Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128749
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.749, "F. S., M. L. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 5-XI-2021).
Se interpuso, por la parte actora —en sucesivos escritos—, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 13-XII-2021 y 14-XII-2021), habiendo decidido el tribunal de la instancia la concesión pertinente los días 9 de febrero de 2022 y 27 de febrero de 2025, respectivamente.
Dictada la providencia de autos (v. auto de fecha 24-VIII-2023, luego suspendida el 20-II-2025 y reanudada el 8-IV-2025) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la demanda promovida por la señora M. L. F. S. y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 inc. 2 y 11 inc. 4 apartado "b" de la ley 24.557 —conforme el decreto 1.694/09—, en concepto de indemnización por reagravación de la incapacidad derivada del accidente de trabajo que sufriera el día 20 de diciembre de 2009.
En lo que interesa, y efectuando sendas consideraciones a los fines de fundamentar tal conclusión, comenzó señalando el a quo que surgía del libelo de inicio que el objeto de la pretensión era obtener por conducto de una acción de "reagravación", las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4 apartado "b" y 15 inc. 2 de la ley 24.557 y, asimismo, la compensación adicional establecida en el art. 3 de la ley 26.773.
Continuando, precisó que no existía controversia en autos en cuanto a que la actora el día 20 de diciembre de 2009 sufrió un accidente de trabajo, que según dictaminó la comisión médica que intervino le generó una incapacidad del 25,75% de la total obrera sumados los factores de ponderación, y en virtud de la cual percibió la suma que especificó en concepto de incapacidad permanente parcial y definitiva; que el día 18 de diciembre de 2015 solicitó el reingreso ante la aseguradora por reagravamiento otorgándose el alta médica con fecha 10 de agosto de 2017 respecto del reingreso referido, sin determinar incapacidad; y que el día 24 de abril de 2017 percibió el certificado de incapacidad expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por el diagnóstico "Epilepsia Traumatismo Intracraneal".
Luego, conforme el dictamen pericial médico y sus ampliaciones, juzgó probado que la actora padece de epilepsia parcial compleja refractaria postraumática que le genera una incapacidad parcial y permanente del 80% de la total obrera, incluyendo los factores de ponderación.
Asimismo, valorando lo acompañado por la demandada, determinó el valor del ingreso base mensual, de un lado, según estricta aplicación de las prescripciones del art. 12 de la ley 24.557, y del otro, incluyendo los conceptos no sujetos a cotización, cálculos que —indicó— no habían sido cuestionados por la demandante (v. vered. pág. 6).
Ya en la sentencia, y a tenor de lo resuelto en el veredicto, decidió que debía admitirse la demanda por reagravación.
Juzgó que atento la fecha del accidente, el caso quedaba aprehendido por la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, y así, desestimó la pretensión del accionante orientada a la aplicación de la ley 26.773 (v. sent. págs. 11/12).
Sobre esa base, ya dirigido a cuantificar las prestaciones —ante el planteo formulado en la demanda— declaró la inconstitucionalidad del art. 12 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que consideró que al incluir para el cálculo pertinente únicamente a las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, su aplicación al caso colisionaba con los arts. 17 y 28 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 de su Protocolo Adicional (v. sent. págs. 12/15).
Con arreglo —entonces— al ingreso base determinado y al porcentaje de incapacidad ya referido, el a quo calculó el importe de las prestaciones sistémicas.
Seguidamente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse intereses compensatorios desde la fecha de la primera manifestación invalidante (20-XII-2009) hasta la fecha del pago efectuado en sede administrativa (6-V-2011), con arreglo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia". A ese resultado, dijo que correspondía restarle el importe ya percibido por la trabajadora, y sobre el saldo pertinente, dispuso que debían adicionarse los accesorios desde el día 7 de mayo de 2011 y hasta la del dictado del pronunciamiento, con arreglo a la misma tasa mencionada.
Además, en orden al pedido de aplicación del decreto 669/19, con apoyo en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), sostuvo que el planteo introducido por la parte actora en su escrito de fecha 1 de julio de 2020 resultaba inoficioso, pues pretendía alterar un régimen normativo que resultaba inaplicable en autos en razón de la fecha de la primera manifestación invalidante (v. sent. págs. 16/17).
Asimismo, con fundamento en la doctrina legal de esta Corte que citó, rechazó la pretensión de declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561.
II. Dable es aclarar que, exhibiendo un análogo contenido, los escritos presentados por la parte actora deduciendo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, más allá de tal peculiaridad, y en razón de dicho motivo, habrán de ser abordados y resueltos aquí conjuntamente.
Dicho esto, se advierte que en sus presentaciones, el recurrente denuncia absurdo; la violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 39 de la Constitución provincial; 512, 901, 1.109 y 1.074 del Código Civil; 12 de la ley 24.557; 358, 375, 457 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. escritos electrónicos de fecha 13-XII-2021 y 14-XII-2021).
En concreto, plantea los siguientes agravios:
II.1. Sostiene que el sentenciante omitió ponderar el verdadero momento en el cual se tuvo conocimiento de las secuelas reclamadas y, por lo tanto, el ingreso base mensual aplicable al caso. Al respecto, afirma que, si bien el siniestro ocurrió el día 20 de diciembre de 2009, las secuelas ponderadas en autos por reagravamiento tuvieron su denuncia recién el 18 de diciembre de 2015, obteniendo el trabajador el alta médica el 10 de agosto de 2017.
II.2. Denuncia que el tribunal de grado desinterpretó el objeto de la acción al circunscribirla únicamente a la indemnización tarifada según la ley 24.557, cuando —según indica— tanto del escrito de demanda como de su contestación, surge que se ha efectuado una petición de reparación integral en los términos de la responsabilidad civil y, subsidiariamente, según la fórmula tarifada.
II.3. Manifiesta que el juzgador de la instancia debió considerar la realidad económica existente al momento del dictado del pronunciamiento, y en ese marco, alega que en la actualidad el ingreso base utilizado en el fallo es inferior al salario mínimo vital y móvil, y, más aún, al que cobra un oficial de la misma categoría que la actora.
Señala que la sentencia de grado quebranta la doctrina legal que emerge de la causa L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020), en la cual aplicó la teoría del realismo económico.
Expresa que la noción de justiprecio en el marco de las deudas de valor fue utilizada por esta Corte en el caso "Nidera". Afirma que el valor justo debe ser el valor real al momento del pago y que aplicar valores actuales no implica indexación.
En ese contexto, plantea alternativamente diversas soluciones que a su criterio deben aplicarse para arribar a una reparación justa.
III. Apartándome por razones de método del orden en que han sido propuestos los agravios, he de adelantar que no son de recibo.
III.1. A mérito de su insuficiencia, cabe desestimar el cuestionamiento vinculado con el "objeto de la acción".
III.1.a. La crítica remite a una labor por regla privativa de los jueces de grado, como es la de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis. Y es sabido, que el ejercicio de tal facultad por parte del tribunal de grado, sólo puede ser revisado en esta Sede extraordinaria si se denuncia y comprueba absurdo y violación del principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021 y L. 125.324, "Gara", sent. de 17-X-2022).
Dichas cargas no han sido satisfechas en el caso, pues en lo que concierne a este concreto tramo del recurso, no se ha denunciado la configuración del apuntado vicio valorativo, y en cuanto al postulado procesal, siquiera puede ser divisado su mención en las piezas recursivas.
III.1.b. Y aún de situarnos en una hipótesis distinta, dable es destacar que el recurrente no se hace cargo de desbaratar los argumentos que brindó el tribunal en torno a la temática cuya revisión se postula.
III.1.b.i. Como en parte se narró inicialmente, en el veredicto, el a quo señaló que de la lectura del libelo de inicio se colegía que el objeto de la pretensión estaba dado por obtener a través de una acción de "reagravación" las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4 apartado "b" y 15 inc. 2 de la ley 24.557 y la compensación adicional establecida en el art. 3 de la ley 26.773. En tal sentido, explicó que más allá de la utilización de ciertas expresiones alusivas a la normativa civil en el capítulo relativo al objeto del reclamo, lo que se pretendía era una acción de acuerdo a la Ley de Riesgos del Trabajo; destacó que reforzaba esa interpretación la liquidación realizada en la misma demanda bajo las pautas de las leyes especiales antes referidas y mediante la determinación del ingreso base mensual de la actora al momento del accidente. Agregó que su apreciación tampoco se veía afectada por las manifestaciones realizadas en el capítulo III de aquel escrito, en tanto consistían en una transcripción en abstracto de doctrina y jurisprudencia, sin referencia concreta a los hechos de la causa.
Finalmente, advirtió el sentenciante que en razón de haberse postulado tardíamente, tampoco correspondía asignarle valor a la pretensión con fundamento en la normativa civil ni el "reajuste" del eventual monto de condena que la parte actora intentó introducir al informar por escrito sobre el mérito de la prueba.
Consideró así, que los términos en los que había sido formulada la demanda implicaban que la parte actora había optado por el régimen de reparación previsto en la normativa especial mencionada.
III.1.b.ii. Nada de ello ha sido objeto de un ataque idóneo en la objeción traída a esta Suprema Corte. Entonces, resultan de aplicación las directrices de este Tribunal que tachan de insuficiente al recurso en el que se omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares que contiene el pronunciamiento de grado, deficiencia que muestra una vez más la incapacidad del agravio (causas L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018; L. 127.053, "Mielnieczuk", sent. de 6-XII-2023 y L. 128.647, "Hernández", sent. de 6-III-2024).
III.2. Tampoco es de recibo lo dicho por el quejoso en orden al momento en que la trabajadora habría tomado "cabal conocimiento" respecto de la incapacidad que padece.
Sin perjuicio de que el concepto de "toma de conocimiento de la incapacidad" luce ajeno al despliegue argumental que plasmó el tribunal de grado en el pronunciamiento —ceñido al régimen de la ley 24.557—, lo cierto es que el a quo en su decisión expresamente consideró que en la propia demanda se partió "...de la determinación del valor mensual del ingreso base de la actora al momento del accidente de fecha 20/12/2009 (art. 12. LRT)..." (vered. pág. 2), y tal ponderación no ha sido objeto de un ataque eficaz por parte del quejoso.
Esta carencia, revela nuevamente la falta de aptitud del embate.
III.3. La misma suerte adversa corren las objeciones que vuelca el recurrente en la parte final de la impugnación extraordinaria.
Recuérdese que el interesado postula la aplicación de los lineamientos referidos a la estimación de las deudas de valor, con ello, propone distintas soluciones alternativas para edificar la reparación que persigue.
Sin embargo, la línea argumental que traza el recurrente se identifica sustancialmente con aquella en la que se sustentó la petición formulada en ocasión de presentarse el alegato por escrito (v. pieza electrónica de 9-XII-2020), en un requerimiento que fue desechado por el órgano jurisdiccional de la instancia al entender que el planteo resultaba tardío (v. vered., págs. 2/3). Y en lo relevante, dable es destacar que esta última declaración no mereció una crítica directa y concreta de parte del agraviado.
A la par, si se pondera el fracaso de los demás agravios y la consecuente firmeza que ha adquirido lo juzgado por los magistrados del trabajo en torno al objeto de la acción y a la determinación del ingreso base mensual, también puede verse que la presente crítica ha quedado mayormente despojada de vigor.
Para más, la doctrina que reputa violada el impugnante en este semblante del caso (la forjada en la causa L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020), ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en la presente litis, dato que marca con nitidez la inhabilidad de la impugnación (causas L. 120.187, "Tonil", sent. de 22-VIII-2018; L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020 y L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021). Ciertamente, análogo reproche merece la invocación del caso C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-IV-2018).
Y sin ingresar en otro tipo de consideraciones, podría agregarse, ya en punto a las menciones que hace el quejoso vinculadas con el decreto 669/19, que ninguna denuncia fundada expresamente en una violación normativa o de doctrina legal exhibe el recurso en este especial aspecto abordado en el fallo de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar las impugnaciones extraordinarias traídas, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:51:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:59:10 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2025 11:44:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:44:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 08:48:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/11/2025 13:25:43 hs. bajo el número RS-109-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia