Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 68584
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 68.584, "Domínguez, José E. y otros contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad ley 11.761. Tercero: Caja Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
I. José Eduardo Domínguez, Julio César Rossi, Hugo José Iriarte, Alberto Scaricabarozzi, Félix Juan Scaricabarozzi, Carlos Alberto Baslet, Daniel Winniczek, Norberto Ángel Gagliano, Ernesto Mario Bertelli, Juan Carlos Hiriburu, Juan Alberto Araldo, Susana Aída Figueras de Mangone, Graciela María Olivera de Caracciolo, Hildo Ítalo Saraceni, Marta Margarita Blanco de Staroba, Homero Fernando de la Iglesia, Hugo Víctor Alcaraz, Eduardo Pandelo, Elena Beatriz Pittella de Pandelo, Mario Brunello y Pedro Carlos Vicente Gasparro, por apoderado, promueven la acción prevista en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 22 segundo párrafo, 25, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761 y 21 inc. "d", 22 in fine , 54 in fine y 67 de la ley 13.364, por considerarlos violatorios de los arts. 1, 10, 31, 39 inc. 3, 40 y 45 de la Constitución provincial; 14, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 6, 17 inc. 2, 22 y 23 inc. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 incs. 2 a 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, reclaman que se les otorgue una indemnización por los daños y perjuicios que la aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad demandan les haya irrogado, en la medida en que importe una disminución de sus haberes previsionales.
De tal modo, solicitan que se les abone la diferencia entre lo que efectivamente percibieron en concepto de beneficio previsional y lo que deberían haber cobrado en virtud de la aplicación de la ley 5.678 (en cuyo marco, según dicen, adquirieron y consolidaron sus derechos), desde la fecha de vigencia de la ley 11.761, con más intereses, costos y costas.
Ofrecen prueba y formulan reserva del caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos el señor Asesor General de Gobierno.
II.1. Con pie en lo dispuesto en el art. 3.962 del Código Civil —ley 340—, opone excepción de prescripción respecto a la pretensión de reajuste de haberes formulada en la demanda.
II.2. En cuanto al fondo del asunto, destaca que, a la fecha de iniciarse la presente demanda, la ley 11.761 ya había sido derogada por la ley 13.364, cuya vigencia se encontraba suspendida por una medida cautelar dictada en el conflicto de poderes sustanciado en la causa B. 68.331.
II.3. Pone de resalto la situación deficitaria de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Afirma que la ley 11.761 constituye una regular producción jurídica legislativa tendiente a afrontar una situación estructural que hacía inviable el mantenimiento de un régimen que hubiera conducido a la Caja a la quiebra y a la desaparición del patrimonio de la entidad perteneciente a los afiliados. Para eso, aporta datos concretos acerca de la ratio de activos-pasivos, la baja edad jubilatoria, la dispersión entre categorías escalafonarias, la falta de proporción entre aportes y beneficios, entre otras cosas.
II.4. Niega que por el simple hecho de que las leyes cuestionadas modifiquen el modo de determinar el quantum del beneficio obtenido bajo la vigencia de la ley 5.678, pueda extraerse su inconstitucionalidad.
En este sentido, afirma que la cuantía de los haberes no integra la garantía de movilidad, toda vez que puede ser limitada en la medida en que intereses superiores así lo requieran y en tanto la diferencia no resulte confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada. Entiende que la reducción de los haberes de los actores por la modificación del régimen en ningún caso alcanzó una merma superior al 33%.
II.5. Defiende la constitucionalidad de las disposiciones atacadas, explayándose acerca de la validez del tope salarial sujeto a aportes (art. 22), la fórmula para calcular la "asignación incentivada" para la determinación del haber pasivo (art. 55) y la modalidad de incorporación de adicionales y componentes no remunerativos (art. 56).
II.6. Con fundamento en la falta de demostración de la "confiscatoriedad" que producen, sostiene que los arts. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y 21 inc. "d" de la ley 13.364 (aporte personal a cargo del beneficiario), resultan válidos constitucionalmente.
II.7. Finalmente, con relación a los preceptos contenidos en los arts. 54 y 67 de la ley 11.761 y las disposiciones similares de la ley 13.364 (la forma de calcular el haber inicial de sustitución), hace notar su inaplicabilidad a casi la totalidad de los actores, toda vez que obtuvieron su estatus jubilatorio bajo la vigencia de la ley 5.678. De modo tal que las normas cuestionadas no les causan agravio.
II.8. Ofrece prueba y solicita la citación en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires y formula reserva del caso federal.
III. Por resolución de 12 de diciembre de 2007, este Tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por los demandantes en su presentación de fs. 131 (v. fs. 135/138).
IV. A fs. 139/154 la parte actora denuncia y acredita, como hechos nuevos, la resolución 74/07 de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires; el acuerdo celebrado el 12 de octubre de 2004 entre el Estado nacional y la Provincia de Buenos Aires a efectos del financiamiento del déficit de la aludida Caja; y el acuerdo salarial suscripto el 28 de marzo de 2008, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y sus agentes.
Asimismo, manifiesta que en atención a lo prescripto en el art. 78 de la ley 11.761, limita su pretensión resarcitoria a los dos últimos años anteriores a la demanda (v. fs. 154 vta. in fine y 205).
V. La Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires contesta la citación.
Sugiere que la presente acción fue instada fuera del plazo establecido en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, además de que ella resulta improcedente. Consecuentemente, solicita su rechazo, con costas.
A todo evento, diferencia la situación particular de los actores Alberto Scaricabarozzi, Daniel Winniczek y Hugo Víctor Alcaraz del resto de los demandantes. Apunta que a los dos primeros se les otorgó la jubilación ordinaria a partir de los días 11 y 21 de junio de 1997, respectivamente; y que el tercero obtuvo su pensión el día 6 de mayo de 2001. Destaca que, en los tres casos, el beneficio previsional fue concedido ya durante la vigencia de la ley 11.761, por lo que su situación no calza estrictamente en los términos de la demanda.
VI. Contestado por las partes el traslado (v. fs. 206 y 207/208), mediante resolución de 30 de septiembre de 2009, esta Suprema Corte decidió admitir como hechos nuevos los denunciados por la parte actora y agregar los documentos acompañados (v. fs. 210).
VII. El Tribunal fue haciendo lugar a las medidas cautelares solicitadas y ordenó que, hasta tanto se dictara sentencia en este juicio, la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires se abstuviera de modificar la situación previsional de los actores, lo que implicaba que en lo sucesivo debían liquidarse sus haberes conforme las pautas de la ley vigente a la fecha de su jubilación (v. fs. 235/239 —Eduardo Pandelo y Mario Brunello—; 284/288 —Julio César Rossi y José Eduardo Domínguez—; 327/331 —Ernesto Mario Bertelli—; 345/349 —Hugo Víctor Alcaraz—; y por incidente de medida cautelar se concedió a los coactores Susana Aída Figueras, Homero Fernando de la Iglesia, Hildo Ítalo Saraceni, Elena Beatriz Pittella de Pandelo, Hugo José Iriarte, Graciela María Olivera, Alberto Scaricabarozzi, Carlos Alberto Baslet, Pedro Carlos Vicente Gasparro [v. fs. 28/32, inc. med. caut.] y Norberto Ángel Gagliano [v. fs. 51/55, inc. med. caut.]).
VIII. Producida la prueba ofrecida, glosado el alegato presentado por la parte actora (v. fs. 468/480), declarado perdido para la parte demandada y la citada en carácter de tercero el derecho de alegar sobre el mérito de la prueba y oído el señor Procurador General, se dictó autos para sentencia (v. fs. 498).
IX. Mediante presentación de fecha 6 de agosto de 2018, los actores y la Caja citada en carácter de tercero denuncian el acuerdo arribado en la causa I. 71.345, "Aroza, José María y otros c/ Provincia de Buenos aires s/ inconstitucionalidad leyes 11.761 y 13.364". Solicitan que se haga extensivo a la presente causa y, con él, se tengan por concluidas estas actuaciones (v. fs. 500 y 502/504).
X. Por resolución de 24 de octubre de 2018, este Tribunal homologó el acuerdo al que arribaron las partes —agregado a fs. 502/503 vta.— y aprobó las liquidaciones que se practicaron de las sumas que, en concepto de capital e intereses, se adeudaban a cada uno de los actores: José Eduardo Domínguez Molet, Homero Fernando de la Iglesia, Eduardo Pandelo, Juan Alberto Araldo, Hildo Ítalo Saraceni, Julio César Rossi, Hugo Víctor Alcaraz, Pedro Carlos Vicente Gasparro, Susana Aída Figueras de Mangone, Mario Brunello, Ernesto Mario Bertelli, Norberto Ángel Gagliano, Carlos Alberto Baslet, Félix Juan Scaricabarozzi, Hugo José Iriarte, Juan Carlos Hiriburu, Elena Pittella de Pandelo, Graciela Olivera de Caracciolo y Blanca Margarita Blanco de Staroba (v. fs. 509/513).
XI. El 22 de junio de 2023 se presenta el actor Winniczek, con patrocinio letrado, recordando que: "En el presente juicio se reclama por la vigencia de la ley 5.678, luego sustituida por la ley 11.322, que rigió el derecho previsional de los beneficiarios de la Caja...".
Reconoce que, al momento de su jubilación, el día 21 de junio de 1997, regía la ley 11.761. Pero se agravia de que esta ley alteró sustancialmente sus "derechos previsionales mantenidos durante casi toda [su] vida laboral activa, respecto de la cual se planteó la inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. 'e'; 22, 2do. párrafo; 25, 55, 56, 2do. párrafo; 57 y 67".
Afirma que con la sanción de la ley 13.364 resultó derogado el régimen de la ley 11.761 por lo que, según asevera, debe aplicarse al cálculo de su prestación previsional y movilidad la norma más favorable tomando en cuenta, en especial, las disposiciones de los arts. 54 y 57 de la ley 13.364 (modif. por ley 13.873), derogada más tarde por la ley 15.008. Y que se le abonen las diferencias adeudadas por la incorrecta liquidación de su haber jubilatorio y los aumentos paritarios reconocidos a los activos, con más intereses.
Pide también que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 41 de la ley 15.008.
XII. Corrido traslado a la Caja, ella manifiesta que el coactor Winniczek no se encuentra alcanzado por el acuerdo arribado en la causa "Aroza", en razón de ser la ley 11.761 la normativa vigente al momento de su cese (v. presentación de 27-VII-2023).
XIII. En atención a todo lo expuesto, el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Primeramente, es preciso destacar que la presente causa llega a sentencia —únicamente— a efectos de resolver acerca de la situación de los coactores Alberto Scaricabarozzi, Daniel Winniczek y Hugo Víctor Alcaraz, quienes no fueron alcanzados por el acuerdo "Aroza" homologado por este Tribunal a través de la resolución de 24 de octubre de 2018 (v. fs. 509/513 y proveídos de fecha 16-VIII-2023 y 17-VI-2025).
I.1. En este punto resulta imprescindible aclarar que el señor Alcaraz inició demanda en su doble condición de jubilado (v. recibo de haberes —jubilación ordinaria bajo el número de afiliado 8.597— a fs. 33) y pensionado (v. recibo de haberes afiliado n° 13.691/3 —fs. 38—).
De acuerdo con la prueba producida en autos, se acreditó que obtuvo el beneficio de jubilación ordinaria a partir del día 11 de febrero de 1980 (v. fs. 417) y la pensión derivada del fallecimiento de la señora Elsa María Miguez de Alcaraz desde el día 6 de mayo de 2001 (v. fs. 37/38). De tal modo, fue incluido en el acuerdo "Aroza" homologado por este Tribunal en virtud del reclamo efectuado con relación al beneficio jubilatorio (v. fs. 509/513 —en particular fs. 512 en la que consta que la suma a percibir en concepto de diferencias salariales fue liquidada en $445.207,45— y liquidación acompañada por la Caja en su presentación de fecha 9-X-2018 que indica que las sumas se originan en diferencias de haberes jubilatorios del afiliado n° 8.597).
En consecuencia, resta decidir su pretensión vinculada al beneficio de pensión que percibe desde el año 2001.
I.2. Con relación al coactor Winniczek, cabe subrayar que al responder el traslado que se le confirió de la presentación que aquel efectuó el día 22 de junio de 2023, la Caja manifestó que no fue incluido en el aludido acuerdo en razón de ser la ley 11.761 la normativa vigente al momento de su cese (B.O. de 6-II-1996; v. presentación de 27-VIII-2023).
I.3. Esta circunstancia también había sido señalada en oportunidad de contestar la citación en carácter de tercero (v. fs. 189), en la que dicha entidad distinguió la situación de los señores Scaricabarozzi, Winniczek y Alcaraz de la del resto de los actores, al señalar que se les habían reconocido beneficios previsionales durante la vigencia de la ley 11.761. Los actores Scaricabarozzi y Winniczek habían obtenido la jubilación ordinaria a partir de los días 11 y 21 de junio de 1997, respectivamente; y Alcaraz, el beneficio de pensión a partir del día 6 de mayo de 2001 (v. fs. 188/201).
Esta condición no ha sido refutada por los interesados. Es más, el señor Winniczek, en su presentación de fs. 562/567, reconoció expresamente encontrarse en tal situación.
I.4. De tal modo, no es un hecho controvertido que, a diferencia del resto de los demandantes que suscribieron el acuerdo "Aroza" por haber adquirido el estatus jubilatorio al amparo de la ley 5.678, los coactores Scaricabarozzi, Winniczek y Alcaraz obtuvieron los beneficios previsionales bajo el régimen de la ley 11.761.
Es en vista de tales circunstancias particulares que deben ser analizadas y resueltas las pretensiones formuladas.
II. Previo a ello, cabe subrayar que, en razón de la situación previsional detallada ( i.e., el hecho de haber obtenido sus respectivos beneficios en vigencia de la ley 11.761), de acuerdo a los términos en que fue dictada la medida cautelar para los coactores Scaricabarozzi y Alcaraz (v. fs. 345/349 y 28/32, inc. med. caut.), tales decisiones preventivas no han tenido virtualidad a los efectos de modificar las sumas percibidas en concepto de haberes jubilatorios y pensionarios, respectivamente.
III. Para comenzar, corresponde el abordaje de las objeciones relacionadas con la admisibilidad de la acción.
III.1. Hay un planteo efectuado por el señor Asesor General de Gobierno, tendiente a que se declare la falta de legitimación activa. En este sentido, argumenta acerca de la inexistencia de un perjuicio concreto o de algún tipo de afectación individual a los intereses o derechos de los actores.
En cuanto a esto, debo decir simplemente que la cuestión debatida en autos resulta sustancialmente análoga a la que fuera motivo de tratamiento en las causas I. 1.985, "Gaspes", sentencia de 26-V-2005; I. 1.917, "Almeida", sentencia de 7-II-2007; I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009; entre muchas otras.
En aquellos precedentes se dijo que, a la luz de lo establecido por el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y su doctrina, los actores logran acreditar —por su condición de jubilados— encontrarse en la esfera aplicativa de las disposiciones censuradas y que en modo cierto e inminente estas proyectan sus efectos sobre su situación subjetiva. Tal estado de cosas los califica de "parte interesada" para deducir la demanda originaria de inconstitucionalidad.
Por ende, la objeción no puede ser acogida.
III.2. Con relación al obstáculo alzado por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundado en la supuesta extemporaneidad de la demanda originaria por resultarle aplicable el plazo de caducidad (art. 684, CPCC), cabe para su rechazo remitirse a lo resuelto en la causa I. 72.366, "Poy", resolución de 25-X-2017, de análoga configuración a la presente en este aspecto puntual de la controversia, sin perjuicio de las reglas que —de manera prospectiva— allí se sentaron (doctr. art. 685, CPCC).
IV. Allanado el camino, se está en condiciones de analizar el mérito de lo pretendido.
IV.1. El objeto de la demanda, tal como fuere originalmente promovida por el litisconsorcio —del cual hoy quedan únicamente los nombrados—, consistía en la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 22 segundo párrafo, 25, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761 y 21 inc. "d", 22 in fine , 54 in fine y 67 de la ley 13.364, en la inteligencia de que todas esas normas violentaban derechos adquiridos bajo la vigencia de la ley 5.678, mediante la cual se dirimieron los respectivos beneficios previsionales.
IV.2. Comienzo por resaltar que, si bien en la demanda se afirma que los actores adquirieron su estatus jubilatorio al amparo de la ley 5.678, tal como señalé precedentemente, ello no es correcto respecto a los señores Alberto Scaricabarozzi, Daniel Winniczek y Hugo Víctor Alcaraz, pues los tres obtuvieron beneficios previsionales cuando ya estaba vigente la ley 11.761.
IV.3. Sin perjuicio de ello, la cuestión a resolver transita un tema resuelto por esta Suprema Corte en la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009 y posteriores.
En ese antecedente y otros, por mayoría, se rechazó la demanda respecto de los arts. 21 inc. "e" y 54 de la ley 11.761, al mismo tiempo que se descalificaron los arts. 22 segundo párrafo, 25, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 del mismo régimen.
Pero quienes allí reclamaron, importante es remarcarlo, eran jubilados o pensionados que habían accedido al beneficio previsional cuando aún regía la ley 5.678, considerada más beneficiosa para ellos en numerosos aspectos.
Los coactores Scaricabarozzi, Winniczek y Alcaraz, sin embargo, no pertenecen a esa clase.
IV.4. Al ser eso así, su pretensión individualmente considerada es defectuosa y no puede tener acogida favorable.
Indudablemente, la demanda que inicia la presente causa explica y desarrolla los agravios sufridos por exempleados —o sus causahabientes— del Banco Provincia que alcanzaron estatus jubilatorio bajo el régimen de la ley 5.678 . Ella está edificada, básicamente, a partir de la teoría de los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior.
Por eso, no se analiza ni detalla en forma diferenciada la supuesta afectación que habrían sufrido los coactores Scaricabarozzi, Winniczek y Alcaraz en sus derechos constitucionales, quienes como quedó revelado, obtuvieron sus beneficios jubilatorios y de pensión en el marco de la ley 11.761.
Se trata de una situación sensiblemente distinta, que naturalmente exigía una fundamentación jurídica alternativa y adecuada a sus circunstancias personales. En el estado en que se encuentran los autos, hay un marcado desacople entre los términos de la postulación y la situación concreta de estos interesados.
De allí que, al no
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