Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 125685
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 125.685, "G. E. G. contra M. M. C.. Liquidación de sociedad conyugal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño, Carral.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de una demanda por liquidación de sociedad conyugal, rechazó las excepciones de prescripción de la acción de liquidación y prescripción adquisitiva sobre el inmueble opuestas por la demandada. En virtud de ello, ordenó la liquidación del régimen patrimonial de comunidad de ganancias y la venta del inmueble.
A su vez, dispuso la fijación de una renta compensatoria por el uso exclusivo del inmueble en favor del actor a cargo de la accionada y reconoció la existencia de un crédito en favor de la demandada por las mejoras realizadas.
El Tribunal de Alzada modificó la sentencia e hizo lugar a la excepción de prescripción adquisitiva opuesta por la accionada. Desestimó la pretensión del actor y revocó tanto la condena a la demandada a abonar una renta compensatoria como la declaración de existencia de un crédito a su favor en concepto de mejoras. Modificó la imposición de las costas y confirmó el resto de la sentencia (v. sent. de 8-II-2022).
Contra ese pronunciamiento el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 15-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Corresponde hacer una breve síntesis de las circunstancias en las que se enmarca el caso para abordarlo de manera contextual.
Las partes contrajeron matrimonio el 24 de junio de 1971 (v. certificado de fs. 6).
El 23 de noviembre de 1987 a través de sentencia de divorcio se declaró disuelta la sociedad conyugal con efecto retroactivo al día de interposición de la demanda de 27 de agosto de 1987 (v. fs. 16 de los autos mencionados).
El 8 de junio de 2018 el señor G. promovió demanda de liquidación de régimen de comunidad contra la señora M. C. M.
En esta oportunidad refirió la existencia de un bien inmueble adquirido por el matrimonio el 20 de diciembre de 1974 (v. documento adjunto de 27-VI-2018) como parte integrante de la comunidad de ganancias y solicitó su venta pública y distribución de su producido entre las partes dada la imposibilidad de ponerse de acuerdo para su liquidación.
A su vez, requirió la fijación de una renta compensatoria por el uso exclusivo sobre el inmueble que había tenido hasta entonces la demandada (v. presentación de 27-VI-2018).
II. La señora M. C. M. opuso excepción de prescripción de la acción y excepción de prescripción adquisitiva (v. presentación de 22-XI-2018).
En esa oportunidad hizo hincapié en que desde la sentencia de divorcio pasaron más de treinta años y que toda acción personal por deuda exigible prescribe a los diez años, salvo disposición especial que en el caso no existe.
A su vez, negó que no hubiesen podido arribar a un acuerdo respecto de la liquidación del único bien existente. Señaló el acuerdo alcanzado y homologado en los autos conexos "G. E. G. contra M. d. G. M. C.. Divorcio vincular", relativo a la tenencia de sus hijos, al régimen de comunicación y a los alimentos (v. fs. 11 y 16), que nunca fue cumplido por el actor, quien desapareció de sus vidas.
Indicó que con su magro sueldo de docente se hizo cargo de todas las necesidades económicas de sus hijos, asi como del mantenimiento del hogar y de las deudas que el señor G. dejó tras su partida a Ramallo. Desde entonces, año 1989 y hasta la actualidad, solo supo de él en dos oportunidades.
Puntualizó que el 12 de noviembre de 1994 falleció uno de sus hijos, G., en un accidente de tránsito a los veintidós años. El actor tampoco asumió los gastos del sepelio y que, frente a testigos exclamó "págalo vos, para eso te dejé la casa". También refirió que crio a un hijo de un año y medio sin ninguna colaboración del actor (v. pág. 5, presentación cit.).
Expresó que su segunda aparición fue en noviembre de 1995, cuando su otro hijo sufrió neumotórax espontáneo. En dicha oportunidad se lo ubicó por intermedio de familiares y solo se limitó a responder que no podía viajar. No se supo más de él hasta el momento de la demanda.
Con relación al inmueble, sostuvo que es de su propiedad ya que ha sido la única propietaria por más de treinta años y es allí donde ha vivido con sus hijos y donde los ha criado. Destaca que el cincuenta por ciento que podría obtener por su venta, siendo jubilada docente, no le alcanzaría para adquirir siquiera un lote de terreno.
Puntualiza respecto de su planteo de prescripción adquisitiva que ha hecho frente a todos los gastos de la vivienda, abonado impuestos y realizado arreglos y mejoras durante treinta años.
Solicita, en caso de que resulten rechazadas las excepciones opuestas, recompensa por las mejoras efectuadas al inmueble.
Individualiza a su vez, como bienes integrantes de la comunidad, dos fondos de comercio dedicados a la compraventa de repuestos y baterías de automotor y un taxi marca Peugeot diésel en los que figura como titular el señor G..
III. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 del Departamento Judicial de Morón rechazó las excepciones opuestas por la demandada y mandó llevar adelante la liquidación del régimen patrimonial de comunidad de ganancias. En virtud de ello, ordenó la venta del inmueble y estableció que lo obtenido de dicha venta sería distribuido en partes iguales entre los litigantes.
A su vez, dispuso la fijación de una renta compensatoria por el uso exclusivo del inmueble en favor del actor y a cargo de la accionada en el equivalente a la suma de nueve mil sesenta y dos pesos con cincuenta centavos ($9.062,50) retroactivo al momento del pedido de fijación que data de 8 de junio de 2018.
Reconoció la existencia de un crédito en favor de la demandada por las mejoras efectuadas sobre el inmueble, equivalente a la suma de un millón trescientos veintinueve mil seiscientos ocho pesos con veinticinco centavos ($ 1.329.608,25), con más los intereses que correspondieren, compensado al momento de producirse la venta del bien inmueble (v. sent. de 28-V-2021).
IV. Apelada esta decisión, el Tribunal de Alzada modificó la sentencia e hizo lugar a la excepción de prescripción adquisitiva opuesta por la accionada, desestimó la pretensión del actor y revocó la condena a la demandada a abonar una renta compensatoria, así como la declaración de existencia de un crédito a su favor por mejoras.
Modificó las costas y confirmó la sentencia apelada en lo demás (v. sent. de 8-II-2022).
V. Contra esta decisión, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor E. G. G., a través del cual denuncia errónea aplicación de los arts. 21 incs. 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 23 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; 17 de la Constitución nacional; 1.905 y 1.915 del Código Civil y Comercial; 2.353 y 2.458 del Código Civil y 421 del Código Procesal Civil y Comercial.
Postula absurdo en la valoración de la prueba en tanto la accionada no probó la interversión del título. También denuncia violación de doctrina legal de esta Suprema Corte (v. presentación de 15-II-2022).
Acerca de la invocación de absurdo, señala que el Tribunal de Alzada realiza una absurda valoración de la prueba en tanto "...M. al absolver posiciones expresamente confesó [...] que desde la separación a la fecha continuó habitando el inmueble en virtud de que el mismo constituía el hogar familiar. En ese mismo sentido [...] reconoció expresamente que desde la separación de hecho con el actor y hasta la fecha el uso del inmueble común fue derivado de su condición de hogar conyugal. Concordantemente [...] ambas partes se pusieron de acuerdo para que continuara viviendo y habitando el inmueble [...] Finalmente [...] la demandada reconoció que en ningún momento dejó de habitar el inmueble en razón de la sociedad conyugal para pasarlo a habitar como única dueña...".
En atención a ello, puntualiza que queda demostrada la existencia de un "...error grave, grosero y fundamental concretado en una conclusión incoherente, contradictoria e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa..." (pág. 12 del escrito de embate).
Destaca, además de lo expuesto, que jamás hubo interversión del título por parte de la accionada, quien siempre ocupó el inmueble en su "...calidad de integrante de la sociedad conyugal y con el permiso del actor" (pág. 13, presentación cit.).
En este sentido, indica que la falta de interversión del título enerva toda posibilidad de prescribir con animus domini y, asimismo, que en la sentencia en crisis la Cámara ni siquiera pudo identificar el momento para el inicio del cómputo del plazo de prescripción adquisitiva.
En definitiva, hace hincapié en que la demandada no acreditó la interversión del título ni tampoco los actos exteriores que supuestamente hicieron saber su intención de excluir o privarle de su derecho de propiedad.
En esta línea argumental, señala que lo único que quedó probado es el uso y habitación que tuvo la señora M. y no otra cosa como absurdamente entendió la Cámara.
Agrega que nunca fue cambiada la titularidad de los impuestos y tasas del inmueble que siempre permanecieron a su nombre.
En relación a la violación de doctrina legal de la Suprema Corte, manifiesta que: "...en materia de prueba de la prescripción adquisitiva debe usarse un criterio estricto y riguroso, tanto más cuando es opuesta a contradictores con título (conf. causa Ac. 75.946, 'Naveira', sent. de 15-XI-2000) o hubieran mediado razones de solidaridad familiar o afecto para la originaria ocupación del bien (conf. C. 95.407, 'Vinhas', sent. de 26-IX-2007). Pues una cosa es probar la posesión que se ejerce del inmueble que pertenece a extraños y otra es acreditarla cuando la relación con la cosa deriva de la transformación de una tenencia previa (conf. doctr. causas C. 95.407, 'Vinhas', sent. de 26-IX-2007; C. 90.284, 'Egaña', sent. de 12-XII-2007 y C. 120.307, 'Galván', sent. de 21-XII-2016), desde que resulta preciso apreciar prudentemente hechos que pueden resultar compatibles tanto con la postura de unos como con la de otros, en donde la mera ocupación por razones de conveniencia circunstancial sin intención de comportarse como el propietario del bien no bastan (conf. causa C. 121.003, 'Pobliti', sent. de 21-XI-2018). Empero, la mutación solo se produce mediando conformidad del propietario o por actos exteriores suficientes de contradicción de su derecho (CSJN Fallos: 253:53; 316:2297) [...] la interversión de título sólo ocurre cuando se manifiesta por actos exteriores la intención de privar al restante poseedor de disponer de la cosa y cuando esos actos producen ese efecto (arts. 3.453, 2.354, 2.458, Cód. Civ.; causa Ac. 39.746, 'Martínez', sent. de 8-XI-1988)" (pág. 19, presentación cit.).
Sostiene que la Cámara "...confunde diversas reparaciones y mejoras (pintura, azulejos, techo quincho, instalación eléctrica), y el supuesto pago de impuestos y servicios confundiéndolos con la intervención del título; cuando a todas luces aquí la cuestión crucial no era acreditar 'la posesión' que, como dije antes, la Sra. M. la tiene por haber sido parte de la sociedad conyugal, sino los actos individuales e inequívocos por los que se hizo saber al suscripto la intención de excluirlo y privarlo de su posesión para eventualmente adquirir el inmueble por usucapión..." (pág. 26, escrito cit.).
Con base en ello, denuncia que la sentencia infringe diversas normativas nacionales e internacionales privándolo de su derecho de propiedad poniendo especial énfasis en su condición de persona adulta mayor (v. pág. 20, escrito de embate).
VI. El recurso debe ser rechazado.
Esto en virtud de que, tal como lo afirmó la Cámara "...no se trata de cualquier prescripción adquisitiva, ni siquiera de un caso clásico de usucapión entre condóminos, sino de una controversia suscitada en el seno intrafamiliar, luego de la disolución del matrimonio [...] tratarla como una prescripción adquisitiva cualquiera, entre personas que no hubieran estado ligadas por un vínculo de este tipo, implicaría dispensar un trato igual a sujetos que se encuentran en circunstancias bien disímiles..." (pág. 7, sent. en crisis).
A partir del estudio de todas estas circunstancias concluyó que las mejoras realizadas se condicen con lo expuesto en las declaraciones testimoniales y que "...respecto del pago de impuestos y contribuciones la Sala ha dicho que en cuanto a la prueba referente al pago, el segundo párrafo del inc. c) de la ley 14159 (t.o. por dec-ley 5756/58) establece expresamente que 'Será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que gravan el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión' (causa nro. 46646 R.S. 549/03; entre otras). Además, se ha dicho que debe presumirse que quien presenta las boletas es quien las pagó, salvo prueba en contrario (causa nro. 47331 R.S. 100/03). El pago de impuestos, en este sentido, aporta un dato de suma importancia pues denota el posicionamiento de quien los abona (y más si lo hace por un largo período de tiempo) frente al inmueble, implicando clara exteriorización del animus domini (esta Sala en causa nro. 56314 R.S. 259/11) [...] Y en cuanto a los servicios Edenor informa que la demandada es titular del mismo desde antes de 1992 (ver fs. 1077), lo mismo que el sistema de TV por cable (fs. 914/916 y 1002)" (págs. 20/21, sent. cit.).
Asimismo, que "...está suficientemente acreditado -en las específicas circunstancias del caso- que la demandada se ha comenzado a comportar como poseedora del inmueble de autos y que ello tuvo lugar de manera pública, pacífica e ininterrumpida durante el lapso idóneo para adquirirlo por prescripción adquisitiva. Se relaja, a mi juicio, en este específico contexto la exigencia de estricta demostración del momento puntual de la interversión (propia de otro tipo de discusiones que pudieran tener este mismo objeto, pero distintos matices), en pos de una solución axiológicamente más valiosa, en el específico contexto de esta controversia intrafamiliar [...] computando las mejoras y el pago de impuestos y servicios por parte de la mujer que, luego de la separación, había quedado viviendo en el inmueble y lo hizo por más de 20 años, señalando que si ella tiene el corpus y se comporta con la cosa sin reconocer en otro un derecho real superior, se puede decir que tiene ánimo de dueña y que dicho ánimo de tener la cosa para sí lo ha mantenido por el plazo de más de 20 años..." (pág. 25, sent. cit.).
De este modo sostuvo: "...En todo este contexto, cuando su ex cónyuge, se alejó del hogar y no volvió a tenerse noticias de él, salvo cuando falleció su hijo, creo que no pueden exigirse mayores connotaciones para un acto de interversión, respecto de quien se desinteresó totalmente del bien y de su familia. Entiendo que no podemos exigirle a la actora que demuestre algún acto específico que implique la privación de la posesión cuando él mismo fue quien abdicó de tal condición, voluntariamente [...] Ni siquiera está probado que el accionado estuviera ubicable para su familia" (pág. 22, sent. cit.).
De esta manera, el abordaje que realiza la Cámara interviniente de la absolución de posiciones zanja la cuestión del análisis de la prueba en lo que hace al ánimo de dominio por parte de la demandada, cuestión que no ha sido rebatida por el apelante (v. pág. 15, sent. cit.).
A su vez, enfatiza sobre el caso en concreto que "...una cosa es la interversión del título cuando se produce en el contexto de un caso en el que las personas involucradas no tuvieran ningún vínculo entre sí, y otra se da en los casos intrafamiliares; aquí entra a jugar la perspectiva de género, y la específica situación de vida de las partes [...] es necesario preguntarse qué podemos exigir de la demandada (quien, luego del alejamiento del actor, a cargo de un hogar monomarental) en un supuesto en el cual, el accionante se alejó de su domicilio, quedando ella en el mismo y su ex cónyuge vuelve con un reclamo ni más ni menos que treinta años después..." (págs. 16/17, sent. cit.).
Subraya la Cámara, en cuanto al abordaje con perspectiva de género, con la que debe ser además analizada esta causa, que "...empleando una mirada de género, niveladora y que resguarde, adecuadamente, los derechos de la mujer, hay cosas que no podemos perder de vista. No es dato menor que prácticamente la totalidad de los bienes de este matrimonio se hubieran ido inscribiendo a nombre del actor (varón) y ninguno de ellos en cabeza de la demandada (mujer): era el varón el titular registral del inmueble, y también de los rodados, al igual que de la licencia de taxi y la habilitación del local. Esto nos está dando pauta de una situación evidente de desigualdad. La asimetría de poder se evidencia, también cuando vemos al actor retirarse del domicilio, dejar en él a la demandada con sus hijos (a cargo de todo) y luego, cuando él lo considera (tres décadas después), venir y sencillamente reclamar la liquidación y la subasta del inmueble en el cual la demandada mora hace ya mucho tiempo, y de cuyo cuidado y mantenimiento se ocupó (a veces, incluso, teniendo que obtener préstamos al efecto). Creo que la utilización del proceso, en este contexto, implicaría un acto disfuncional y abusivo, e incluso convalidar una situación de violencia (art. 4 ley 26.485), atentatoria contra los derechos de quien lleva largas décadas viviendo en un inmueble y ocupándose de él; y que ha hecho de esta casa su hábitat, el espacio de su contexto vivencial..." (págs. 23/24, sent. cit.).
Se vislumbra a partir de lo expuesto hasta aquí que los fundamentos de la sentencia no logran ser rebatidos por el actor, quien da muestras de una mera disconformidad con el resultado obtenido (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En el caso, tal y como lo destaca la Cámara, abundan los elementos de hecho y prueba que demuestran la procedencia de la prescripción adquisitiva y a su vez la necesidad de aplicar a estos casos perspectiva de género para arribar a una decisión equitativa y conforme a los parámetros legislativos nacionales e internacionales establecidos legalmente a este respecto.
En este sentido, es preciso poner de resalto el desentendimiento absoluto del actor de sus obligaciones derivadas del matrimonio para con su esposa y sus hijos: ¿con qué recursos emocionales y económicos podía contar esta mujer para reclamar el título del inmueble? ¿cómo es posible pedirle por el hecho de haber estado casada con el actor una exigencia mayor de la que se le exige a un tercero por el mero transcurso del tiempo?
Es preciso, al analizar estos casos, atender a sus particularidades y a su vez situarlo en el contexto en el que se encuentra.
En el particular, más allá de hallarse probado por demás el ánimo de dominio sobre la propiedad por parte de la señora M. -pues a su vez debe tenerse en cuenta que estamos en presencia de un bien ganancial, motivo por el cual no se puede tener a la demandada como mera poseedora-, también debe ser apreciada la situación en que quedó luego de la desaparición del padre de sus hijos y considerarse que había un acuerdo homologado incumplido por G., al igual que su dese
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.