Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 121069
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.069, "Lavadero de Lanas El Triunfo S.A.C.I.F.I. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Kohan.
Luego de un extenso trámite, y en cumplimiento de la sentencia dictada por este Tribunal (v. fs. 855/847), la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, por un lado, elevó la indemnización fijada por la sentencia de primera instancia respecto de los rubros valor de la tierra libre de mejoras, valor de las edificaciones, de las máquinas, de las instalaciones y de la marca comercial. Por el otro, confirmó todo lo demás decidido. Asimismo, impuso las costas al Fisco vencido (v. fs. 1.177 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.185/1.198).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La empresa Lavadero de Lanas "El Triunfo" S.A.C.I.F.I., por medio de apoderado, promovió demanda de expropiación inversa contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires ante la declaración de utilidad pública del establecimiento industrial por medio de la ley 12.923 y sus sucesivas prórrogas.
En primera instancia obtuvo el reconocimiento de su derecho y allí se determinó la inexistencia de desposesión, lo que llevó a fijar el valor al año 2004, al tener en cuenta el informe del perito tercero ingeniero González (v. fs. 715 a 716 de la pericia; v. fs. 778/806 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por la actora y por la demandada. Elevados los autos a la Cámara, fueron atendidos los agravios de la Fiscalía de Estado y se revocó la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda (v. fs. 855/863 vta.), lo que derivó en la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por parte de la empresa actora (v. fs. 867/883 vta.).
I.2. Esta Corte revocó la sentencia de Cámara y -por ende- hizo lugar a la expropiación inversa. Confirmó en este aspecto el pronunciamiento de primera instancia y ordenó el reenvío de las actuaciones para que se resolvieran los agravios planteados por la actora (v. fs. 823/836 vta.) y por la demandada (v. fs. 837/847) acerca de la indemnización fijada por el magistrado de origen (v. fs. 964/981).
I.3. La Fiscalía de Estado interpuso el recurso extraordinario federal, que no le fue admitido en esta Sede (v. fs. 1.016/1.018 vta.); su queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación también fue desestimada (v. fs. 1.216).
I.4. Remitidos los autos al Tribunal de Alzada, con nueva integración y en cumplimiento de la sentencia de esta Corte (v. fs. 964/981). aquel dictó una medida para mejor proveer, a petición de la actora, y ordenó a los peritos intervinientes la presentación en el perentorio plazo de veinte días de la tasación de los rubros reclamados a valores actuales. Suspendió el llamamiento de autos (v. fs. 1.029 y vta.; 1.030).
Producidos los correspondientes informes periciales y observaciones, se reanudó el plazo para dictar sentencia, por lo que la Cámara procedió a revisar el pronunciamiento de primera instancia obrante a fs. 778/806 vta. respecto de los rubros indemnizatorios allí fijados.
Para así decidir tuvo en cuenta que:
a) la fecha de desposesión correspondía a la de la publicación de la ley 12.923, acaecida el día 23 de agosto de 2002;
b) la empresa se había concursado al momento en que había sido ocupada por los empleados y que de ese proceso se desprendía la difícil situación financiera y comercial en la que se encontraba;
c) el informe contable, obrante a fs. 577/587, se había realizado sobre hipótesis conservadoras, ya que los libros contables estaban en posesión de los trabajadores y, además, era poco coincidente con el informe general elaborado por el Síndico concursal (v. fs. 1.174 vta. y 1.175);
d) habiendo transcurrido casi catorce (14) años desde la sanción de la primera de las leyes expropiatorias dispuso promediar los valores informados por los expertos, al entender que con ello se conciliaba con mayor equidad el sistema previsto en el art. 8 de la ley 5.708 con el art. 17 de la Constitución nacional, lo que reflejaba en mejor medida el valor patrimonial de lo expropiado (v. fs. 1.175 vta.).
Así determinó:
a) la indemnización, en la suma total de $50.620.000,10; de los cuales $5.609.511,07 correspondían al valor de la tierra libre de mejoras, $34.060.407,70 a las edificaciones, $10.620.000,10 a las máquinas e instalaciones y $506.000 a la marca, para la que consideró la cuantía determinada en primera instancia, los valores anteriormente fijados y el uso prudencial de la facultad que le otorgaba el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 1.175 vta. y 1.176);
b) la tasa de interés, en la que pagaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (pasiva), desde la fecha de la desposesión (23-VIII-2002, fecha de la ley 12.923) hasta el 18 de agosto de 2008 y, a partir del 19 de agosto de 2008 y hasta su efectivo pago, la denominada "Tasa pasiva-Plazo fijo digital a 30 días" (fs. 1.176 vta.).
II. Se agravia la recurrente denunciando la violación de los arts. 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 y 35 de la ley 5.708; 17 de la Constitución nacional y 31 de su par provincial; de la doctrina legal.
Despliega sus argumentos con sustento en el absurdo que encuentra configurado en el pronunciamiento de la Cámara de la siguiente manera:
a) se arribó a una conclusión errónea, sobre la base de los arts. 8, 9, 12 y 35 de la ley 5.708 y 2.511 del Código Civil, al tener en cuenta que la indemnización debió haber sido previa y que el despojo se había producido hacía catorce años (v. fs. 1.188/1.189);
b) se ha violado el art. 8 de la ley 5.708, pues para los intereses consideró la fecha de la desposesión -en el caso la fecha de publicación de la ley 12.923- y no así para fijar el capital (v. fs. 1.189 vta.);
c) la sentencia es arbitraria porque si la indemnización se hubiera pagado previamente no habría habido juicio, destacando que de ese concepto errado surge el absurdo de sostener que existe mora en el pago de la indemnización; el previo pago es el que se hace efectivo a la transmisión de la propiedad al expropiante (v. fs. 1.190 y vta.);
d) la fijación del valor a la fecha de la desposesión integra el valor objetivo según la ley 5.708; ese valor es un concepto jurídico y no un precio y ese régimen legal establece un sistema integrado por los arts. 8, 9, 10, 13 y 35, que no pueden separarse en su aplicación ni dar prioridad a uno sobre otro y alejan el valor objetivo del valor de mercado (v. fs. 1.190 vta. y 1.191);
e) es una falacia considerar que los valores de los inmuebles siempre aumentan y es desacertado sostener que la Constitución y los fallos de la Corte nacional manden a tasar el valor actual del bien (v. fs. 1.191 vta.);
f) el sistema de la ley 5.708 no viola el art. 17 de la Constitución nacional, pues si el pago no es previo los intereses integran la ecuación económica; estos nunca pueden ser inferiores a la tasa pasiva bancaria y deben correr desde la desposesión porque son compensatorios y no moratorios (v. fs. 1.191 vta. y 1.192);
g) no puede no aplicarse el art. 8 de la ley 5.708 sin declararlo inconstitucional y el concepto de indemnización justa basado en que debe ser actual e íntegra computa la desvalorización monetaria, como así lo ha receptado la Corte nacional en las causas "Fiscalía c/ Asociación Comunidad Israelita Latina" y "Administración General de Obras Sanitarias de la Nación c/ Ernesto M. Tornquist y Bernal y otros" (v. fs. 1.192 y 1.193 vta.);
h) existe una contradicción de fondo, porque si los intereses están pensados para paliar la privación de uso al fijarse el valor de la tierra a la época de la desposesión la fijación de valor a fecha actual cumple igual función, superponiéndose las reparaciones y configurando una doble indemnización por el mismo concepto, lo que pone en evidencia un concreto desvío de la lógica, legitimando un enriquecimiento ilícito (v. fs. 1.192/1.194); y
i) en la causa "Chaco Provincia del c/ Confederación General del Trabajo de la República Argentina s/Expropiación" de la Corte federal se ha reafirmado el criterio de que los valores se determinan a la fecha de la desposesión como lo hizo en el caso "Nicchi", y alega que el valor actual es impracticable porque a merced de los tiempos judiciales quedaría desactualizado y habría que fijarlo en cada instancia, para luego referirse a la causa "Rodríguez de Cayado, María Lidia c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ expropiación inversa", donde el Alto Tribunal expuso con claridad el desacierto del pronunciamiento que desatendía la manda del derecho vigente en la materia (v. fs. 1.193 vta./1.197).
Seguidamente ataca el sistema de promedios de los valores indemnizatorios informados en las pericias por entender que es desacertado y contrario a la sana crítica, con los siguientes argumentos:
a) no se han sopesado las virtudes y deméritos de los dictámenes (v. fs. 1.195 y vta.);
b) se han promediado los valores sin ningún criterio lógico, generando un resultado subjetivo (v. fs. 1.195 vta. y 1.196) y
c) la pericia del ingeniero González y la del arquitecto Frizzotti informan una cuantificación exagerada del valor del bien con severos errores metodológicos, como es la duplicación por superposición de elementos de valuación (v. fs. 1.195 vta. y 1.196).
Por último, señala el absurdo en la determinación del valor de la marca comercial, pues si bien la fundamentación del fallo se encaminaba al rechazo del rubro por la falta de base científica de los dictámenes de los peritos contadores Barreneche y Sartori, sorpresivamente receptó ese valor y además lo incrementó (v. fs. 1.196 vta. y 1.197).
III. El recurso prospera parcialmente con el siguiente alcance.
III.1. El recurrente se agravia, en principio, de la indemnización determinada y del interés que se fijó.
III.1.a. Con relación al agravio planteado por el recurrente en torno a la violación del art. 8 de la ley 5.708 por haberse fijado en las instancias anteriores el monto indemnizatorio en un momento distinto al de la desposesión, entiendo que no puede prosperar, pues en su impugnación no atiende a los fundamentos que motivan el fallo en crisis (conf. doctr. art. 279, CPCC).
En consideración al valor expropiatorio, esta Corte ha fijado su doctrina en la causa C. 101.107, "Arbizu" (sent. de 23-III-2010), de aplicación al presente caso.
Allí se estableció que "?los principios básicos a los que debe ajustarse la expropiación, en cuanto a la determinación del 'valor tierra', provienen directamente de la Constitución nacional, debiéndose respetarse esencialmente su letra y sus principios". También que "?la mora en el pago en que incurre el Estado, al no cumplir la exigencia constitucional de que la indemnización debe ser previa al acto expropiatorio, en modo alguno puede beneficiar al expropiante moroso que dejó de cumplir su fundamental deber".
Entonces se adujo que "?debe ponderarse que la determinación de la indemnización a la época de la desposesión generaría, según una interpretación estricta del art. 8 de la ley 5.708, un trato desigual con aquellos casos de expropiación directa en los que el Fisco no requiere la posesión de la cosa a expropiar, lo que torna imposible referir a valores de una desposesión inexistente, y obliga a que tales valores se fijen a un momento temporal más cercano al fallo definitivo (fecha de las pericias o la de la sentencia misma; arts. 16, Const. nac.; 11, Const. prov.)".
Asimismo, esta Corte ha establecido que la indemnización debe ser justa, es decir, no puede ser fuente de enriquecimiento para el expropiado ni puede disminuir tampoco su patrimonio y constituye, en el concepto constitucional y en el de la normativa legal específica, un valor equivalente al que en economía se designa como "valor de cambio", puesto que la indemnización reemplaza a la cosa en el patrimonio expropiado. El Estado cancela su deuda solamente cuando paga una suma de dinero cuyo valor real y adquisitivo equivale, en ese momento, al valor del bien, con lo cual la obligación del expropiante no consiste en dar una cantidad de moneda sino en reparar un valor patrimonial (causas C. 101.107, cit. y C. 98.321, "Larrosa", sent. de 5-X-2011).
También se dejó sentado, en el precedente de mención, que si en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el monto indemnizatorio, tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia, y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente (art. 165, CPCC), con mayor razón en los procesos de expropiación donde la indemnización es de fuente constitucional "directa" el magistrado se encuentra habilitado para fijar la cuantía de lo debido al momento de sentenciar (arts. 31, Const. prov.; 16 y 2.511, Cód. Civ. y 8 y 35, ley 5.708; causas C. 101.107, cit. y C. 116.139, sent. de 21-II-2018).
Cabe destacar que estos lineamientos fueron confirmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -al desestimar el recurso federal planteado- mediante sentencia de 23-II-2012, dictada en los autos referidos (in re A.574.XLVII "Arbizu, Víctor Esteban y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/expropiación inversa").
En consecuencia, por los fundamentos expuestos en las causas C. 101.107, "Arbizu", citada; C. 100.908, "Ormaechea" (sent. de 14-VII-2010); C. 98.321, "Larrosa" (sent. de 5-X-2011) y C. 99.285, "Peralta Ramos" (sent. de 17-IV-2013), entre muchos otros y a cuyos argumentos remito en honor a la brevedad, corresponde proceder al rechazo del agravio deducido.
III.1.b. Ahora bien, con relación al cuestionamiento desarrollado en torno a la fijación de accesorios sobre el precio actual, recuerdo que esta Corte en la causa C. 102.963, "Sabalette" (sent. de 7-IX-2016, y su aclaratoria de 28-IX-2016), resolvió, por mayoría, que los intereses en las expropiaciones serían calculados sobre el capital indemnizatorio, determinado a la fecha de la desposesión, con la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde ese momento -desposesión- y hasta el efectivo pago.
Sin embargo, con posterioridad, una nueva mayoría de este Tribunal reeditó la cuestión e impuso una fórmula diferente para calcular los intereses en las expropiaciones. Las causas A. 74.634, "Loggia" y A. 73.677, "Álvarez", así lo reflejan.
La solución allí establecida resulta análoga a la que, en materias ajenas a la acción expropiatoria, ha resuelto esta Corte desde el dictado de las causas C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera", una postura que hoy se encuentra plenamente consolidada (v.gr. causas C. 123.090, "Paredes", sent. de 18-IX-2020; C. 123.367, "Sandobal", sent. de 21-X-2020; C. 123.334, "González", sent. de 4-XI-2020; C. 122.451, "Goyena", sent. de 12-XI-2020; e.o.), reiterada en la causa A. 74.043, "Fisco", sentencia de 5-III-2023 y a la cual me he plegado en diversas actuaciones (conf. mis votos en causas C. 122.661, "M., J. L.", sent. de 10-VI-2022; C. 123.476, "Monch"; sent. de 29-XII-2021; e.o.).
Así, con base en la doctrina legal vigente y en función de los derechos constitucionales implicados, he propiciado -a través de una nueva reflexión conforme mi voto en la causa A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024)- que dicha solución también se extienda a las expropiaciones, pues resulta superadora de lo decidido en la causa "Sabalette".
Además, entiendo que en supuestos como en el presente, en los que se han ponderado valores actuales para determinar la cuantificación de la indemnización expropiatoria, razones de seguridad jurídica y economía procesal que aseguren una tutela judicial efectiva así lo aconsejan (conf. arts. 15, Const. prov. y 31 bis, ley 5.827).
Por todo lo expuesto, he de acompañar la posición mayoritaria adoptada en las causas "Loggia" y "Álvarez", de modo que, cuando el monto indemnizatorio fuera estimado en valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito (cuando se fije en un momento distinto al de la desposesión y más cercano a la sentencia, tal como sucede en este caso), los intereses devengados se calcularán sobre dicho monto pero a una tasa diferenciada: una tasa pura del 6% desde el momento de la desposesión y hasta la fijación del valor "actual" del bien expropiado y, de allí en adelante, la tasa de interés pasiva más alta establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009); C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) y B. 64.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016; entre muchas otras).
III.2. Se agravia también la recurrente denunciando absurdo en el pronunciamiento porque se promediaron los valores informados por los peritos en cumplimiento de la medida para mejor proveer ordenada, achacándole a la Cámara la falta de análisis minucioso ante la disparidad de los valores informados (v. fs. 1.195/1.196 vta.).
Esta Corte tiene dicho que cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias -valoración de prueba pericial, testimonial o documental- es imprescindible demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador resulta irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa (conf. doctr. causas Ac. 91.554, "S., D. V. y o.", sent. de 29-III-2006 y C. 100.812, "Hidalgo", sent. de 2-III-2011).
Encuentro que en esta cuestión le asiste razón a la recurrente.
Al dictarse la medida para mejor proveer se les requirió a los expertos que ya habían intervenido que informaran los valores de la tierra libre de mejoras, de las construcciones y de las maquinarias e instalaciones a la fecha del requerimiento, es decir febrero de 2016.
En cumplimiento de ello presentaron sus informes los siguientes peritos: ingeniero mecánico Jorge Fernando Garry (v. fs. 1.044, por la demandada), arquitecto Guillermo Enrique Maggi (v. fs. 1.045/1.046; por la demandada), arquitecto Damián Omar Frizzotti (v. fs. 1.063/1.065 vta.; por la actora), ingeniero civil Joaquín Norberto González (v. fs. 1.066/1.073; perito tercero), ingeniero en construcciones Eliseo Noé Pablo Bona (v. fs. 1.105/1.116 vta.; 1.117; por la actora).
La actora y la demandada presentaron sus observaciones a las pericias (v. fs. 1.123/1.125; 1.126/1.131). La primera de ellas apoyó los valores en dólares estadounidenses informados por los expertos por ella propuestos en razón del uso de esa moneda en el mercado inmobiliario; su contraria, en cambio, alegó que no se había tenido en cuenta que se trataba de una empresa en situación de quiebra, impugnando los informes del perito tercero, ingeniero González y del arquitecto Frizzotti, propuesto por la actora, ya que consideraban más adecuados los valores determinados por sus expertos, arquitecto Maggi e ingeniero mecánico Garry.
Luego la Cámara, al tener que establecer los montos indemnizatorios, dijo: "En definitiva y sobre la base de los lineamientos expuestos en lo que precede, corresponde analizar los valores que informan los expertos intervinientes en autos, valores que al presentar una aceptable oscilación entre los máximos y mínimos que ha sufrido el mercado inmobiliario donde se encuentra emplazada la fábrica (v. fs. 1066 y vta., fs. 1052/1067 y fs. 1095/1117), en la medida que todos los expertos -en mayor o menor medida- han
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