Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 59987
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 59.987, "Civale, Antonio Francisco y otros c/Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Maidana.
Antonio Francisco Civale, Alfredo Daniel Ferrini, Eduardo León Nejamkin y Héctor Miguel Martí, por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa ante esta Suprema Corte contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Pretenden la anulación de la resolución dictada por dicho órgano el 28 de octubre de 1998, que los declaró responsables patrimoniales en forma solidaria como funcionarios del Hospital "Ramón Santamarina", de la Municipalidad de Tandil, formulándoles un cargo deudor por la multa aplicada a la referida comuna por el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA), cuya suma fuera retenida a aquella de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial.
Los señores Ferrini y Civale hacen extensiva la impugnación a la resolución de fecha 11 de marzo de 2004. Ambas fueron dictadas en el expediente 065/95, correspondiente a la rendición de cuentas de la Municipalidad de Tandil, ejercicio del año 1995.
Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado. Sostiene la legitimidad de las resoluciones del Tribunal de Cuentas y solicita el rechazo de la demanda promovida. Ofrece como prueba únicamente el expediente administrativo 4110-4927/94, que se encuentra agregado a la causa, en original y sin acumular.
Producida la prueba ofrecida en la demanda, se pusieron las actuaciones a disposición de las partes para que efectuasen sus alegatos, haciendo uso ambas de ese derecho (v. fs. 280/284). Encontrándose entonces la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El apoderado de los demandantes solicita la anulación de la resolución de fecha 28 de octubre de 1998, por medio de la cual el Tribunal de Cuentas declaró responsables patrimoniales en forma solidaria a varias personas, incluyendo a los actores, en su carácter de funcionarios de la Municipalidad de Tandil y del Hospital "Ramón Santamarina". Especifica que a consecuencia de ello se les aplicó un cargo patrimonial equivalente a la suma que la comuna habría afrontado por la multa impuesta por el Instituto de Obra Médico Asistencial —retenida de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial—, como consecuencia de la remisión tardía de las declaraciones juradas del personal del hospital durante los meses de diciembre de 1993, enero y febrero de 1994, y de todas las resoluciones antecedentes del Tribunal relacionadas con la cuestión.
Plantea, además, la inconstitucionalidad del art. 14 inc. "b" de la ley 10.861 (sic), en cuanto prevé la imposición a los empleadores de una multa cuando no cumplan en plazo con el deber de enviar al IOMA la declaración jurada mensual con las nóminas de los afiliados, sus remuneraciones y los aportes y contribuciones. Entiende que resulta un incumplimiento meramente formal y subsanable.
Explica que el 7 de abril de 1994 se enviaron, desde el hospital a la sede del IOMA, las declaraciones juradas de aportes y contribuciones del personal correspondientes a los períodos 12/93, 1/94 y 2/94 y que la demora en la presentación de dicha documentación provocó la aplicación de una multa que se hizo efectiva a través de la retención de un importe de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial que hubieran correspondido al municipio.
En la ampliación de demanda, el apoderado de la actora da cuenta de la posterior resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 11 de marzo de 2004, por la que se hizo lugar parcialmente al recurso de revisión y se dejó sin efecto la responsabilidad de algunos funcionarios que originariamente habían sido sancionados en la resolución del 28 de octubre de 1998.
Extiende su impugnación a dicho acto por cuanto entiende que, como funcionarios del hospital, tanto el contador Civale como el director administrativo Ferrini enviaron en término a la Municipalidad de Tandil las declaraciones juradas de los períodos en cuestión. Plantea, entonces, que las obligaciones del nosocomio como ente descentralizado no pueden entenderse excluyentes de aquellas que les corresponden a los funcionarios de la Municipalidad. Ello así, teniendo en consideración una ley que expresamente establece que la obligación está en cabeza del municipio (se refiere al art. 14 inc. "b" de la ley 6.982 —texto según ley 10.861—).
Hace hincapié en que la ordenanza de creación del ente descentralizado Hospital "Ramón Santamarina", al asignar funciones al director administrativo, refiere exclusivamente a las cuestiones administrativas y financieras internas. Como también que, conteste con ello, el IOMA le reclama el incumplimiento al municipio y no al ente referido.
Concluye que la remisión de las declaraciones al IOMA, por parte del ente, era una práctica espontánea y no una obligación legal de los funcionarios sancionados. Además, expresa que la delegación verbal que esgrime la comuna no resulta legítima.
Interpreta que el art. 12 inc. "b" de la ley 6.982 —texto según ley 10.861— establece el deber de dicho envío para los organismos descentralizados provinciales y el art. 14 inc. "b", que las declaraciones juradas mensuales de las municipalidades deben elevarse al IOMA con las firmas del Intendente y contador municipal. Suma a ello que la Ley Orgánica de las Municipalidades, en su art. 214, establece que las relaciones de los organismos descentralizados con los poderes o reparticiones oficiales se concretarán por intermedio del Departamento Ejecutivo.
Deriva de ello que no cabe oponer el art. 2 del decreto 6.420/91, de designación de los funcionarios del hospital, ni tampoco el art. 8 de la ordenanza 5.391/91, de creación del ente descentralizado, en tanto las planillas que debieron enviarse al IOMA estuvieron a disposición de la Contaduría General de la comuna. Circunstancia a la que agrega que los funcionarios del ente desconocían que el Departamento Ejecutivo no remitía las declaraciones juradas del hospital junto con las de la propia Municipalidad.
Finalmente, sobre el punto, añade el resultado de diferentes consultas sobre la responsabilidad del caso realizadas por el contador Civale tanto al Tribunal de Cuentas como a la Asesoría General de Gobierno, con resultado coincidente con su postura.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se dejen sin efecto los actos impugnados.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado contesta la demanda y solicita su rechazo.
Indica que se cuestionan dos actos legítimos dictados por el Tribunal de Cuentas. Por un lado, la resolución del 28 de octubre de 1998, en la que el órgano declaró la responsabilidad patrimonial en forma solidaria de, entre otros, los actores, en su carácter de funcionarios del ente descentralizado Hospital "Ramón Santamarina", por el perjuicio ocasionado por la aplicación de multas por parte del IOMA, retenidas de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial a la Municipalidad de Tandil, con formulación de un cargo deudor de $40.785,61.
Por otro, la resolución del 11 de marzo de 2004, impugnada por los señores Ferrini y Civale, por la que se hizo lugar al recurso de revisión interpuesto por los señores Zanatelli, Nogues y Roa, dejándose sin efecto la responsabilidad de estos tres últimos junto con la de los señores Nejamkin y Martí. En consecuencia, entendiendo que el objeto de la pretensión ha perdido virtualidad para ellos, solicita que a su respecto se declare abstracta la cuestión.
Aduce que la obligación de la remisión al IOMA de las declaraciones juradas de aportes y contribuciones en tiempo oportuno surge del art. 14 inc. "b" de la ley 6.982 y que los funcionarios del hospital obraron de modo negligente al enviarlas en forma extemporánea, lo que motivó la aplicación de la multa.
Plantea que la presentación en el plazo estipulado corresponde legalmente a los funcionarios del hospital conforme a la ordenanza 5.391/91, que creó el ente descentralizado Hospital "Ramón Santamarina" bajo pautas de descentralización normativa y ejecutiva, contando además con un régimen de contabilidad propio, conforme al art. 209 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Explica que la estructura de funcionamiento del hospital la completa lo dispuesto por el decreto 6.420/91, convalidado por la ordenanza 5.404/91, que delimita las responsabilidades de los funcionarios de la administración del ente asignándoles la competencia específica para resolver todos los problemas que se planteen, sin tener que recurrir a la administración municipal central.
Señala que de eximirse de responsabilidad a los funcionarios se estaría alterando la naturaleza jurídica que impera en toda descentralización administrativa.
Además, marca la vinculación de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa B. 56.813, "Ferrini", sentencia de 5-IV-2000, con el presente caso.
Finalmente, se opone a la pretensión de la actora de obtener la condena en costas para la demandada.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y deja planteado el caso federal.
III. De las actuaciones 4110-4927/94 de la Municipalidad de Tandil y del Tribunal de Cuentas, agregadas —en original— sin acumular a la causa, surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión del tema en cuestión:
III.1. El 18 de mayo de 1994 el contador de la Municipalidad informó al Intendente que del IOMA se recibió el requerimiento por la falta de presentación dentro de los plazos previstos de la declaración jurada mensual de aportes y contribuciones y las liquidaciones de sueldos del personal, con totales generales correspondientes a los meses de diciembre de 1993 y enero de 1994. Dio detalle de lo retenido de la coparticipación y en concepto de multas al hospital (v. fs. 2).
A fs. 4/5 obra el pedido de IOMA de fecha 1 de marzo de 1994, dirigido al Intendente y el contador municipal, solicitando la remisión, en los términos previstos en el art. 10 incs. "b", "c" y "d" del decreto ley 9.650/80, según ley 10.861, de: "...1) declaración jurada mensual de aportes y contribuciones: 12/93 y 1/94; 2) declaración jurada mensual que contenga la nómina del total de agentes, sus remuneraciones y los aportes y contribuciones correspondientes (copia de la planilla de liquidación de sueldos, con totales generales): dic/93 y ene/94".
III.2. El 6 de junio de 1994 el Intendente y el Secretario de Gobierno de Tandil solicitaron un informe a la Presidenta del Consejo de Administración del ente descentralizado Hospital "Ramón Santamarina" sobre "...la responsabilidad que origina la retención de $31.140,12 efectuada de la Coparticipación en concepto de multas aplicadas al Ente Descentralizado por la no presentación dentro de los plazos previstos de la Declaración Jurada Mensual de Aportes y Contribuciones y las liquidaciones de sueldos del personal, a fin de determinar la responsabilidad inherente al tema" (fs. 1).
III.3. El 21 de junio de 1994 el Consejo de Administración del hospital se dirigió por escrito al director administrativo y al contador requiriendo, y así consta en el oficio, lo manifestado en forma verbal en la reunión de ese Consejo del día 7 de ese mismo mes, a saber, que se informasen antes del día 29 los motivos de la multa aplicada por IOMA (v. fs. 6).
El contador Civale contestó el requerimiento por escrito con fecha 22 de julio de 1994 (v. fs. 10).
El director del hospital y el director administrativo, con fecha 25 de julio de 1994, le hicieron saber a la Presidencia del Consejo su "...total acuerdo con lo expresado por el Contador Antonio F. Civale, en todo lo relacionado con la multa impuesta por el IOMA". Además, indicaron: "En cuanto a la inspección del personal del IOMA, y donde se nos puso en conocimiento verbalmente de la demora en el envío de las planillas, la misma tuvo lugar el día 4 de abril, coincidiendo con el feriado en nuestra ciudad, por tal razón no pudieron llevar a cabo ninguna tarea administrativa y solamente le comunicaron al Contador Antonio Civale la necesidad de enviar inmediatamente las mismas, procediéndose a la brevedad y siendo recepcionadas por el IOMA con fecha 7 de abril del corriente" (fs. 7).
III.4. Copia de nota del pedido de revisión de la multa al Presidente de IOMA, sin firma, que no fue cuestionada, con fecha 30 de junio de 1994 (v. fs. 11). Seguido, consta acta de verificación de IOMA, de marzo de 1993, junto con la presentación de las declaraciones juradas de aportes debidas de diciembre de 1993 y enero, febrero y marzo de 1994, efectuada el 7 de abril de 1994 (v. sello a fs. 13/16 vta.).
Esta documentación y las notas previas fueron enviadas por el Consejo de Administración del hospital a la Intendencia, dando inicio a un sumario administrativo al director administrativo Ferrini, teniendo en cuenta las funciones establecidas en la ordenanza de creación del ente descentralizado, en el que resultó sancionado (el 17-V-1995, exoneración por dec. 5.470; revocada por cesantía, dec. 5.743/95); y en el mismo acto fue imputado en carácter de corresponsable el contador Civale, siendo remitidas las actuaciones al Tribunal de Cuentas (v. fs. 18 y 114).
El contador Civale se dirigió al inspector sumariante el 5 de junio de 1995 y en su descargo expresó que el envío al IOMA de las declaraciones no era obligación legal del hospital. Solicitó además una consulta a la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 116/119).
III.5. La ordenanza 5.391/91, de 14 de enero de 1991, que crea el ente descentralizado Hospital "Ramón Santamarina", luce a fs. 75/81; la designación de los funcionarios del ente, mediante decreto 6.420/91, de 7 de marzo de 1991, convalidado por ordenanza 5.404/91, a fs. 82.
III.6. Imputación de responsabilidad (v. fs. 267).
Las actuaciones en el Tribunal de Cuentas se inician "...con motivo de la retención que en concepto de multa se efectuara de la coparticipación provincial a los ingresos que hubieran correspondido al Municipio de Tandil, en el mes de mayo de 1994, motivada por el retardo en el envío de declaraciones juradas de sueldos, aportes y contribuciones pertenecientes al Hospital Municipal Dr Ramón Santamarina de Tandil, hecho que se constatara por el IOMA y provocara la aludida quita. La actuación del IOMA se encuadra en las prescripciones de la Ley 10861 que en sus artículos 10, 11 y 12 autoriza a aplicar la sanción en forma automática cuando no se remitiera en término la citada documental" (fs. 263).
III.7. Efectuados los descargos, con fecha 28 de octubre de 1998 el Tribunal de Cuentas resolvió declarar la responsabilidad patrimonial del Intendente municipal de Tandil, Julio José Zanatelli; el contador, Francisco Jorge Nogués; el director administrativo del Hospital "Ramón Santamarina", Alfredo Daniel Ferrini; el contador de dicho nosocomio, Antonio Francisco Civale; y los miembros del Consejo de Administración, Eduardo León Nejamkin, Miguel Angel Roa y Héctor Miguel Martí, por el perjuicio ocasionado por la aplicación de multas por parte del IOMA, retenidas de la coparticipación provincial, formulándoles cargo de $40.785,61, por el que deberían responder solidariamente (v. resol., fs. 390/394).
III.8. Luego de los recursos presentados, con fecha 11 de marzo de 2004 el Tribunal dejó sin efecto la responsabilidad solidaria del Intendente, el contador municipal y los miembros del Consejo por considerar que el decreto 6.420/91, convalidado por ordenanza 5.404/91, que delimita expresamente la responsabilidad de los funcionarios de la administración del hospital, no fue tenido en cuenta en el dictado del auto de imputación y el consecuente acto decisorio (v. fs. 423/424).
IV. Tal como se desprende de lo previamente expuesto, la resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 11 de marzo de 2004, mediante la cual se hizo lugar parcialmente al recurso de revisión interpuesto y —en cuanto aquí interesa— se dejó sin efecto la responsabilidad los señores Eduardo León Nejamkin y Héctor Miguel Martí, importa la desaparición de la contienda con relación a estos últimos, lo que así ha de declararse.
Es doctrina de esta Corte que un asunto a resolver se torna abstracto cuando la pretensión formulada por el actor en el escrito inicial se ha satisfecho plenamente por fuera del proceso y, por lo tanto, ya no existe posibilidad de que una decisión judicial tenga algún efecto práctico sobre los hechos del caso, por cuanto cualquier pronunciamiento resultaría teórico o inoficioso al tiempo que impropio de la función judicial (conf. doctr. causas B. 65.437, "López", sent. de 9-XII-2009; B. 63.493, "Tonelli", sent. de 27-VIII-2008; B. 60.871, "Muguerza", sent. de 29-VI-2011; B. 58.475, "Petrini", sent. de 16-IV-2014; B. 61.873, "Ramírez", sent. de 9-IX-2015; B. 66.638, "Usina Popular y Municipal de Tandil SEM", sent. de 4-V-2016; B. 63.382, "Depaoli", sent. de 16-VIII-2017; B. 64.489, "Gianettasio", sent. de 13-X-2021; e.o.).
V. Sentado lo anterior, detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde analizar si la imposición del cargo pecuniario por parte del Tribunal de Cuentas a los señores Alfredo Daniel Ferrini y Antonio Francisco Civale, por su actuación como director administrativo y contador, respectivamente, del ente descentralizado Hospital "Ramón Santamarina" de Tandil, se ajusta a derecho.
V.1. Vale recordar que al Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, le compete examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos (conf. art. 159 inc. 1, Const. prov.).
Por su parte, la ley 10.869, que regula la actividad de ese Tribunal, lo faculta para que —luego del estudio de las rendiciones de cuentas realizado según el procedimiento previsto— aplique las sanciones de llamado de atención, amonestaciones, multas o cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio (conf. art. 16, ley cit.).
A su vez, la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58 y sus modif.), en el Capítulo IX, regula la responsabilidad de los funcionarios municipales. Establece el principio de responsabilidad por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos (art. 241). Detalla los distintos tipos de responsabilidad: política, civil, penal y administrativa (art. 242). Y con respecto a esta última, el mismo artículo establece que la determinación y graduación en su alcance será realizada por el Tribunal de Cuentas en lo concerniente a la actividad económica financiera de los municipios y a la preservación de sus patrimonios.
Luego, el art. 243 de dicha ley indica que el Tribunal de Cuentas impondrá a los funcionarios alcanzados por el fallo las sanciones de cargos pecuniarios, multas, llamado de atención, amonestaciones e inhabilitación para el desempeño de funciones municipales.
V.2. Las normas vigentes para la Municipalidad de Tandil, en lo que al caso interesa destacar, eran las siguientes:
V.2.a. La ordenanza 5.391/91, que creó el ente descentralizado Hospital "Ramón Santamarina", bajo pautas de descentralización normativa y ejecutiva, y su estatuto de funcionamiento (v. fs. 75/81).
En el art. 8 aquella establece las funciones del director del hospital y del director administr
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