítida en lo tocante al interés empleado por el juzgador de la instancia ordinaria en la fórmula resarcitoria, toda vez que la interesada si bien en esta parcela denuncia absurdo (v. rec., pág. 21, pto. "B.6"), solo plantea que es correcto el índice o porcentaje que él propone
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