Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 119516
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 119.516, "Guerrero, Antonio y otro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó parcialmente la sentencia dictada en primera instancia. Mantuvo el rechazo de la excepción de prescripción planteada por la Fiscalía de Estado y la admisión de la depreciación del remanente reclamada, pero aumentó el monto que fuera concedido en concepto de valor de la tierra y revocó la procedencia decidida respecto de la obra de arte (el puente). En cuanto a los intereses, modificó la fecha de su devengamiento, fijándola desde la de desposesión. Impuso las costas de ambas instancias en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora (v. fs. 530 vta. y 531).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 534/552 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Los señores Antonio Guerrero y Cecilio Guerrero promovieron juicio de expropiación inversa contra la Provincia de Buenos Aire -el 2 de julio de 2002- por la afectación del inmueble propiedad de ellos (individualizado catastralmente como Circunscripción X, Parcela 1084-d, inscripto al Folio 1464/1963) a raíz de la construcción de la obra pública denominada "Canal de Desagües del Parque Industrial de Tandil", realizada por la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas provincial. Relataron que intentaron obtener una justa indemnización por la vía administrativa, dando origen al expediente administrativo 2406-522/95, y que con fecha 18 de mayo de 1995 se dio por concluida esa actuación para recurrir a la instancia judicial.
Reclamaron la reparación por el valor de la tierra libre de mejoras, la depreciación del remanente, alambrados y obras de arte, la aplicación de índices de actualización e intereses desde la desposesión. También estimaron el valor de la hectárea a la fecha de la presentación de la demanda; adicionalmente, plantearon la inconstitucionalidad de la ley 12.836 y de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (v. fs. 20/29).
Corrido el traslado de ley, se presentó la Fiscalía de Estado oponiendo excepción de prescripción y contestando la demanda en subsidio (v. fs. 80/97). La defensa fue repelida por los actores.
I.2. En primera instancia se dictó sentencia rechazando la excepción de prescripción y admitiendo la demanda. Se fijó el valor de la tierra expropiada al 10 de diciembre de 2013 (fecha en la que -señaló- se actualizara la pericia de la ingeniera Pietro), se reconoció la depreciación del remanente y la construcción de un puente, se desestimó el rubro "alambrados" peticionado y se aplicó la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, en lo que respecta al valor de la tierra y de la depreciación del remanente desde la fecha de la referida experticia; y, con relación al valor del puente, desde la pericia que lo determinó al 14 de agosto de 2013; en ambos casos hasta el efectivo pago.
En cuanto al planteo relacionado con la aplicación de la ley 12.836, indicó que la condena decidida no se encontraba incluida en la citada norma, que carecía de virtualidad expedirse sobre la inconstitucionalidad denunciada y que tampoco se había pronunciado sobre los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en atención al modo en que se determinara el monto de la indemnización y por considerar que no correspondía su aplicación (v. pto. 5 de la sentencia a fs. 457 vta. y 458).
Impuso las costas a la demandada tanto por la excepción rechazada como por el progreso de la acción, aplicando el art. 37 de la ley 5.708 (v. fs. 449/458 vta.).
Dicha sentencia fue apelada por los actores (v. fs. 459 y 476/478) y por la demandada (v. fs. 461 y 480/493).
I.3. La Cámara confirmó la sentencia de la instancia previa que había rechazado la excepción de prescripción deducida por la demandada y admitido la depreciación del remanente. A su vez, modificó el valor que había sido determinado en concepto de tierra expropiada, aumentándolo al ajustarlo a la fecha de su decisión (9 de septiembre de 2014) y revocó la parcela del fallo que había establecido la necesidad de construcción de un puente. En lo que respecta a los intereses, afirmó que debían correr desde la fecha de la desposesión.
Para ello, tuvo en cuenta lo dispuesto en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en las causas C. 100.107, "Arbizu" (sent. de 23-III-2010) y C. 100.908, "Ormaechea" (sent. de 14-VII-2010) de este Tribunal acerca de la precisión del concepto de "justa indemnización", entendiéndolo como dirigido a obtener "el pago del valor real de la cosa" expropiada (v. fs. 524/527).
Estableció, además, el valor de la fracción expropiada con base en el valor del dólar estadounidense a la fecha de ese pronunciamiento, multiplicándolo por el valor unitario de la hectárea y luego por la superficie afectada (2,6950 hectáreas), para cuantificar -de esa manera- la indemnización correspondiente (v. fs. 527).
II. Este fallo fue recurrido por la Fiscalía de Estado denunciando la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 164, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 8, 10, 11 y 35 de la ley 5.708 y el decreto ley 2.480/63; 1.502, 2.511, 4.023 del Código Civil; 17 de la Constitución nacional; 31 de su par provincial. Alega absurdo.
II.1. Controvierte que se haya rechazado la excepción de prescripción aplicando la doctrina legal asentada en la materia y entiende que ceñirse ciegamente a ella implica la pérdida del dinamismo en el derecho. Tacha de arbitraria la decisión de la Cámara postulando que lleva a un absolutismo hermenéutico la interpretación que realizan del concepto de indemnización previa (v. fs. 536/537).
Resalta que la realización de la obra pública consumó la expropiación y que todo su desarrollo fue público y notorio, situación que si no hubiera sido aceptada por el propietario lo habría llevado inmediatamente a realizar la pertinente denuncia, lo que no ocurrió (v. fs. 537).
Si bien reconoce que desde que el afectado sufrió la expropiación surgió su derecho a ser indemnizado, entiende que tal derecho no puede ser sin fijar una fecha o plazo, pues sostiene que aceptarlo configura un arcaísmo jurídico inaceptable, un privilegio impropio, que de ser aceptado implicaría la violación de derechos amparados constitucionalmente (v. fs. 537 vta.).
Comenta dos fallos de la Cámara Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de Mar del Plata y cita jurisprudencia extranjera en apoyo de su postura, como también la doctrina legal establecida en las causas Ac. 56.712, "Goya" (sent. de 7-III-1995) y Ac. 56.592, "Ustariz" (sent. de 9-IV-1996; v. fs. 537 vta./541 vta.), resaltando que la acción de expropiación inversa resulta una acción personal y que los fallos de la Corte federal no constituyen la doctrina legal en la materia.
Así, destaca que en el caso ha mediado un retraso desleal por el accionante, un abuso de derecho a partir de la inacción del actor durante todo el tiempo transcurrido desde el año 1979, la omisión en el ejercicio de su derecho y el funcionamiento del canal por más de diez años (v. fs. 541 vta./543 vta.).
II.2. También impugna el valor asignado a la fracción expropiada, ya que entiende que el Tribunal de Alzada se ha apartado de la manda del art. 8 de la ley 5.708 y su decreto ley 2.480/63, absteniéndose de fijar el justo valor de la cosa a la época de la desposesión, de modo que lo obrado por la Cámara -al contraponérselo con el art. 35 de ese régimen legal- ha producido una decisión absurda (v. fs. 544 vta./545 vta.). Señala que aplicar un valor distinto al de la desposesión constituye una repotenciación prohibida por la ley (v. fs. 545 vta./547).
Pone de relieve que el Tribunal de Alzada no explica por qué el sistema de la ley 5.708 impediría arribar a una indemnización justa, fallando de esta manera en contra de la ley. Y afirma que cuando el citado art. 8 se refiere al valor del bien a la fecha de la desposesión, lo hace respetando los arts. 17 de la Constitución nacional y 9 de su par provincial, circunstancia que impide a los jueces reemplazar con su juicio personal la clara pauta objetiva impuesta por la norma legal (v. fs. 547 vta. y 548).
Afirma que no deviene un hecho notorio que los valores de los inmuebles aumenten constantemente, por lo que resulta una falacia afirmar que solamente la fijación de un valor actual permitiría al propietario reponer el bien del cual fue privado, pues podría ocurrir todo lo contrario. Denuncia que la ecuación realizada sujeta el valor expropiatorio a una aleatoriedad no dispuesta en la ley y conculca el art. 9 del régimen porque después de la desposesión el valor de la tierra aumenta por efecto mismo de la obra pública. Cita las causas "Nichi", "Provincia de Chaco" y "Ros" de la Corte nacional y la aclaración que contiene el decreto ley 2.480/63 para reafirmar que el valor solo puede ser fijado a la fecha de la desposesión (v. fs. 548 vta./551).
Objeta también la estimación que fuera dada al valor de la hectárea teniendo en cuenta la cotización del dólar estadounidense, aclarando que el art. 8 de la ley 5.708, cuando se refiere al "dinero", lo hace respecto de la moneda de curso legal en el país. Remarca que el uso de la divisa extranjera en materia inmobiliaria no resulta suficiente fundamento para establecer aquí los valores en dicha moneda, ya que tampoco puede afirmarse que esa suma en dólares estadounidenses convertida luego a pesos sea el justo valor del inmueble de autos, señalando que es inadmisible que de esa forma se pretenda sortear la prohibición de indexar (v. fs. 551/552 vta.).
Por último, indica que al fijar la indemnización a valores actuales la aplicación de intereses desde la fecha del desapoderamiento provoca que se esté concediendo una doble indemnización, o sea provocando un enriquecimiento sin causa del expropiado (v. fs. 552 vta. y 553).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Con relación a la defensa de prescripción recuerdo que, conforme expuse en diferentes ocasiones (doctr. causas Ac. 85.060, sent. de 1-IV-2004; Ac. 89.425, sent. de 14-XII-2005; Ac. 76.907, sent. de 9-VIII-2006; A. 69.296, sent. de 26-X-2016; e.o.), comparto el criterio seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto entiende que la expropiación por causa de utilidad pública origina una relación jurídica de derecho público en la que la adquisición del dominio sobre el bien expropiado se halla subordinada al pago de la indemnización previa, de conformidad con los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Carta local (Fallos: 287:387, 315:596, 315:606, 320:1263; e.o.).
Ello según lo determina el art. 17 de la Constitución nacional: "...La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...". En consecuencia, hasta tanto no se halle perfeccionada la expropiación mediante el cumplimiento del requisito de la indemnización dispuesto en la cláusula constitucional citada, no cabe admitir el cómputo de plazo de prescripción alguno para el ejercicio de la acción expropiatoria inversa prevista en el art. 41 de la ley 5.708.
Es así que, mientras el valor del objeto expropiado sea un crédito ilíquido e inexigible por falta de acuerdo entre el particular y el Estado y deba determinarse por sentencia judicial, el derecho al cobro del crédito representativo del valor del bien no puede extinguirse por prescripción, desde que esta solo principia en el momento en que el crédito se torna cantidad cierta.
De tal manera, los argumentos ensayados por el recurrente no tienen por virtud modificar mi opinión consolidada en reiterados precedentes del Tribunal en los que al intervenir voté en el sentido apuntado.
Por tal motivo, es mi parecer que la Cámara interviniente aplicó de manera acertada la doctrina legal elaborada por este Tribunal sobre tal aspecto de la contienda.
III.2. Por otro lado, entiendo que tampoco prospera el agravio planteado por el recurrente en torno a la indemnización fijada por la Cámara, pues la impugnación resulta inidónea porque no atiende a los fundamentos que motivan el fallo en crisis (conf. doctr. art. 279, CPCC).
En consideración al valor expropiatorio, esta Corte ha fijado su doctrina en la causa C. 101.107, "Arbizu" (sent. de 23-III-2010), reiterada en numerosos precedentes y de aplicación al presente caso.
Allí se estableció que "los principios básicos a los que debe ajustarse la expropiación, en cuanto a la determinación del 'valor tierra', provienen directamente de la Constitución nacional, debiéndose respetarse esencialmente su letra y sus principios". También que "la mora en el pago en que incurre el Estado, al no cumplir la exigencia constitucional de que la indemnización debe ser previa al acto expropiatorio, en modo alguno puede beneficiar al expropiante moroso que dejó de cumplir su fundamental deber".
Se adujo que "debe ponderarse que la determinación de la indemnización a la época de la desposesión generaría, según una interpretación estricta del art. 8 de la ley 5.708, un trato desigual con aquellos casos de expropiación directa en los que el Fisco no requiere la posesión de la cosa a expropiar, lo que torna imposible referir a valores de una desposesión inexistente, y obliga a que tales valores se fijen a un momento temporal más cercano al fallo definitivo (fecha de las pericias o la de la sentencia misma; arts. 16, Const. nac.; 11, Const. prov.)".
Esta Corte ha reiterado en varias oportunidades que la indemnización debe ser justa, es decir, no puede ser fuente de enriquecimiento para el expropiado ni puede disminuir tampoco su patrimonio y constituye, en el concepto constitucional y en el de la normativa legal específica, un valor equivalente al que en economía se designa como "valor de cambio", puesto que la indemnización reemplaza a la cosa en el patrimonio expropiado. Y es así que el Estado cancela su deuda solamente cuando paga una suma de dinero cuyo valor real y adquisitivo equivale, en ese momento, al valor del bien, con lo cual la obligación del expropiante no consiste en dar una cantidad de moneda sino en reparar un valor patrimonial (causas C. 101.107, cit. y C. 98.321, "Larrosa", sent. de 5-X-2011).
También se dejó sentado que si en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el monto indemnizatorio, tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente (art. 165, CPCC), con mayor razón en los procesos de expropiación donde la indemnización es de fuente constitucional "directa" el magistrado se encuentra habilitado para fijar la cuantía de lo debido al momento de sentenciar (arts. 31, Const. prov.; 16 y 2.511, Cód. Civ.; 8 y 35, ley 5.708; C. 101.107, cit. y C. 116.139, sent. de 21-II-2018).
Cabe destacar que estos lineamientos fueron confirmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -al desestimar el recurso federal interpuesto- mediante sentencia del 23 de febrero de 2012 dictada en los autos referidos (causa "Arbizu, Víctor Esteban y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/expropiación inversa", A.574.XLVII).
En consecuencia, advierto que cuestiones similares a las aquí planteadas por la Fiscalía de Estado, tanto las relativas a la violación del art. 8 de la ley 5.708, como a la utilización del dólar estadounidense como parámetro de referencia, han sido resueltas por este Tribunal en la causa A. 73.043, "Fisco de la Provincia c/Borgoglio" y sus citas (sent. de 5-III-2021) y, muy recientemente y con su actual integración, en la causa A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024), a cuyos fundamentos remito en honor a la brevedad para desestimar el agravio.
III.3. Ahora bien, con relación al cuestionamiento desarrollado en torno a la fijación de accesorios sobre el precio actual, recuerdo que esta Corte en la causa C. 102.963, "Sabalette" (sent de 7-IX-2016, y su aclaratoria del 28-IX-2016) resolvió, por mayoría, que los intereses en las expropiaciones serían calculados sobre el capital indemnizatorio, determinado a la fecha de la desposesión, con la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde ese momento -desposesión- y hasta el efectivo pago.
Pero, sin embargo, con posterioridad, una nueva mayoría de este Tribunal reeditó la cuestión e impuso una fórmula diferente para calcular los intereses en las expropiaciones. Las causas A. 74.634, "Loggia" y A. 73.677, "Álvarez", así lo reflejan.
La solución ahí establecida resulta análoga a la que, en materias ajenas a la acción expropiatoria, ha resuelto esta Corte desde el dictado de las causas C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera", una postura que hoy se encuentra plenamente consolidada (v.gr. C. 123.090, "Paredes", sent. de 18-IX-2020; C. 123.367, "Sandobal", sent. de 21-X-2020; C. 123.334, "González", sent. de 4-XI-2020; C. 122.451, "Goyena", sent. de 12-XI-2020; e.o.), reiterada en A. 74.043, "Fisco" (sent. de 5-III-2023) y a la cual me he plegado en diversas actuaciones (conf. mis votos en C. 122.661, "M., J. L." sent. de 10-VI-2022; C. 123.476, "Monch"; sent. de 29-XII-2021; e.o.).
Así, con base en la doctrina legal vigente y en función de los derechos constitucionales implicados, he propiciado -a través de una nueva reflexión conforme mi voto en la causa A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024)- que dicha solución también se extienda a las expropiaciones, pues resulta superadora de lo decidido en la causa "Sabalette".
Además, entiendo que en supuestos como en el presente, en los que se han ponderado valores actuales para determinar la cuantificación de la indemnización expropiatoria, razones de seguridad jurídica y economía procesal que aseguren una tutela judicial efectiva así lo aconsejan (conf. arts. 15, Const. Prov.; 31 bis, ley 5.827).
Por todo lo expuesto, he de acompañar la posición mayoritaria adoptada en las causas "Loggia" y "Álvarez" de modo que, cuando el monto indemnizatorio fuera estimado en valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito (cuando se fije en un momento distinto al de la desposesión y más cercano a la sentencia, tal como sucede en este caso), los intereses devengados se calcularán sobre dicho monto pero a una tasa diferenciada: una tasa pura del 6% desde el momento de la desposesión y hasta la fijación del valor "actual" del bien expropiado y, de allí en adelante, la tasa de interés pasiva más alta establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) y B. 64.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016; entre muchas otras).
Sin embargo, las circunstancias particulares de esta causa me llevan a aplicar el criterio fijado en la causa C. 119.799, Staudt (sent. de 20-XII-2024), en la que acompañé el voto de mi colega el doctor Soria quien, teniendo en cuenta lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Schoo Devoto de Marino, Susana E. c/ D.N.V. s/ expropiación" (S.0113. XLVII,) sostuvo "que cuando el plazo entre la desposesión y la interposición de la demanda supere los veinte años debe aplicarse el criterio señalado, ello resguarda
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